(Washington D. C.) – Una fiscal de la ciudad costera de Manta, en Ecuador, fue asesinada el 14 de junio de 2026, en el caso más reciente de asesinatos de operadores de justicia en Ecuador, señaló hoy Human Rights Watch. Gloria Alexandra Bravo Cedeño es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022. Las autoridades ecuatorianas deben garantizar una investigación rápida, creíble e imparcial sobre la muerte de la fiscal y tomar medidas urgentes para proteger a los funcionarios judiciales.
Según los informes, un sujeto armado le disparó a Bravo y la asesinó cuando se dirigía a su vehículo. Su hermana también murió en el ataque. Bravo tenía a su cargo casos relacionados con homicidios, secuestros y crimen organizado en la provincia de Manabí, una de las provincias más violentas de Ecuador. También había investigado un incendio masivo que destruyó varias embarcaciones en Manta, así como recientes ataques con drones contra tres barcos pesqueros frente a la costa de las Islas Galápagos. Según se informa, la policía dijo que el ataque contra Bravo parecía estar dirigido deliberadamente contra ella. La Fiscalía General del Estado afirmó que el asesinato de la fiscal fue “una represalia contra la lucha frontal y permanente que [la] Institución mantiene frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país”.
“El asesinato de la fiscal Bravo es una tragedia, pero lamentablemente no es un caso aislado en Ecuador”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno del presidente Daniel Noboa debe dejar de tratar al sistema de justicia como algo secundario y brindar a sus funcionarios la protección y los recursos que necesitan con urgencia”.
Bravo trabajó en Manta durante varios años, ocupándose de casos relacionados con homicidios, secuestros y crimen organizado. Hace poco fue trasladada a Montecristi.
Recientemente investigó ataques con drones perpetrados entre enero y marzo contra los tres barcos pesqueros Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca. Human Rights Watch está investigando quiénes fueron los responsables de estos ataques, y en mayo un investigador de Human Rights Watch conversó con Bravo en Manta sobre su investigación.
“Ser fiscal, en este contexto de crimen organizado, es muy difícil”, dijo Bravo entonces. “El peligro está presente siempre.”
Los otros fiscales asesinados en Manta desde 2022 son Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez. Otros dos funcionarios de la fiscalía fueron asesinados en mayo. El Observatorio de Derechos y Justicia, una organización ecuatoriana que ha monitoreado los ataques contra operadores de justicia, ha registrado 26 asesinatos de jueces, fiscales y otro personal judicial en Ecuador desde 2020. El 12 de mayo, la jueza Lady Pachar fue asesinada en Machala por dos hombres en una motocicleta mientras se movilizaba sin sus custodios. Había recibido amenazas.
Los jueces y fiscales en Ecuador a menudo carecen de las herramientas y medidas de seguridad necesarias para investigar a las organizaciones de crimen organizado. Algunas provincias no cuentan con personal suficiente para levantar los cuerpos de las escenas del crimen o realizar análisis balísticos, incluso en ciudades importantes como Guayaquil. Muchos fiscales y jueces, incluidos aquellos en situación de riesgo, no tienen acceso a vehículos blindados ni a equipo de protección básico.
Ecuador se ha convertido en el país con la tasa de homicidios más alta de América del Sur, con una tasa de 51 por cada 100.000 habitantes en 2025. En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y medios de comunicación han documentado asesinatos de funcionarios públicos, periodistas y políticos. La provincia costera de Manabí, donde se encuentra Manta, se ha convertido en una de las tres provincias más violentas de Ecuador, con más de 1.271 homicidios en 2025, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
El gobierno ecuatoriano tiene la obligación de proteger la vida y la seguridad de todas las personas dentro de su territorio, señaló Human Rights Watch. Las autoridades también tienen la obligación de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y exhaustiva sobre el asesinato de Bravo y de llevar ante la justicia a los responsables, incluyendo a quienes ordenaron el ataque.
El gobierno debería implementar un sistema integral de evaluación de riesgos y brindar protección efectiva a los operadores de justicia que enfrentan amenazas creíbles. También debería cubrir las más de 1.000 vacantes de jueces y fiscales en todo el país y proporcionar a los funcionarios los recursos técnicos, forenses y logísticos necesarios para investigar eficazmente el crimen organizado.
“Es poco probable que Ecuador ponga fin a su espiral de violencia si no toma medidas urgentes para proteger a los funcionarios que investigan a los grupos criminales”, afirmó Goebertus.
