Resumen
Me reclutaron mientras estudiaba. Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá.
– Niña de 16 años reclutada por un grupo armado cuando regresaba a casa después de la escuela en la noche
El 15 de octubre de 2025, en Timba, Cauca, al suroccidente de Colombia, la Guardia Indígena, un grupo voluntario desarmado que patrulla legalmente los territorios indígenas, rescató a dos niñas de 14 y 15 años que habían sido reclutadas por el Estado Mayor Central (EMC), una coalición de facciones disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Mientras la guardia las trasladaba a un lugar seguro, hombres armados del EMC dispararon contra los vehículos de la Guardia Indígena, les pincharon las llantas y volvieron a llevarse a las niñas, según relató un integrante de la Guardia. “No pudimos hacer nada”. Tras una fuerte presión pública, las niñas fueron liberadas el 20 de octubre.
Al igual que estas niñas, cientos de otros niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos armados en Colombia en los últimos años. Todo indica que el reclutamiento ha ido en aumento. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo revisados por Human Rights Watch, aproximadamente 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados desde 2021.
Este informe examina la dinámica del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, los factores que los ponen en riesgo, las estrategias que utilizan los grupos armados para reclutarlos y cómo estos grupos los usan. También analiza la respuesta del Estado y sus deficiencias a la hora de prevenir el reclutamiento, protegerlos y rescatarlos, apoyar la recuperación y reintegración de quienes han sido desvinculados, y enjuiciar a los responsables. Human Rights Watch realizó 184 entrevistas con funcionarios del gobierno, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, defensores de familia y miembros de organizaciones de derechos humanos y de derechos de la infancia. También llevamos a cabo reuniones grupales presenciales y virtuales con niños, niñas y adolescentes que habían sido víctimas de reclutamiento o que estuvieron en riesgo de ser reclutados, y obtuvimos datos y otra información de múltiples fuentes gubernamentales.
Nuestra investigación encontró que, en el actual panorama de violencia de Colombia, donde el crimen organizado tiene una presencia cada vez mayor, las comunidades remotas de todo el país han sido testigos de un aumento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde el 2023. Si bien el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC condujo a la desmovilización del principal grupo armado del país, desde entonces una multiplicidad de grupos armados y organizaciones criminales han continuado disputándose el control territorial, intimidando y extorsionando a las comunidades, y lucrándose con la producción de coca y otras economías ilícitas, al tiempo que reclutan a niños, niñas y adolescentes para reforzar sus filas.
Según nuestro análisis de los datos de la Defensoría del Pueblo, los grupos disidentes de las FARC habrían sido responsables del 74 % de los casos de reclutamiento que la Defensoría ha documentado entre 2021 y 2025. De esos grupos, el EMC parece haber estado implicado en la mayoría de los casos. El Cauca, un departamento del suroccidente de Colombia, alberga a casi el 57 % de todos casos reportados a nivel nacional.
Casi la mitad de todos los casos de reclutamiento documentados involucran a niños, niñas y adolescentes indígenas, a pesar de que los pueblos indígenas representan solo alrededor del 4 % de la población total de Colombia. “Se están llevando a toda una generación”, dijo un líder indígena. “Están poniendo en riesgo la existencia de nuestra comunidad y nuestra cultura”.
Las niñas representaron aproximadamente el 40 % de todos los casos. La proporción de niñas víctimas de reclutamiento aumentó entre 2021 y 2025.
Más del 30 % de los casos reportados involucraban a niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de personas menores de 15 años podría considerarse un crimen de guerra.
Tal como lo han hecho durante décadas, los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras al acceso a la educación para reclutar a niños, niñas y adolescentes con promesas de poder, dinero y prestigio.
Más recientemente, estos grupos también han comenzado a utilizar las redes sociales para reclutar a niños, niñas y adolescentes. Decenas de cuentas y publicaciones difunden propaganda que glorifica la vida armada, promueven ofertas de trabajo engañosas o muestran a lo que parecen ser niños, niñas y adolescentes con uniformes militares y portando armas. De nuestra investigación, resulta preocupante que las plataformas no han podido detectar y prevenir efectivamente la difusión de este tipo de contenido. En algunos casos, sus algoritmos parecían haber promovido activamente estas publicaciones, lo que probablemente amplía el alcance de los esfuerzos de los grupos armados para captar a niños, niñas y adolescentes.
Tras el reclutamiento, los grupos armados suelen trasladar a los niños, niñas y adolescentes a otras regiones para aislarlos, romper sus lazos familiares y comunitarios, y dificultar cualquier intento de fuga. Posteriormente, los obligan realizar diversas tareas, entre ellas labores de inteligencia, manejo de drones y participación en combates. Las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual, lo que incluye mantener relaciones forzadas con los comandantes.
El gobierno no ha respondido adecuadamente al aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Colombia ha establecido una serie de políticas públicas y estrategias para cumplir con sus obligaciones internacionales de prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, protegerlos y rescatarlos, garantizar la recuperación y reintegración de quienes son desvinculados, e investigar y enjuiciar a los responsables. Sin embargo, en la práctica, estas políticas presentan graves deficiencias, tal como nos lo confirmaron varios funcionarios del gobierno.
La Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), aprobada en 2018, está desactualizada y carece de un plan de acción claro, un presupuesto específico y un sistema de seguimiento para evaluar su cumplimiento. El organismo encargado de coordinar su implementación carece de la capacidad de ejecución y los recursos necesarios para aplicar la política a nivel local. Las iniciativas recientes, como la Estrategia Nacional de Prevención 2025-2030, tienen un alcance limitado y no logran hacer frente a la magnitud creciente del problema.
Las autoridades locales suelen carecer de la capacidad, el presupuesto y el apoyo necesarios para llevar a cabo las políticas de manera efectiva. Las autoridades departamentales y municipales son responsables de la implementación de la Política Pública de Prevención, pero las limitaciones presupuestales y de capacidad, así como la ausencia de un mecanismo funcional de búsqueda y rescate para los niños, niñas y adolescentes reclutados, dejan a muchas comunidades sin una protección estatal significativa.
Ante la ausencia de mecanismos estatales eficaces para proteger a los niños, niñas y adolescentes, organizaciones comunitarias locales, como la Guardia Indígena, han asumido un papel fundamental en su protección e incluso en su rescate de manos de los grupos armados. Algunos líderes comunitarios y miembros de la Guardia Indígena han sido asesinados en represalia.
Los esfuerzos del gobierno en materia de recuperación y reintegración de los niños, niñas y adolescentes desvinculados no se han adaptado a las nuevas realidades de la violencia en Colombia y dan un trato desigual a los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados considerados parte del conflicto armado y aquellos que sufrieron a manos de grupos delictivos organizados no considerados parte del conflicto armado, una línea difícil de trazar. Aunque imperfecto, los primeros tienen derecho a recibir apoyo integral y reparaciones. Los segundos podrían ser sometidos a procesos penales.
La rendición de cuentas por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes sigue siendo la excepción más que la regla. En la última década, aproximadamente el 1 % de las denuncias penales por reclutamiento han dado lugar a una investigación, y solo el 0,2 % ha resultado en una condena. Human Rights Watch solo pudo identificar una sentencia judicial en contra de comandantes de un grupo armado acusados de ordenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, mientras que un puñado de otros casos condujeron a la condena de responsables de bajo rango. La capacidad limitada de la Fiscalía General de la Nación, los riesgos de seguridad que enfrentan los funcionarios judiciales, los obstáculos para denunciar y el creciente desafío de investigar el reclutamiento llevado a cabo a través de las redes sociales, contribuyen al fracaso del sistema de justicia para defender a los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento.
El gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella debería adoptar medidas decisivas para poner fin a estas graves violaciones de los derechos humanos. Ese cambio no se logrará únicamente mediante un mayor despliegue militar o el uso de la fuerza letal, aspectos que el gobierno ha indicado que pretende priorizar. Por el contrario, se requiere una política integral de seguridad y justicia centrada en proteger a la población civil, en enjuiciar a los comandantes responsables de las violaciones y en adoptar medidas significativas para abordar los problemas subyacentes que permiten que los grupos armados prosperen, incluidas las economías ilícitas, la pobreza a nivel rural y la corrupción. Para hacer frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el gobierno debería simplificar los mecanismos existentes y, sobre todo, asegurarse de que las instituciones a cargo, especialmente a nivel local, cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para combatir este flagelo. Es fundamental que el gobierno también apoye y colabore con los líderes indígenas y comunitarios que han adoptado medidas cruciales para proteger a los niños, niñas y adolescentes en todo Colombia.
Glosario
Niños, niñas y adolescentes: Según la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.[1] Para la legislación colombiana los niños y niñas son cualquier persona entre los 0 y 12 años, y los adolescentes cualquier persona de entre 12 y 17 años.[2]
Reclutamiento: En el contexto de este informe, “reclutamiento” se refiere a la conscripción o alistamiento de niños, niñas y adolescentes en cualquier tipo de fuerza armada o grupo armado.[3] Según el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños menores de 15 años no pueden participar en hostilidades.[4] Según el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, ratificado por Colombia en 2005, los grupos armados no deben reclutar a personas menores de 18 años. Las fuerzas armadas estatales no deben reclutar obligatoriamente a menores de 18 años ni utilizar directamente en hostilidades a aquellos reclutados voluntariamente.[5] La ley colombiana tipifica como delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.[6]
Uso: Los grupos armados utilizan y explotan a los niños, niñas y adolescentes para una amplia gama de actividades, entre ellas como combatientes, cocineros, recaderos, mensajeros o espías, así como para fines sexuales, entre otros.[7] El Código Penal colombiano castiga con hasta 20 años de prisión el “uso” de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos.[8] Las políticas públicas colombianas también se refieren a la “utilización” cuando los niños, niñas y adolescentes participan, de manera ocasional o permanente, en grupos armados organizados o grupos delictivos organizados, con el fin de llevar a cabo actividades de diversa índole, ya sean de naturaleza ilegal o informal.[9]
Desvinculación: Se refiere al proceso formal y controlado de desarme y desmovilización de los niños, niñas y adolescentes de un grupo armado, así como a las formas informales en que los niños, niñas y adolescentes abandonan el grupo, ya sea escapando, siendo capturados o por cualquier otro medio. Implica una desvinculación de la fuerza armada o del grupo armado y el inicio de la transición de la vida militar a la civil.[10]
Metodología
Para elaborar este informe, Human Rights Watch realizó 184 entrevistas, incluyendo a trabajadores humanitarios, líderes indígenas, miembros de organizaciones de derechos humanos y de derechos de la infancia, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el Ministerio de Defensa Nacional y las autoridades departamentales y municipales.
Human Rights Watch también llevó a cabo reuniones grupales, presenciales y virtuales, con cinco niños, niñas y adolescentes que habían sido víctimas de reclutamiento y otros cinco que habían sido amenazados y rescatados antes de ser reclutados. Dadas las preocupaciones sobre los riesgos de seguridad para los niños, niñas y adolescentes y sus familias, así como el riesgo de revictimización al hablar de experiencias traumáticas, Human Rights Watch priorizó formatos de conversación seguros y de bajo riesgo en lugar de entrevistas individuales.
Las entrevistas se llevaron a cabo en persona y en línea, en español, entre enero de 2025 y junio de 2026. Las reuniones presenciales se llevaron a cabo en Bogotá y durante viajes de investigación a Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander; Puerto Asís, Mocoa, Orito y La Hormiga, en el departamento de Putumayo; Montería, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta, en el departamento de Córdoba; y Popayán, en el departamento del Cauca.
La mayoría de los entrevistados habló con los investigadores bajo condición de anonimato. Por ello, el informe omite detalles que pudieran llevar a su identificación. También se han omitido ciertos detalles sobre los casos o las personas involucradas cuando Human Rights Watch consideró que publicar la información podría poner a alguien en riesgo.
Antes de cada entrevista, Human Rights Watch informó a los participantes sobre el propósito de la entrevista, su carácter voluntario y cómo se utilizaría la información. Los investigadores obtuvieron el consentimiento verbal de cada entrevistado. Los entrevistados no recibieron ninguna compensación, beneficio u otro incentivo por hablar con nosotros.
Además, Human Rights Watch revisó 72 perfiles y 41 publicaciones en TikTok y Facebook que glorificaban la vida armada y alentaban a los niños, niñas y adolescentes a unirse a grupos armados. En la medida en que fue posible, los investigadores evaluaron si los videos mostraban a personas que pudieran ser niños o niñas. Human Rights Watch ha conservado las grabaciones.
Este informe también se basa en estadísticas y documentos oficiales de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el ICBF y otras instituciones, así como en publicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el Secretario General de la ONU y otras organizaciones humanitarias y no gubernamentales internacionales y nacionales, y artículos de prensa. El análisis de datos se realizó en R, un lenguaje de programación estadística, y el código se encuentra en los archivos de Human Rights Watch.
Human Rights Watch envió múltiples solicitudes de información a las autoridades gubernamentales entre octubre de 2025 y julio de 2026, entre ellas a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Víctimas. Todas las solicitudes fueron respondidas en su totalidad o en parte durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las respuestas recibidas se reflejan en este informe.
Human Rights Watch también envió solicitudes de información en marzo de 2026 a 15 alcaldías de algunos de los municipios con los niveles más altos de reclutamiento en el país, ubicados en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Huila, Antioquia, Vaupés, Arauca y Putumayo. Siete de ellas fueron respondidas en su totalidad o en parte. Las respuestas recibidas se reflejan en este informe.
Human Rights Watch también proporcionó un resumen de sus hallazgos y solicitó información a Meta (Facebook) y ByteDance (TikTok) en julio de 2026. Ambas empresas respondieron. Las respuestas recibidas se recogen en este informe y se pueden consultar en los Anexos I y II.
Antecedentes
El conflicto armado y la violencia en Colombia
Durante más de cinco décadas, Colombia ha vivido un conflicto armado marcado por graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y reproductiva, masacres, secuestros y el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, entre otras.[11]
En 2016, la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia firmaron un histórico acuerdo de paz que desarmó al grupo guerrillero más antiguo del país y contribuyó a reducir la violencia, que ya venía disminuyendo a nivel nacional desde 2002. Sin embargo, en los últimos años, el conflicto armado y la violencia han adoptado nuevas formas, con una mayor presencia y proliferación de grupos armados en muchas zonas rurales y apartadas del país.[12]
Actualmente, en Colombia operan una gran variedad de grupos armados y delictivos organizados, de distintos tamaños, estructuras y orígenes. Entre ellos se encuentran los siguientes:[13]
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero formado en la década de 1960, que se estima que cuenta con aproximadamente 7.000 miembros (entre combatientes y milicianos). Opera principalmente en departamentos a lo largo de la frontera con Venezuela, como Arauca y Norte de Santander, y en el oeste del país, incluyendo los departamentos del Chocó y Cauca.
El Clan del Golfo, que actualmente se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), un grupo armado que surgió en parte de un proceso defectuoso de desmovilización de los paramilitares a principios de la década de 2000, y tendría aproximadamente 10.000 miembros. Opera en gran parte de la región del Caribe y en el noroeste de Colombia.
El Estado Mayor Central (EMC), una coalición de facciones disidentes de las antiguas FARC que opera en varios departamentos del país, como Cauca, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Guaviare y Arauca, en la frontera con Venezuela. Se estima que cuenta con unos 4.000 miembros.
El Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una coalición de facciones disidentes de las antiguas FARC que opera principalmente en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, en el sur del país, y en Antioquia, Bolívar y Norte de Santander, en el norte. Se estima que cuenta con unos 3.000 miembros.
