(Washington, D. C.) – Venezuela debe tomar medidas urgentes y llevar a cabo reformas institucionales para garantizar los derechos fundamentales de la población, afirmó hoy Human Rights Watch, tras su primera visita oficial al país desde 2008.
Human Rights Watch visitó Caracas esta semana y se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, otros funcionarios del gobierno, organizaciones de derechos humanos, miembros de la oposición, periodistas, familiares de presos políticos, diplomáticos extranjeros y otras personas. El personal también visitó Petare, un barrio de bajos recursos en las afueras de Caracas. Durante su anterior visita de alto nivel, en 2008, las autoridades venezolanas detuvieron al personal de Human Rights Watch después de que publicaran un informe y los expulsaron del país.
“El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha puesto en pausa las formas más evidentes de represión en Venezuela”, dijo Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch. “Pero en este frágil momento político, estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos”.
Rodríguez asumió el cargo tras la captura por parte de Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Desde entonces, las autoridades venezolanas han liberado a cientos de presos políticos, aprobado una ley de amnistía, desbloqueado algunos sitios web de medios de comunicación y anunciado medidas para reformar el poder judicial.
Defensores de derechos humanos, líderes de la oposición y periodistas dijeron a Human Rights Watch que ahora tienen más libertad para realizar su trabajo. Algunos mencionaron que han salido de la clandestinidad después de más de un año o que han denunciado por primera vez la detención arbitraria de sus seres queridos. El 18 de septiembre, las autoridades venezolanas archivaron la causa penal contra Carlos Correa, director ejecutivo de la organización de libertad de expresión Espacio Público.
Sin embargo, al menos 344 presos políticos siguen tras las rejas, según Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos, y muchos otros permanecen bajo arresto domiciliario o sufren otras restricciones a su libertad. Entre los detenidos se encuentran personas que fueron detenidas por ejercer su libertad de expresión y personas que han sido torturadas o han sufrido graves violaciones al debido proceso. Otras personas que fueron detenidas arbitrariamente han sido víctimas de extorsión por parte de funcionarios judiciales, fiscales y otras personas.
Las autoridades venezolanas deben liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, señaló Human Rights Watch.
En un pequeño número de casos, las autoridades han seguido deteniendo a críticos por períodos cortos. El 18 de septiembre, las autoridades venezolanas detuvieron a Javier Oropeza, un exalcalde de la oposición que regresó recientemente al país. Fue puesto en libertad unas horas más tarde.
Los familiares de presos políticos afirmaron que algunos detenidos siguen sufriendo malos tratos tras las rejas, en particular en la cárcel Rodeo I, en Caracas. Human Rights Watch ha documentado casos de tortura y condiciones de detención inhumanas en Rodeo I. El cierre de Rodeo I enviaría una señal contundente de que las autoridades tienen la intención de romper con el brutal legado de prácticas de detención abusivas.
Las autoridades venezolanas deben garantizar condiciones de detención humanas para todos los detenidos, señaló Human Rights Watch. También deben permitir que expertos internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), tengan acceso sin restricciones a todas las cárceles y otros lugares de detención.
Las autoridades venezolanas también deberían modificar o derogar las leyes que han permitido las violaciones de derechos humanos, incluidas las leyes contra el terrorismo y contra el odio, así como las normas que restringen el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación.
Como parte de un proceso de diálogo con un sector de la oposición política, las autoridades venezolanas han anunciado un proceso para reformar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. La destrucción de la independencia judicial en Venezuela durante los 2000 permitió que se cometieran violaciones generalizadas de derechos humanos, y el establecimiento de un tribunal supremo independiente e imparcial sería un primer paso crucial hacia una reforma muy necesaria del sistema judicial, señaló Human Rights Watch.
Durante la última década, las autoridades venezolanas también han impedido que candidatos de la oposición se postulen para cargos públicos. Las prácticas generalizadas de represión también han hecho imposible que los venezolanos ejerzan libremente sus derechos democráticos en elecciones anteriores.
“Los venezolanos merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas”, dijo Borello. “Para ello es urgente permitir que los opositores políticos participen en el proceso político y se postulen para cargos públicos”.
Las autoridades venezolanas también deberían reformar las fuerzas de seguridad del país para poner fin a las continuas violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Estas medidas deberían incluir la remoción de funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos, garantizar que los organismos de inteligencia no se encarguen de investigaciones penales, desmantelar los centros de detención clandestinos y establecer normas adecuadas para el uso de la fuerza.
El 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) publicó un informe en el que advierte que el aparato represivo sigue intacto. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería renovar el mandato de la FFM por dos años, señaló Human Rights Watch.
La situación humanitaria en Venezuela sigue siendo grave y se ha agravado por los terremotos de junio que causaron la muerte de al menos 6.300 personas. Según HumVenezuela, un grupo de organizaciones que monitorea las crisis humanitarias en el país, más de 18 millones de personas, de una población de 28,5 millones, no podían satisfacer sus necesidades básicas antes del terremoto. En muchas partes del país, la gente sufre a diario apagones eléctricos de varias horas y cortes de agua que duran días, y muchos afirmaron estar cada vez más impacientes.
Human Rights Watch lleva mucho tiempo expresando su preocupación por el papel de las sanciones económicas de Estados Unidos en el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela. Desde la destitución de Maduro, la intervención de Estados Unidos se ha centrado principalmente en promover los objetivos económicos de la administración de Trump, a costa de un enfoque más amplio.
“Estados Unidos debería utilizar su influencia para desempeñar un papel de liderazgo en la promoción de un cambio significativo en materia de derechos humanos en Venezuela”, señaló Borello.
