- Los letales ataques de las fuerzas israelíes contra escuelas que albergan a personas civiles palestinas evidencian la ausencia de lugares seguros para la población desplazada, que representa la gran mayoría de habitantes de Gaza.
- Cientos de ataques israelíes desde octubre de 2023 han alcanzado más de 500 edificios escolares, muchos de los cuales eran utilizados como refugios, provocando la muerte de cientos de personas civiles y causando daños significativos en casi todas las escuelas de Gaza.
- Estos ataques han privado a la población civil de acceso seguro a refugio y contribuirán a la interrupción del acceso a la educación durante muchos años, ya que la reparación y reconstrucción de las escuelas requiere importantes recursos y tiempo.
(Jerusalén, 7 de agosto de 2025) – Los letales ataques de las fuerzas israelíes contra escuelas que albergaban a personas civiles palestinas evidencian la falta de espacios seguros para la población desplazada de Gaza, señaló hoy Human Rights Watch. Desde octubre de 2023, las autoridades israelíes han llevado a cabo cientos de ataques contra escuelas que servían como refugios para personas palestinas desplazadas, incluidos ataques ilegales e indiscriminados con municiones estadounidenses, que han causado la muerte de cientos de civiles y han dañado o destruido prácticamente todas las escuelas de Gaza.
Los recientes ataques israelíes contra escuelas convertidas en refugios forman parte de la actual ofensiva militar israelí, que está demoliendo buena parte de la infraestructura civil que queda en Gaza, desplazando nuevamente a cientos de miles de personas palestinas y agravando aún más una situación humanitaria ya crítica. Los gobiernos —incluido Estados Unidos, que ha suministrado armas utilizadas en ataques ilegales— deberían imponer un embargo de armas al gobierno israelí y adoptar otras medidas urgentes para hacer cumplir la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Convención contra el Genocidio) de Naciones Unidas.
“Los ataques israelíes contra escuelas que albergan a familias desplazadas ofrecen una muestra de la matanza indiscriminada perpetrada por las fuerzas israelíes en Gaza”, afirmó Gerry Simpson, director asociado de crisis, conflictos y armamento de Human Rights Watch. “Otros gobiernos no deberían tolerar esta masacre atroz contra personas palestinas que solo buscan refugio”.
Human Rights Watch investigó los ataques israelíes que impactaron la escuela de niñas Khadija en Deir al-Balah el 27 de julio de 2024, donde murieron al menos 15 personas, y la escuela al-Zeitoun C en el barrio al-Zeitoun de la ciudad de Gaza el 21 de septiembre de 2024, donde fallecieron al menos 34 personas. Human Rights Watch no encontró evidencia de objetivos militares en ninguna de las dos escuelas.
Estas conclusiones se basan en el análisis de imágenes satelitales, fotografías y videos de los ataques y sus consecuencias, material en redes sociales relacionado con hombres conocidos que murieron en los dos bombardeos, y entrevistas telefónicas con dos personas que presenciaron las secuelas del ataque a la escuela Khadija y otra que estuvo presente durante el ataque a la escuela al-Zeitoun C.
Las autoridades israelíes no han proporcionado públicamente información sobre los ataques documentados por Human Rights Watch, incluidos detalles sobre los objetivos previstos o las precauciones tomadas para minimizar el daño a civiles. Tampoco respondieron a una carta enviada el 15 de julio que resumía los hallazgos de Human Rights Watch sobre estos ataques y solicitaba información específica.
La ausencia de un objetivo militar en los ataques a las escuelas Khadija y al-Zeitoun convertiría estos bombardeos en ataques indiscriminados ilegales, en violación del derecho internacional humanitario. Las escuelas y otras instalaciones educativas son bienes de carácter civil y están protegidas contra ataques. Solo pierden esa protección si son utilizadas con fines militares o si están ocupadas por fuerzas armadas. El uso de escuelas como refugio para personas civiles no modifica su estatus legal.
Entre el 1 y el 10 de julio de 2025, las fuerzas israelíes atacaron al menos diez escuelas convertidas en refugios —algunas de ellas ya dañadas previamente—, causando la muerte de al menos 59 personas y desplazando nuevamente a decenas de familias, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). La Agencia de la ONU para las personas refugiadas de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) informó que cerca de un millón de personas desplazadas en Gaza se habían refugiado en escuelas durante las hostilidades y que, hasta el 18 de julio, al menos 836 personas refugiadas en escuelas habían muerto y al menos 2.527 habían resultado heridas.
