(Washington, DC) – La administración Trump ha desmantelado gran parte de los mecanismos federales de aplicación de las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, dejando sin recursos adecuados a muchas de las personas a quienes esas leyes pretendían proteger, señaló hoy Human Rights Watch en un informe.
El informe, de 112 páginas, “Remedies Abandoned: US Civil Rights Enforcement Under the Trump Administration” (“Reparaciones abandonadas: la aplicación de las leyes de derechos civiles en Estados Unidos bajo la administración Trump”), documenta los esfuerzos de la administración por desarticular, entre enero de 2025 y la primavera de 2026, la labor de cuatro organismos clave: la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que perdió aproximadamente al 75 % de sus abogados; la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que inició en un solo día el despido de casi la mitad de su personal y cerró 7 de sus 12 oficinas regionales; la Oficina de Vivienda Justa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, cuya plantilla se redujo drásticamente; y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que alcanzó su nivel de personal más bajo en más de 40 años.
“La administración Trump está atacando las iniciativas destinadas a combatir la discriminación sin ofrecer alternativas”, señaló Trey Walk, investigador del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Aunque afirma actuar en defensa de todos los estadounidenses, la administración está desmantelando mecanismos a los que las comunidades han recurrido durante décadas para obtener protección y reparación”.
Las medidas de la administración continúan. El 16 de junio de 2026, el Departamento de Educación anunció que transferiría al Departamento de Justicia sus funciones de investigación y aplicación de las normas sobre derechos civiles, profundizando así el desmantelamiento de la agencia.
Human Rights Watch entrevistó a más de 40 personas, entre ellas antiguos empleados de organismos federales, personas que habían presentado denuncias, abogados especializados en derechos civiles y líderes comunitarios locales. El equipo de investigación también examinó expedientes judiciales, documentos de organismos federales y del poder legislativo, informaciones periodísticas y otras fuentes documentales.
“Es como recibir dos golpes a la vez: no nos dan lo que necesitamos y, además, están atacando los programas que todavía nos quedan”, explicó a Human Rights Watch un abogado especializado en educación. “La gente se autocensura, y ya lo estamos viendo. Hay distritos escolares que eliminan programas antes incluso de que nadie los cuestione porque no quieren convertirse en objeto de una investigación”.
El sistema estadounidense de aplicación de las leyes de derechos civiles tiene su origen en los esfuerzos realizados tras la Guerra Civil para proteger a la población negra recién liberada de la esclavitud. El Congreso creó el Departamento de Justicia en 1870, y entre sus primeras tareas figuraron procesar los actos de violencia del Ku Klux Klan y defender el derecho al voto de la población negra.
Ante la persistencia de prácticas discriminatorias por parte de los estados contra determinados grupos, un siglo después el Congreso amplió la legislación contra la discriminación. La Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley del Derecho al Voto de 1965 y la Ley de Vivienda Justa de 1968 sentaron las bases del actual sistema federal de protección y aplicación de los derechos civiles.
El desmantelamiento de este entramado comenzó el primer día del segundo mandato del presidente Donald Trump. Con el argumento de aumentar la eficiencia del gobierno, la administración ofreció indemnizaciones para incentivar salidas masivas de personal, lo que en la práctica vació de funcionarios de carrera no partidistas puestos clave encargados de hacer cumplir las leyes de derechos civiles. También dictó órdenes ejecutivas que prohibían los programas de diversidad y socavó la independencia que tradicionalmente había mantenido el Departamento de Justicia. Human Rights Watch identificó patrones similares en los distintos organismos analizados, entre ellos impedir que el personal se comunicara con víctimas de discriminación cuyos casos estaba tramitando y dejar en suspenso varias investigaciones importantes.
La administración abandonó numerosos casos que se encontraban en curso. Solicitó la desestimación de acuerdos de reforma policial en jurisdicciones como Louisville y Minneapolis, y retiró su apoyo a importantes casos relacionados con el derecho al voto. Un grupo de vigilancia contabilizó casi 70 asuntos en los que el Departamento de Justicia dejó de intervenir, solicitó el archivo o modificó su postura.
Según parece, el Departamento de Educación no resolvió ningún caso de acoso racial en 2025, después de que el año anterior las denuncias presentadas ante la oficina por estudiantes negros y latinos alcanzaran un máximo histórico. También se informó que el departamento dejó de supervisar denuncias de discriminación contra estudiantes transgénero y de hacer cumplir las protecciones que les amparaban. El Departamento de Vivienda cerró al menos 115 denuncias relacionadas con discriminación en el acceso a la vivienda sin emitir conclusiones sobre las alegaciones de discriminación que las sustentaban.
El gobierno federal desempeña un papel único e insustituible en la aplicación de las leyes contra la discriminación. En algunos ámbitos, la legislación federal ofrece una protección más amplia que las leyes estatales, y en otros el Congreso otorgó exclusivamente a los organismos federales competencia para emprender determinadas acciones legales.
Al mismo tiempo, los abogados privados y las organizaciones sin fines de lucro que presentan demandas similares también están sometidos a fuertes presiones. La administración atacó a bufetes de abogados por realizar trabajo pro-bono que desaprobaba y recortó la financiación de organizaciones locales dedicadas a combatir la discriminación en el acceso a la vivienda. Las organizaciones sin fines de lucro de derechos civiles y derechos humanos no tienen capacidad para cubrir por completo las carencias resultantes.
La administración también ha ordenado a los organismos federales que restrinjan sus análisis del impacto dispar, un marco jurídico que permite identificar la discriminación a partir de sus efectos y no únicamente de la intención de discriminar. Los organismos comenzaron a eliminar normas basadas en el impacto dispar en diciembre de 2025 y han continuado haciéndolo desde entonces. Buena parte de la discriminación que sufren muchas personas deriva de leyes que, en apariencia, son neutrales, y el gobierno federal ha desempeñado históricamente un papel esencial para abordar este problema.
La administración también ha amenazado con eliminar, y ha tratado de poner fin, a programas destinados a abordar las consecuencias persistentes de la discriminación histórica. El Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo han seguido las directrices de la Casa Blanca y han amenazado a instituciones que cuentan con planes de diversidad. Entre ellos figuran programas destinados a aumentar la presencia de minorías raciales infrarrepresentadas en programas de doctorado y en puestos docentes. La administración no ha propuesto ninguna alternativa para abordar la exclusión estructural que estos programas pretendían corregir.
Antes de la publicación del informe, Human Rights Watch escribió a los cuatro organismos y a la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca para resumir sus conclusiones y solicitar comentarios. En su respuesta, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia afirmó que “abordaría y disuadiría la discriminación ilegal allí donde se produjera” y que “dejaría de fingir que las leyes federales de derechos civiles protegen únicamente a determinados estadounidenses”. Sin embargo, las actuaciones de la administración documentadas por Human Rights Watch muestran que no todas las personas en Estados Unidos están recibiendo la misma protección jurídica.
“Mientras el gobierno federal se desentiende de sus obligaciones, los estados y las ciudades deberían utilizar todas las herramientas a su alcance para preservar estas protecciones”, señaló Walk. “Pero ninguna medida adoptada por otros organismos o grupos puede sustituir por completo lo que se ha desmantelado en Washington. El Congreso debería actuar de inmediato para reparar este daño, antes de que más personas se queden sin posibilidad de obtener reparación”.
