Resumen

La administración de Trump ha profundizado su cooperación en materia de seguridad con Ecuador en un esfuerzo por responder a la creciente violencia en el país y a los grupos del crimen organizado que operan en toda la región. Estados Unidos probablemente se ha convertido en el principal socio de Ecuador en su respuesta de seguridad, proporcionando equipos, capacitación, inteligencia y, más recientemente, apoyo militar.

Desde una perspectiva de derechos humanos, esta alianza es peligrosa. La relación de cooperación en materia de seguridad entre ambos países se está profundizando en un momento en que estos gobiernos han cometido graves violaciones de derechos humanos, impulsadas por su insistencia en enmarcar sus enfrentamientos con los grupos del crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado. Ecuador y Estados Unidos no han revelado muchos detalles sobre la naturaleza de su cooperación en materia de seguridad, ni han informado si existen salvaguardias adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos.

Este informe—basado en 62 entrevistas con víctimas, abogados, testigos y otras personas, así como en el análisis de imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones y detección de incendios, documentos judiciales, informes médicos y más de 100 fotografías y videos—documenta tres incidentes en los que varias personas fueron sometidas a abusos, incluidos ataques con drones, tortura y detención arbitraria. En un cuarto caso, una embarcación pesquera y la mayor parte de su tripulación desaparecieron en circunstancias que apuntan a un posible ataque. Cada uno de estos incidentes se relacionan de alguna manera con la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador o plantean interrogantes sobre su responsabilidad que ninguno de los dos gobiernos ha respondido adecuadamente.

El primer incidente se refiere a una operación militar en San Martín, en la frontera con Colombia, entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, que funcionarios estadounidenses han descrito como “conjunta”. Si bien ni Estados Unidos ni Ecuador han revelado el papel específico de las fuerzas de cada país en la operación, Human Rights Watch concluyó que las fuerzas ecuatorianas detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro nacionales colombianos que trabajaban en una finca, incendiaron tres propiedades que al parecer no tenían conexión alguna con grupos del crimen organizado y, posteriormente, atacaron dos de esas propiedades con municiones lanzadas desde el aire.

Los otros tres incidentes se refieren a la desaparición, en enero, de la embarcación pesquera Fiorella y de gran parte de su tripulación, así como a ataques con drones armados contra las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca en marzo, todos ellos frente a la costa de las Islas Galápagos. El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier participación en estos incidentes, y las autoridades ecuatorianas ni siquiera han confirmado que hayan ocurrido. Trece sobrevivientes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que, tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a quienes identificaron como nacionales estadounidenses que estaban armados y vestían uniformes de estilo militar.

Operación militar de Estados Unidos y Ecuador en tierra

Cuando los soldados ecuatorianos llegaron a una finca en San Martín, los trabajadores no tenían motivos para sospechar lo que estaba por ocurrir. Lo que siguió fueron golpizas, descargas eléctricas y ejecuciones simuladas. Sus testimonios, junto con los de otros miembros de la comunidad, revelan actos de tortura y destrucción indiscriminada llevados a cabo por las fuerzas ecuatorianas que operaban en conjunto con Estados Unidos.

“Me echaban agua y luego me pringaban”, dijo un trabajador, refiriéndose a descargas eléctricas. Él y otra víctima describieron cómo soldados ecuatorianos los amenazaron con cortarles los dedos o arrancarles las uñas con alicates para obligarlos a confesar donde estaban las caletas y las armas. “Me apuntaron con la pistola. Me la rastrillaron y me la martillaron, pero no había tiros”, dijo uno de ellos.

Horas más tarde, los hombres fueron puestos en libertad cerca de un hospital, sin que las autoridades les hayan formulado cargos. Fotografías, documentos médicos y un análisis realizado por un experto del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG, por sus siglas en inglés) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés) indican que fueron golpeados. El gobierno ecuatoriano afirmó que una fiscal se negó a presentar cargos contra los hombres “por miedo”, pero la fiscal señaló que los soldados no proporcionaron información ni pruebas suficientes para acusar a los trabajadores quienes, según constató Human Rights Watch, no tenían antecedentes penales.

Tres días después, el Ejército ecuatoriano atacó la finca donde trabajaban, destruyendo sus instalaciones. El gobierno ecuatoriano afirmó que el lugar era un “un área campamentaria perteneciente al grupo narco criminal Comandos de la Frontera”, un grupo armado que opera en la frontera entre Colombia y Ecuador, pero Human Rights Watch encontró evidencias que indican que se trataba de una finca lechera, entre ellas imágenes satelitales, testimonios y fotografías de recibos por la compra de insumos y la venta del queso por parte del dueño de la finca.

En una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, describió la operación como un “éxito” y afirmó que las fuerzas ecuatorianas actuaron “de manera profesional”. Si bien la administración de Trump describió la operación en San Martín como una operación “conjunta” y afirmó que sus fuerzas estaban “presentes”, no ha revelado cuál fue el papel de las fuerzas militares estadounidenses en los ataques contra las propiedades, y mucho menos en la detención y tortura de los trabajadores de la finca.

Ataques con drones contra embarcaciones pesqueras cerca de Islas Galápagos

Entre enero y marzo de 2026, tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas—Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca—desaparecieron o fueron atacadas mientras operaban en el Pacífico. El 20 de enero, Fiorella desapareció junto con la mayor parte de su tripulación. El 17 y el 26 de marzo, tripulantes de La Negra Francisca Duarte II y de Don Maca, respectivamente, dijeron haber sido atacados por drones armados. Los sobrevivientes de La Negra Francisca Duarte II y de Don Maca señalaron que, tras los ataques, subieron a bordo de un barco azul y blanco que se encontraba cerca, donde nacionales estadounidenses armados y vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, los detuvieron y los entregaron a la Guardia Costera salvadoreña.

“Yo estaba en la bodega, enhielando pescado, cuando sentí la primera explosión”, recordó un tripulante de Don Maca, un barco que pescaba frente a la costa de Ecuador. Él y otros tripulantes describieron cómo los drones atacaron su embarcación pesquera a finales de marzo de 2026, dejando a muchos heridos.

Dijeron que un barco con bandera de Estados Unidos se les acercó. Según relataron, un hombre a bordo de la embarcación les preguntó “¿Cuántos son? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos?”. Los sobrevivientes dijeron que abordaron el barco que llevaba una bandera de Estados Unidos mientras el personal les apuntaban con “armas largas”.

Una vez a bordo, hombres a quienes describieron como personal armado de Estados Unidos, los esposaron, los encapucharon y los empujaron hacia la cubierta del barco, donde a algunos les ordenaron sentarse y a otros arrodillarse. El personal les preguntó sus nombres y los detuvo durante aproximadamente ocho horas sobre una cubierta metálica caliente. Algunos dijeron que escucharon o vieron al personal destruir su embarcación y las lanchas de apoyo que la acompañaban. El personal los entregó a la Guardia Costera salvadoreña, que los llevó a El Salvador. Se les permitió regresar a Ecuador 10 días después, a principios de abril.

Mientras tanto, ocho tripulantes de otra embarcación pesquera, Fiorella, siguen desaparecidos desde el 20 de enero junto con su embarcación. Dos tripulantes que se encontraban pescando lejos de la embarcación cuando esta desapareció dijeron que perdieron contacto con el capitán de Fiorella alrededor del mediodía y que más tarde vieron lo que parecía ser una columna de humo a lo lejos. Horas más tarde, regresaron a la última ubicación conocida de la embarcación, pero no encontraron rastro alguno de Fiorella ni de su tripulación.

Los tripulantes de las tres embarcaciones provienen de las comunidades costeras de San Mateo, Jaramijó y Manta, donde la pesca a pequeña escala sigue siendo el principal medio de subsistencia. El análisis realizado por Human Rights Watch de los certificados de antecedentes penales ecuatorianos reveló que solo cuatro de los 46 hombres tenían antecedentes penales; ninguno por delitos violentos o potencialmente violentos, ni por delitos relacionados con tráfico de drogas.

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier participación o conocimiento en estos incidentes.

Sin embargo, hay indicios de algún tipo de participación o conocimiento del gobierno de Estados Unidos en los ataques, especialmente debido a los relatos consistentes de los sobrevivientes sobre los momentos previos y posteriores a los ataques con drones. Los sobrevivientes de Fiorella dijeron que vieron un barco tipo patrulla de color gris cerca de la embarcación pesquera en los días previos a su desaparición. Señalaron que el barco llevaba una bandera de Estados Unidos.

Un tripulante de La Negra Francisca Duarte II afirmó haber visto una insignia con la bandera de Estados Unidos en el brazo de uno de los miembros del personal que lo detuvo a él y al resto de su tripulación. Los tripulantes de Don Maca dijeron que el personal que los detuvo vestía uniformes de camuflaje de color caqui, y uno de ellos afirmó haber visto banderas de Estados Unidos en las mangas del uniforme de algunos miembros del personal, así como las siglas “USA”.

Los tripulantes tanto de La Negra Francisca Duarte II como de Don Maca dijeron que posteriormente fueron trasladados a barcos de la Guardia Costera salvadoreña. En ambos casos, dijeron que el personal salvadoreño les informó que “oficiales estadounidenses” los habían entregado “en calidad de náufragos”.

Aproximadamente en el mismo período de tiempo en que fueron atacadas las embarcaciones, funcionarios ecuatorianos describieron públicamente operaciones de seguridad marítima conjuntas o coordinadas con Estados Unidos, incluido el apoyo estadounidense a Ecuador para identificar rutas de narcotráfico en el Pacífico.

A pesar de los exhaustivos esfuerzos de verificación de Human Rights Watch y de las múltiples solicitudes de información enviadas a las autoridades ecuatorianas y estadounidenses, persisten muchas preguntas sin respuesta sobre estos incidentes. En primer lugar, no está claro qué pasó con Fiorella y su tripulación. El capitán informó al propietario de la embarcación que una “lancha patrullera estadounidense” había estado siguiendo a la embarcación antes de su desaparición, pero a partir de ese momento se perdió el contacto desde tierra con la embarcación. Human Rights Watch no pudo determinar quién llevó a cabo los ataques con drones contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca. Tampoco pudimos identificar al barco azul y blanco al que abordaron los sobrevivientes, ni a los nacionales estadounidenses armados vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos que, según los sobrevivientes, los detuvieron a bordo.

Todos estos hechos sin esclarecer ameritan una respuesta seria y transparente de los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador. Esto es especialmente importante dada su estrecha alianza en materia de seguridad. Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha proporcionado respuestas claras.

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El gobierno de Estados Unidos y la administración del presidente Daniel Noboa en Ecuador deben adoptar medidas inmediatas para aclarar su papel en los incidentes descritos en este informe, así como detalles esenciales sobre la naturaleza de la alianza, el rol de las fuerzas estadounidenses y qué salvaguardias se han incorporado a sus operaciones conjuntas para garantizar derechos humanos.

El gobierno de Noboa también debe reconsiderar su determinación sobre la existencia de un “conflicto armado” en el país y concentrar sus esfuerzos en fortalecer las capacidades del sistema judicial para combatir el crimen organizado.

El Congreso de Estados Unidos debe exigir que la administración del presidente Trump brinde respuestas claras a las numerosas preguntas en torno a su cooperación en materia de seguridad con Ecuador. También debería examinar si esa cooperación cuenta con salvaguardias adecuadas, dado el creciente número de violaciones de derechos humanos de la administración del presidente Noboa.

“Tienen que esclarecer este caso, para que esto no vuelva a suceder”, dijo un miembro de la comunidad de San Martín, donde se produjeron los bombardeos en tierra. “O quién sabe a quién le puede tocar después”.

 

Metodología

Human Rights Watch documentó las operaciones militares y los ataques descritos en este informe mediante entrevistas con víctimas, familiares, abogados, funcionarios gubernamentales, periodistas y otras personas con conocimiento directo de los incidentes. Los investigadores revisaron y analizaron informes médicos, documentos judiciales, declaraciones de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, fotografías y videos compartidos por abogados y entrevistados o publicados en línea en redes sociales, imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones y de detección de incendios, y otros materiales para corroborar los relatos de los testigos, evaluar las circunstancias de cada caso y reconstruir la cronología de los hechos.

Para documentar la operación militar en San Martín, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 13 personas, entre ellas dos trabajadores que afirmaron haber sido detenidos y torturados, los dueños de dos propiedades que fueron atacadas, miembros de la comunidad que presenciaron las detenciones, y periodistas y defensores de los derechos humanos de la Alianza por los Derechos Humanos, una coalición de organizaciones de derechos humanos, que visitaron la zona después de los ataques. Los entrevistados solicitaron permanecer en el anonimato. Los investigadores también revisaron informes médicos y fotografías de las lesiones de los hombres detenidos y consultaron al Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG, por sus siglas en inglés) del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés).

Human Rights Watch también analizó más de 80 fotografías de propiedades dañadas y de municiones encontradas en el lado colombiano de la frontera, tomadas por miembros de la comunidad, organizaciones de derechos humanos y periodistas que visitaron el lugar. Además, se revisaron 12 videos grabados por testigos que muestran las detenciones de los cuatro hombres, así como imágenes aéreas que captan el bombardeo de una propiedad y la vigilancia de otra, presentadas por las autoridades ecuatorianas y estadounidenses durante entrevistas televisivas o en redes sociales.

Human Rights Watch analizó imágenes satelitales con diferentes resoluciones espaciales para corroborar la cronología de los hechos relacionados con la destrucción de propiedades y los ataques posteriores, y para analizar posibles vínculos con grupos criminales.

Para documentar los ataques contra embarcaciones pesqueras cerca de las Islas Galápagos, Human Rights Watch visitó Manta, una ciudad portuaria en la provincia de Manabí, en Ecuador, y San Mateo, una comunidad pesquera costera cercana, a principios de mayo de 2026. Human Rights Watch entrevistó a un total de 49 personas. Algunas entrevistas se realizaron en persona durante la visita y otras por teléfono, después de la visita. Entre los entrevistados se encuentran propietarios de las embarcaciones pesqueras atacadas; sus abogados; tripulantes, algunos de los cuales resultaron gravemente heridos en los incidentes, fueron detenidos arbitrariamente y trasladados a El Salvador antes de regresar a Ecuador; y dos pescadores del Fiorella, cuya tripulación permanece en su mayoría desaparecida. Human Rights Watch también entrevistó a fiscales de la Fiscalía General del Estado de Ecuador; funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y de la Policía Nacional del Ecuador; exmiembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Ecuador; y funcionarios de la Capitanía del Puerto de Manta, la Capitanía del Puerto de Baquerizo Moreno y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros de Manta, todos los cuales solicitaron mantener su anonimato. Asimismo, entrevistó a periodistas locales e internacionales que cubrieron los incidentes; expertos en seguridad; y miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) que analizaron el incidente.

Human Rights Watch también revisó una amplia variedad de documentos y materiales, incluidos informes médicos sobre los pescadores emitidos por las autoridades salvadoreñas, radiografías, fotografías y videos de los tripulantes heridos, así como sus antecedentes penales. Los investigadores también verificaron 12 fotografías y videos de las embarcaciones antes de los ataques y, en un caso, cuatro fotografías tomadas desde una lancha de apoyo de una embarcación cercana que mostraban a una de las embarcaciones pesqueras presuntamente atacada en llamas en el mar; además, analizaron documentos judiciales de Ecuador y consultaron a expertos forenses del IRCT.