La evaluación más reciente por el Grupo Temático sobre Educación en los Territorios Palestinos Ocupados concluyó que el 97 % de los edificios escolares en Gaza (547 de los 564) han sufrido algún nivel de daño, incluidos 462 (76 %) que fueron “blanco directo de los ataques” y también, que el 518 (92 %) requieren “una reconstrucción completa o importantes trabajos de rehabilitación para volver a ser funcionales”.
Los ataques israelíes han privado a la población civil de acceso seguro a refugio y provocarán la interrupción del acceso a la educación durante muchos años, ya que la reparación y reconstrucción de las escuelas exige una inversión considerable de recursos y tiempo, con un impacto negativo importante en niñas, niños, madres, padres y docentes.
Las publicaciones israelíes +972Magazine y Local Call informaron el 24 de julio que el ejército israelí había establecido “una unidad especial de ataque para identificar sistemáticamente escuelas, a las que se referían como ‘centros de gravedad’, con el objetivo de bombardearlas, alegando que miembros de Hamás se esconden entre cientos de civiles”. El informe también señaló que los ataques “double tap” —segundos bombardeos en el mismo lugar destinados a alcanzar a sobrevivientes del primer ataque y a personal de rescate— se han vuelto “particularmente frecuentes en los últimos meses cuando Israel ataca escuelas en Gaza”.
El ejército israelí ha afirmado en decenas de ocasiones que Hamás, otros combatientes palestinos o centros de mando y control estaban desplegados en las escuelas atacadas, pero sin aportar información específica. Human Rights Watch solo tiene conocimiento de siete casos en los que el ejército israelí publicó nombres y fotografías de presuntos integrantes de grupos armados palestinos que supuestamente se encontraban en una escuela en el momento del ataque.
Tras un ataque a la escuela al-Sardi el 6 de junio de 2024, el ejército israelí identificó 17 nombres de presuntos combatientes. Sin embargo, un análisis realizado por Human Rights Watch de esos nombres reveló que tres correspondían a personas que aparentemente habían muerto en ataques anteriores.
La presencia de grupos armados palestinos en alguna de las escuelas atacadas no justificaría automáticamente la legalidad del ataque. Las leyes de la guerra prohíben los ataques contra objetivos militares si el daño previsto a personas civiles y bienes de carácter civil es desproporcionado en comparación con la ventaja militar esperada.
Las leyes de la guerra también exigen, salvo que las circunstancias no lo permitan, que las partes en conflicto emitan una “advertencia previa eficaz” antes de realizar ataques que puedan afectar a la población civil.
El despliegue de grupos armados en escuelas-refugio pone innecesariamente en riesgo a la población civil. Las leyes de la guerra obligan a todas las partes a tomar todas las precauciones factibles para proteger a la población civil frente a los efectos de los ataques y a evitar situar objetivos militares en zonas densamente pobladas.
Las violaciones graves del derecho de la guerra cometidas con intención criminal —es decir, de forma deliberada o imprudente— constituyen crímenes de guerra. Las personas también pueden ser penalmente responsables por ayudar, facilitar, colaborar o instigar la comisión de un crimen de guerra. Todas las partes de un conflicto armado tienen la obligación de investigar las denuncias de crímenes de guerra cometidos por integrantes de sus fuerzas armadas.
La Declaración de Escuelas Seguras, un compromiso político internacional respaldado por 121 países busca proteger la educación en tiempos de guerra mediante el fortalecimiento de la prevención y la respuesta frente a los ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, incluyendo la prohibición del uso de instalaciones educativas con fines militares. Si bien Israel no ha suscrito esta declaración, Palestina la apoyó en 2015.
Los gobiernos deberían suspender las transferencias de armas a Israel, dada la clara probabilidad de que se utilicen para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario. El suministro de armas por parte del gobierno de Estados Unidos, que se han usado reiteradamente en ataques contra escuelas-refugio y en aparentes crímenes de guerra, ha convertido a Estados Unidos en cómplice de su uso ilegal.
El 10 de junio, la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Este, e Israel, informó que las autoridades israelíes habían “aniquilado el sistema educativo de Gaza” y que los ataques contra centros educativos, religiosos y culturales en los Territorios Palestinos Ocupados forman parte de “una ofensiva generalizada e implacable contra el pueblo palestino, en la que las fuerzas israelíes han cometido crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad de exterminio”.
“Después de casi dos años de frecuentes ataques israelíes que han causado la muerte de civiles en escuelas y otros lugares protegidos, los gobiernos que apoyan militarmente a Israel no pueden alegar que desconocían las consecuencias de sus actos”, señaló Simpson. “Los gobiernos deben suspender inmediatamente todas las transferencias de armas a Israel y tomar medidas para prevenir nuevas atrocidades masivas”.
