- Las fuerzas israelíes, con apoyo de Estados Unidos, y contratistas privados han establecido un sistema de distribución de ayuda humanitaria militarizado y defectuoso que ha convertido las entregas de alimentos en auténticos baños de sangre.
- La grave situación humanitaria es consecuencia directa del uso del hambre como arma de guerra por parte de Israel —un crimen de guerra—, así como de la continua privación deliberada de ayuda y servicios básicos, lo que equivale al crimen de lesa humanidad de exterminio y actos de genocidio.
- Los Estados deben exigir a las autoridades israelíes que cesen de inmediato el uso de fuerza letal contra la población civil palestina como método de control de multitudes, que levanten las restricciones ilegales al ingreso de ayuda humanitaria y que se suspenda este sistema de distribución fallido respaldado por EE.UU. e Israel.
(Jerusalén, 1 de agosto de 2025) – Las fuerzas israelíes han abierto fuego de manera sistemática contra civiles palestinos hambrientos en los puntos de distribución de ayuda establecidos bajo un nuevo sistema respaldado por Estados Unidos en Gaza, en actos que constituyen graves violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra, señaló hoy Human Rights Watch.
Casi a diario se han producido incidentes con numerosas víctimas en o cerca de los cuatro centros gestionados por la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), que opera en coordinación con el ejército israelí. Según Naciones Unidas, al menos 859 palestinos han muerto mientras intentaban obtener ayuda en los puntos de distribución de GHF entre el 27 de mayo y el 31 de julio de 2025, en su mayoría a manos del ejército israelí. Esta catástrofe humanitaria es consecuencia directa del uso del hambre como arma de guerra —un crimen de guerra— y de la continua privación deliberada de ayuda y servicios esenciales, acciones que equivalen al crimen de lesa humanidad de exterminio y a actos de genocidio.
“Las fuerzas israelíes no solo están matando de hambre deliberadamente a la población civil palestina, sino que ahora también la están acribillando casi a diario cuando buscan desesperadamente alimento para sus familias”, afirmó Belkis Wille, directora adjunta de crisis y conflictos de Human Rights Watch. “Las fuerzas israelíes y los contratistas privados, con respaldo estadounidense, han creado un sistema de distribución militarizado y defectuoso que ha convertido la entrega de ayuda en una carnicería habitual”.
Human Rights Watch instó a los Estados a exigir a las autoridades israelíes que cesen de inmediato el uso de fuerza letal contra civiles palestinos como método de control de multitudes, que levanten las restricciones ilegales al ingreso de ayuda y que suspendan este fallido sistema de distribución. En su lugar, las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias deben poder reanudar la distribución de ayuda a gran escala y sin restricciones en toda Gaza, ya que han demostrado ser capaces de alimentar a la población de acuerdo a los estándares humanitarios y en línea con los fallos vinculantes de la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel.
En mayo, tras más de 11 semanas de bloqueo total impuesto por Israel a Gaza, comenzó a operar el sistema de distribución de GHF. Según informes, el objetivo de las autoridades israelíes era sustituir gradualmente la entrega de ayuda humanitaria por parte de la ONU y otras organizaciones.
Las autoridades israelíes justificaron esta medida alegando que Hamás desviaba la ayuda, pero según reportajes del New York Times, basados en fuentes del ejército israelí, el ejército israelí no tiene pruebas de que Hamás haya desviado sistemáticamente ayuda procedente de la ONU. El sistema dirigido por la ONU continúa operativo, pero está sujeto a severas restricciones impuestas por las autoridades israelíes, que determinan cuánto, qué tipo de ayuda y hacia dónde puede dirigirse.
El sistema de GHF está gestionado por dos empresas contratistas privadas estadounidenses: Safe Reach Solutions (SRS) y UG Solutions, en coordinación con el ejército israelí. Estas empresas han afirmado estar “comprometidas exclusivamente con la entrega de alimentos a personas civiles que sufren” y operar de forma independiente a cualquier gobierno. Sin embargo, los cuatro centros de distribución están ubicados en zonas militarizadas. Tres de ellos se encuentran en Rafah, ciudad que las autoridades israelíes han arrasado casi por completo y donde han propuesto concentrar a la población de Gaza. El cuarto se sitúa en el denominado Corredor Netzarim —una zona de seguridad étnicamente depurada que divide Gaza en dos—. Ninguno de estos puntos es accesible para la población del norte de Gaza, que depende exclusivamente del sistema liderado por la ONU.