La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una coalición de grupos delictivos organizados y facciones disidentes de las antiguas FARC que opera principalmente en el suroeste del país y tendría aproximadamente unos 2.000 combatientes.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN, o Los Pachenca), un grupo armado que surgió en parte de un proceso defectuoso de desmovilización de los paramilitares a principios de la década de 2000, y que se estima que cuenta con unos 600 miembros. Opera principalmente en el departamento de Magdalena, en la región del Caribe del país.
Los grupos armados ya no tienen la capacidad ni el interés de enfrentarse directamente al gobierno nacional ni de tomar el poder. En cambio, se centran principalmente en controlar las economías ilícitas, incluyendo la producción y el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión.[14] Para ello, los grupos armados ejercen control social sobre las comunidades, incluso mediante amenazas y asesinatos de líderes sociales, e imponen normas de comportamiento a la población civil.[15]
El tráfico ilícito de drogas y la minería son los principales motores financieros del conflicto. Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, con un 70 % de la producción global.[16] Además, según un estudio, el 85 % de las exportaciones de oro del país proviene de fuentes ilegales, y se estima que el 70 % de su comercio está controlado por grupos armados.[17]
Décadas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia
Los niños, niñas y adolescentes han sufrido violaciones generalizadas y graves de los derechos humanos durante el conflicto armado en Colombia. Miles de ellos fueron asesinados, desaparecidos forzosamente, secuestrados y desplazados a lo largo de décadas de violencia, según la Comisión de la Verdad establecida por el gobierno en virtud del acuerdo de paz de 2016.[18]
La Comisión de la Verdad, tras analizar información de más de 100 bases de datos gubernamentales y de organizaciones de derechos humanos, determinó que al menos 16.238 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados forzosamente entre 1990 y 2017, de los cuales el 44 % eran menores de 15 años. Sin embargo, la Comisión estimó que el número real de víctimas durante ese período podría oscilar entre 27.101 y 40.828.[19]
La Comisión determinó que todos los grupos armados participaron en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Informó que las FARC fueron el grupo armado responsable del mayor número de casos de reclutamiento, con 12.038 casos documentados entre 1964 y 2019, seguidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 2.038 casos, y el ELN, con 1.391 casos.[20]
La Jurisdicción Especial para la Paz, determinó que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC fue una “práctica sistemática y frecuente en diferentes territorios del país, por parte de todos los bloques de la exguerrilla”.[21] Asimismo, identificó graves abusos que sufrieron los niños, niñas y adolescentes en las filas de las FARC, entre ellos tortura, homicidio y violencia de género.[22]
En un informe de 2003, Human Rights Watch documentó que muchos niños y niñas eran reclutados a una edad muy temprana. El informe reveló que la vida dentro de los grupos armados era altamente regimentada y violenta, y que los niños, niñas y adolescentes estaban sometidos a una disciplina estricta, castigos severos y un control constante sobre su vida cotidiana. Se les obligaba a recibir entrenamiento militar, portar armas, realizar trabajos forzados y obedecer reglas rígidas que regulaban su comportamiento, sus relaciones y sus movimientos. Las violaciones de las reglas impuestas, incluidos los intentos de fuga, solían castigarse con palizas severas o con la ejecución. Las niñas estaban expuestas de manera desproporcionada a la violencia sexual, así como a la anticoncepción y los abortos forzados. Los niños, niñas y adolescentes no solo eran usados como combatientes, sino también, con frecuencia, para vigilar rehenes, actuar como informantes o realizar tareas de intimidación en zonas urbanas y rurales. Desde temprana edad, eran expuestos a una brutalidad extrema, incluyendo la participación en asesinatos, como medio para imponer la obediencia.[23]
Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes tras el acuerdo de paz de 2016
Tras el acuerdo de paz de 2016, el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados se adaptaron a un entorno de violencia en constante transformación.
Como ha señalado la Defensoría del Pueblo, los grupos armados actualmente ya no operan bajo una estructura jerárquica unificada, sino a través de alianzas y redes flexibles que combinan elementos típicos de los grupos armados y del crimen organizado.[24] Cada vez más, los niños, niñas y adolescentes son usados en funciones de apoyo, como la vigilancia, la recopilación de información, las actividades logísticas y el control social de las comunidades.[25]
No existe un recuento unificado de los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, ni de cuántos han sido rescatados o desvinculados de los grupos armados.[26] El análisis realizado por Human Rights Watch de datos procedentes de siete fuentes, entre ellas la Organización Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y otras, indica que ha habido un aumento significativo en los casos denunciados de reclutamiento desde 2023.[27]
Si bien las cifras de casos reportados no son idénticas, las tendencias que muestran los recuentos mensuales de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación sí se correlacionan.[28] Los datos de ambas fuentes muestran un fuerte aumento de los casos a partir de principios de 2023, con niveles que se mantuvieron elevados a lo largo de 2024.[29] Esta tendencia está relacionada con un aumento del reclutamiento, concentrado principalmente en el departamento del Cauca e impulsado por grupos disidentes del Estado Mayor Central (EMC), tal como se describe en las siguientes secciones.
El director de una organización de la sociedad civil que ha trabajado durante décadas con niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento le dijo a Human Rights Watch en septiembre de 2025: “Nunca había visto tanto reclutamiento, tantos casos en un período tan corto“.[30]
Dado el alto subregistro de casos, la disminución de los mismos en 2025 no indica necesariamente una reducción en el número real de casos. Con el tiempo, pueden salir a la luz casos que antes se desconocían y ser incorporados a los registros oficiales posteriormente. Por ejemplo, durante 2025 y 2026, la Defensoría del Pueblo actualizó en múltiples ocasiones su registro de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a partir de 2024: en enero de 2025, informó de 409 casos para 2024, pero para noviembre de 2025, la cifra había aumentado a 625.
Regiones y municipios más afectados
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se concentra geográficamente en áreas específicas del país. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2021 y 2025, el 69,5 % de los casos registrados ocurrieron en tres de los 32 departamentos de Colombia: Cauca (57 %), Norte de Santander (6,9 %) y Antioquia (6,5 %). Ciento setenta y dos municipios del país (el 15,3 % del total) registraron al menos un caso de reclutamiento durante ese período. Apenas 20 municipios concentran el 61 % de todos los casos: 13 municipios en el Cauca, dos en Arauca y uno en cada uno de los siguientes departamentos: Antioquia, Caquetá, Huila, Nariño y Norte de Santander.[31]
Al comparar la distribución geográfica de los datos de la Defensoría del Pueblo con los de la Fiscalía General de la Nación, ambas fuentes coinciden en líneas generales en cuanto a los departamentos más afectados, que incluyen Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre las dificultades para documentar casos en departamentos remotos con gran presencia de población indígena, como Amazonas y Vaupés.[32]
Los datos de la Fiscalía General de la Nación muestran que los departamentos de Chocó, Antioquia y Meta representaron una mayor proporción de casos entre 2016 y 2020, pero desde 2019 se ha registrado un aumento en Cauca y las zonas aledañas de Nariño y Valle del Cauca.
Human Rights Watch comparó los casos de reclutamiento denunciados a la Fiscalía General de la Nación con los reportes de violencia recopilados por el grupo de monitoreo de conflictos Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) entre 2018 y 2025.[33] Los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes registrados por la Fiscalía General de la Nación se correlacionan fuertemente con las tendencias más amplias de violencia registradas por ACLED tanto a nivel anual como departamental, lo que sugiere un vínculo geográfico y temporal entre el conflicto armado y el reclutamiento.[34] Sin embargo, esta relación se debilita al utilizar una resolución geográfica (por ejemplo, a nivel municipal) o temporal (por ejemplo, mensual) más detallada, lo que indica que, si bien la violencia y el reclutamiento tienden a ocurrir en los mismos departamentos, no siempre se localizan exactamente en los mismos lugares ni de manera simultánea mes a mes.