Human Rights Watch analizó y revisó datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (Vessel Monitoring System, VMS) proporcionados por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de la Armada de Ecuador y consultados a través de la plataforma de acceso público, Global Fishing Watch, con el fin de identificar las trayectorias y las últimas posiciones conocidas de las tres embarcaciones pesqueras que transmitieron señales.0F[1] A menos que se indique lo contrario, todas las horas relacionadas con los incidentes que involucraron a las embarcaciones corresponden a la hora local de la zona donde ocurrieron los hechos. Los datos transmitidos a través del Sistema de Identificación Automática (Automatic Identification System, AIS), recopilados mediante satélites y receptores terrestres, incluidos en la plataforma Global Fishing Watch y revisados por Human Rights Watch, se utilizaron para identificar los tipos de embarcaciones, las ubicaciones y las trayectorias cercanas a las embarcaciones pesqueras atacadas.[2]

Además, Human Rights Watch revisó datos de detección de incendios del Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos (Fire Information for Resource Management System) de la NASA con el fin de identificar la posible ubicación donde una de las embarcaciones pesqueras, La Negra Francisca Duarte II, pudo haber sido atacada.[3]

Human Rights Watch también llevó a cabo una investigación de fuentes abiertas para identificar el barco en el que varios entrevistados dijeron haber sido detenidos, y evaluar su posible propiedad y operaciones. Human Rights Watch envió solicitudes de información a dos empresas privadas que podrían operar barcos con características similares a las descritas por algunos tripulantes. Al momento de redactar este informe, ninguna había respondido.

Human Rights Watch envió solicitudes de información a las autoridades ecuatorianas entre abril y junio de 2026, entre ellas el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo. Al momento de redactar este informe, solo la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado habían respondido.

Human Rights Watch también solicitó comentarios al Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador, al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Comando Sur de Estados Unidos en junio de 2026. Al momento de redactar este informe, ninguno había respondido.

 

I. Antecedentes

La crisis de seguridad en Ecuador, la respuesta del gobierno y la cooperación con Estados Unidos

La transformación de Ecuador, que pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más violentos, representa uno de los más dramáticos colapsos de seguridad en la región en décadas.[4] La respuesta del gobierno no ha logrado reducir la violencia y ha dado lugar a un aumento en los reportes de violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales socios de Ecuador en su respuesta a la crisis de seguridad, proporcionando equipos, capacitación, inteligencia y, más recientemente, apoyo militar. Si bien las administraciones pasadas en Washington ya habían respaldado la política de seguridad de Ecuador, la relación bilateral se profundizó tras la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero de 2025.[5]

Violencia y crimen organizado

Durante la mayor parte de la década de 2010, Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina; en ocasiones, tres o cuatro veces menor al promedio regional.[6] Sin embargo, desde 2019, el país ha experimentado un drástico aumento de los homicidios y otros delitos, impulsado por el incremento de las actividades de los grupos del crimen organizado.

En 2019, Ecuador registró 1.189 homicidios, una tasa de 6,8 por cada 100.000 habitantes. Para 2025, esa cifra se multiplicó casi por ocho hasta superar los 9.200 homicidios, una tasa de 50,9 por cada 100.000, la segunda más alta del hemisferio occidental después de Haití.[7]

Según datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales de la Fiscalía General del Estado, entre 2019 y 2024, las noticias del delito por extorsión aumentaron de 1.616 a 23.083—un incremento de catorce veces—y las noticias del delito por secuestro extorsivo aumentaron de 224 a 1.900. Ambos indicadores de delincuencia disminuyeron en 2025, pero se mantuvieron entre dos y tres veces por encima de los niveles registrados en 2022.[8]

Según los hechos reportados y registrados por el grupo de monitoreo de conflictos Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), más de 12 millones de ecuatorianos—aproximadamente el 71 % de la población—vivían en 2025 a menos de 5 kilómetros de un enfrentamiento, una explosión o un ataque contra la población civil, una proporción superior a la de cualquier otro país de América Latina.[9]

En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y medios de comunicación han documentado actos de violencia extrema que anteriormente eran poco frecuentes en Ecuador, incluidos decapitaciones, desmembramientos y atentados con carros bomba.[10] Jueces, fiscales, periodistas y políticos también han sido objeto de ataques y asesinatos.[11] Por ejemplo, el 9 de agosto de 2023, un hombre armado asesinó a tiros al candidato presidencial y experiodista Fernando Villavicencio, cuando salía de un acto de campaña en Quito. Villlavicencio había investigado la corrupción y redes del crimen organizado.[12]

Ubicado entre Colombia y Perú—los dos mayores productores de cocaína del mundo— Ecuador se ha convertido en un centro estratégico de tránsito y logística para las drogas destinadas a América del Norte y Europa.[13] Según varios informes, los carteles mexicanos, las redes criminales albanesas, la mafia italiana y grupos armados colombianos, incluidos Comandos de la Frontera, tienen presencia en el país.[14]

Los dos principales grupos del crimen organizado en el país son Los Choneros, presuntamente vinculados al Cartel de Sinaloa, y Los Lobos, vinculados al Cartel de Jalisco Nueva Generación.[15] Los dos grupos, que anteriormente eran socios, se separaron tras el asesinato de un líder de Los Choneros en diciembre de 2020. La ruptura desencadenó luchas de poder y disputas por el control de los principales mercados ilícitos y de las prisiones, lo que provocó una ola de masacres carcelarias entre 2021 y 2024, en las que fueron asesinadas alrededor de 500 personas privadas de la libertad, según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos.[16]

Los grupos del crimen organizado han expandido sus operaciones delictivas más allá del narcotráfico hacia la extorsión, el secuestro extorsivo y la minería ilegal, lo que les ha proporcionado fuentes constantes de ingresos que han fortalecido su capacidad para resistir la presión del Estado.[17]

La respuesta del gobierno y los abusos de derechos humanos

El presidente Daniel Noboa asumió el cargo en noviembre de 2023 tras ganar las elecciones anticipadas convocadas a raíz de la disolución de la Asamblea Nacional anterior durante el mandato del presidente Guillermo Lasso.[18] Su predecesor ya había declarado estados de excepción en determinadas zonas del país, suspendido derechos constitucionales y desplegado a las fuerzas armadas en las calles y las cárceles, sin lograr reducir la violencia.[19] Noboa profundizó este enfoque, con consecuencias tanto para la seguridad pública como para los derechos humanos.

Varias de las políticas de mayor alcance se introdujeron en respuesta a los hechos ocurridos entre el 7 y 9 de enero de 2024 cuando miembros de grupos criminales tomaron el control de las instalaciones del canal de televisión estatal TC Televisión, y José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder del grupo criminal Los Choneros, escapó de la cárcel.[20]

El 8 de enero, Noboa declaró un estado de excepción en todo el país por “grave conmoción interna” y, al día siguiente, declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y designó a 22 grupos del crimen organizado como “grupos terroristas”.[21] Entre estas organizaciones se encontraban Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Ak47, Latin Kings, entre otras. Noboa ordenó a las fuerzas armadas ejecutar “operaciones militares”, y posteriormente desplegó a los militares para patrullar ciudades y barrios, y controlar las cárceles en todo el país.[22]

La base jurídica del “conflicto armado interno” ha sido cuestionada reiteradamente.[23] Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado no internacional requiere que los grupos armados no estatales tengan un nivel suficiente de organización y que las hostilidades alcancen un umbral mínimo de intensidad.[24] La Corte Constitucional de Ecuador determinó, en varias sentencias, que el gobierno no había proporcionado información suficiente para sustentar su afirmación de que la situación en el país alcanzaba ese umbral.[25] Sin embargo, la corte no ha discutido específicamente si existe un conflicto armado interno entre el gobierno y Comandos de la Frontera, el grupo armado que presuntamente era el objetivo de la operación militar en San Martín, provincia de Sucumbíos, que este informe describe en detalle.

Entre enero de 2024 y junio de 2026, el presidente Noboa emitió 28 decretos ejecutivos que declaraban, renovaban o modificaban estados de excepción y que, entre otras medidas, flexibilizaron las garantías en materia de derechos humanos aplicables a la lucha del gobierno contra el crimen organizado.[26] El 18 de junio de 2026, Noboa promulgó un nuevo decreto insistiendo en la existencia de un “conflicto armado interno” y autorizó a las fuerzas armadas y a la Policía Nacional a “neutralizar” todas las “estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional y el orden público”. El decreto también garantizó a la policía, a los militares y a los civiles que recibirían indultos, reducciones o conmutaciones de pena y/o amnistías por cualquier delito cometido durante el “conflicto armado”.[27]

Tras declarar la existencia de un conflicto armado, el gobierno de Noboa promocionó un plan de seguridad llamado “Plan Fénix” como solución al crimen organizado. El gobierno desplegó conjuntamente a las fuerzas armadas y a la policía en las calles.[28] Sin embargo, los detalles sobre la naturaleza y el alcance del plan no se han hecho públicos.[29]

Fiscales y expertos en seguridad dijeron a Human Rights Watch que no consideraban que se tratara de una estrategia viable y concreta. Algunos fiscales señalaron que desconocían el contenido del “Plan Fénix” y no sabían si este modificaba la forma en que investigan el crimen organizado.[30] Desde entonces, el gobierno ha cambiado el nombre de la estrategia y ha sustituido a altos mandos de las fuerzas de seguridad, pero persisten las preocupaciones de los expertos sobre la falta de una estrategia coherente a largo plazo.[31]

Los ministerios de Defensa y del Interior han llevado a cabo continuas operaciones de seguridad en las que han reportado detenciones, capturas de varios líderes de grupos criminales, incautaciones de drogas y destrucción de sitios de minería ilegal.[32] Sin embargo, las operaciones no han logrado reducir la violencia y han dado lugar a un aumento de los reportes de violaciones de derechos humanos.

Poco después de que el gobierno declarara un “conflicto armado interno” por primera vez en enero 2024, Human Rights Watch documentó múltiples abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, varios casos de detenciones arbitrarias y malos tratos a personas privadas de la libertad que, en algunos casos, podrían constituir tortura.[33] Las noticias del delito ante la Fiscalía General del Estado por presuntas ejecuciones extrajudiciales y la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio por parte de las fuerzas de seguridad aumentaron en más del doble en 2024, alcanzando 293—la cifra más alta en al menos una década—y se mantuvieron en un nivel elevado en 2025 con 249 noticias del delito, en comparación con un promedio anual de aproximadamente 106 noticias del delito entre 2015 y 2023.[34]

Hasta marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas había recibido 51 reportes de desapariciones forzadas, incluidas desapariciones de niños, niñas y adolescentes, presuntamente cometidas por agentes del Estado durante operaciones de seguridad realizadas entre 2024 y 2025.[35] Un caso particularmente notorio fue el de cuatro niños del barrio de Las Malvinas, en Guayaquil, quienes desaparecieron el 8 de diciembre de 2024. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a una patrulla militar deteniéndolos y obligándolos a subir a una camioneta. Sus restos calcinados fueron encontrados en Nochebuena cerca de la Base Aérea de Taura.[36] En diciembre de 2025, un tribunal condenó a 16 soldados por su participación en estas desapariciones forzadas.[37]

El gobierno también ha impulsado leyes que amenazan derechos fundamentales.[38] En junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que otorgaba al presidente amplias facultades para declarar un “conflicto armado interno” y autorizar el uso de la fuerza letal en circunstancias en las que el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación ecuatoriana lo prohibirían.[39] Posteriormente, el 26 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa ley.[40] La Asamblea Nacional también aprobó en junio de 2025 una nueva Ley Orgánica de Inteligencia que autoriza la obtención de información por parte de agencias de inteligencia sin las salvaguardias adecuadas.[41]

El gobierno también ha adoptado medidas para socavar la independencia de la Corte Constitucional, la cual ha declarado inconstitucionales algunas de las políticas de seguridad del gobierno tras determinar que violaban la Constitución ecuatoriana. El gobierno ha organizado manifestaciones en contra de los jueces de la Corte Constitucional, y altos funcionarios los han calificado de “enemigos del pueblo” y los han responsabilizado por la violencia en el país.[42] En noviembre, los ecuatorianos votaron en contra de una propuesta para reformar la Constitución, que parecía diseñada, en parte, para socavar la independencia de la corte.[43]

El gobierno también ha adoptado una actitud cada vez más hostil hacia los defensores de los derechos humanos y las organizaciones que han criticado su estrategia de seguridad. Altos funcionarios han calificado a los críticos de “antipatriotas” o de defensores de criminales.[44]

Noboa no ha fortalecido el sistema de justicia del país, que sigue siendo débil.[45] En 2025, la Fiscalía General del Estado estimó que tenía un déficit de 631 fiscales de un total de cerca de 1.900 empleados judiciales faltantes.[46] De manera similar, en junio de 2025, el Consejo de la Judicatura estimó que faltaban 753 jueces en todo el país, y que el 38 % de de las judicaturas se encontraba sin personal, con sobrecarga procesal y con altos riesgos por el crimen organizado.[47]

A menudo, jueces y fiscales carecen de las herramientas básicas y las condiciones de seguridad necesarias para investigar a los grupos del crimen organizado. Algunas provincias no cuentan con personal suficiente para realizar el levantamiento de cadáveres en las escenas del crimen o realizar análisis balísticos, incluso en grandes ciudades como Guayaquil. Muchos fiscales y jueces, incluidos aquellos que se encuentran en situación de riesgo, carecen de medidas básicas de protección, como vehículos blindados.[48] El Observatorio de Derechos y Justicia, una organización de derechos humanos, registró 46 ataques contra funcionarios judiciales entre enero de 2020 y junio de 2026, que resultaron en 28 muertes.[49]

Cooperación militar y de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador

Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales socios de Ecuador en su respuesta de seguridad, proporcionando equipos, capacitación, inteligencia y, más recientemente, apoyo militar.

Acuerdos bilaterales y asistencia en materia de seguridad

La actual relación bilateral en materia de seguridad se basa en una serie de acuerdos negociados o ratificados durante los gobiernos de Lasso y Noboa.[50]

El primer acuerdo, sobre Asistencia en Interceptación Aérea, le otorga a la Fuerza Aérea ecuatoriana acceso a información de inteligencia y de radares de Estados Unidos, así como a financiamiento, tecnología y capacitación, para interceptar aeronaves sospechosas de transportar drogas.[51] El segundo, un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (Status of Forces Agreement, SOFA), otorga privilegios, exenciones e inmunidades al personal civil y militar de Estados Unidos, así como libertad de circulación en todo el territorio ecuatoriano para aeronaves, embarcaciones y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con fines que incluyen visitas a puertos, capacitación, ejercicios, actividades humanitarias y actividades de cooperación para hacer frente a desafíos de seguridad compartidos, como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo internacional y otras amenazas.[52] En tercer lugar, el Acuerdo Relativo a Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, autoriza operaciones conjuntas contra embarcaciones sospechosas para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas, incluidos el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas de destrucción masiva y la pesca ilegal.[53]

En julio de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que desde 2018 había proporcionado a Ecuador US$81 millones en asistencia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.[54] En septiembre de 2024, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de cooperación en materia de seguridad por $25 millones.[55]

Desde el inicio de la administración de Trump y la reelección de Noboa en 2025, ambos países han adoptado medidas para alinear aún más sus políticas exteriores y estrategias de seguridad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a Noboa poco después de su reelección para “promover la seguridad nacional de Estados Unidos y las prioridades comunes”, entre ellas “combatir a los narcoterroristas, las organizaciones criminales transnacionales, la inmigración ilegal, las drogas y la influencia extranjera maligna”.[56] El secretario Rubio, la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y los comandantes actual y anterior del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan y el almirante Alvin Holsey, así como otros funcionarios, viajaron a Ecuador en varias ocasiones durante 2025 y 2026, y sus visitas se centraron en la cooperación en materia de seguridad.[57]

En julio de 2025, Estados Unidos y Ecuador alcanzaron un acuerdo para asignar a un oficial de la policía ecuatoriana al Centro Nacional de Identificación de Objetivos (National Targeting Center, NTC) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP), en Virginia, con el fin de facilitar el intercambio de información y el seguimiento de amenazas.[58] En septiembre de 2025, el Comando Sur de Estados Unidos firmó un acuerdo sobre Seguridad de la Información en Comunicaciones con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador.[59]

En marzo de 2026, la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) de Estados Unidos anunció el establecimiento de su primera oficina permanente en Ecuador, encargada de apoyar investigaciones conjuntas con la Policía Nacional del Ecuador para combatir el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.[60]

En abril de 2026, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Ministerio del Interior de Ecuador firmaron un memorando de entendimiento para profundizar la cooperación mediante el intercambio de información e inteligencia, asistencia técnica y capacitación especializada, con el fin de fortalecer las capacidades operativas, de investigación y de inteligencia para combatir el crimen organizado transnacional.[61]

Extradiciones, designaciones y recompensas

En julio de 2025, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, el líder de Los Choneros, fue extraditado de Ecuador a Estados Unidos después de ser recapturado en junio del mismo año, para enfrentar cargos que incluían conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas y el tráfico de armas.[62]

En septiembre de ese año, durante la visita del secretario Rubio a Quito, Estados Unidos designó a Los Choneros y a Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (Specially Designated Global Terrorists, SDGT).[63] En diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $5 millones en el marco del Programa de Recompensas contra el Narcotráfico por información que condujera a la detención o condena de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias “Churrón”, líder de Los Choneros.[64]

Equipos y capacitación

La entrega de equipos ha sido un elemento central de la alianza entre Estados Unidos y Ecuador. En septiembre de 2025, el secretario Rubio anunció cerca de $20 millones en asistencia de seguridad, incluidos $6 millones en sistemas aéreos no tripulados para mejorar la vigilancia marítima y aérea.[65] Ese mismo mes, el Comando Sur de Estados Unidos anunció que había donado un sistema de radar para reforzar la capacidad de Ecuador para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.[66]

En noviembre de 2025, Estados Unidos entregó una embarcación de la Guardia Costera a la Armada de Ecuador, y en mayo de 2026, la Embajada de Estados Unidos anunció la entrega a Ecuador de las tres primeras embarcaciones de un total de 12 embarcaciones, con un valor aproximado de $5 millones, para fortalecer las operaciones de interdicción en alta mar.[67]

Estas entregas han estado acompañadas de capacitación. Por ejemplo, en julio de 2025, infantes de marina de Estados Unidos y de Ecuador realizaron un entrenamiento conjunto en una base naval en Jaramijó.[68] En abril de 2026, la Armada de Estados Unidos y la Armada de Ecuador realizaron un entrenamiento marítimo bilateral en el océano Pacífico como parte del despliegue Southern Seas 2026 (“Mares del Sur 2026”), y personal militar estadounidense del portaaviones USS Nimitz (CVN 68) entrenaron a la Infantería de Marina de Ecuador en tácticas de registro e incautación en Guayaquil.[69]

Despliegue militar de Estados Unidos y operaciones conjuntas

La relación bilateral también incluye el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos y cooperación militar.

