- Con el aparente apoyo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), contratistas militares privados colombianos se han desplegado en Sudán para apoyar a las abusivas Fuerzas de Apoyo Rápido.
- Este despliegue se suma a otras pruebas del apoyo militar de los EAU a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han cometido atrocidades generalizadas en Sudán.
- Los gobiernos a nivel global deberían presionar para que se lleven a cabo investigaciones que puedan conducir a sanciones contra todos aquellos contra quienes existan pruebas creíbles de que han prestado asistencia militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, incluidos funcionarios de los EAU.
(Beirut) – Contratistas militares privados colombianos, aparentemente contratados por una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), transitaron por bases militares de los EAU antes de ser desplegados en Sudán para apoyar a las abusivas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Esta es una prueba más que indica que los EAU están ayudando o contribuyendo de manera sustancial a la capacidad de las RSF para cometer crímenes de guerra.
El informe de 83 páginas, “De Bogotá a El Fasher: El papel de los EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán”, presenta pruebas que demuestran que, desde 2024, la empresa de seguridad con sede en Abu Dabi, Global Security Services Group (GSSG, por sus siglas en inglés), contrató a cientos de contratistas militares privados colombianos que fueron desplegados en Sudán para participar en hostilidades junto a las RSF, que combaten contra las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés). Human Rights Watch identificó pruebas de la presencia de contratistas militares privados en El Fasher, la capital de Darfur del Norte, en octubre de 2025, cuando las RSF tomaron la ciudad y cometieron asesinatos y abusos generalizados. La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos de las Naciones Unidas para el Sudán ha afirmado que estos hechos presentaban “indicios de genocidio”.
“El reclutamiento de contratistas militares privados colombianos se suma a un creciente conjunto de evidencias de que los Emiratos Árabes Unidos brindan apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han cometido repetidamente crímenes atroces en Sudán”, dijo Mausi Segun, directora de la División de África de Human Rights Watch. “Los gobiernos deben exigir públicamente que los EAU dejen de suministrar armas, equipo, personal y otro tipo de apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido”.
Human Rights Watch entrevistó a dos contratistas militares privados colombianos que fueron desplegados en Sudán, a un exempleado de GSSG, a ocho residentes de El Fasher y a otras siete fuentes, entre ellas exoficiales militares colombianos. También revisó registros corporativos y documentos oficiales, y verificó y geolocalizó fotografías y videos publicados online, incluidos los publicados por los propios contratistas. Algunos mostraban a los contratistas luchando junto a las RSF en Sudán y entrenando en instalaciones militares de los EAU.
La campaña de reclutamiento fue aparentemente dirigida por entidades privadas, pero Human Rights Watch concluyó que los reclutas pasaban por una base militar de los EAU en Ghiyathi y lo que parece ser una instalación militar en Al Wathba, ambas en el Emirato de Abu Dabi.
Un contratista militar colombiano dijo que, cuando llegó a los EAU, se saltó los controles de inmigración, “No nos sellaron los pasaportes”. Dijo que, junto con otros contratistas, fue trasladado de forma inmediata a la base de Ghiyathi, donde recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes. Human Rights Watch también identificó a otros cuatro contratistas que, según muestran fotos y videos verificados, hicieron escalas en los EAU antes de su despliegue en Sudán. La primera evidencia pública de la presencia de los colombianos en Sudán surgió a través de videos publicados en redes sociales en noviembre de 2024, 19 meses después del inicio del conflicto. Las Fuerzas Conjuntas de los Movimientos Armados, una coalición de grupos armados aliados con las SAF, que filmaron los videos, habían interceptado un convoy de colombianos que había entrado a Sudán desde Libia.
Se descubrió que los colombianos tenían proyectiles de 81 mm de fabricación búlgara, que, según reveló la cadena francesa France 24, habían sido desviados de los arsenales de las Fuerzas Armadas de los EAU. Estos eran uno de los tres tipos de equipo militar que terminaron en manos de las RSF en violación de los acuerdos de usuario final, según investigaciones de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y France 24.