A nivel municipal, los datos concuerdan con la concentración geográfica del reclutamiento en el departamento del Cauca, que concentra 14 de los 20 municipios con los niveles más altos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre 2021 y 2025.
La concentración de casos en el departamento del Cauca podría estar relacionada con varios factores, entre ellos que el departamento es un bastión del EMC, así como su numerosa población indígena, y la pobreza y vulnerabilidad que enfrentan muchas de estas comunidades, como se muestra a continuación. Las cifras más elevadas podrían reflejar, al menos en parte, una mejora en la denuncia y registro de casos debida a la creciente colaboración entre las autoridades y las comunidades indígenas que podría estar permitiendo identificar casos que anteriormente pasaban desapercibidos.
Grupos armados responsables
En Colombia, todos los grupos armados participan en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2020 y 2025, los grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron responsables del mayor número de casos, seguidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.[35] En 2025, el grupo armado responsable del mayor número de reclutamientos fue el EMC, liderado por Iván Mordisco, con el 43,4 % de los casos reportados, seguido por el ELN (9,5 %), el Clan del Golfo (6,5 %) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) (5,5 %). Grupos como La Segunda Marquetalia y los Comandos de la Frontera también fueron responsables de reclutamiento.[36]
El aumento de los casos denunciados en el departamento del Cauca es atribuible casi en su totalidad a la acción de las facciones disidentes de las antiguas FARC, especialmente al EMC, la facción más grande, que sostuvo negociaciones de paz con el gobierno entre octubre de 2023 y abril de 2024. De los 850 casos registrados por la Defensoría del Pueblo en el departamento, 654—aproximadamente el 77 %—se atribuyeron a esos grupos, pasando de 17 casos en 2022 a 237 en 2023 y 290 en 2024. Solo el departamento del Cauca representó aproximadamente el 60 % de todos los casos de reclutamiento por parte de disidentes de las FARC documentados a nivel nacional.[37]
El Ministerio de Defensa Nacional, cuya fuente de datos es distinta a la de la Defensoría del Pueblo, también indica que los grupos disidentes de las FARC son responsables de los niveles más altos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, particularmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Norte de Santander.[38] Según una fiscal de alto rango, entre estos grupos, el EMC recluta el mayor número de niños, seguido por el EMBF.[39]
Víctimas
Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron mayormente a adolescentes de 15 y 16 años. Del mismo modo, según datos proporcionados por el Ministerio de Defensa Nacional, los niños, niñas y adolescentes desmovilizados entre enero de 2016 y octubre de 2025 tenían entre 7 y 17 años al momento del reclutamiento, con una edad media de 15 años tanto para los niños como para las niñas.[40] Sin embargo, más del 30 % de los casos denunciados involucraban a niños y niñas de entre 10 y 14 años.[41] Los defensores de familia le dijeron a Human Rights Watch que han tenido conocimiento de un número creciente de casos donde las víctimas son todavía más pequeños, incluidos algunos de tan solo 9 o 10 años.[42]
La Defensoría del Pueblo estima que, en promedio, el 60 % de los niños, niñas y adolescentes reclutados entre 2020 y 2025 eran niños, y el 40 % eran niñas. Desde 2021, la proporción de niñas reclutadas ha aumentado.[43]
El aumento en el reclutamiento de niñas también es evidente desde una perspectiva histórica. Según la Comisión de la Verdad, entre 1990 y 2017, las niñas representaron el 31,8 % de las víctimas reclutadas por las FARC y el 34,3 % de las reclutadas por el ELN. En cambio, las niñas representaron aproximadamente el 43 % de todos los casos documentados de reclutamiento en 2025.[44]
Identidad étnica
Según datos de la Defensoría del Pueblo, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Casi cinco de cada diez casos registrados entre 2021 y 2025 eran niños, niñas y adolescentes indígenas.[45] Según el censo de 2018, los pueblos indígenas representan aproximadamente el 4,3 % de la población de Colombia, lo que significa que los niños, niñas y adolescentes indígenas son víctimas de reclutamiento en una proporción más de diez veces superior a su participación en la población.[46] Esta proporción ha aumentado sustancialmente desde 2022.[47]
El departamento del Cauca concentra el 80 % de los niños, niñas y adolescentes indígenas reclutados en todo el país entre 2021 y 2025.[48] El departamento alberga la segunda población indígena más numerosa del país, equivalente al 16 % del total nacional.[49] Miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), señalaron que la vulnerabilidad socioeconómica, el abandono familiar y la pérdida de interés por el estilo de vida tradicional debido a una mayor exposición a las redes sociales, facilitan el reclutamiento en estas poblaciones.[50]
Los niños, niñas y adolescentes afrocolombianos representaron el 5,4 % de los casos documentados, una proporción aproximadamente equivalente a su participación del 6,8 % en la población nacional, según el censo de 2018. Estos casos se concentraron en gran medida en los departamentos de la costa del Pacífico: Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. En conjunto, los casos registrados en estos departamentos, representan el 88 % de todos los casos de reclutamiento cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes afrocolombianos.[51]
Los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen más probabilidades de vivir en la pobreza en Colombia. La pobreza entre los hogares que se identifican como indígenas es casi cuatro veces mayor que el promedio nacional. En las zonas rurales, una de cada dos familias indígenas vive en la pobreza.[52]
Los grupos armados se aprovechan de esta vulnerabilidad al presentar la incorporación al grupo como una oportunidad para ganar dinero y prestigio ante sus comunidades.[53] Como le dijo a Human Rights Watch un líder indígena Embera-Katío y funcionario del gobierno local del departamento de Córdoba:
Los niños indígenas enfrentan situaciones muy difíciles, les toca trabajar desde una edad muy temprana. El Clan del Golfo se aprovecha y los usa para transportar mercancías, manejar embarcaciones, ser informantes e incluso cocinar para sus miembros. Después de eso, algunos terminan uniéndose al grupo, y se vuelve muy difícil convencerlos de que regresen a sus comunidades y vivan de acuerdo con su cultura indígena.[54]
Algunos líderes indígenas señalaron que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes también pone en riesgo su cultura. Uno de ellos dijo: “Es profundamente doloroso ver a los niños y jóvenes unirse a grupos armados, porque nuestra cultura se ve amenazada”.[55]
Factores de riesgo
La violencia armada y los conflictos en Colombia se dan principalmente en zonas de pobreza estructural, donde la presencia de las instituciones gubernamentales es escasa o nula, y donde existen altos niveles de producción y tráfico de drogas, así como de minería ilegal. En esta sección se documenta cómo estos factores facilitan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Pobreza y exclusión social
Los grupos armados se aprovechan de las situaciones de pobreza, de los servicios públicos limitados y de la incapacidad del Estado para garantizar a los niños, niñas y adolescentes su derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos sus derechos a la alimentación, la vestimenta y una vivienda adecuada. Los reclutan ofreciéndoles dinero para sus familias, comida, ropa o protección, llenando así los vacíos que las instituciones públicas no han logrado abordar.[56]
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 17 de los 20 municipios con el mayor número de casos de reclutamiento entre 2021 y 2025 tienen poblaciones mayoritariamente rurales.[57] En 2025, la pobreza multidimensional en Colombia fue del 9,9 %, pero en las zonas rurales alcanzó el 22,4 %, más de tres veces superior a la de las zonas urbanas.[58]