En diciembre de 2025, personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue desplegado para una operación temporal con la Fuerza Aérea de Ecuador en Manta. La Embajada de Estados Unidos señaló que la operación tenía como objetivo fortalecer las capacidades de recopilación de información y lucha contra el narcotráfico.[70]

Las operaciones conjuntas reportadas por ambos países han dado lugar a incautaciones de drogas. Por ejemplo, el 3 de diciembre de 2025, “esfuerzos combinados” permitieron incautar 1,4 toneladas de cocaína valoradas en aproximadamente $98 millones.[71] Asimismo, el 3 de marzo de 2026, autoridades de Estados Unidos, Europol y Ecuador llevaron a cabo una operación conjunta que presuntamente desmanteló la organización transnacional de narcotráfico de Hernán Ruilova Barzola, vinculada a Los Lobos.[72] El 11 de marzo de 2026, las autoridades de Estados Unidos informaron que socios de Ecuador, con apoyo del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron 1,6 toneladas de drogas.[73] El 24 de marzo de 2026, autoridades de Estados Unidos y Ecuador anunciaron la incautación de 592 kilos de cocaína durante una operación coordinada en aguas internacionales al suroeste de Ecuador.[74]

El 2 de marzo de 2026, el presidente Noboa anunció operaciones conjuntas con Estados Unidos y aliados en la región contra el narcoterrorismo y la minería ilegal durante todo el mes de marzo.[75] La noche siguiente, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó que “fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos iniciaron operaciones contra organizaciones designadas como terroristas en Ecuador”. Sean Parnell, asistente del secretario de Defensa de Estados Unidos, describió estos esfuerzos como parte de un compromiso más amplio de Estados Unidos para desmantelar dichas organizaciones en todo el hemisferio occidental.[76]

El Comando Sur de Estados Unidos describió las operaciones conjuntas de Ecuador y Estados Unidos contra las organizaciones designadas como terroristas en Ecuador como “esenciales para garantizar la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental y proteger el territorio nacional”.[77]

El Escudo de las Américas y el marco regional más amplio

El 5 de marzo de 2026, Ecuador se unió a 16 países para firmar la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada en Doral, Florida.[78] Los días 7 y 8 de marzo de 2026, el presidente Noboa participó en la cumbre del Escudo de las Américas, organizada por el presidente Trump en Miami, junto a líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.[79]

La cumbre lanzó oficialmente la Coalición de las Américas contra los Carteles, presentada por la administración de Trump como un mecanismo para “emplear el poder duro para derrotar las amenazas a nuestra seguridad y nuestra civilización” mediante acciones coordinadas para privar a las organizaciones criminales del control territorial y del acceso al financiamiento, así como mediante la capacitación por parte de Estados Unidos y la movilización de las fuerzas armadas de los países aliados.[80]

Preocupaciones en materia de derechos humanos relacionadas con la asistencia de Estados Unidos

Organizaciones de derechos humanos, funcionarios de cooperación internacional y miembros del Congreso de Estados Unidos han expresado su preocupación por el hecho de que la asistencia estadounidense en materia de seguridad se haya proporcionado sin salvaguardias o mecanismos de supervisión adecuados para evitar que contribuya a violaciones de derechos humanos. También han planteado dudas sobre si la alianza militar cuenta con salvaguardias suficientes en materia de derechos humanos.[81]

La Constitución de Ecuador prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, una prohibición que Noboa intentó modificar mediante un referéndum celebrado en noviembre de 2025, en el que el 61 % de los votantes rechazó la propuesta.[82] En junio de 2026, Noboa emitió un decreto que autorizó la “cooperación internacional” de “Estados cooperantes” para “neutralizar” amenazas contra la seguridad. En un video, afirmó que personal militar extranjero sería desplegado en las provincias más afectadas por la violencia. Noboa dijo que la decisión fue el resultado de meses de trabajo, especialmente una reunión reciente en el Pentágono.[83]

Estados Unidos ha proporcionado capacitación, equipos y apoyo operativo directo a las fuerzas de seguridad de Ecuador, las cuales han enfrentan señalamientos creíbles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias. La legislación de Estados Unidos, comúnmente conocida como la “Ley Leahy”, prohíbe por regla general que los departamentos de Defensa y de Estado de Estados Unidos proporcionen asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras si el gobierno cuenta con información creíble de que estas han cometido graves violaciones de derechos humanos.[84]

Debilitamiento de las salvaguardias de derechos humanos en el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos

La profundización de la alianza entre Estados Unidos y Ecuador se produce en un contexto de cambios más amplios del sector defensa estadounidense que han debilitado las salvaguardias destinadas a limitar el uso de la fuerza y garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

La administración de Trump ha adoptado medidas para remover o marginar a funcionarios y organismos encargados de la supervisión jurídica y la protección de la población civil, al tiempo que ha promovido públicamente un enfoque más permisivo de las operaciones militares.[85] En febrero de 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, destituyó a los principales asesores jurídicos militares de las tres ramas de las fuerzas armadas.[86] Posteriormente, Hegseth describió a estos asesores jurídicos militares de alto rango como “obstáculos para las órdenes” del comandante en jefe.[87] Al mismo tiempo, Hegseth impulsó cambios en los procedimientos de las inspecciones generales y los sistemas de supervisión que, según advirtieron exabogados y exoficiales militares, podría debilitar la revisión legal independiente y disuadir el disenso interno.[88]

El Departamento de Defensa de Estados Unidos también ha debilitado considerablemente las estructuras creadas en los últimos años para reducir los daños a la población civil e institucionalizar las lecciones aprendidas de conflictos anteriores. El Civilian Harm Mitigation and Response Action Plan, desarrollado en 2022, y el Civilian Protection Center of Excellence, establecido en 2023, fueron iniciativas diseñadas para mejorar las prácticas de selección de objetivos militares, investigar denuncias de daños a la población civil, incorporar la protección de civiles en la planificación militar y apoyar a los comandantes operacionales.

Sin embargo, ambas iniciativas han sufrido importantes reducciones de personal, presupuesto y atribuciones.[89] Exfuncionarios y miembros de las fuerzas armadas que participaron en estos esfuerzos han señalado que muchas de sus funciones ahora solo existen en el papel, y han expresado serias preocupaciones sobre las consecuencias de estos cambios para la protección de la vida de la población civil.[90]

Human Rights Watch también tiene preocupaciones sobre la estructura de mando de Estados Unidos, que tradicionalmente ha desempeñado un papel clave en la forma en que el personal militar interpreta, aplica y hace cumplir las restricciones legales y operativas. El secretario Hegseth declaró que las fuerzas estadounidenses lucharían sin “reglas de combate estúpidas” y con “máxima letalidad”, una retórica que, sumada a los retrocesos institucionales, genera preocupación de que la mitigación de los daños a la población civil no esté siendo tratada con la seriedad que exige.[91]

En el Departamento de Estado de Estados Unidos, los recortes significativos a la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo han causado preocupación por la disminución de capacidad para examinar rigurosamente a las fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en graves violaciones de derechos humanos, y para restringir adecuadamente la asistencia, incluso conforme a la Ley Leahy.[92] La administración de Trump también revocó la anterior Conventional Arms Transfer Policy, eliminando estándares reforzados en materia de derechos humanos que exigían un escrutinio más riguroso de las transferencias que pudieran facilitar abusos.[93] Asimismo, se suspendió el proceso de Civilian Harm Incident Response Guidance, que había establecido un mecanismo dentro del Departamento de Estado para evaluar y responder a las denuncias de daños a la población civil vinculados con artículos de defensa o asistencia de origen estadounidense.[94]

La eliminación o el debilitamiento de estas salvaguardias transforma los entornos normativos y operativos en los que se toman las decisiones sobre el uso de la fuerza y las alianzas en materia de seguridad. Estos cambios generan serias preocupaciones cuando se analizan en conjunto con las alianzas de seguridad de Estados Unidos con fuerzas extranjeras que enfrentan señalamientos creíbles de tortura, detención arbitraria y otros abusos graves, así como con las acciones directas del propio personal militar estadounidense, incluidas las más de 200 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo mediante ataques letales deliberados realizados sin una base legal creíble contra embarcaciones en los océanos Caribe y Pacífico.[95]
 

II. Operaciones militares conjuntas en la comunidad de San Martín, Sucumbíos, del 1 al 6 de marzo

Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, el Ejército ecuatoriano llevó a cabo una serie de operaciones conjuntas con Estados Unidos en la comunidad de San Martín, un asentamiento rural de 27 familias en la provincia de Sucumbíos, en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuya subsistencia depende de actividades agrícolas.[96] La comunidad ha sido históricamente desatendida por el gobierno ecuatoriano, cuya presencia en la zona ha sido principalmente de carácter militar. Los niños y niñas deben cruzar a Colombia para asistir a la escuela, y los miembros de la comunidad tienen acceso limitado a los servicios básicos. También han sufrido desplazamientos forzados y violencia armada transfronteriza relacionada con el conflicto armado colombiano y las políticas de erradicación de la coca.[97]

En el trascurso de seis días, soldados ecuatorianos detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro hombres colombianos, quemaron tres propiedades que al parecer no tenían conexión alguna con grupos del crimen organizado y, posteriormente, atacaron dos de esas propiedades con municiones lanzadas desde el aire.

Tanto autoridades ecuatorianas como estadounidenses afirmaron que se trataba de una operación conjunta. Las autoridades ecuatorianas dijeron que la operación estaba dirigida contra instalaciones de Comandos de la Frontera, un grupo armado que ha operado durante años a ambos lados de la frontera.[98]

Tortura y detención arbitraria

En la tarde del 3 de marzo de 2026, alrededor de las 3:30 p. m., un helicóptero militar ecuatoriano aterrizó cerca de una finca lechera en la comunidad de San Martín, en el lado ecuatoriano de la frontera. Según dos de los hombres detenidos ese día y el dueño de la propiedad, en ese momento cuatro hombres de nacionalidad colombiana se encontraban descansado en una casa de madera ubicada en la finca, después de haber pasado la mañana sembrando pasto.[99] Un quinto trabajador, que había estado trabajando en otra parte de la propiedad, llegó luego.[100]

Los soldados ecuatorianos ordenaron a los cuatro hombres que salieran de la casa, los obligaron a ponerse boca abajo en el suelo y les cubrieron la cabeza con sus propias camisetas, según contaron los dos trabajadores. No les mostraron ninguna orden de captura ni les informaron que estaban siendo detenidos.1[101] Luego, los soldados los separaron, los llevaron a diferentes partes de la propiedad y los interrogaron individualmente sobre sus supuestos vínculos con Comandos de la Frontera y la ubicación de caletas de droga en la zona. Los dos trabajadores dijeron a Human Rights Watch que los golpes y los insultos se “intensificaron” después de que los soldados se enteraran de que ellos y los otros dos hombres detenidos eran nacionales colombianos.[102]

Los dos hombres describieron cómo los soldados ecuatorianos les propinaron patadas y golpes durante más de una hora, los golpearon con las culatas de los rifles y con el lado plano de un machete, y los asfixiaron con sus camisas y un cordón. Uno de los hombres dijo que lo sometieron a la técnica de ahogamiento simulado en un tanque de agua en el lavadero de la casa principal de la finca.[103] El quinto trabajador, quien llegó más tarde, le dijo a Human Rights Watch que vio a hombres tirados en el suelo con las manos atadas a la espalda. Dijo que un soldado le dio un golpe en el pecho, le ordenó que se quitara las botas e inspeccionó el contenido de su celular antes de que lo dejaran irse.[104]

Los tres trabajadores y el dueño de la propiedad dijeron a Human Rights Watch que los soldados usaron gasolina para prender fuego a la propiedad.[105]

Aproximadamente a las 5 p. m., según los trabajadores y algunos miembros de la comunidad, los soldados trasladaron a los cuatro hombres a la orilla del río.[106] Según algunos miembros de la comunidad, un grupo de ellos se acercó a la orilla para preguntar por los trabajadores. Afirmaron que los soldados dispararon obligándolos a huir.[107] Human Rights Watch verificó un video grabado por un miembro de la comunidad en el que se ve a un grupo de al menos ocho hombres y mujeres caminando por la orilla del río hacia un pequeño grupo de personas. En la misma escena se escuchan un total de nueve disparos, incluidas varias ráfagas de dos disparos cada una, que son compatibles con el uso de un rifle militar.[108] Este video concuerda con las denuncias de los miembros de la comunidad y los trabajadores que Human Rights Watch entrevistó.