Human Rights Watch verificó y geolocalizó videos que muestran a contratistas militares privados extranjeros, aparentemente colombianos, combatiendo en El Fasher durante la toma de la ciudad por parte de las RSF en el otoño de 2025. Los residentes de la ciudad sufrieron abusos generalizados, entre ellos asesinatos, violaciones, hambruna, y ataques selectivos contra personas con discapacidad. Seis testigos afirmaron haber visto a combatientes extranjeros “blancos” en el lugar de los asesinatos masivos perpetrados por las RSF, quienes vestían el mismo equipo de protección que se ve en estos videos: cascos, chalecos antibalas y rodilleras.
Un contratista colombiano dijo que entrenó a reclutas de las RSF en campamentos alrededor de Nyala—utilizados por las RSF como su base principal en Darfur del Sur—alrededor de abril de 2025, y que muchos reclutas eran “niños pequeños”. El medio colombiano La Silla Vacía también reportó que algunos contratistas habían entrenado a niños soldados de las RSF.
El derecho internacional prohíbe el reclutamiento o la utilización de menores en conflictos armados, lo que constituye un crimen de guerra cuando los niños son menores de 15 años. El secretario general de la ONU verificó 16 casos de reclutamiento de niños por parte de las RSF en 2024 e incluyó al grupo armado en la “lista de la vergüenza” de la ONU por graves violaciones contra niños en los conflictos armados.
GSSG fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, el secretario general de la Corte Presidencial de los EAU, según un informe de 2025 de The Sentry, una organización no gubernamental dedicada a la investigación. Al-Humairi responde al vicepresidente de los EAU, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y presidente de la Corte Presidencial. En 2017, al-Humairi transfirió sus acciones en GSSG a Mohamed Hamdan al-Zaabi, un socio comercial de larga data, según informó The Sentry.
GSSG se presenta como “la primera empresa de seguridad privada de los EAU en obtener una licencia de seguridad armada”. Hasta hace poco, también anunciaba que ministerios clave de los EAU eran sus clientes y que era “el único proveedor de servicios de seguridad privada armada para el gobierno de los EAU”. Un exempleado dijo que era probable que entre los clientes de la empresa se encontraran altos miembros de la familia gobernante, una afirmación respaldada por un conjunto de correos electrónicos filtrados que examinó Human Rights Watch. Al-Zaabi sigue haciendo negocios con al-Humairi.
Los EAU han negado rotundamente que brinden apoyo militar a las RSF, alegando que la asistencia prestada es humanitaria. Sin embargo, las autoridades estatales emiratíes deberían estar, y parecerían estar, plenamente al tanto de las actividades que tienen lugar en territorio emiratí, y específicamente en propiedades gubernamentales y bases militares. Los EAU son un Estado autoritario altamente centralizado.
Según la legislación de los EAU, las empresas de seguridad privada están obligadas a coordinar sus actividades con las autoridades del país y a garantizar que estas no entren en conflicto con otras medidas de seguridad.
Human Rights Watch compartió resúmenes de sus conclusiones a GSSG, a las autoridades de los EAU, y a otras partes implicadas en el aparente reclutamiento y despliegue de contratistas militares privados u otro tipo de apoyo militar a las RSF, pero no recibió respuesta.
El Consejo de Seguridad de la ONU debería pedir a su Grupo de Expertos sobre el Sudán que investigue a GSSG, incluido al-Zaabi, por su aparente papel de apoyo a las RSF en violación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU de 2004 sobre Darfur. El consejo también debería pedir al Grupo que investigue a otros actores, incluidas las empresas privadas que podrían estar ayudando a las RSF, e imponer sanciones a las personas y entidades que presten dicho apoyo.
Los gobiernos, así como la Unión Europea y la Unión Africana, también deberían investigar a GSSG y a al-Zaabi, con miras a adoptar sanciones específicas. Los Estados deberían suspender toda cooperación militar con los EAU y la venta de armas a este país. La UE y otros Estados deberían utilizar la influencia que les brindan las negociaciones bilaterales con los EAU para presionar a sus autoridades para que pongan fin al apoyo a las RSF.
“Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, afirmó Segun. “Gobiernos a nivel global deben dejar de aceptar las negativas poco creíbles de los Emiratos Árabes Unidos respecto a su apoyo a las RSF y deben poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y y de lesa humanidad en Sudán”.