La pobreza multidimensional refleja las privaciones que enfrentan los hogares en el acceso a una vivienda adecuada, a los servicios públicos, a la atención médica y a un trabajo formal con un salario justo, condiciones que repercuten en el bienestar, la educación y el desarrollo de muchos niños, niñas y adolescentes.[59] En las zonas rurales, el 88,9 % de los trabajadores se encuentra en el empleo informal, donde los ingresos tienden a ser más bajos y volátiles. Los trabajadores con un empleo informal suelen tener un acceso más limitado o nulo a las protecciones laborales y de seguridad social en comparación con quienes tienen empleo formal.[60]
En 2024, el Cauca, que representó más del 55 % de todos los casos de reclutamiento entre 2021 y 2025, tenía una tasa de pobreza del 43,1 %, una de las más altas del país. Norte de Santander, el departamento con el segundo mayor número de casos, registró una tasa del 35,3 %. En contraste, los departamentos con menos de cinco casos de reclutamiento entre 2021 y 2025, como Caldas y Cundinamarca, tuvieron tasas de pobreza de alrededor del 20 %.[61]
Economías ilícitas
Colombia cuenta con aproximadamente 261.000 hectáreas de cultivos de coca, principalmente en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander.[62] Según datos de la Defensoría del Pueblo, estos cuatro departamentos concentraron el 66,5 % de los casos de reclutamiento registrados en 2024 y 2025.[63]
Un estudio realizado por UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), basado en información recopilada en entrevistas con niños, niñas y adolescentes desvinculados, encontró que las primeras actividades que estos suelen realizar tras ser reclutados por grupos armados están relacionadas con el narcotráfico. Tanto a los niños como a las niñas se les puede asignar actividades como la cosecha y el procesamiento de la hoja de coca, el microtráfico o la minería ilegal.[64] De manera similar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) aseguró que los grupos armados usan a los niños, niñas y adolescentes para ampliar su capacidad de producción y tráfico de cocaína.[65]
Un líder indígena de Putumayo le dijo a Human Rights Watch que, para los adolescentes de 14 o 15 años, el trabajo en los campos de coca se convierte en el primer “gancho” para el reclutamiento por parte de los grupos armados.[66] Según una personera, los grupos armados se los llevan a otras regiones con la promesa de trabajar en fincas o cosechar coca y, una vez separados de sus comunidades, les ofrecen un lugar dentro del grupo.[67] “Quienes trabajan en la cosecha de coca quedan especialmente expuestos al contacto diario con actores armados”, dijo un defensor de familia que ha brindado asistencia a niños, niñas y adolescentes que han participado en la cosecha de coca.[68]
“En las zonas rurales no hay recursos ni presencia del Estado. La única opción que queda es raspar [cosechar] coca para ayudar a la familia. Así fue como empecé a involucrarme con el grupo”, dijo un niño que estuvo reclutado por un grupo armado.[69]
Barreras para acceder a la educación
Los grupos armados se aprovechan de las precarias condiciones de seguridad que enfrentan estudiantes y maestros, la educación de baja calidad, la falta de escuelas o las barreras para acceder a la educación para reclutar a niños, niñas y adolescentes.[70]
En algunas zonas rurales, los maestros se ven obligados a abandonar las escuelas debido a amenazas, a veces porque se oponen al reclutamiento u otras acciones de los grupos armados.[71] “De donde yo vengo, los niños a veces pasan medio año sin profesores. Por eso uno termina yéndose a la guerrilla”, dijo un adolescente de 17 años de la región del Catatumbo, quien había sido reclutado por un grupo disidente de las FARC.[72]
Según el Ministerio de Educación Nacional, en 2019 la tasa de deserción escolar en Colombia fue del 3 %. Tras la pandemia de 2020, la tasa aumentó, alcanzando su punto máximo en 2022, cuando el 4,1 % de los estudiantes abandonó la escuela, la cifra más alta en una década. Aunque la tasa de deserción ha disminuido desde entonces, sigue siendo más alta que antes de la pandemia. En 2024, aproximadamente 300.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país abandonaron la escuela, lo que representa el 3,4 % de todos los estudiantes matriculados. En las escuelas públicas rurales, la tasa de deserción escolar fue del 3,9 %. En los 20 municipios con los niveles más altos de matriculación entre 2021 y 2025, la tasa promedio de deserción escolar urbana en 2024 fue del 3,6 %, mientras que la tasa rural fue del 4,2 %.[73]
La calidad de la educación en las zonas rurales suele ser baja. Los estudiantes de las escuelas rurales y públicas obtienen calificaciones significativamente más bajas en los exámenes estandarizados a nivel nacional en comparación con los estudiantes de las escuelas privadas o de las zonas urbanas.[74] Para los estudiantes cuyas familias no pueden costear la educación superior privada, estos resultados suelen determinar si pueden conseguir un cupo en las universidades públicas. “Conseguir un cupo en una universidad en el interior del país (refiriéndose a grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali) es como ganar la lotería. Los jóvenes de las zonas rurales ni siquiera aspiran a eso. Pero eso tiene que cambiar, porque cada persona educada es una persona menos en los grupos armados”, dijo una autoridad indígena a Human Rights Watch.[75]
Los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales tampoco cuentan con transporte para llegar a la escuela. Muchos deben caminar largas distancias, lo que a veces desmotiva la asistencia y, en otras circunstancias, aumenta el riesgo de que sean blanco de los grupos armados en su camino a casa. Human Rights Watch documentó el caso de una adolescente de 16 años que fue reclutada por hombres armados mientras regresaba a casa de la escuela, de noche, en una zona rural de Mitú, sobre el río Vaupés, en el sureste de Colombia. Tras pasar una semana con el grupo armado, la joven logró escapar durante un enfrentamiento y se entregó al Ejército colombiano. “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”, dijo.[76]
Debido a la falta de maestros y escuelas en las zonas rurales, muchos niños, niñas y adolescentes asisten a residencias escolares públicas—conocidos como internados—. Como explicó una funcionaria de la Defensoría del Pueblo: “La mayoría de las escuelas rurales solo llegan hasta el noveno grado. Para terminar el bachillerato (11.º grado), los adolescentes asisten a internados lejos de sus familias, donde el riesgo de reclutamiento es mayor”.[77]
La Defensoría del Pueblo y funcionarios del gobierno señalaron que el reclutamiento suele ser mayor durante los períodos de vacaciones escolares, ya que los niños, niñas y adolescentes tienen más tiempo libre o viajan a lugares donde están expuestos a un mayor riesgo.[78] Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que, durante los últimos cinco años, los meses enero y junio—periodo de vacaciones escolares—han concentrado el mayor número de casos de reclutamiento.[79]
Violencia doméstica
Para algunos niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares violentos o abusivos, los grupos armados se perciben como una forma de escapar de la violencia doméstica.[80]
Según varios entrevistados que han trabajado con niños, niñas y adolescentes desvinculados en el departamento del Cauca, algunos de ellos ven a los grupos armados como un medio para escapar del abuso en el hogar e incluso pueden llegar a considerar a los comandantes de los grupos armados como figuras paternas. Del mismo modo, un líder juvenil del departamento de Córdoba dijo:
Los niños y niñas que sufren violencia en el hogar son los más vulnerables. Los miembros de los grupos armados se presentan como sus amigos más cercanos; los invitan a tomar algo y dicen que los escuchan. Rápidamente, los niños y niñas comienzan a colaborar con ellos, a confiar en ellos y obtienen acceso a ropa y teléfonos celulares. De esta manera, poco a poco van atrayendo a otros.[81]
Líderes indígenas y un funcionario de la Defensoría del Pueblo también señalaron que, en algunos casos, las víctimas de violencia sexual o física buscan unirse a grupos armados con el fin de sentirse más poderosas para poder vengarse de quienes las victimizaron.[82]
Estrategias de reclutamiento
Los grupos armados suelen contactar a los niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales o de intermediarios, o durante actividades escolares o comunitarias, y les prometen prestigio social, poder y dinero para atraerlos a sus filas.