Minutos después, un helicóptero del Ejército ecuatoriano se llevó a los cuatro hombres de la orilla del río, según dos de los trabajadores y varios testigos.[109] Human Rights Watch verificó otros tres videos que corroboran sus testimonios. Estos muestran un helicóptero con el emblema del Ejército ecuatoriano en el mástil de cola alejándose de la zona.[110] Una fotografía difundida por la televisión ecuatoriana durante una entrevista con el ministro de Defensa muestra a al menos 10 soldados con pasamontañas y cascos escoltando a los cuatro hombres desde un helicóptero militar. Tres de ellos tienen sus camisetas cubriendo sus cabezas.[111]

Los trabajadores dijeron a Human Rights Watch que los llevaron a un recinto militar. No se les informó el nombre ni la ubicación de la instalación, pero un informe de la Policía Nacional del Ecuador al que Human Rights Watch tuvo acceso, así como información proporcionada a los investigadores por la Fiscalía General del Estado, confirman que fueron llevados al Batallón de Selva 56, un recinto militar ubicado a unos 32 kilómetros al sur de la finca, en la parroquia de Santa Cecilia, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.[112]

Dos trabajadores contaron que en el recinto militar los soldados ecuatorianos les echaron agua y les aplicaron descargas eléctricas en las costillas con lo que ellos creyeron que era una pistola Taser.[113] “Me torturaron con electricidad, con un taser”, le dijo uno de los hombres a Human Rights Watch. “Me echaban agua y luego me pringaban y yo me desmayaba. Me desmayé dos veces al menos”.[114]

Dos de los hombres dijeron que los soldados los amenazaron con cortarles los dedos o arrancarles las uñas. Ambos afirmaron que los soldados les apuntaron con armas de fuego y los amenazaron con matarlos para obligarlos a confesar donde estaban las caletas y las armas.[115] “Me apuntaron con la pistola. Me la rastrillaron y me la martillaron, pero no había tiros”, dijo uno de los hombres.[116]

Los trabajadores dijeron a Human Rights Watch que los soldados los liberaron a los cuatro entre las 2 y las 3 a. m. del 4 de marzo, cerca de un hospital en Lago Agrio. Al liberarlos, los soldados les dijeron que los matarían si no se iban de Ecuador o si los volvían a ver.[117]

Human Rights Watch revisó documentos médicos de dos de los hombres, basados en exámenes realizados, en un caso, al día siguiente de los hechos y, en el otro, un mes después. Ambos expedientes describen “traumatismos” y moretones.[118] Un experto del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), quien revisó los documentos, concluyó que, en ambos casos, los exámenes físicos y los diagnósticos registrados—incluidos moretones, laceraciones, traumatismos en la zona del pecho y dolor en la espalda y el abdomen—son consistentes con las golpizas reportadas por los afectados.[119]

Human Rights Watch también analizó cinco fotografías de uno de los hombres tomadas a mediados y finales de marzo, en las que se observan lesiones en sus muñecas y cuello.[120] Un experto del IFEG que examinó las fotografías concluyó que las heridas observadas en las muñecas y el cuello concuerdan con las denuncias de los trabajadores sobre inmovilización y asfixia con cuerdas, y que la aparente antigüedad de las lesiones coincidía con la cronología de los hechos denunciados.[121]

Versión de las autoridades ecuatorianas

Un informe del 18 de mayo de la Cuarta División de Ejército “Amazonas”, revisado por Human Rights Watch, presenta la versión del ejército sobre los sucesos del 3 de marzo. El informe afirma que, durante una “operación de reconocimiento ofensivo” en un “sector identificado e individualizado como objetivo militar”, los oficiales encontraron a cuatro ciudadanos extranjeros que fueron individualizados por la inteligencia como “integrantes del primer anillo de seguridad de [un] Objetivo de Alto Valor”. El informe indica que los soldados “de manera inmediata” entregaron a los hombres a la fiscalía y a la policía, quienes “dispusieron [su] liberación” a pesar de las objeciones de los militares.[122] El informe también afirma que no existe evidencia de que los hombres hayan sido torturados o hayan sufrido algún tipo de abuso.

En un comunicado publicado en su cuenta de X el 25 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ecuador afirmó que los cuatro hombres fueron aprehendidos “con fines investigativos”.[123] Durante una entrevista con los medios de comunicación, el ministro dijo que los cuatro hombres habían sido presentados ante una fiscal quien se negó a presentar cargos “por miedo”.[124] No explicó cuál habría sido el temor de la fiscal.

La Fiscalía General proporcionó una versión diferente a Human Rights Watch. Según señalaron, la fiscal se vio “material y jurídicamente” impedida para formular cargos porque los soldados no proporcionaron información o pruebas suficientes de actividad delictiva, incluyendo información suficiente sobre la identidad de las personas retenidas y las circunstancias de su aprehensión, argumentando que la información era de carácter “reservado”.[125] Dos trabajadores dijeron a Human Rights Watch que nunca vieron ni hablaron con la fiscal.[126]

Human Rights Watch también revisó un informe policial con fecha del 14 de abril sobre la operación. Este indica que agentes de policía visitaron el Batallón Selva 56 el 3 de marzo alrededor de las 10:30 p. m. y hablaron con el comandante Jorge Delgado Jijón, quien les informó que personal militar había ejecutado “allanamientos e intervenciones” y que “personal militar [había procedido] al traslado de 4 ciudadanos que no portaban documentos de identificación, ante la presunción de que podrían pertenecer a un grupo armado organizado que opera en la zona denominado Comandos de Frontera”.[127]

Tanto el informe militar del 18 de mayo como el comunicado del Ministerio de Defensa indicaron que durante la operación se encontraron pruebas de actividades ilícitas, entre ellas un rifle semiautomático y un alimentador.[128] El informe policial contradice la afirmación del Ministerio de Defensa de que los soldados encontraron armamento y afirma que no se encontraron armas en poder de los detenidos ni ninguna otra prueba que los vinculara con una infracción.[129]

Human Rights Watch revisó las bases de datos judiciales ecuatorianas y no encontró registro de investigaciones o procesos judiciales pendientes contra los cuatro trabajadores. El informe policial confirma que no “registran asuntos pendientes con autoridades judiciales”.[130]

La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo informaron a Human Rights Watch que abrieron investigaciones sobre las denuncias de tortura por miembros de las fuerzas armadas contra residentes de San Martín.[131]

Destrucción de propiedades

Entre el 1 y el 6 de marzo, soldados quemaron y bombardearon tres propiedades en la comunidad de San Martín y realizaron repetidos sobrevuelos con helicópteros y avionetas, lo que causó y sigue causando temor entre los residentes.[132] “Tenemos miedo … miedo de que en cualquier momento puedan regresar y quemar más propiedades o llevarse a más personas de la comunidad. Siguen diciendo que todos somos guerrilleros”, dijo un miembro de la comunidad a Human Rights Watch.[133]

Human Rights Watch no encontró evidencia creíble de que las tres propiedades destruidas tuvieran conexión alguna con grupos del crimen organizado. Según un análisis de fotografías, videos, imágenes satelitales, registros de propiedad y recibos comerciales, así como entrevistas con el propietario, residentes cercanos y los trabajadores detenidos, una de las propiedades quemadas y posteriormente atacadas era una finca lechera. Asimismo, según un reportaje del New York Times y testimonios recopilados por Human Rights Watch, las otras dos propiedades destruidas habían estado abandonadas por años.[134]

Según el informe militar del 18 de mayo, la operación tuvo tres fases diferentes que se llevaron a cabo los días 1, 3 y 6 de marzo. El informe indica que las propiedades cercanas al río habían sido identificadas previamente como “bodegas de almacenamiento”, “puntos de descanso” y “centros de coordinación” de Comandos de la Frontera, y que los soldados llevaron a cabo “acciones de inutilización” y “destrucción controlada”.[135] El informe no especifica cuántas propiedades o instalaciones fueron destruidas.

Durante una entrevista transmitida por televisión, el ministro de Defensa de Ecuador presentó fotografías y videos que, según él, mostraban la presencia del líder del grupo, el “Mono Tole”, y de otros miembros de Comandos de la Frontera en una propiedad atacada por las fuerzas armadas.[136] En la transmisión también se mostró una fotografía enmarcada de un hombre, una mujer y un niño, y el ministro insinuó que el hombre era el “Mono Tole”. Los investigadores de Human Rights Watch no pudieron determinar la identidad de las personas que aparecían en la fotografía.

Finca lechera quemada y bombardeada el 3 y el 6 de marzo

Alrededor de las 5 p. m. del 3 de marzo de 2026, los soldados también quemaron la casa en la que los trabajadores habían estado descansando, así como una cocina y un área de almacenamiento dentro de la misma propiedad, y quemaron las pertenencias personales de los trabajadores y del propietario que se encontraban dentro de la casa principal, según informaron los entrevistados a Human Rights Watch.[137] Human Rights Watch verificó fotografías y videos grabados por miembros de la comunidad cerca de la orilla del río, que muestran partes de la finca en llamas o columnas de humo.[138] A través de una videollamada con el dueño de la propiedad el 24 de abril, Human Rights Watch confirmó que las partes de la finca que se ven quemándose en el video y las instalaciones que los trabajadores describieron como quemadas en sus testimonios son las mismas que los investigadores observaron que estaban dañadas durante la videollamada.[139]

El 6 de marzo de 2026, aproximadamente a las 10:30 a. m., el Ejército ecuatoriano atacó la misma propiedad con tres municiones lanzadas desde el aire, según testimonios y tres videos, dos de los cuales fueron publicados en redes sociales por las autoridades ecuatorianas y estadounidenses.[140]

Human Rights Watch verificó fotografías que muestran escombros de la explosión que son compatibles con municiones detonadas mediante explosión aérea.[141] Los daños coinciden con las imágenes tomadas desde tierra que se compartieron en un video publicado el 6 de marzo en la cuenta de X del subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell.[142] El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió la publicación y escribió: “También estamos bombardeando a los narcoterroristas en tierra”.[143]

Las autoridades ecuatorianas dijeron que la operación estaba dirigida a “un área campamentaria perteneciente al grupo narco criminal Comandos de la Frontera”, a la que describieron como un “área de entrenamiento” capaz de albergar a “aproximadamente 50 narcotraficantes”.[144] Sin embargo, los dos trabajadores entrevistados, el dueño de la propiedad, otros miembros de la comunidad, así como periodistas y miembros de organizaciones de derechos humanos que visitaron la zona, describieron la propiedad destruida el 6 de marzo como una finca lechera en funcionamiento.[145]

El 24 de abril de 2026, el propietario de la finca realizó una videollamada con un investigador de Human Rights Watch en la que mostró la infraestructura y las herramientas utilizadas para la cría de ganado y la producción de queso. Los investigadores de Human Rights Watch revisaron los títulos de propiedad, que confirman la titularidad y los límites de la finca.[146] Durante la videollamada, los investigadores de Human Rights Watch identificaron lo siguiente:

Durante la llamada, los investigadores observaron recipientes de cuajo dentro de la casa de madera incendiada que se usaba para la producción del queso; equipo agrícola dañado, como motosierras y motoguadañas, cerca del área de almacenamiento; y algunas vacas y caballos en los potreros. Según el propietario, tuvo que vender o trasladar parte del ganado a Colombia tras el ataque.[147] Las imágenes satelitales tomadas unos meses antes del ataque, el 25 de octubre de 2025, muestran al menos cuatro cabezas de ganado en un campo cercano al corral de las vacas lecheras.

Como se muestra en la videollamada y en las fotografías aéreas analizadas por Human Rights Watch, todas las estructuras y edificios dentro de la propiedad resultaron destruidas por el incendio o destruidos por el bombardeo, con la excepción del corral de vacas lecheras y una casa de madera ubicada a aproximadamente 300 metros de distancia de la zona de la finca que fue afectada.

Los investigadores de Human Rights Watch también le mostraron imágenes satelitales de la propiedad al dueño. Él describió e identificó las diversas instalaciones visibles en las imágenes, proporcionando detalles que coinciden con la videollamada de abril y las descripciones realizadas por los trabajadores detenidos y otros miembros de la comunidad.[148]

El informe militar del 18 de mayo afirma que Comandos de la Frontera suelen utilizar propiedades agrícolas como “fachada” para brindar “cobertura” a sus operaciones.[149] Sin embargo, el informe no detalla ninguna evidencia específica de que la finca atacada el 3 de marzo sirviera como “área de entrenamiento”, como afirma el ejército.

Los investigadores también revisaron recibos de enero y febrero de 2026 que el dueño compartió con Human Rights Watch, en los que se registra la venta de quesos prensados. El tipo de queso vendido requiere cuajo para su producción, lo cual concuerda con las instalaciones y los envases de cuajo observados durante la videollamada. Otras facturas, fechadas entre junio de 2020 y junio de 2025, muestran que, antes de la operación militar, el dueño de la propiedad adquirió en una ferretería varios artículos relacionados con el trabajo en la finca, incluyendo motosierras y otros equipos.[150] Human Rights Watch confirmó que la ferretería donde se compraron los artículos opera en San Miguel, Putumayo, Colombia.

Casas de madera quemadas y atacadas el 1 y el 3 de marzo

El 1 de marzo, aproximadamente a las 11 a. m., soldados quemaron dos propiedades situadas a unos 300 metros de distancia entre sí en San Martín, según informaron miembros de la comunidad y el propietario de una de las casas.[151] Human Rights Watch verificó fotografías tomadas por miembros de la Alianza por los Derechos Humanos, una coalición de organizaciones de derechos humanos de Ecuador, aproximadamente 10 días después del suceso, en las que se observan daños causados por la explosión y el incendio en ambos lugares.[152]

Imágenes satelitales de baja resolución captadas el 1 de marzo a las 10:36 a. m. muestran ambas propiedades aún intactas. Una imagen obtenida 24 horas después, el 2 de marzo, muestra marcas de quemaduras dentro y alrededor de una de las propiedades y posibles daños en la otra.

Una persona que se encargaba de cuidar una de las propiedades le dijo a Human Rights Watch que el dueño se había ido hace aproximadamente cuatro años. Dijo que de vez en cuando él iba a la propiedad para limpiarla y que había algunos muebles en su interior.[153] Un hombre, quien se identificó como el dueño de la otra casa más cercana al río, dijo que la había dejado hace aproximadamente dos años por razones laborales, pero que volvía cada 8 a 15 días para quitar la maleza y barrer.[154] Los defensores de derechos humanos y los periodistas que visitaron la zona tras los ataques dijeron a Human Rights Watch que las casas parecían haber sido abandonadas.[155] Afirmaron que la vegetación era densa y que había pocos caminos accesibles para llegar a las propiedades.[156]

Las imágenes satelitales registradas unos meses antes del ataque, el 25 de octubre de 2025, no muestran caminos definidos que conecten o den acceso a las casas. Una comparación entre las imágenes de 2020 y 2025 no muestra estructuras o edificios adicionales construidos en las propiedades durante ese tiempo.

El 3 de marzo, un avión militar atacó una de estas propiedades, según afirmaron los entrevistados.[157] Human Rights Watch revisó cuatro fotografías y dos videos, incluidos algunos tomados por miembros de la Alianza por los Derechos Humanos aproximadamente 10 días después, en los que se observan un gran cráter y escombros.[158] Los daños causados por la explosión son consistentes con una bomba MK-82 lanzada desde el aire, como la que se describe en la siguiente sección de este informe, que detonó al impactar.

Las imágenes satelitales de baja resolución captadas el 16 de marzo y analizadas por Human Rights Watch muestran daños adicionales en la propiedad, que concuerdan con las fotografías tomadas en el lugar.

La noche del 3 de marzo, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en su cuenta de X que las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses habían “lanzado operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador”.[159]

Incidente de la bomba encontrada al otro lado de la frontera

El 13 de marzo de 2026, una familia, en el lado colombiano del río que divide a los dos países, a aproximadamente 900 metros de una de las propiedades afectadas, reportó a medios de comunicación haber encontrado en su propiedad una bomba MK-82 sin detonar.[160] Una fotografía y dos videos tomados por miembros de la comunidad y revisados por Human Rights Watch muestran la cola de la bomba, lo que confirma que se trata de una bomba de 500 libras, consistente con una MK-82 comúnmente utilizada por aeronaves militares para atacar objetivos en tierra.

Según miembros de la comunidad e informes de medios de comunicación, varios testigos vieron aviones sobrevolando la zona el 3 de marzo.[161]

El hallazgo desencadenó un incidente diplomático entre Colombia y Ecuador, en el que el presidente colombiano, Gustavo Petro, sugirió públicamente que Ecuador había lanzado la bomba en territorio colombiano, y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió a través de las redes sociales que esa afirmación era falsa.[162]

El 23 de marzo, el Ministerio de Defensa de Colombia afirmó que la bomba impactó primero en Ecuador y “rebotó” aproximadamente 210 metros hacia territorio colombiano antes de quedar inmovilizada sin explotar.[163] Según los expertos en armamento de Human Rights Watch, la bomba podría, efectivamente, rebotar si la espoleta o las espoletas no funcionaran.

Participación de Estados Unidos en los hechos

Tanto las autoridades ecuatorianas como las estadounidenses han calificado públicamente los sucesos ocurridos del 1 al 6 de marzo de 2026 como una operación conjunta o en colaboración.

