- Miembros de la población fueron sometidos a tortura y detención arbitraria en una operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador. Dos embarcaciones pesqueras fueron atacadas por drones armados de origen desconocido frente a la costa ecuatoriana y una tercera embarcación ha desaparecido junto con la mayor parte de su tripulación.
- Un incidente implica directamente la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador; los demás plantean serios interrogantes sobre la responsabilidad de lo ocurrido que ninguno de los dos gobiernos ha abordado adecuadamente.
- El Congreso de Estados Unidos debería adoptar medidas urgentes para investigar estos incidentes y la cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos en general.
(Washington, D. C.) – Estados Unidos y Ecuador están profundizando su cooperación en materia de seguridad en un contexto marcado por graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas ecuatorianas, ataques con drones contra embarcaciones pesqueras cuyo origen sigue sin esclarecerse, y la desaparición de varios pescadores, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Congreso de Estados Unidos debería examinar urgentemente estos incidentes y la relación de cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.
El informe de 105 páginas, titulado “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, documenta graves violaciones de derechos humanos en una comunidad agrícola en la frontera entre Colombia y Ecuador, así como los ataques y la desaparición de pescadores en el mar, cerca de las Islas Galápagos. Cada incidente o bien implica directamente la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador o bien plantea serios interrogantes sobre su responsabilidad en lo ocurrido. En una operación que Estados Unidos describió como “conjunta”, soldados ecuatorianas torturaron y detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores agrícolas y, posteriormente, quemaron y bombardearon una finca lechera. En otros incidentes, drones de origen desconocido atacaron dos embarcaciones pesqueras, hiriendo a varios tripulantes. Una tercera embarcacióncontinúa desaparecida.
“La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El Congreso de Estados Unidos debe exigir respuestas claras y salvaguardias efectivas antes de que se cause más daño”.
En los últimos meses, tanto Estados Unidos como Ecuador han adoptado medidas para socavar las garantías de derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y han cometido actos ilegales, entre ellos desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que han intentado justificar caracterizando erróneamente la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como un conflicto armado.
Entre marzo y junio de 2026, los investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a 62 personas, incluidas víctimas de abusos, así como abogados, testigos, miembros de las comunidades afectadas. Los investigadores revisaron y analizaron más de 100 fotografías y videos proporcionados por abogados y personas entrevistadas o publicados en redes sociales, así como imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones, datos de detección de incendios, documentos médicos y judiciales.
Human Rights Watch solicitó información a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos sobre estos hechos, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue reelegido en 2025, ambos gobiernos han profundizado la cooperación en seguridad con el objetivo de responder al aumento de la violencia en Ecuador y combatir al crimen organizado en toda la región. Estados Unidos se ha convertido en un uno de los principales socios de Ecuador en esta materia, proporcionando equipos, capacitación, inteligencia y apoyo militar.
Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, fuerzas militares ecuatorianas llevaron a cabo una serie de operaciones conjuntas con Estados Unidos en la comunidad de San Martín, un asentamiento agrícola ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Soldados ecuatorianos incendiaron tres propiedades, luego atacaron dos de ellas con municiones lanzadas desde el aire y detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores de una finca lechera.
“Me torturaron con electricidad, con un taser”, contó uno de los trabajadores a Human Rights Watch. “Me echaban agua y luego me pringaban y yo me desmayaba. Me desmayé dos veces al menos”.
Autoridades de Ecuador y de Estados Unidos afirmaron que se trató de una operación conjunta. Las autoridades ecuatorianas señalaron que esta estaba dirigida contra instalaciones de Comandos de la Frontera, un grupo armado que desde hace años opera a ambos lados de la frontera, y que los cuatro hombres fueron detenidos “con fines investigativos” por presuntos vínculos con el grupo. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, elogió la operación y testificó ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos que se había “llevado a cabo de manera profesional”.
Human Rights Watch no encontró evidencia creíble de que las tres propiedades destruidas tuvieran alguna conexión con grupos armados criminales. Sobre la base de un análisis de fotografías, videos, imágenes satelitales, registros de propiedad y recibos comerciales, así como de entrevistas con los dueños de las propiedades, vecinos y otras personas, Human Rights Watch concluyó que una de las propiedades era una finca lechera, y las otras dos habían sido abandonadas hace años. Los hombres detenidos no tenían antecedentes penales y la fiscal no les formuló cargos porque los militares no aportaron ninguna evidencia en su contra.
Entre enero y marzo, las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron atacadas en el Pacífico. Una tercera embarcación, Fiorella, desapareció el 20 de enero con ocho de sus tripulantes.
El 17 y el 26 de marzo, respectivamente, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, fueron atacados por drones armados, según dijeron sus tripulantes. Los sobrevivientes señalaron que nacionales estadounidenses armados, vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, los detuvieron a bordo de un barco azul y blanco que se encontraba cerca, y luego los entregaron a la Guardia Costera salvadoreña. Posteriormente, las autoridades salvadoreñas les permitieron regresar a Ecuador. Al menos cuatro tripulantes sufrieron heridas graves durante los ataques con drones.
Los tripulantes de Don Maca dijeron que, después de que su embarcación fuera atacada, se les acercó un barco que llevaba una bandera de Estados Unidos. “¿Cuántos son? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos?”, les preguntó un hombre, según dijeron. Los sobrevivientes señalaron que abordaron la embarcación mientras unos oficiales que hablaban inglés les apuntaban con “armas largas”.
El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier responsabilidad por los ataques contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, así como por la desaparición de la embarcación Fiorella. Sin embargo, la investigación de Human Rights Watch, que incluye entrevistas con 13 sobrevivientes, indica que lo más probable es que las autoridades estadounidenses hayan tenido algún grado de participación en estos ataques o hayan tenido conocimiento de ellos. Las declaraciones de los sobrevivientes son en general consistentes con la reconstrucción de los hechos que realizó Human Rights Watch sobre la base de otras entrevistas y fuentes abiertas.
A pesar de los extensos esfuerzos de verificación y de las múltiples solicitudes de información a las autoridades de Ecuador y Estados Unidos, persisten numerosas preguntas sin respuesta sobre estos incidentes, entre ellas qué ocurrió con la tripulación de la embarcación Fiorella.
El Congreso de Estados Unidos debe exigir respuestas claras a la administración de Trump sobre los numerosos interrogantes que rodean su cooperación en materia de seguridad con Ecuador. También debe examinar si existen salvaguardas adecuadas en derechos humanos, dado el creciente número de abusos cometidos durante el gobierno de Noboa. El gobierno ecuatoriano debe reconsiderar su determinación de que existe un “conflicto armado” en el país y concentrar sus esfuerzos en fortalecer las capacidades del sistema de justicia para combatir el crimen organizado.
“Las operaciones conjuntas contra el crimen organizado no deben convertirse en una excusa para cometer abusos”, señaló Goebertus.