Uso de las redes sociales y otras tecnologías
Las plataformas de redes sociales desempeñan un papel crucial en las estrategias de reclutamiento utilizadas por los grupos armados.[83] Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el 44 % de los niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025 fueron captados a través de las redes sociales.[84] Los grupos armados, por medio de plataformas como TikTok y Facebook, difunden propaganda que glorifica la vida armada, promueven ofertas de trabajo engañosas como mecanismo de reclutamiento y se relacionan con los niños, niñas y adolescentes a través de foros de chat públicos y servicios de mensajería privada.[85]
Human Rights Watch identificó y revisó 52 cuentas y 37 publicaciones en TikTok que alentaban a los usuarios a unirse a grupos armados mediante contenido que glorificaba y normalizaba la vida dentro del grupo. Algunas cuentas llevaban el nombre de un grupo armado o de una de sus facciones o frentes, mientras que otras pertenecían a personas que afirmaban ser parte de grupos armados o apoyarlos. En conjunto, estas cuentas tenían más de 85.000 seguidores, y algunos videos alcanzaron más de 250.000 visualizaciones y obtuvieron más de 50.000 “me gusta”. Human Rights Watch envió una lista de 35 cuentas a ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, en julio de 2026, y en agosto la empresa nos informó que las había removido todas.[86] Aun así, entre julio y agosto apareció nuevo contenido. Los investigadores revisaron otras 17 cuentas con contenido sustancialmente similar al de las cuentas que TikTok eliminó.
Los investigadores también identificaron y revisaron 20 cuentas en Facebook con más de 15.000 seguidores. Los perfiles afirmaban pertenecer a grupos armados o apoyarlos, y compartían regularmente propaganda que glorificaba la vida en los grupos armados, amenazaba con atacar a otros grupos y exponía las normas de conducta impuestas a las comunidades. Algunos perfiles también parecían facilitar el reclutamiento al anunciar la posibilidad de unirse a los grupos, y al alentar a las personas interesadas a contactarlos en privado u ofrecer transporte a quienes estuvieran interesados. Human Rights Watch envió una lista de 16 perfiles a Meta, la empresa matriz de Facebook, en julio de 2026, y en agosto la empresa informó que los había removido todos.[87] Aun así, entre julio y agosto de 2026 apareció nuevo contenido. Los investigadores revisaron otras cuatro cuentas con contenido sustancialmente similar al de las cuentas que Meta eliminó.
La cuenta que Human Rights Watch utilizó para ver contenido vinculado a grupos armados recibió recomendaciones de contenido que parecían promoverlos y sugerencias para seguir cuentas adicionales, incluidos perfiles vinculados al Clan del Golfo o a disidencias de las FARC. Esto sugiere que los algoritmos de las plataformas de redes sociales pueden dirigir a los usuarios que interactúan con dicho contenido hacia más contenido similar publicado por grupos armados.
Los videos analizados por Human Rights Watch mostraban armas, uniformes, fajos de dinero en efectivo, brazaletes distintivos de cada grupo armado y ropa de estilo militar, y retrataban la vida cotidiana dentro del grupo a través de videos e imágenes de entrenamiento militar, comidas y actividades de ocio. Los videos estaban acompañados de narcocorridos, un tipo de género musical originario de México que narra las vidas de los narcotraficantes, así como de otros géneros musicales similares que idealizan la pertenencia a grupos armados. Por ejemplo:
Una publicación mostraba las manos de un hombre que llevaba un anillo del ELN mientras exhibía un fajo de dinero en efectivo. En la sección de comentarios, los usuarios preguntaban cómo podían unirse al grupo armado.
Otra publicación mostraba un lugar en las montañas, aparentemente un campamento de entrenamiento operado por el Frente Carlos Patiño del EMC, que opera en el departamento del Cauca. El video mostraba a unas 27 personas con ropa militar construyendo algún tipo de infraestructura. Algunas personas parecían ser niños y niñas.
En un video, una persona, aparentemente una niña, llevaba ropa de color negro y mostraba una radio. ella publicación venía acompañada del hashtag #lejosdecasa junto con un emoji de ninja, la bandera de Colombia y un fragmento de audio de un narcocorrido.
En otra publicación, una persona, aparentemente una niña, tenía una radio colgando de su bolsillo. El video contenía un fragmento de audio de Jhon Jairo Velásquez, un ex sicario del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, que se refiere a la participación de niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico. En la sección de comentarios, los usuarios preguntaban cómo unirse a los grupos armados.
En otra publicación, una persona, aparentemente un niño, vestía ropa militar y un brazalete con la bandera colombiana. Según otras publicaciones del mismo perfil, el niño parece haber sido reclutado por el Frente Jaime Martínez del EMC.
En otra publicación, una persona, aparentemente una niña, según otras publicaciones del mismo perfil, llevaba ropa de color negro y verde. Utiliza un fragmento de audio de una canción de rap que dice “A los 14, me metí en el cuento y me fui a la guerrilla”, pero con un texto en el video, la niña indica que tenía 13 años cuando se unió “a la guerrilla”.
Muchas de las cuentas y publicaciones revisadas incluían contenido relacionado con el EMC, al ELN, al EGC y otros grupos armados. Los investigadores pudieron asociar algunas cuentas y publicaciones con grupos específicos mediante una combinación de elementos visuales, como uniformes, banderas e insignias propias de cada grupo, así como la autoidentificación en biografías, textos, emojis y hashtags. Los nombres de los grupos se disimulan utilizando números—por ejemplo, F4RC y 3LN en lugar de FARC y ELN—para eludir los controles de la plataforma. Los grupos también utilizan emojis como ninjas, tréboles o fajos de dinero en efectivo, así como combinaciones de banderas de países para indicar su afiliación. Por ejemplo, algunas cuentas usan las banderas de Colombia y Armenia para aludir a grupos disidentes de las FARC, mientras que otras usan la bandera de Angola para referirse al ELN, ya que los colores de esas banderas se asemejan a los colores identificativos de los grupos.
Algunas de las cuentas y publicaciones analizadas buscaban reclutar de manera explícita, mientras que otras lo hacían de manera más sutil. En algunos casos, los usuarios comentaban en las publicaciones preguntando cómo unirse a un grupo, mientras que, en otros, las publicaciones invitan directamente a los usuarios a contactarlos a través de mensajes directos u ofrecían apoyo logístico, como cubrir los gastos de transporte, a quienes estuvieran interesados en unirse al grupo. Por ejemplo, los investigadores monitorearon tres publicaciones de lo que parecían ser grupos disidentes de las FARC y del Clan del Golfo, en las que los subtítulos o el texto del video buscaban explícitamente nuevos combatientes en zonas como Catatumbo, Cauca y Tolima. Varias de estas publicaciones permanecieron activas durante más de un mes, acumulando docenas de comentarios de usuarios que expresaban interés en unirse a los grupos armados.