El 2 de marzo, el presidente Noboa anunció en la plataforma de redes sociales X una nueva “fase” de los esfuerzos del gobierno contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, y afirmó que a lo largo de marzo se llevarían a cabo operaciones conjuntas con aliados regionales, incluidos los Estados Unidos.[164]

En la noche del 3 de marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos publicó imágenes de helicópteros del Ejército ecuatoriano despegando de lo que Human Rights Watch identificó como el Batallón 56 de la Selva.[165] El 6 de marzo, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, presentó la operación como parte de un compromiso más amplio de Estados Unidos “para detectar, desarticular y destruir organizaciones terroristas designadas” en todo el hemisferio occidental junto con socios regionales.[166]

El 7 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó que los bombardeos aéreos formaban parte de una operación denominada “Exterminio Total”, llevada a cabo “con apoyo” y como parte de “mecanismos de cooperación bilateral” con Estados Unidos.[167] El presidente Noboa confirmó en una entrevista con Univision al día siguiente que Ecuador había participado en una operación conjunta con Estados Unidos y señaló que se había utilizado tanto equipo ecuatoriano como estadounidense, incluyendo armamento de bombardeo aéreo y municiones para bombardeo en tierra.[168]

El 9 de marzo, el presidente Trump informó al Congreso que se había llevado a cabo una “acción militar” “por invitación, con el consentimiento y en colaboración con el Gobierno de la República del Ecuador”. Afirmó que las fuerzas armadas de ambos países se habían unido para atacar, el 6 de marzo de 2026, “las instalaciones de narcoterroristas afiliados a una organización terrorista designada”. Señaló que, si bien las fuerzas estadounidenses estaban “presentes”, “no entraron en contacto con fuerzas hostiles”.[169] El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos que “participó” y “observó” la operación. Dijo que las “fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos, incluidas tanto las fuerzas terrestres como las aéreas, planificaron rápidamente junto con los ecuatorianos para garantizar que cualquier uso de la fuerza se ajustara a nuestros requisitos” y que la operación se “ejecutó de manera profesional”.[170]

El informe del 18 de mayo del Ejército ecuatoriano indica que las operaciones recibieron “apoyo internacional”, pero señala que la identificación específica de las unidades nacionales y extranjeras involucradas, así como la de los “Estados y organismos cooperantes”, es información “sensible” y “restringida”.[171]

Human Rights Watch envió solicitudes de información al Ministerio de Defensa de Ecuador, al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Comando Sur de Estados Unidos sobre la operación, las propiedades atacadas y pruebas de que alguno de los objetivos fuera un “área de entrenamiento” para Comandos de la Frontera. Al momento de redactar este informe, ninguno de ellos había respondido.

A pesar de las declaraciones públicas de ambos gobiernos en las que califican las operaciones como conjuntas, ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos ni el Ministerio de Defensa de Ecuador han revelado las funciones específicas que desempeñó el personal estadounidense en la planificación, la vigilancia, la selección de objetivos o la ejecución de los ataques; el marco legal que rige su participación; la cadena de mando que conecta a las fuerzas estadounidenses y ecuatorianas; el número de sitios atacados; las pruebas en las que se basaron para concluir que cada uno de los sitios era un objetivo militar legítimo; ni las medidas tomadas para evitar daños a la población civil que vivía, trabajaba o se encontraba de alguna otra forma en la zona.
 

III. Ataques con drones y una embarcación desaparecida cerca de las Islas Galápagos, enero a marzo

Entre el 13 de enero y el 18 de marzo de 2026, tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas—Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca—zarparon de los puertos de Manta y Jaramijó, en la costa del Pacífico ecuatoriano, rumbo a zonas de pesca ubicadas al norte de las Islas Galápagos. Ninguna regresó intacta. Ocho de los diez tripulantes de Fiorella siguen desaparecidos, después de que su embarcación perdiera contacto con tierra el 20 de enero de 2026.

Los sobrevivientes de La Negra Francisca Duarte II y Don Maca dijeron a Human Rights Watch que drones armados con explosivos atacaron sus embarcaciones el 17 y el 26 de marzo, respectivamente, como se describe con mayor detalle a continuación. También dijeron que personas que identificaron como nacionales estadounidenses armados, vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, los detuvieron a bordo de un barco azul y blanco que se encontraba cerca y posteriormente los entregaron a barcos de la Guardia Costera salvadoreña. Al menos cuatro tripulantes sufrieron heridas graves durante estos hechos.

Durante el período en el que ocurrieron dichos ataques, autoridades ecuatorianas y estadounidenses llevaron a cabo operaciones marítimas que el gobierno de Ecuador y diversos medios de comunicación han descrito como operaciones conjuntas o coordinadas.[172] El 8 de abril, en una entrevista con Bloomberg en Español, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que Estados Unidos había brindado un apoyo significativo para identificar rutas de narcotráfico en el Pacífico, y que Ecuador estaba realizando un “trabajo en conjunto” con el gobierno de Estados Unidos en el marco de la colaboración internacional.[173] El 9 de abril de 2026, la entonces Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que Ecuador y Estados Unidos estaban “trabajando de forma cooperada con actividades conjuntas”, sin dar más detalles.[174]

Sin embargo, el Comando Sur de Estados Unidos respondió a consultas de medios de comunicación indicando que no tenía información que proporcionar sobre los ataques contra las tres embarcaciones.[175] El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que “Estados Unidos no abordó [la embarcación] Don Maca ni llevó a cabo ataques cinéticos contra esa embarcación”. También señaló que “no tenía conocimiento de ataques contra” Fiorella y La Negra Francisca Duarte II y que “no llevó a cabo ataques contra ninguna embarcación” en las fechas en que se registró el último contacto con estas.[176] La Guardia Costera de Estados Unidos también informó a periodistas que no tenía conocimiento ni participación alguna en los ataques reportados contra los pescadores ecuatorianos. No obstante, la Guardia Costera de Estados Unidos indicó que el 18 de marzo (un día después del ataque contra La Negra Francisca Duarte II) llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate, tras recibir reportes de una embarcación en llamas en el Pacífico. Sin embargo, según la Guardia Costera, la búsqueda no arrojó sobrevivientes y posteriormente fue suspendida.[177]

Los tripulantes de las tres embarcaciones provienen de las comunidades costeras de San Mateo, Jaramijó y Manta, donde la pesca a pequeña escala sigue siendo una de las principales fuentes de subsistencia, a pesar del grave impacto que el crimen organizado y el narcotráfico han tenido sobre la economía de la región.[178] Las tres embarcaciones habían recibido autorización para zarpar de parte de la Capitanía de Puerto de Manta, la autoridad marítima responsable de autorizar las salidas de las embarcaciones y supervisar la seguridad y el control marítimos.[179]

Human Rights Watch revisó los certificados de antecedentes penales emitidos por el Ministerio del Interior de Ecuador, así como los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, correspondientes a todos los tripulantes de las tres embarcaciones.[180] Solo cuatro de los 46 tripulantes tenían antecedentes penales: uno por pescar en un área protegida y por el almacenamiento, transporte, envasado, venta o distribución ilegal de hidrocarburos; y tres por incumplimiento del pago de pensión alimenticia de sus hijos. Ninguno de los hombres a bordo de las embarcaciones había sido condenado anteriormente por delitos relacionados con el tráfico de drogas ni por delitos violentos o potencialmente violentos.

Human Rights Watch también analizó y revisó datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (Vessel Monitoring System, VMS), proporcionados por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de la Armada de Ecuador, y consultados a través de la plataforma de acceso público, Global Fishing Watch.[181] Estos datos permitieron identificar las trayectorias y las últimas posiciones conocidas de las tres embarcaciones pesqueras que transmitieron señales.

Fiorella

Tras obtener la autorización de zarpe de la Capitanía del Puerto de Manta, la embarcación Fiorella partió del puerto de Jaramijó el 13 de enero de 2026, bajo el mando del capitán Juan Carlos Valencia, de 36 años, para realizar pesca con espinel en aguas ubicadas entre la costa ecuatoriana y las Islas Galápagos.[182] La embarcación llevaba cuatro lanchas de apoyo para las labores de pesca, según consta en el documento de autorización de zarpe revisado por Human Rights Watch.[183] Las personas en tierra perdieron contacto con la embarcación el 20 de enero de 2026.[184]

La mayoría de los tripulantes provenían de la comunidad pesquera de Jaramijó. Ocho habían trabajado durante años en la misma embarcación, y algunos de ellos eran familiares.[185] Según el abogado del propietario de la embarcación, la tripulación tenía previsto pescar marlín, atún y dorado, y esperaba permanecer en el mar entre 20 y 25 días.[186]

Dos de los 10 tripulantes regresaron a tierra a finales de enero. Ocho tripulantes siguen desaparecidos. Human Rights Watch entrevistó a los sobrevivientes, quienes dijeron que Fiorella navegó aproximadamente durante cuatro días hacia aguas más profundas antes de comenzar las labores de pesca.[187] También dijeron que los días 18 y 19 de enero vieron dos aviones grises y lo que creen que eran dos drones de vigilancia volando cerca de la embarcación al atardecer. Dijeron que los drones eran negros, con cuatro hélices y una luz roja. También mencionaron que el 19 de enero vieron un barco patrullero de color gris que enarbolaba la bandera de Estados Unidos acercarse a Fiorella y luego alejarse.[188] Ambos sobrevivientes dijeron que pensaron que iban a ser inspeccionados.[189]

“El capitán detuvo la marcha, tomamos un refrigerio allí y estuvimos esperando a ver si nos abordaban los de la patrulla, pero no lo hicieron”, dijo uno de ellos. “Como no nos abordaron, seguimos avanzando”.[190]

Según los entrevistados, el 20 de enero, el capitán ordenó que dos de las lanchas de apoyo se alejaran de Fiorella para colocar el espinel, mientras que las demás lanchas permanecieron amarradas a la embarcación principal, según los entrevistados.

Los dos sobrevivientes partieron en una de las lanchas de apoyo, mientras que otros dos se subieron a la segunda; los seis tripulantes restantes permanecieron a bordo de Fiorella. Los sobrevivientes que hablaron con Human Rights Watch dijeron que su lancha se desplazó varias millas al este de Fiorella para colocar el espinel, mientras que la otra lancha se dirigió hacia el norte. Alrededor de las 8 a. m., el capitán les comunicó por radio que debían comenzar a recoger el espinel a las 4 p. m. y que Fiorella los recogería más tarde esa noche en el mismo lugar donde se habían separado de la embarcación.[191]

Los sobrevivientes dijeron que pasaron la mañana pescando y que, alrededor del mediodía, se acostaron a descansar. Alrededor de la 1 p. m., se despertaron al escuchar a uno de los tripulantes de la otra lancha de apoyo tratando de comunicarse con Fiorella por radio. “Decía: ‘Capitán, capitán’, contó uno de los tripulantes sobrevivientes.[192] “Y ahí no escuchamos respuesta de Fiorella, y ya no volvió a sonar la radio”.[193] Dijeron que luego él intentó contactar al capitán de Fiorella y a la otra lancha, pero nadie respondió.

Los sobrevivientes dijeron que, desde lejos, vieron lo que parecía una “columna de humo”, pero no sabían qué era ni qué había pasado. Alrededor de las 4 p. m., los dos comenzaron a recoger el espinel. Terminaron alrededor de las 7 p. m. e intentaron nuevamente comunicarse por radio con Fiorella y la otra lancha de apoyo, pero nadie respondió.[194]

Los entrevistados dijeron a Human Rights Watch que luego se dirigieron al punto donde se suponía que Fiorella los recogería. Esperaron allí hasta alrededor de las 11 p. m., apagaron las luces y siguieron intentando comunicarse por radio con la embarcación y la otra lancha de apoyo, pero nadie respondió. Para entonces, dijeron, ya no podían ver columnas de humo ni ningún indicio de Fiorella. Luego se dirigieron a la zona donde la segunda lancha debería haber estado pescando. No encontraron la lancha ni a sus tripulantes, pero sí encontraron el espinel que habían colocado.

Los entrevistados dijeron que permanecieron en esa zona hasta aproximadamente las 8 a. m. del 21 de enero. Como les quedaba poco combustible, decidieron arrojar la pesca al mar y regresar hacia la costa. Los entrevistados grabaron dos videos, compartidos con Human Rights Watch por el abogado del propietario de la embarcación, en los que se grabaron a sí mismos en la lancha, explicando que habían perdido contacto con Fiorella y necesitaban desechar la pesca porque no podían encontrar la embarcación.[195] Los entrevistados dijeron que luego navegaron todo el día y toda la noche, hasta que otra embarcación, Dios es mi Guía, los rescató alrededor de las 6 a. m. del 22 de enero.

Los datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones tal como se muestran en la plataforma Global Fishing Watch indican la presencia de una embarcación identificada como Dios es mi Guía a aproximadamente 95 millas náuticas al este de Fiorella el 22 de enero.

El propietario de Fiorella dijo a Human Rights Watch que habló por última vez con el capitán el 19 de enero.[196] El capitán le dijo que “los estaba siguiendo una patrulla de Estados Unidos y los drones los estaban sobrevolando”, dijo el propietario.[197] “Pero yo le dije que estuviera tranquilo, que no iba a pasar nada porque íbamos todo legal, todo en regla”.[198] También dijo que, posteriormente, los familiares de los tripulantes le contaron que ellos también se habían comunicado por última vez con sus seres queridos ese mismo día, mientras que algunos habían tenido noticias de ellos por última vez la mañana del 20 de enero. Algunos familiares le dijeron al propietario que los tripulantes habían expresado su preocupación por la vigilancia con drones, las aeronaves que volaban cerca de la embarcación y la presencia de un barco patrullero cercano, que identificaron como estadounidense porque enarbolaba la bandera de Estados Unidos, dijo el propietario.[199]

El abogado del propietario de Fiorella dijo a Human Rights Watch que la embarcación perdió su señal de rastreo satelital alrededor de la 1 p. m. del 20 de enero.[200] Según la información que le proporcionó la empresa encargada del rastreo satelital de la embarcación al abogado—y que fue revisada por Human Rights Watch—la última posición registrada de Fiorella fue en las coordenadas 0°12'51.0"S 85°05'53.0"W.[201]

De acuerdo con los datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones revisados por Human Rights Watch, la última señal transmitida por Fiorella el 20 de enero a la 1:06 p. m., se registró aproximadamente en las mismas coordenadas: 0°12'51.0"S 85°05'54.0"W. Después de ese momento, no se registraron más señales.