En julio, Human Rights Watch entrevistó a diez personas que estuvieron recientemente en Gaza y presenciaron actos de violencia en o cerca de los puntos de distribución de ayuda, o que trataron a personas heridas o fallecidas allí. Entre ellas se encuentra Anthony Bailey Aguilar, teniente coronel retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU., quien trabajó en Gaza como contratista de seguridad para UG Solutions, incluso en centros de control y en decenas de entregas en los cuatro puntos de distribución entre mayo y junio; un trabajador humanitario extranjero que estuvo en Gaza en junio; dos médicos extranjeros que trabajaron en mayo, junio y julio y que atendieron a personas civiles heridas en los puntos de distribución de ayuda de GHF o en sus alrededores; y seis testigos palestinos de episodios violentos relacionados con la distribución de ayuda. El equipo investigador también analizó imágenes satelitales de distintas resoluciones espaciales, verificó videos y fotografías (incluido material captado por Aguilar), examinó metadatos de documentos y revisó publicaciones en redes sociales de GHF.
El 19 de julio, Human Rights Watch envió cartas a GHF, SRS, UG Solutions, el ejército israelí y el gobierno de EE.UU. con un resumen de sus hallazgos y una serie de preguntas. El ejército israelí, UG Solutions, y los equipos legales de UG Solutions y de GHF/SRS respondieron. Sus respuestas se reflejan de forma general en este comunicado.
Según el equipo legal de GHF, los cuatro centros de distribución de la fundación fueron seleccionados y construidos por el ejército israelí. Mediante imágenes satelitales, el equipo investigador confirmó que están ubicados en zonas militarizadas y rodeados de puestos militares. El equipo legal de GHF dijo que contrató a SRS para gestionar los centros, y SRS, a su vez, contrató a UG Solutions para proveer seguridad.
En lugar de distribuir alimentos en cientos de puntos accesibles por toda Gaza, el nuevo sistema obliga a las personas a atravesar zonas peligrosas y devastadas. Según cinco testigos, las fuerzas israelíes controlan el desplazamiento hacia los puntos de ayuda mediante fuego real. Dentro de los centros, la distribución se describe como un “sálvese quien pueda” fuera de control, como lo calificó Aguilar, lo que deja a las personas más vulnerables sin acceso a la ayuda. Human Rights Watch analizó 105 anuncios de distribución publicados en la página de Facebook de GHF y encontró que en 54 ocasiones la entrega duró menos de 20 minutos, y en 20 casos se declaró finalizada incluso antes de la hora oficial de apertura.
Un hombre palestino relató a Human Rights Watch que salió de su casa hacia las 9 p.m. para llegar a un punto que abriría a las 9 a.m. del día siguiente. En el trayecto, un tanque israelí abrió fuego contra él y otras personas que caminaban hacia el centro de distribución: “Si dejabas de andar o hacías algo que no les gustara, disparaban”. En otro incidente, Aguilar dijo haber visto cómo un tanque israelí disparaba contra un vehículo civil frente al Centro 4 el 8 de junio, matando, según él, a cuatro personas que iban dentro. Otro contratista confirmó este ataque a ITV News.
Otro hombre palestino que se dirigía a un centro de distribución de ayuda describió el peligroso trayecto: “Mucha gente que necesita ayuda no la recibe porque no logra llegar. Quienes sí van se juegan la vida, y es casi un milagro si regresan con vida”.
Siete personas entrevistadas por Human Rights Watch afirmaron que las fuerzas israelíes dispararon de forma regular contra civiles. Tres testigos palestinos y Aguilar también declararon haber visto a guardias armados dentro de los centros de GHF disparando munición real y usando otras armas contra civiles durante las entregas. Estos guardias serían contratistas de UG Solutions, dado que, según la carta del equipo legal de GHF y SRS, UG Solutions es la única empresa que tiene personal armado dentro de los centros. GHF, SRS y UG Solutions han negado estas acusaciones y afirman que su personal solo recurre a la fuerza letal como último recurso y que nunca han herido a personas civiles ni solicitantes de ayuda.