De manera similar, en mayo de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz identificó 146 cuentas en TikTok y Facebook vinculadas a presuntas prácticas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.[88] En febrero de 2026, le informó a Human Rights Watch que 37 de estas cuentas seguían activas, mientras que las otras 109 habían sido eliminadas. Sin embargo, también identificaron “patrones de reconfiguración digital”, en los que las cuentas suspendidas son reemplazadas por otras nuevas que publican contenido similar.[89]
Un fiscal del departamento del Cauca describió “patrones” específicos de reclutamiento en las plataformas de redes sociales. Dijo que en TikTok, “influencers armados” compartían videos de sí mismos vestidos con uniformes de camuflaje, exhibiendo dinero y armas para proyectar el poder del grupo y atraer a nuevos integrantes, incluidos niños, niñas y adolescentes. En Facebook, dijo, los grupos armados suelen contactar directamente a los niños, niñas y adolescentes para ofrecerles la “oportunidad” de unirse a los grupos.[90]
Human Rights Watch recibió denuncias creíbles sobre casos en los que grupos armados se pusieron en contacto con niños, niñas y adolescentes a través de mensajes directos en redes sociales para ofrecerles unirse a sus filas en otras partes de Colombia.[91]
Según la Ley n.º 2489 de 2025 de Colombia, las plataformas digitales y los servicios de internet tienen la responsabilidad de promover entornos digitales seguros y sanos, y de proteger a los niños, niñas y adolescentes de los daños en línea, incluida la exposición a contenido inapropiado.[92] Además, en virtud de la Ley n.º 2590 de 2026, el gobierno colombiano está obligado a desarrollar e implementar un protocolo de articulación con las plataformas de redes sociales para prevenir y bloquear el contenido digital asociado con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.[93] Asimismo, el Decreto n.º 769 de 2026, que regula la Ley n.º 2489, exige a las plataformas de redes sociales que incorporen los estándares de seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto, establezcan un sistema de solución de quejas relacionadas con la violencia digital y presenten informes semestrales sobre la implementación de medidas de protección y el cumplimiento de los lineamientos de diseño seguro.[94]
Meta (Facebook) le dijo a Human Rights Watch en agosto de 2026 que condena el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y que “se esfuerza constantemente por perfeccionar [su] estrategia para combatirlo en todas [sus] plataformas” a través de sus normas comunitarias y otras medidas proactivas, incluyendo protecciones integradas en las cuentas para adolescentes menores de 18 años, herramientas de supervisión parental, colaboración con las autoridades e iniciativas de prevención.[95] Además afirmó que no permite que organizaciones o personas que promuevan abiertamente la violencia o que participen en actos de violencia tengan presencia en sus plataformas, incluyendo al ELN, al Clan del Golfo y a los grupos disidentes de las FARC, quienes están sujetos a “la aplicación más exhaustiva de sus normas, porque [Meta] considera que estos grupos tienen vínculos directos con daños producidos fuera del entorno digital”.[96]
Según Meta, la empresa observa con frecuencia nuevas tácticas utilizadas por grupos y personas para evitar ser detectados y eludir sus políticas de uso, pero “perfecciona la aplicación de las normas y sigue mejorando [su] capacidad para detectar contenido que viole [dichas] políticas”. También elimina contenido que “facilita o coordina la explotación de personas”, incluido el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.[97] En cuanto a las recomendaciones de contenido, Meta señaló que sus directrices sobre recomendaciones buscan evitar la recomendación de contenido que pueda ser de baja calidad, objetable o particularmente sensible, y que utiliza tecnología para detectar contenido, cuentas y entidades que no cumplan con estas directrices.[98]
Por su parte, ByteDance (TikTok) le dijo a Human Rights Watch en agosto de 2026 que “[impide] de manera proactiva que los grupos armados ilegales y los grupos delictivos organizados utilicen TikTok, incluso para captar, explotar o reclutar a niños, niñas y adolescentes”. ByteDance señaló que lo hace a través de sus normas comunitarias, sistemas automatizados y humanos de moderación de contenido, medidas de protección para adolescentes en función de su edad, canales de denuncia y de escalamiento de dichas denuncias a las autoridades, y mediante la colaboración con expertos, organizaciones no gubernamentales y el gobierno colombiano, incluyendo el ICBF, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.[99]
Según ByteDance, no permite la presencia en TikTok de organizaciones o personas que promuevan la violencia o el odio. Además, prohíbe el contenido o comportamiento que “promueva, apoye, reclute para o facilite de cualquier otra forma las actividades de dichos actores”, así como la “glorificación de la violencia y el comportamiento delictivo, y la promoción de actividades delictivas que puedan causar daño a personas, animales o bienes”.[100] La empresa afirmó que su objetivo es eliminar el contenido violento antes de que sea visto, y que también se esfuerza por eliminar las cuentas pertenecientes a niños, niñas y adolescentes menores de 13 años. La empresa informó a Human Rights Watch que, entre enero y marzo de 2026, eliminó proactivamente el 99,4 % del contenido en Colombia que infringía su política sobre organizaciones e individuos violentos y que incitan al odio antes de que fuera denunciado.[101]
Además del contenido compartido en las plataformas de redes sociales que glorifica las armas y el combate, los grupos armados también han recurrido cada vez más otras nuevas tecnologías como herramientas de reclutamiento, incluyendo videojuegos en línea. Según se ha reportado, los grupos armados contactan a niños, niñas y adolescentes a través de estos videojuegos e identifican sus habilidades.[102]
Intermediarios y reclutadores civiles
Miembros de grupos armados y civiles, entre ellos otros niños, niñas y adolescentes reclutados, ayudan a convencer a otros niños, niñas y adolescentes para que se unan a los grupos armados.
Según un fiscal y un funcionario de la Defensoría del Pueblo, en Cauca y Valle del Cauca, los miembros del EMC pagan a “reclutadores civiles” que persuaden a niños, niñas y adolescentes indígenas para que abandonen sus comunidades con la promesa de empleos en cultivos de coca o fincas. Sin embargo, según el fiscal y el funcionario, una vez que llegan, dejan de recibir el dinero que se les prometió y son obligados a participar en las actividades del grupo armado. Los entrevistados señalaron que el EMC paga a los reclutadores hasta US$1.000 por cada niño, niña o adolescente.[103] Según el funcionario, la tarifa depende de varios factores, entre ellos el género, la estatura y las características físicas del niño, niña o adolescente, así como la complejidad del traslado.[104]
Las autoridades indígenas del departamento del Cauca afirmaron que los grupos armados usan a los niños, niñas y adolescentes como intermediarios en las campañas de reclutamiento. Según reportaron, miembros de los Frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, que forman parte del EMC, pagan a niños, niñas y adolescentes reclutados para que convenzan a sus compañeros de clase a unirse al grupo.[105] Del mismo modo, un adolescente de 16 años de Arauca le dijo a Human Rights Watch que algunos de sus compañeros de clase, que formaban parte del grupo armado, iban a la escuela solo dos o tres veces por semana para persuadir a otros de que se unieran al grupo.[106] Algunos entrevistados dijeron que los grupos armados usan a estudiantes de los dos últimos años de bachillerato (10.º y 11.º grado) para obtener información y facilitar el reclutamiento de otros niños, niñas y adolescentes.[107]
Algunas niñas son reclutadas por grupos armados a través de lo que los entrevistados describieron como “manipulación romántica”.[108] “A veces los del grupo le hacen creer a las niñas que están en una relación de pareja, y ya luego cuando se dan cuenta están vinculadas al grupo”, le dijo a Human Rights Watch una autoridad indígena de Putumayo.[109]
Reclutamiento durante actividades comunitarias
Los grupos armados también aprovechan los eventos deportivos y comunitarios como oportunidades para reclutar a niños, niñas y adolescentes.