Human Rights Watch cotejó esas coordenadas con el conjunto de datos de las Zonas Económicas Exclusivas del mundo (fronteras marítimas) y confirmó que la ubicación se encuentra en aguas internacionales entre la zona económica exclusiva ecuatoriana que limita con el territorio continental de Ecuador y la zona económica exclusiva ecuatoriana que rodea las Islas Galápagos.[202]

El abogado que representa al propietario de Fiorella también dijo a Human Rights Watch que reportó la desaparición de la embarcación ante la Capitanía del Puerto de Manta el 22 de enero y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado el 23 de enero para exigir la activación de un plan de búsqueda y rescate. El abogado dijo que no había recibido ninguna información sobre las labores de búsqueda.[203]

A principios de mayo, Human Rights Watch entrevistó a Gloria Alexandra Bravo Cedeño, la fiscal que en ese momento se encargaba de la investigación sobre la desaparición de Fiorella en Manta. Ella señaló que la Fiscalía General había abierto una investigación conforme al protocolo ecuatoriano para casos de desaparición, el cual exige que los fiscales trabajen en colaboración con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED). Sin embargo, señaló que ni los fiscales ni la DINASED tienen competencia ni capacidad logística para llevar a cabo diligencias de investigación en el mar. Explicó que la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos es la entidad responsable de los protocolos de búsqueda y rescate. Su despacho había solicitado información a las autoridades pertinentes, incluida la Capitanía del Puerto de Manta, pero no había recibido ninguna respuesta oficial.[204]

El 14 de junio de 2026, atacantes no identificados asesinaron a Bravo en Manta. Las autoridades la habían trasladado recientemente a Montecristi, un municipio de la provincia de Manabí, cerca de Manta.[205] Al día siguiente, Human Rights Watch entrevistó al fiscal que la sustituyó y se hizo cargo de la investigación. El fiscal dijo que su despacho aún no había recibido respuesta de las autoridades a las que había enviado solicitudes formales de información, y que las autoridades aún no tenían hipótesis sobre el móvil del asesinato de Bravo.[206]

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una organización ecuatoriana de derechos humanos, informó a Human Rights Watch que había presentado información sobre los tripulantes desaparecidos ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. El 13 de abril, el comité instó a Ecuador a tomar medidas urgentes para proteger la vida de las personas desaparecidas y emitió una serie de recomendaciones.[207]

El 15 de mayo, Ecuador respondió al comité, detallando las medidas adoptadas por varias entidades del Estado. Ecuador señaló que la Armada activó su plan de búsqueda y rescate el 23 de enero de 2026 y ejecutó protocolos de búsqueda marítima durante aproximadamente cinco semanas, utilizando recursos navales y aeromarítimos y cubriendo unas 250 millas náuticas cuadradas. El gobierno indicó que las autoridades pasaron el caso a una “fase pasiva” el 27 de febrero, tras no haber logrado localizar la embarcación ni a ninguno de los ocho tripulantes desaparecidos. Ecuador también señaló que la Fiscalía General había iniciado una investigación penal sobre la desaparición de los ocho tripulantes. Sin embargo, la Fiscalía General identificó obstáculos críticos, entre ellos la falta de apoyo operativo directo de la Policía Nacional en territorio marítimo y la ausencia de una coordinación efectiva y sostenida con las fuerzas armadas y la Autoridad Portuaria, que, indicó, habían limitado su capacidad investigativa.[208]

La Negra Francisca Duarte II

La Negra Francisca Duarte II zarpó del puerto de Manta el 2 de marzo de 2026, con seis lanchas de apoyo y una tripulación de 16 personas, rumbo a zonas de pesca ubicadas al norte de las Islas Galápagos.[209] La mayoría de los tripulantes provienen de San Mateo, una comunidad costera cercana a Manta donde la pesca a pequeña escala es la principal fuente de ingresos de los residentes.[210] El capitán dijo a Human Rights Watch que la mayoría de los tripulantes habían trabajado como pescadores en la misma embarcación durante años.[211]

Aproximadamente a las 5 a. m. del 17 de marzo de 2026, funcionarios de la Guardia Costera ecuatoriana, a bordo del barco patrullero identificado como “Isla San Cristóbal”, llevaron a cabo una inspección de rutina a la embarcación y no encontraron evidencia de actividad ilícita, según dijeron el abogado del propietario de la embarcación, su capitán y cinco tripulantes entrevistados por Human Rights Watch.[212] “Lo único que pasó es que descubrieron que no toda la tripulación era la que figuraba en la lista para la salida”, dijo el capitán. “Algunos pescadores de los que habíamos proporcionado los datos y la matrícula no se presentaron, así que tuvimos que buscar reemplazos después de la salida de Manta y antes de irnos a pescar”, explicó.[213]

Human Rights Watch también revisó los datos transmitidos a través de los Sistemas de Identificación Automática (Automatic Identification System, AIS), recopilados mediante satélites y receptores terrestres, e incluidos en la plataforma Global Fishing Watch, para identificar los tipos de embarcaciones, sus ubicaciones y sus trayectorias cerca de las embarcaciones pesqueras atacadas. Este análisis permitió identificar la ubicación del barco patrullero ecuatoriano “Isla San Cristóbal” el 17 de marzo aproximadamente a las 11:31 a. m., pocas horas después de la inspección, a unas 11 millas náuticas al sur de la posición de La Negra Francisca Duarte II.

Más tarde ese mismo día, un miembro de la tripulación dijo que, tras terminar su labor de pesca alrededor del mediodía, vio a la distancia un barco azul, “como una fragata”.[214] Una hora más tarde, mientras estaba en su litera intentando dormir, escuchó drones y a varios de sus compañeros de tripulación gritando: “¡Los drones, capitán, los drones!”. Dijo que inicialmente mantuvo la calma: “Pensé que seguramente sería un dron de vigilancia y que ya nos iban a revisar”, dijo. “Pero como no llevábamos nada malo, solo estábamos pescando, pues no me preocupé”.[215]

Según los entrevistados, aproximadamente a la 1 p. m., dos drones se acercaron a la embarcación cuando se encontraba a unas 170 millas náuticas al norte de las Islas Galápagos.[216] “Vi dos drones. Uno venía por la proa [la parte delantera de la embarcación] y el otro por la popa [la parte trasera]”, dijo un miembro de la tripulación que se encontraba en cubierta.[217] “Eran blancos. El que venía por la popa tenía dos pequeños tubos plateados debajo de las hélices. El otro no pude verlo con claridad”.[218]

El capitán, quien estaba al mando de la embarcación en ese momento, dijo que, después de que los tripulantes gritaran para alertar sobre la presencia de los drones, algo impactó la embarcación, provocando una explosión cerca de la cabina, junto a las antenas y los dormitorios de la tripulación, donde dos tripulantes se encontraban durmiendo. Dijo: “Uno de ellos gritaba de dolor, decía: ‘¡Mi pie, mi pie!’. Cuando le vi el pie, lo tenía como destrozado, así abierto, como cortado, sangrando. Toda la cabina empezó a arder”.[219]

El tripulante herido dijo: “Yo estaba acostado boca arriba, recuerdo ... el dron me pasó justo primero por la parte de atrás de la pierna izquierda, por la pantorrilla y me hizo un corte. Luego sentí el corte en el pie izquierdo y después un dolor horrible en el pie de la pierna derecha. Fue una pala [hélice] que me cortó el pie derecho, a la altura del tobillo y el talón, mejor dicho, como si me hubiera rebanado la piel, dejándome al rojo vivo, y luego sentí la quemazón”.[220]

El tripulante herido dijo que, minutos después, se produjo una segunda explosión en la cabina, aparentemente cerca del cilindro de gas, lo que provocó que parte del techo de la cabina y escombros de madera cayeran sobre él. Dijo que se arrastró fuera de la zona de los dormitorios hacia el borde de la embarcación, cerca de la sección donde la tripulación colocaba el espinel, y que otros tripulantes, incluido su padre, acudieron en su ayuda.[221]

Mientras tanto, según dijo el capitán a Human Rights Watch, el incendio se propagaba rápidamente. Regresó a la cubierta, donde dijo haber visto “un dron blanco con cuatro aspas [hélices], medio destrozado, que tenía como un tubito que había explotado y estaba negro”.[222]

La segunda explosión también alcanzó a otro miembro de la tripulación que intentaba soltar una de las lanchas de apoyo para que la tripulación pudiera evacuar. Según el capitán, los escombros y las llamas le causaron quemaduras en la espalda y en un brazo.[223]

Human Rights Watch revisó fotografías de las lesiones sufridas por los tripulantes de La Negra Francisca Duarte II, proporcionadas por el abogado del propietario de la embarcación, así como la historia clínica de uno de los tripulantes heridos. Investigadores de Human Rights Watch tomaron fotografías de otras lesiones sufridas por uno de los tripulantes entrevistados.[224]

La Dra. Rohini Haar, miembro del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG, por sus siglas en inglés) del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT, por sus siglas en inglés), quien revisó las fotografías de las lesiones y los expedientes médicos del tripulante cuyas heridas en la pierna y el pie se describen anteriormente, concluyó que su relato era “plausible y consistente con el patrón de lesiones observado”.[225]

Haar también concluyó que la lesión en la espalda que sufrió el otro tripulante era consistente con la forma en la que el capitán describió cómo ocurrió la quemadura.[226]

El capitán dijo que, tras los dos ataques, los 16 tripulantes evacuaron en dos lanchas de apoyo y se dirigieron hacia un barco azul grande visible en la distancia, que describió como una “fragata”.[227] Dos tripulantes dijeron a Human Rights Watch que la “fragata” que vieron era un barco azul de tamaño mediano, con una cabina blanca y una amplia cubierta abierta en la parte trasera, donde se veían al menos un par de contenedores de color beige. Ambos dijeron que la embarcación tenía las palabras “Atlantic” y “Oceanic” escritas en letras blancas en la sección de proa del casco azul, debajo de la cabina blanca.[228] También dijeron que una pequeña aeronave sobrevoló el lugar mientras se acercaban al barco.[229]

El capitán de La Negra Francisca Duarte II y los cinco tripulantes entrevistados por Human Rights Watch afirmaron que unos individuos armados a quienes describieron como “personal militar” los recibieron en el barco azul.[230] Los entrevistados dijeron que el personal vestía uniformes y chalecos de camuflaje de color caqui y portaba “ametralladoras”.[231] Un miembro de la tripulación, el ingeniero de La Negra Francisca Duarte II, dijo que vio una bandera de Estados Unidos en la manga de uno de los miembros del personal.[232]

Los entrevistados dijeron que el personal armado utilizó un intérprete para preguntar si había personas heridas o fallecidas, y luego para ordenarles a los miembros de la tripulación que subieran a bordo.[233]

Una vez en cubierta, los entrevistados dijeron que el personal armado les colocó capuchas en la cabeza, les inmovilizaron las muñecas con bridas de plástico por detrás de la espalda y les ordenaron a algunos que se sentaran y a otros que se arrodillaran sobre un piso de metal que, en palabras del capitán, “quemaba por el calor” del sol. El personal no explicó a la tripulación por qué los estaban deteniendo. Tampoco les proporcionaron comida ni agua durante el tiempo que permanecieron detenidos.[234]

Uno de los tripulantes entrevistados por Human Rights Watch dijo que recibieron escaza atención médica después de las explosiones. “Todos estábamos afectados y golpeados por las explosiones”, dijo.[235] “Muchos teníamos dolor de cabeza o de oído. Algunos, incluyéndome a mí, ni siquiera podíamos oír. Estábamos como aturdidos”.[236]

El mismo tripulante dijo que durante la segunda explosión se golpeó con fuerza las manos contra un tanque de agua en la cubierta, pero el personal armado lo mantuvo esposado a la espalda durante varias horas. “Las esposas estaban bien apretadas”, dijo. “Ya no podía más y no aguanté; grité que me dolía mucho”. Dijo que el intérprete le informó a uno de los miembros del personal armado, quien le quitó las esposas de la espalda, pero luego lo volvió a esposar con las manos al frente.[237]

El capitán dijo que solo el miembro de la tripulación que había sufrido lesiones en el pie y la pierna recibió primeros auxilios. El otro, que había sufrido quemaduras en la espalda, no los recibió.[238]

El tripulante con lesiones en el pie y la pierna dijo que el personal armado lo llevó a lo que parecía un contenedor, le colocó un suero intravenoso y le inyectó una sustancia desconocida. “Cuando me lo pusieron, me quedé dormido”, dijo.[239] “Era una inyección, pero no sé de qué”. Cuando despertó, dijo, le habían cosido la pierna izquierda, le habían limpiado la herida del pie derecho y luego le dieron leche y galletas.[240]

Dijo que más tarde le preguntó al intérprete por qué habían atacado la embarcación si las autoridades ecuatorianas la habían inspeccionado esa misma mañana. Según él, el intérprete se mostró sorprendido, habló en inglés con otros miembros del personal armado y luego le dijo: “Los vamos a entregar a El Salvador”.[241]

Aproximadamente 18 horas después, el personal armado trasladó a la tripulación a un barco de la Guardia Costera salvadoreña, perteneciente a la Armada de El Salvador.[242] Dos tripulantes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que la embarcación tenía escrito “PM-13” en el casco.[243] Human Rights Watch encontró información publicada en línea que identifica al PM-13 como un barco patrullero marítimo de la Armada de El Salvador que entró en servicio en 2016 y ha prestado apoyo en operaciones de lucha contra el narcotráfico, interceptación marítima y lucha contra el crimen organizado transnacional.[244]

El capitán de la embarcación salvadoreña dijo a la tripulación de La Negra Francisca Duarte II que “oficiales de Estados Unidos” los habían entregado “en calidad de náufragos”, según informó el capitán de La Negra Francisca Duarte II a Human Rights Watch.[245] Expertos en seguridad consultados por Human Rights Watch señalaron que esto podría indicar que el personal armado intentaba seguir un procedimiento de rescate para el cual las fuerzas de seguridad están capacitadas.[246] Posteriormente, el personal de la Guardia Costera salvadoreña proporcionó a la tripulación alimentos, agua, ropa, un lugar para dormir y atención médica básica para los heridos durante el viaje de siete días a El Salvador. Cuando el capitán pidió llamar a su familia, el capitán de la Guardia Costera salvadoreña dijo que podría hacerlo una vez que llegaran a tierra.[247]

Los sobrevivientes dijeron que llegaron al puerto de La Unión, en El Salvador, el 24 de marzo de 2026, y que la Guardia Costera salvadoreña los entregó a la policía. Las autoridades salvadoreñas tras tomar declaración a los miembros de la tripulación, los transfirieron a funcionarios de migración, quienes los trasladaron a un centro de recepción de migrantes en San Salvador. Allí, el 25 de marzo, los tripulantes pudieron finalmente comunicarse con sus familiares en Ecuador.[248]

“Ellos [los funcionarios salvadoreños] pensaban que nos habían detenido en aguas salvadoreñas”, dijo el capitán a Human Rights Watch. “Nadie entendía que habíamos estado cerca de las Galápagos y que nos habían atacado allí”.[249]

El 24 de marzo de 2026, las Fuerzas Armadas de El Salvador publicaron en su cuenta de X que su Armada había llevado a cabo una operación humanitaria para trasladar a 16 “náufragos” ecuatorianos rescatados en el mar, dos de los cuales estaban heridos: uno con lesiones en los pies y el otro con quemaduras en la espalda.[250] Las descripciones coinciden con las entregadas por el capitán y con las fotografías de las lesiones de los tripulantes que revisó Human Rights Watch.

Según los entrevistados, funcionarios consulares ecuatorianos en El Salvador expidieron documentos de viaje a la tripulación el 27 de marzo de 2026.[251] El abogado del propietario de la embarcación dijo a Human Rights Watch que las familias de los tripulantes pagaron sus pasajes aéreos de regreso a Ecuador. Los dos tripulantes gravemente heridos regresaron a finales de marzo, y el resto de la tripulación de La Negra Francisca Duarte II regresó entre el 3 y el 10 de abril de 2026.[252]

Según los datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones revisados por Human Rights Watch, la última señal transmitida por la embarcación pesquera La Negra Francisca Duarte II el 17 de marzo, el día en que se reportaron los ataques, fue a las 12:41 p. m. aproximadamente en las coordenadas 1°34'51.0"N 87°41'40.0"W. Después de ese momento, no se registró ninguna otra señal.

Human Rights Watch cotejó las coordenadas de la última ubicación conocida de la embarcación con el conjunto de datos de las Zonas Económicas Exclusivas del mundo y confirmó que esta ubicación se encuentra dentro de la zona económica exclusiva ecuatoriana de las Islas Galápagos.

Human Rights Watch también revisó los datos sobre anomalías térmicas del Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos (Fire Information for Resource Management System, FIRMS) de la NASA e identificó una detección de incendio en coordenadas que coinciden estrechamente con la última ubicación registrada de la embarcación, lo que corrobora que el incendio ocurrió aproximadamente en las mismas coordenadas que la última ubicación conocida de La Negra Francisca Duarte II.[253] Esta anomalía térmica, registrada por un sensor de un satélite ambiental, indica la presencia de un incendio el 17 de marzo de 2026, a la 1:02 p. m. (hora local).[254]

El 18 de marzo, un día después de que el propietario de la embarcación perdiera contacto con la tripulación, su abogado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.[255] La denuncia indicaba que la embarcación se encontraba aproximadamente en las coordenadas 1°35'50.0"N 87°44'50.0"W, las cuales, según el abogado, provenían del sistema GPS de una de las lanchas de apoyo de otra embarcación ecuatoriana, Solavil, que se encontraba cerca de La Negra Francisca Duarte II cuando fue atacada, y cuyos tripulantes informaron que presenciaron cómo la embarcación se incendiaba.[256]

Human Rights Watch comparó esas coordenadas con las estimadas a partir de los datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones para la embarcación pesquera Solavil el 17 de marzo a las 8:32 p. m., (hora local). En ese momento, la embarcación Solavil parece haber estado inmóvil (0,00 nudos) a tres millas náuticas al oeste de la embarcación La Negra Francisca Duarte II.

