(Washington, D.C.) – Hoy se cumple un año desde que Estados Unidos inició una campaña ilegal de ataques letales por las fuerzas militares contra buques en el mar Caribe y el océano Pacífico, que cobró 227 vidas. Los funcionarios estadounidenses responsables de estas muertes deberían rendir cuentas de manera urgente, expresó hoy Human Rights Watch.
Durante la gestión del presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth, las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo 69 ataques ilegales desde el 2 de septiembre de 2025, como parte de una campaña militar más amplia que, según la administración, busca reducir el narcotráfico en el hemisferio occidental. Sin embargo, matar a personas en el mar sin juicio previo, con independencia de su presunta participación en actividades delictivas, constituye una violación del derecho internacional.
“El gobierno de Trump ha matado en condiciones de ejecución sumaria a más de 200 personas en el transcurso del último año, se ha jactado públicamente de estas muertes y no ha enfrentado ninguna rendición de cuentas”, apuntó Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch. “Las víctimas y sus seres queridos merecen que se esclarezcan plenamente lo ocurrido en estas operaciones y obtener justicia por el daño grave que han sufrido”.
Los dos ataques más recientes causaron la muerte de dos personas el 23 de agosto de 2026 y otras cuatro el 25 de agosto. Estas muertes frustraron las pocas esperanzas de que la campaña abusiva hubiera terminado, luego de que la administración no informara sobre ningún ataque durante julio.
Por el contrario, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) anunció el 4 de agosto una nueva fuerza operativa conjunta para coordinar la acción militar con 18 países socios en las Américas, lo que sugiere la intención de expandir las operaciones en la región. En un comunicado de prensa sobre el ataque del 23 de agosto, el comandante del SOUTHCOM Francis Donovan indicó que “cuando ordené el establecimiento de la Fuerza Conjunta de Acción del Hemisferio Occidental, fue precisamente para este fin: acelerar, sincronizar y ejecutar acciones letales contra estas redes narcoterroristas desestabilizadoras”.
Con el apoyo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), los familiares de dos víctimas que se cree que murieron en un ataque en octubre de 2025 presentaron una demanda ante la justicia federal contra el gobierno de EE. UU. el 27 de enero de 2026, en la que solicitaron un resarcimiento por las muertes.
Según la denuncia, una de las presuntas víctimas, Rishi Samaroo, de 41 años, estaba trabajando en Venezuela y decidió regresar a su hogar en la cercana Trinidad para ayudar en el cuidado de su madre enferma. Human Rights Watch entrevistó a la hermana de Samaroo, quien dijo que este la llamó el 12 de octubre para contarle que él y un amigo, Chad Joseph, de 26 años, iban a subir a una embarcación que se dirigía a Las Cuevas, Trinidad.
Según relató, Samaroo le dijo que la vería en pocos días. “Después de eso, nunca más tuve noticias él”, afirmó. “Lo llamamos, pero nadie respondió”. Posteriormente se enteró de que Estados Unidos había atacado un barco el 14 de octubre o alrededor de esa fecha, y dedujo que Samaroo había muerto en el ataque.
La demanda federal también sostiene que Joseph, que se había dedicado a la pesca y a otros trabajos temporales en Venezuela durante seis meses, llamó a su esposa el 12 de octubre para decirle que “estaría en casa en pocos días”, después de encontrar una embarcación que lo llevaría de regreso a Las Cuevas. Pero ya no volvió a tener noticias de él. “Solía enviarme mensajes y me llamaba regularmente, pero desde ese día [del ataque], nada. No he tenido noticias de él”, declaró su madre a Human Rights Watch. “Creo que murió allí”.
En un intento de justificar las ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que se encuentra inmerso en un conflicto armado con ciertas organizaciones de narcotráfico en América Latina. Al parecer, este argumento se esbozó en un memorando legal secreto preparado por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que la administración se niega a divulgar públicamente.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que solamente ataca “vehículos que se sospecha que están vinculados a organizaciones terroristas designadas”, pero indica que la lista de estas organizaciones tampoco puede ser “objeto de divulgación pública”. El Comando Sur también ha señalado que no podría “proporcionar una descripción públicamente divulgable de todos los ataques e interceptaciones militares estadounidenses que se llevan a cabo”.
Más allá de cómo el gobierno de Estados Unidos caracterice a las víctimas de estos ataques marítimos, conforme al derecho internacional, Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con otro Estado o actor no estatal en el Caribe o el Pacífico. Por consiguiente, la actuación militar estadounidense en este contexto se rige por el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso deliberado de la fuerza letal, salvo cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida. La administración no ha dado a conocer información que respalde la conclusión de que alguna de las víctimas representaba una amenaza inminente para la vida de otras personas.
Estados Unidos debe poner fin de inmediato a su campaña ilegal de ejecuciones extrajudiciales y garantizar el acceso a la justicia y a reparaciones para las víctimas, destacó Human Rights Watch. El Congreso, por su parte, debería considerar la posibilidad de establecer un comité especial de investigación sobre los ataques letales, y asegurar que se rinda cuentas de manera pública y detallada sobre las muertes, lo que incluye informar quién participó en su autorización y ejecución. El Departamento de Justicia también debe investigar las muertes y tomar las medidas de persecución penal pertinentes. Si las autoridades actuales no lo hacen, entonces debería ser una prioridad de las futuras administraciones.
Otros gobiernos que colaboran con Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de interceptación de drogas en la región deben condenar las muertes, dejar de compartir inteligencia que podría estar permitiendo a Estados Unidos llevar a cabo estos ataques y plantear su consternación por violaciones del derecho internacional directamente ante funcionarios estadounidenses. Estos gobiernos también deberían adoptar medidas para determinar si algunas de sus actividades de intercambio de inteligencia con Estados Unidos podrían implicar que se transformen en cómplices de los ataques.
“La administración Trump ha gozado de total impunidad durante un año por esta campaña de muertes ilícitas y ha declarado abiertamente que no tiene intención de detenerse”, explicó Sawyer. “Otros países deberían abstenerse de cooperar en estos ataques y el Congreso debería actuar con urgencia para frenar las acciones letales de una administración empeñada en violar el derecho internacional”.