El mecanismo de ayuda ha fracasado en su objetivo de paliar la hambruna masiva en Gaza, señaló Human Rights Watch. El equipo legal de GHF afirmó que hasta el 28 de julio habían entregado 95 millones de comidas. Sin embargo, Aguilar estima que, incluso funcionando a plena capacidad, los cuatro centros solo pueden gestionar el equivalente a 60 camiones de alimentos al día, en contraste con los 600 camiones diarios que ingresaban durante la tregua a principios de 2025 bajo el sistema liderado por la ONU.
El 29 de julio, el sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), la principal autoridad mundial en la materia, informó que “el peor escenario de hambruna se está desarrollando actualmente en la Franja de Gaza”. El Ministerio de Salud de Gaza informó que, hasta el 30 de julio, 154 personas —incluidos 89 niños— han muerto por desnutrición desde el 7 de octubre de 2023, la mayoría desde el 19 de julio. El 27 de julio, el ejército israelí anunció que reanudaría los lanzamientos aéreos de ayuda, habilitaría rutas seguras y establecería “pausas humanitarias” en zonas pobladas.
El derecho internacional humanitario —aplicable a las hostilidades entre fuerzas israelíes y grupos armados palestinos— exige distinguir en todo momento entre civiles y combatientes. Solo se puede atacar objetivos militares. Están prohibidos los ataques deliberados contra civiles o bienes civiles, así como los ataques indiscriminados. El derecho internacional de los derechos humanos, también aplicable en Gaza, prohíbe el uso intencional de armas de fuego letales por parte de agentes del orden salvo cuando sea “estrictamente inevitable para proteger la vida”. Estas normas también se aplican al personal de seguridad privada que ejerza funciones policiales.
En ambos marcos legales, las autoridades pueden tomar medidas para garantizar la entrega de ayuda, pero el uso de fuerza letal contra civiles está estrictamente limitado. Por ejemplo, si personas civiles se desviaran de una ruta designada por el ejército israelí, esto no las convertiría automáticamente en blancos legítimos. Tampoco justificaría el uso intencional de fuerza letal como medida policial “estrictamente inevitable para proteger la vida”. La privación intencional de la vida de integrantes civiles de una población ocupada constituye un crimen de guerra.
El uso reiterado de fuerza letal sin justificación contra civiles palestinos por parte de fuerzas israelíes viola tanto el derecho humanitario como el de los derechos humanos. Human Rights Watch no ha encontrado pruebas de que las personas asesinadas en los casos documentados representaran una amenaza inminente. El uso intencional de fuerza letal sin justificación legal por quienes ejercen funciones policiales también viola el derecho internacional. Las matanzas regulares cerca de los centros de GHF constituyen crímenes de guerra, dados los indicios de que se trata de asesinatos deliberados y dirigidos contra personas que, a sabiendas de las autoridades israelíes, son civiles palestinos.
El 26 de junio, un mes después de que SRS comenzara a distribuir ayuda, el gobierno de Estados Unidos anunció una asignación de US$30 millones para GHF. Se desconoce la fuente de financiamiento del primer mes de operaciones; en su carta a Human Rights Watch, el equipo legal de GHF indicó que “recibió US$100 millones de un gobierno que no es Estados Unidos ni Israel”, sin especificar cuál.
La administración Trump realizó esta asignación eludiendo la aprobación del Congreso. Dado el apoyo militar sustancial que continúa prestando a Israel pese a las graves violaciones documentadas, Estados Unidos es cómplice de estas infracciones al derecho internacional.
El Congreso de EE.UU. debería exigir notificaciones sobre cualquier nuevo financiamiento destinado a GHF y un informe sobre el uso actual de los fondos, incluyendo una evaluación de la eficacia de la ayuda para la población palestina que padece hambre.
En virtud de sus obligaciones en el marco de la Convención sobre el Genocidio, los Estados deben ejercer toda su capacidad de influencia —incluidas sanciones selectivas, embargos de armas y suspensión de acuerdos comerciales preferenciales— para detener los crímenes atroces en curso por parte de las autoridades israelíes.
“Es indefendible que, en lugar de usar su enorme capacidad de presión para poner fin a los actos de genocidio en curso, Estados Unidos respalde e incluso financie un mecanismo letal que permite a las fuerzas israelíes matar de hambre y disparar contra civiles palestinos como método de control de multitudes”, dijo Wille. “Los Estados deben actuar con urgencia para detener el exterminio de la población palestina”.