El capitán de Solavil y un miembro de su tripulación dijeron a Human Rights Watch que el 17 de marzo, cuando regresaban al puerto de Manta, con algunas de sus lanchas de apoyo navegando por delante de ellos, observaron hacia el este una columna de humo negro alrededor de las 2 p. m. del día de los ataques; luego se acercaron y vieron a La Negra Francisca Duarte II en llamas por la noche.[257]

“Alrededor de las 2 p. m., un joven tripulante me dijo: “Capitán, se ve una humazón”, relató el capitán.[258] “Yo alcé la vista y claro, una columna de humo se veía a lo lejos. Era al este de donde estábamos. Decidimos seguir navegando, pero si estábamos asustados”.[259]

El capitán dijo que, alrededor de las 5:30 p. m., uno de sus tripulantes, que se encontraba en una de las lanchas de apoyo que iban delante de Solavil, se comunicó por radio para decirle que La Negra Francisca Duarte II había “explotado”.[260] El tripulante también dijo que había visto “un barco grande, de color azul, con la punta de la cabina blanca” a lo lejos. El capitán de Solavil dijo que preguntó si ese era el origen de la columna de humo que habían visto antes, y el tripulante le confirmó que sí.[261]

El capitán dijo que, alrededor de las 6 p. m., envió tres de las lanchas de apoyo de Solavil a inspeccionar la zona, y él mismo se dirigió en otra lancha de apoyo directamente hacia el lugar de donde provenía el humo. Dijo que llegó a La Negra Francisca Duarte II entre las 7 y las 8 p. m., aproximadamente. “Estaba muy cerca, a media milla de distancia”, dijo.[262] Para entonces, dijo, la embarcación ardía intensamente y estaba demasiado oscuro para leer su nombre.

Human Rights Watch revisó las fotografías que, según el capitán de Solavil, él mismo tomó esa noche. Las fotografías muestran una embarcación en llamas durante la noche y un dispositivo GPS que indica coordenadas que coinciden con las del lugar donde fue atacada La Negra Francisca Duarte II. Sin embargo, Human Rights Watch no pudo revisar los metadatos de las fotografías porque el capitán afirmó haber perdido su teléfono.[263]

Ese mismo día, el capitán Diego Criollo Chamba, de la Capitanía del Puerto de Manta, declaró a medios de comunicación que había activado un plan de búsqueda y rescate y que La Negra Francisca Duarte II se encontraba en aguas internacionales, a 385 millas de Manta y a 225 millas de la isla de San Cristóbal, en las Islas Galápagos.[264] 

También señaló que había recibido una notificación de un barco de la Guardia Costera ecuatoriana que se encontraba en la zona, en la que informaba de que había visto una embarcación en llamas, confirmó que Solavil se encontraba cerca de La Negra Francisca Duarte II y afirmó que las autoridades estaban tratando el incidente como un incendio.[265]

En una entrevista con medios locales el 20 de marzo, Criollo también confirmó que funcionarios de la Guardia Costera ecuatoriana habían abordado una de las embarcaciones en las primeras horas de la mañana y que “no se encontró nada”.[266]

A principios de mayo, Human Rights Watch entrevistó en Manta al fiscal a cargo de la investigación del ataque contra La Negra Francisca Duarte II. El fiscal afirmó que su despacho estaba investigando el caso como un incendio porque, los hechos descritos en la denuncia presentada por el propietario de la embarcación no encajaban en ningún otro delito.[267]

El fiscal también señaló que la información recopilada por su despacho indicaba que los ataques podrían haber ocurrido en la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, lo cual coincidiría con el análisis realizado por Human Rights Watch sobre la última señal transmitida por La Negra Francisca Duarte II, la ubicación del incendio de la embarcación—comparada con el conjunto de datos mundial de Zonas Económicas Exclusivas—y los datos de anomalías térmicas que indicaban que hubo un incendio.[268] Sin embargo, al momento de la entrevista, ninguna entidad del Estado había respondido a las solicitudes de información enviadas por el fiscal sobre el lugar de ocurrencia del ataque. El fiscal dijo que estaba esperando que la Capitanía del Puerto confirmara las coordenadas para decidir si trasladaba el caso para su investigación a los fiscales de las Islas Galápagos.[269]

“Ni la Capitanía del Puerto ni ninguna otra autoridad nos ha dado respuestas”, dijo el capitán de La Negra Francisca Duarte II. “En cambio, la versión oficial es que debíamos estar haciendo algo ilegal, cuando lo único que estábamos haciendo era pescar para llevar comida a nuestras familias”.[270]

Don Maca

La embarcación Don Maca zarpó del puerto de Manta el 18 de marzo de 2026 con una tripulación de 20 personas para realizar las labores de pesca, según informó su propietario a Human Rights Watch.[271] La mayoría de los tripulantes provienen de San Mateo y habían trabajado en la embarcación durante varios años utilizando un método de pesca conocido localmente como “palanquero”.[272] Durante los primeros días en el mar, la tripulación capturó calamares para usarlos como cebo y pescar especies más grandes más lejos de la costa, como el atún blanco, el pez espada y el marlín.[273]

El propietario de la embarcación dijo a Human Rights Watch que habló por última vez con el capitán la mañana del 26 de marzo de 2026. Según el propietario, la última señal de rastreo satelital registrada de la embarcación fue aproximadamente a las 4:30 p. m. de ese día, la hora en la que, según relataron posteriormente los sobrevivientes, comenzaron las explosiones.[274] 

Según los datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones revisados por Human Rights Watch, la última señal transmitida por Don Maca fue el 26 de marzo a las 4:50 p. m., aproximadamente en las coordenadas 2°42'05.0"N 95°19'43.0"W. A partir de ese momento, no se registraron más señales.

Human Rights Watch cotejó esas coordenadas con el conjunto de datos de las Zonas Económicas Exclusivas del mundo (fronteras marítimas) y confirmó que la ubicación se encuentra en aguas internacionales, aproximadamente a 8,5 millas náuticas al oeste de la zona económica exclusiva ecuatoriana de las Islas Galápagos.

En los días previos al ataque, los tripulantes informaron de varios avistamientos de drones y aeronaves que vigilaban la embarcación, según dijo el propietario a Human Rights Watch. Los sobrevuelos de drones se intensificaron el 25 de marzo de 2026 e incluyeron sobrevuelos a baja altura directamente sobre la embarcación.[275]

Human Rights Watch entrevistó a cinco tripulantes que sobrevivieron a los ataques. Uno de ellos, un tripulante encargado de enhielar el pescado a bordo, dijo que vio drones por primera vez la noche del 24 de marzo. “Eran dos drones”, dijo.[276] “Los identifiqué por la lucecita roja que tienen; eran negros y tenían cuatro patas, o aspas [hélices]”.[277]

El mismo tripulante dijo que, alrededor de la 1 a. m. del 25 de marzo, mientras estaba de guardia, vio lo que parecía ser un barco tipo patrulla. “Le dije al capitán: “Una patrulla”, dijo.[278] “Como no estábamos haciendo nada malo, nos quedamos ahí mismo esperando a ver si nos abordaban”.[279] Después de que la tripulación esperara un rato, dijo, el barco no se acercó ni se comunicó con ellos por radio, así que continuaron su trayecto.

Más tarde ese mismo día, alrededor de las 3 o 4 p. m., el tripulante dijo que vio una aeronave gris sobrevolar la embarcación dos veces.[280] Otro tripulante, el mecánico de la embarcación, también dijo que había visto una aeronave sobrevolando la embarcación días antes del ataque, pero la describió como blanca.[281]

Según los entrevistados, aproximadamente a las 4:30 p. m. del 26 de marzo de 2026, un primer dron detonó cerca de la cabina de la embarcación, donde se encontraban la cabina de mando, los dormitorios de la tripulación y las antenas de comunicaciones por satélite y radio. Un segundo ataque siguió minutos después, impactando en la zona de popa, cerca del sistema hidráulico, e inutilizando la embarcación.

“Yo estaba en la bodega, enhielando el pescado, cuando sentí la primera explosión”, dijo el tripulante.[282] “Yo la sentí arriba mío, como en la cabina. La explosión me lanzó contra el pescado, y a penas cuando estaba recuperándome, sentí la segunda. Esa sonó como si viniera de la popa, la parte trasera de la embarcación. Fue muy fuerte y me sacudió de arriba abajo, mejor dicho, me hizo volar y me golpeó contra el techo y luego caí al piso de barriga”.[283]

El mecánico dijo a Human Rights Watch que aproximadamente a la misma hora, estaba limpiando la cubierta cuando escuchó una explosión. “Yo pensé que se me había explotado el motor y había desfogado por arriba el escape”, dijo.[284] “Alcé la vista para mirar y vi que toditos los vidrios estaban partidos, las luces de la embarcación estalladas, todo se había desprendido, las literas, todo”.[285]

Dijo que, al cabo de unos tres minutos, mientras aún estaba aturdido, otros miembros de la tripulación comenzaron a gritar: “¡El dron, el dron!”. Entonces vio un dron blanco cerca, que se acercaba por detrás de la popa con algo parecido a una bola en el centro. “Ahí fue cuando la soltó, y esa fue la segunda explosión. Cayó cerca del sistema hidráulico, por donde estaba el tanque de diésel”.[286]

Tanto el mecánico como un tercer miembro de la tripulación describieron los drones como blancos, con cuatro hélices, “como [una] mariposita”, y de unos 40 a 50 centímetros de ancho. Según otro miembro de la tripulación, el maquinista, el primer dron tenía “dos tubitos plateados” debajo de las hélices. El mecánico dijo que el segundo dron tenía algo que parecía una granada negra en el centro.[287] Las características descritas por los entrevistados concuerdan con las de un dron cuadricóptero.

Al menos dos tripulantes resultaron gravemente heridos durante los ataques y necesitaron atención médica.[288] Uno de ellos, un tripulante encargado de pescar en las lanchas de apoyo, dijo a Human Rights Watch que estaba tendiendo ropa mojada para secarla en el pasillo junto a los dormitorios de la cabina cuando vio que un dron lanzaba “dos tubitos”.[289] La primera explosión lo lanzó contra la pared de la cabina.[290]

“Me dolía el ojo izquierdo”, dijo. “Solo veía una mancha como negra, como si se me hubiera reventado el ojo. Me dolía mucho. También me dolían los oídos y empecé a sentir en el cuerpo, en el torso derecho, como picaduras, como si algo me estuviera cortando la piel, y fue entonces cuando vi pedazos de vidrio incrustados en el muslo derecho, el brazo, la mejilla y el torso, todo del mismo lado derecho”.[291]

Minutos después, dijo, una segunda explosión lo lanzó a la cubierta. “Ahí sentí que se me reventaron los oídos y ya no escuchaba nada, solo un zumbido”, dijo.[292]

El pescador dijo que los médicos que lo atendieron tras su regreso a Ecuador le informaron que su tímpano izquierdo se había perforado y que el derecho había quedado destruido. Agregó que los médicos también le dijeron que había perdido el 90 por ciento de la visión en su ojo izquierdo.[293]

El mecánico de Don Maca dijo a Human Rights Watch que, durante la segunda explosión, la onda expansiva lo lanzó contra un tanque de agua ubicado en la cubierta de la embarcación, provocándole un fuerte golpe que le ocasionó una subluxación del omóplato derecho. “Ahora tengo el hombro dislocado y la escápula salida”, dijo. “No puedo levantar ni la mano”.[294]

Dijo que también se golpeó fuerte la mano derecha, fracturándose varios huesos, y que las explosiones lo dejaron parcialmente sordo. “También se me clavaron vidrios en los pies”, dijo.[295]

Human Rights Watch revisó fotografías proporcionadas por el abogado del propietario de la embarcación que muestran las lesiones de dos de los tripulantes de Don Maca, así como videos proporcionados por los tripulantes. Investigadores de Human Rights Watch también fotografiaron otras lesiones que sufrieron ambos.[296]

La Dra. Rohini Haar, experta del IFEG que analizó las fotografías y los videos, afirmó que las lesiones de los dos tripulantes eran “consistentes con los supuestos mecanismos” que ellos describieron les causaron las heridas. También señaló que las lesiones eran “consistentes con la exposición a armas explosivas”.[297]

Mientras la tripulación evacuaba la embarcación en una lancha de apoyo, se acercaron a un gran barco azul que tenía una cabina blanca en la parte delantera, que los sobrevivientes entrevistados por Human Rights Watch consideraron que era un barco estadounidense basándose en la bandera, el uso del inglés por parte del personal del barco y los uniformes de camuflaje color caqui que vestía dicho personal.[298] Un miembro de la tripulación dijo que vio banderas de Estados Unidos en las mangas de algunos miembros del personal con la palabra “USA”.[299] Al igual que los sobrevivientes de La Negra Francisca Duarte II, dos de los tripulantes de Don Maca dijeron que el barco tenía las palabras “Atlantic” y “Oceanic” escritas en letras blancas en la parte azul de la proa, debajo de la cabina blanca y cerca de la parte delantera del barco.[300]

El tripulante a cargo de enhielar el pescado dijo que, una vez que llegaron cerca del barco, una “fragata” azul que enarbolaba la bandera de Estados Unidos, un hombre vestido de civil que hablaba español y parecía estar traduciendo para los demás en la “fragata”, les preguntó: “¿Cuántos son? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos?”[301]

“Había otros monos junto a él”, dijo.[302] Dijo que el personal armado que se encontraba cerca vestía uniformes de camuflaje de color caqui, con la palabra “USA” y una bandera de Estados Unidos en un brazo. Calculó que había unas 15 personas con uniformes de camuflaje, todas armadas.[303]

Los sobrevivientes dijeron que subieron a bordo del barco estadounidense mientras el personal armado les apuntaba con “armas largas”. Una vez en la cubierta, contaron, el personal les esposó las manos a la espalda con bridas de plástico, les colocó capuchas y los empujó uno por uno hacia una zona de la cubierta donde a algunos se les ordenó sentarse y a otros arrodillarse. Dijeron que el personal les preguntó sus nombres y los detuvo durante aproximadamente ocho horas en una cubierta metálica caliente, expuestos al agua de mar y al sol, sin comida ni agua.[304]

El mecánico, quien resultó herido, dijo que le comentó al intérprete que le dolía mucho el hombro, pero le dijo que se callara.[305] Solo el tripulante que presentaba lesiones en el ojo y el cuerpo dijo que recibió atención médica mientras estaba encapuchado y esposado.[306]

“Uno de los gringos llegó con el traductor y me dijeron que me iban a limpiar las heridas”, dijo. “Me llevaron a otra zona de la ‘fragata’, como un contenedor, y empezaron a limpiarme la sangre con un trapito. Me pusieron una venda en el muslo y en parte de la pierna”.[307]

Dijo que les pidió a los estadounidenses que le revisaran el ojo y los oídos, pero no lo hicieron. “No me brindaron esa atención”, dijo. “Tampoco me dieron medicamentos para el dolor. Solo me hicieron un pequeño pinchazo y me administraron suero”.[308]

Según el propietario de Don Maca, muchos tripulantes le contaron tras regresar a Ecuador que el personal militar estadounidense golpeó a algunos de ellos con puñetazos y patadas para obligarlos a desplazarse por la proa, y les gritaba órdenes en inglés que la tripulación no entendía.[309] “Cuando nos pasaban de un lado a otro, nos empujaban y nos tiraban al piso. Era maltrato”, dijo el mecánico de Don Maca.[310]

Dos entrevistados dijeron a Human Rights Watch que, mientras estaban a bordo del barco estadounidense, vieron a través de sus capuchas que personal armado salía del barco y luego regresaba con cervezas. “Vimos que llegaron con unas cervezas, y esas eran las cervezas que nosotros habíamos cargado en nuestro barco. Eso significa que bajaron a inspeccionar nuestro barco”, dijo el tripulante encargado de enhielar el pescado.[311]

Entre una y dos horas después de que la tripulación de Don Maca subiera a bordo del barco estadounidense, escucharon otra explosión. A través de sus capuchas de tela—que, según dijeron, permitían cierta visibilidad y dejaban pasar algo de luz—pudieron ver que Don Maca y sus lanchas de apoyo habían sido destruidas.[312]

El mecánico dijo que cuando pidió ir al baño, el personal armado estadounidense lo llevó cerca de la borda del barco.[313] A través de su capucha, dijo, vio a personal armado dirigiéndose hacia Don Maca en una lancha. Más tarde, escuchó “unas seis explosiones” a lo lejos. “Ahí fue cuando destruyeron el barco”, dijo. Cuando se puso de pie nuevamente, dijo que vio “las llamas y el humo”.[314]

El tripulante encargado de enhielar el pescado confirmó esa versión. Dijo que, cuando escuchó las explosiones, se puso de pie, pero un estadounidense armado con un fusil lo agarró por detrás e intentó obligarlo a volver a sentarse.[315] “Grité: ‘¡Me ahogo, me ahogo!’, para que me quitaran la capucha y pudiera ver”, dijo. “Me levantaron la capucha por un momento y alcancé a ver el barco completamente en llamas”.[316]

El personal estadounidense trasladó a la tripulación de Don Maca a un barco de la Guardia Costera salvadoreña el 27 de marzo de 2026, tras aproximadamente ocho horas de detención, según informaron los sobrevivientes y el propietario de Don Maca a Human Rights Watch. Dos tripulantes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que el barco tenía escrito “PM-7” en el casco. Human Rights Watch encontró informes en línea que identifican al PM-7 como un barco patrullero marítimo de la Armada salvadoreña utilizada en operaciones de interceptación marítima.[317] En publicaciones recientes en X, el gobierno de El Salvador reconoció el uso de este barco en operaciones de interdicción marítima en el Pacífico, mientras que el Comando Sur de Estados Unidos describió la operación como un esfuerzo de la coalición para combatir a “los carteles y los narcoterroristas”.[318]

El capitán salvadoreño les dijo a los tripulantes de Don Maca que “oficiales de Estados Unidos” los habían entregado “en calidad de náufragos”.[319] La tripulación llegó al puerto de La Unión, en El Salvador, alrededor del 2 de abril de 2026.[320]

La tripulación afirmó que las autoridades salvadoreñas, tanto en el mar como en tierra, los trataron bien y les proporcionaron servicios básicos, incluyendo comida y agua. Tras interrogar a la tripulación, las autoridades salvadoreñas los trasladaron a un centro de recepción de migrantes en San Salvador, donde se les permitió llamar a sus familiares. Funcionarios consulares ecuatorianos visitaron a la tripulación el 4 de abril de 2026 y les expidieron documentos de viaje, según el propietario de la embarcación. La tripulación regresó a Ecuador en vuelos comerciales los días 6 y 7 de abril de 2026, sin apoyo del gobierno.[321]

El propietario de la embarcación Don Maca dijo a Human Rights Watch que presentó una denuncia ante la Capitanía del Puerto de Manta el 28 de marzo para informar sobre la desaparición de Don Maca.[322] Dijo que en la denuncia se indicaba que la última posición conocida de la embarcación era cerca de la isla de San Cristóbal, en las Islas Galápagos.[323]

El 31 de marzo, el capitán de la Capitanía del Puerto de Manta declaró a medios de comunicación que la embarcación se encontraba “casi en el límite de nuestra jurisdicción como Estado ecuatoriano, que es la latitud 0 9 5... a 306 millas del punto más alejado de la isla Isabela”.[324] También señaló que la embarcación transportaba a siete personas más de las que figuraban en el permiso de salida expedido por la Capitanía del Puerto.[325] El 1 de abril, dijo que las autoridades habían notificado a la comunidad marítima, haber desplegado una unidad de la Armada para activar el plan de búsqueda y rescate de la embarcación y llevado a cabo la coordinación internacional necesaria.[326]

A principios de mayo, la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, quien supervisaba la unidad de personas desaparecidas en Manta, dijo a Human Rights Watch que su despacho había abierto una investigación sobre la desaparición de Don Maca y su tripulación. Sin embargo, dado que la tripulación había regresado con vida, dijo que planeaba cerrar el caso sin realizar más investigaciones. También señaló el 8 de mayo que la Capitanía del Puerto de Manta no había respondido oficialmente a su solicitud de información sobre el incidente.[327] El 15 de junio, Human Rights Watch entrevistó al fiscal que la sustituyó luego de su asesinato y que se hizo cargo de la investigación. Afirmó que su despacho aún no había recibido respuestas de las autoridades a las que había enviado solicitudes formales de información.[328]

Un funcionario de la Capitanía de Puerto de Baquerizo Moreno, ubicada en la isla de San Cristóbal, en las Islas Galápagos, informó a Human Rights Watch que su oficina estaba llevando a cabo una investigación administrativa para determinar si Don Maca había cumplido con los requisitos para navegar en la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos.[329] No proporcionó más detalles.
 

Recomendaciones

Al Gobierno de Estados Unidos:

• Poner fin a la actual práctica de caracterizar a los grupos del crimen organizado de otros países como partes de un conflicto armado, como pretexto para justificar el uso de la fuerza letal cuando no está legalmente permitido.

• Enfocar la cooperación en materia de seguridad con América Latina en el fortalecimiento de las capacidades judiciales para garantizar el enjuiciamiento efectivo de los grupos de crimen organizado.

• Trabajar con las autoridades ecuatorianas para llevar a cabo una investigación conjunta, pronta, exhaustiva, imparcial y efectiva sobre los ataques a la comunidad de San Martín, los ataques contra las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, así como sobre la desaparición de los tripulantes de la embarcación Fiorella, incluyendo cualquier posible participación de personal o nacionales de Estados Unidos, así como de recursos, inteligencia u operaciones de Estados Unidos en cada uno de los incidentes. Garantizar la rendición de cuentas de cualquier miembro del personal o agencia de Estados Unidos que resulte responsable de conductas ilegales.

• Realizar evaluaciones del riesgo para los derechos humanos que podrían implicar las operaciones conjuntas de seguridad terrestre y marítima con Ecuador, y hacer públicos sus resultados.

• Establecer, junto con las autoridades ecuatorianas, protocolos claros que regulen el uso de la fuerza, la identificación de las embarcaciones pesqueras y la protección de los pescadores durante cualquier operación marítima conjunta.

• Garantizar mecanismos efectivos para que las víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas con operaciones conjuntas de seguridad, así como sus familiares, puedan obtener información y acceder a recursos efectivos.

• Hacer público el marco jurídico que regula toda la actual cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, incluido el papel de cualquier integrante de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos que opere en aguas ecuatorianas o cerca de ellas.
   

Al Congreso de Estados Unidos:

• Exigir que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa presenten informes periódicos al Congreso sobre las condiciones en materia de derechos humanos aplicables a la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Ecuador y sobre los resultados de las operaciones conjuntas con base a la legislación de asignaciones presupuestarias y la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA).

• Investigar los incidentes documentados en este informe y exigir que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa informen al Congreso si personal, recursos, inteligencia o apoyo operacional de Estados Unidos estuvo involucrado en las operaciones realizadas en la comunidad de San Martín y en las zonas donde desaparecieron los tripulantes de la embarcación Fiorella o en sus alrededores, así como en los lugares donde fueron atacadas las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca.

• Condicionar una parte significativa de los fondos de Financiamiento Militar Extranjero (Foreign Military Financing, FMF) y del Programa Internacional de Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley (International Narcotics Control and Law Enforcement, INCLE) destinados a Ecuador al cumplimiento de salvaguardas específicas en materia de derechos humanos que exijan esfuerzos creíbles para prevenir violaciones de derechos humanos e investigaciones independientes e imparciales de las mismas, incluidos los incidentes documentados en este informe.

• Celebrar audiencias de supervisión sobre la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, incluyendo las operaciones marítimas, el intercambio de información de inteligencia, las salvaguardias de derechos humanos y la rendición de cuentas por los daños causados a la población.

Al Gobierno de Ecuador:

• Poner fin al uso injustificado de los estados de excepción y a la caracterización de los grupos del crimen organizado como partes en un conflicto armado. En su lugar, desarrollar una política de seguridad y justicia integral, efectiva y respetuosa de los derechos humanos, en lugar de continuar privilegiando operaciones militares que no han logrado reducir de manera sostenible la violencia.

• Fortalecer las capacidades de investigación y forenses de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y de la administración de justicias, y desarrollar estrategias de persecución penal dirigidas contra los grupos del crimen organizado. Esto incluye invertir en capacitación especializada, herramientas forenses de última generación y mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar que las investigaciones sean exhaustivas y basadas en evidencias.

• Publicar las reglas de enfrentamiento y proporcionar información oportuna sobre los incidentes en los que las fuerzas de seguridad hayan hecho uso de la fuerza.

• Garantizar investigaciones prontas e imparciales sobre los hechos ocurridos en la comunidad de San Martín, los ataques contra las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, y la desaparición de los tripulantes de la embarcación Fiorella, incluida cualquier posible participación de fuerzas de seguridad estadounidenses; y exigir que las instituciones estatales proporcionen a los investigadores acceso pleno a la información pertinente.
• Preservar y poner a disposición de los fiscales todas las evidencias pertinentes, incluidos registros de radar, datos de rastreo de embarcaciones, comunicaciones por radio, informes de inspección, registros operacionales, fotografías, videos e imágenes satelitales.

• Hacer público el marco legal, las reglas de enfrentamiento y las salvaguardias operacionales aplicables a cualquier operación marítima conjunta con fuerzas o agencias de Estados Unidos.

• Establecer protocolos claros que regulen el uso de la fuerza, la identificación de embarcaciones pesqueras y la protección de los pescadores durante las operaciones conjuntas de seguridad marítima con Estados Unidos.

• Garantizar que las autoridades competentes, incluidas la Fiscalía General del Estado, la Armada, las Capitanías de Puerto y las autoridades de búsqueda y rescate, elaboren y adopten un protocolo especializado para la búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas en el mar. Dicho protocolo debe establecer obligaciones claras en materia de búsqueda inmediata, coordinación interinstitucional, preservación de evidencias, acceso a registros marítimos, coordinación con autoridades extranjeras cuando sea pertinente y comunicación periódica con las familias. Asimismo, debe ajustarse a los estándares internacionales sobre búsqueda de personas desaparecidas y adaptarse a casos ocurridos en el mar.

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

• Monitorear y documentar el impacto en los derechos humanos de las operaciones marítimas y de lucha contra el narcotráfico realizadas en Ecuador o en sus alrededores, incluidas aquellas llevadas a cabo con apoyo de Estados Unidos.

A los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales y sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo:

• Solicitar autorización al gobierno de Ecuador para realizar una visita al país con el fin de documentar posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de presuntas operaciones de lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, así como para evaluar los marcos legales y las justificaciones invocadas para autorizar el uso de la fuerza letal y la fuerza militar en operaciones de seguridad pública, incluyendo si dichos marcos son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

• Investigar las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe y ponerlas en conocimiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada:

• Continuar monitoreando la respuesta de Ecuador a las acciones urgentes emitidas por el Comité en relación con la desaparición de los tripulantes de la embarcación Fiorella, e instar a que se logren avances significativos en la búsqueda y la investigación.

• Solicitar autorización al gobierno de Ecuador para realizar una visita al país con el fin de documentar los casos, evaluar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de investigar y esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, y reunirse con las familias de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.

Al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias:

• Solicitar información al gobierno de Ecuador sobre las medidas adoptadas para determinar la suerte y el paradero de los tripulantes desaparecidos de la embarcación Fiorella, e instar a las autoridades a preservar las evidencias y garantizar investigaciones exhaustivas, prontas e imparciales, incluso mediante la cooperación internacional entre las Capitanías de Puerto y las fuerzas de seguridad.

• Solicitar información a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos sobre cualquier posible participación de personal, recursos, inteligencia u operaciones marítimas conjuntas de Estados Unidos en los incidentes.

• Instar a Ecuador a adoptar protocolos especializados para la búsqueda de personas desaparecidas en el mar y para la investigación de presuntos abusos cometidos durante operaciones de seguridad marítima.

• Solicitar autorización al gobierno de Ecuador para realizar una visita al país con el fin de documentar casos de desapariciones forzadas, tanto en relación con el caso Fiorella como en otros casos, y evaluar las condiciones estructurales que permiten las desapariciones forzadas.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

• Solicitar autorización al gobierno de Ecuador para realizar una visita in loco al país, con el fin de documentar las violaciones descritas en este informe, los ataques a la independencia judicial y otras violaciones de derechos humanos.

• Considerar la información incluida en este informe al evaluar la solicitud presentada por la Alianza por los Derechos Humanos para la adopción de medidas cautelares para todos los miembros de la comunidad de San Martín, en la provincia de Sucumbíos.

• Monitorear el impacto en los derechos humanos de las operaciones marítimas y de lucha contra el narcotráfico llevadas a cabo por Ecuador, incluidas las operaciones realizadas con apoyo de Estados Unidos, y urgir a ambos gobiernos a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y salvaguardias efectivas para la protección de la población.

A otros gobiernos, incluidos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los países europeos:

• Instar pública y privadamente a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos a garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes sobre los ataques contra la comunidad de San Martín, los ataques contra las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, así como sobre la desaparición de los tripulantes de la embarcación Fiorella.

• Garantizar que los programas de asistencia bilateral con Ecuador—incluidos los de capacitación, entrega de equipos e intercambio de información de inteligencia—incorporen parámetros claros y verificables en materia de derechos humanos, y solicitar de manera sistemática información al gobierno ecuatoriano sobre el uso de esa asistencia y si esta ha contribuido a presuntas violaciones de derechos humanos, mediante evaluaciones de riesgo en materia de derechos humanos realizadas antes, durante y después de su implementación.

 

Agradecimientos

Este informe fue redactado por investigadores de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El informe se basa en una investigación realizada por un equipo de investigadores de Human Rights Watch, entre los que se encuentran Gabi Ivens, directora de Investigación de Fuentes Abiertas; Carolina Jordá Álvarez, asesora del Laboratorio de Investigaciones Digitales de la División de Tecnología, Derechos e Investigaciones; Etienne Maynier, especialista en seguridad tecnológica; e investigadores de la División de las Américas.

El informe fue revisado por los siguientes miembros de Human Rights Watch: Joseph Saunders, subdirector de programas; Chris Albin-Lackey, asesor jurídico principal; Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas; Sam Dubberley, director de la División de Tecnología, Derechos e Investigaciones; Ida Sawyer, directora de la División de Crisis, Conflictos y Armas; Mark Hiznay, subdirector de la División de Crisis, Conflictos y Armas; Reagan Williams, investigadora de la División de Crisis, Conflictos y Armas; Robin Taylor, asistente de investigación de la División de Crisis, Conflictos y Armas; Tanya Greene, directora del Programa de Estados Unidos; Lucy McKernan, directora de Incidencia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Friederike Mager, coordinadora de incidencia en la Unión Europea; y Nicole Widdersheim, directora interina de la oficina de Washington.

Los gráficos y elementos visuales del informe fueron diseñados y elaborados por Travis Carr, coordinador sénior de publicaciones, y Victória Sacagami, diseñadora de información.

Delphine Starr, oficial de edición de la División de las Américas; Valentina Gómez, asociada de la División de las Américas; y Nelson González Sánchez, asistente de investigación de la División de las Américas, contribuyeron a la elaboración del informe. El informe fue preparado para su publicación por Travis Carr; Fitzroy Hepkins, gerente administrativo sénior; y José Martínez, funcionario administrativo.

El análisis forense fue realizado por expertos del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT).

Human Rights Watch agradece a la Alianza por los Derechos Humanos y al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), así como a los abogados de las víctimas, por la información que compartieron para esta investigación.

Sobre todo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a las víctimas, a los abogados y a las comunidades afectadas por compartir sus testimonios con nosotros pese a las difíciles circunstancias que han enfrentado.