En Putumayo, por ejemplo, los Comandos de la Frontera habrían organizado, eventos comunitarios obligatorios conocidos como “rondas”. Según líderes comunitarios y trabajadores humanitarios, se exige a las comunidades que participen en estos eventos bajo amenaza de sanciones, como multas y trabajo forzado.[110] Estos eventos suelen incluir torneos de fútbol para adolescentes de entre 14 y 18 años que, según una autoridad indígena, el grupo armado utiliza para seleccionar a quienes desea reclutar.[111]
En Puerto Libertador, Córdoba, el Clan del Golfo organiza eventos deportivos y culturales.[112] Un líder juvenil que presenció uno de estos eventos dijo que había más de cien adolescentes, divididos en cuatro grupos, cada uno con camisetas de diferentes colores con insignias del Clan del Golfo. “En el escenario había un hombre animándolos, diciéndoles que eran los jóvenes del Ejército Gaitanista de Colombia (como se autodenomina el Clan del Golfo), y uno de los comandantes del grupo dio el discurso de clausura”, dijo.[113]
Reclutamiento en las escuelas y sus alrededores
Los entrevistados señalaron que el riesgo de reclutamiento en las escuelas y sus alrededores es generalizado en algunas regiones como Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.[114] En algunos casos, este riesgo ha obligado a familias enteras a huir de sus hogares.[115]
Algunos entrevistados dijeron que miembros de grupos armados ingresan a las escuelas y organizan actividades obligatorias para los estudiantes o los padres.[116] “Estábamos en la escuela de una vereda de un municipio en Córdoba conversando con líderes comunitarios cuando miembros del Clan del Golfo ingresaron a la escuela con ropa de estilo militar, incluidas gorras con el nombre del grupo, el bloque [del grupo armado] y el tipo de sangre de cada miembro”, dijo una trabajadora humanitaria.[117] En un video publicado en TikTok el 28 de marzo de 2026 y revisado por Human Rights Watch, se puede ver al menos a cuatro personas vestidas con ropa de camuflaje y con brazaletes de EMC distribuyendo cuadernos a niños y niñas en uniformes escolares. Según la ubicación indicada en la publicación, el incidente habría tenido lugar en una escuela de El Plateado, Cauca.[118]
Algunos grupos armados buscan imponer su control sobre las escuelas y las residencias escolares asistiendo a reuniones de padres y maestros, estableciendo “reglas” dentro de las escuelas e imponiendo “sanciones” a padres y alumnos por conductas indebidas, como el consumo de drogas, según un líder indígena y varios maestros.[119]
En algunos casos, miembros del grupo han entrado a las escuelas para llevarse a los niños, niñas y adolescentes en medio de sus clases.[120] Human Rights Watch recibió varias denuncias creíbles de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en residencias escolares de Putumayo. Según los entrevistados, en julio de 2025, el Frente Carolina Ramírez del EMC entró a una residencia escolar en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo y reclutó a un adolescente indígena de 16 años. Los padres, por temor a represalias, decidieron no denunciar el caso ante las autoridades. También indicaron que en 2025 ocurrieron al menos dos casos similares.[121] “Cuando llegan no pierden tiempo. Se comunican con los adolescentes a través de las redes sociales, confirman su interés y, cuando llegan a la escuela, se levantan y se van con ellos”, dijo una autoridad indígena.[122]
Algunos líderes comunitarios, trabajadores humanitarios e integrantes de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario señalaron que la falta de barreras físicas, como cercas o muros, sería un factor clave que permite a los grupos armados ingresar a las escuelas, aunque no queda claro cómo tales medidas serían efectivas.[123]
Promesas de prestigio social y poder
Los grupos armados manipulan las narrativas y las ideas culturales sobre el éxito, el prestigio y el poder para su propio beneficio. A través de símbolos, uniformes, armas y un discurso ideológico, presentan la violencia como algo exaltable, justificado o incluso como un camino honorable hacia el reconocimiento y la pertenencia.[124]
A los niños, niñas y adolescentes reclutados se les usa para ridiculizar a quienes siguen estudiando, al hacer alarde de bienes materiales como dinero, motocicletas y teléfonos celulares para convencer a otros de que se unan a los grupos. “Antes de unirme al grupo, vi a un amigo que ya estaba con ellos y publicaba muchas cosas de lujo, como dinero y motocicletas, y así fue como me convencí. Pero la realidad adentro es muy diferente”, dijo un adolescente de 17 años de la región del Catatumbo, quien fue reclutado por un grupo disidente de las FARC.[125]
Pagos
Mientras que en décadas anteriores las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) combinaban tácticas de persuasión con reclutamiento coercitivo, recientemente los grupos armados han recurrido principalmente a promesas de dinero, prestigio y acceso a motocicletas, armas, comida y teléfonos celulares como forma de reclutar a los niños, niñas y adolescentes.
Varios entrevistados en Putumayo indicaron que los Comandos Fronterizos ofrecen un salario mensual de más de US$650 a los niños, niñas y adolescentes para que se unan al grupo.[126] Esto resulta muy atractivo para ellos, ya que supera el salario mínimo de Colombia en la economía formal, que es de aproximadamente US$520. La remuneración es mucho menor en la economía informal, en la que trabajan la mayoría de las personas en las zonas rurales.[127] Algunos entrevistados señalaron que se exige a los niños, niñas y adolescentes firmar contratos en los que se comprometen a permanecer en el grupo durante al menos tres o seis meses. Estos contratos se utilizan para amenazarlos a ellos y a sus familias si intentan escapar antes de que termine el plazo.[128]
Según los entrevistados en los departamentos del Cauca y Córdoba, el ELN engaña a los adolescentes ofreciéndoles trabajo en fincas de otras regiones. Al llegar, se les informa que han sido reclutados y se les obliga a comenzar el entrenamiento y a realizar tareas para el grupo armado, entre ellas enterrar cadáveres.[129]
Según el CRIC, en el departamento del Cauca, además de ofrecer dinero para unirse al EMC, los miembros del grupo armado se han ofrecido a pagar tratamientos de belleza u odontológicos a las niñas.[130]
Entrenamiento y despliegue de los niños reclutados
Entrenamiento y adoctrinamiento
El tipo de entrenamiento y adoctrinamiento que reciben los niños, niñas y adolescentes reclutados varía según el grupo armado, la región y el rol que se les asigna.
Líderes comunitarios, la exconsejera presidencial para los derechos humanos y un fiscal informaron a Human Rights Watch sobre campamentos de entrenamiento en regiones como el Cauca, Antioquia y Córdoba, donde, según dijeron, los grupos armados brindan entrenamiento militar básico a los niños, niñas y adolescentes reclutados.[131] El Ejército colombiano también ha informado sobre campamentos similares en el suroccidente de Colombia.[132]
Por ejemplo, según los entrevistados, el EMC cuenta con campamentos de entrenamiento ubicados en la región de Naya, un área entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.[133] Los líderes indígenas que han rescatado a víctimas de reclutamiento dijeron que el grupo les enseña a manejar rifles y lleva a cabo “adoctrinamiento político”.[134] Afirmaron que han documentado casos de niños y niñas de tan solo 11 o 12 años que han pasado entre 15 y 30 días en estos campamentos, antes de ser enviados a otros lugares.
Un funcionario de la Defensoría del Pueblo y un líder comunitario afirmaron que, en el Nudo de Paramillo—una región selvática de difícil acceso entre Antioquia y Córdoba—, el Clan del Golfo opera un centro de entrenamiento donde los niños, niñas y adolescentes reciben tres meses de capacitación, seguidos de nueve meses en los que realizan tareas para el grupo en otros lugares, como vigilancia o recaudación de pagos por extorsión.[135] Después de ese año, dijeron, el grupo armado decide si formarán parte de la estructura militar o actuarán como vigilantes e informantes en los pueblos.
Muchos niños, niñas y adolescentes no reciben ningún tipo de entrenamiento, especialmente aquellos utilizados como informantes o en funciones de apoyo que no requieren el manejo de armas. En estos casos, el adoctrinamiento se produce gradualmente a través de la exposición a las estructuras armadas, la obediencia a las órdenes y el desempeño de funciones de autoridad de facto en la comunidad. Con el tiempo, llegan a normalizar la violencia y perciben la coacción, el castigo y la autoridad armada como una parte de la vida cotidiana.[136]
Despliegue local y reubicación en otras regiones
Algunos grupos armados reubican a los niños, niñas y adolescentes que reclutan en otras partes de Colombia.
Según las autoridades indígenas y un fiscal que investiga el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las víctimas son trasladadas a otras regiones para aislarlas, romper sus lazos familiares y comunitarios y dificultar su huida, al tiempo que se aumenta su dependencia económica del grupo armado.[137]
En Putumayo, si bien los Comandos Fronterizos han permitido, en algunos casos, que los niños, niñas y adolescentes permanezcan en sus hogares y sigan asistiendo a la escuela para persuadir a sus compañeros de que se unan a sus filas, otros grupos armados, como los Frentes Carolina Ramírez del EMC y Raúl Reyes del EMBF, suelen sacarlos de sus comunidades y reubicarlos lejos de sus familias.[138]
Según datos del Ministerio de Defensa Nacional, el 35 % de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados en 2024 y 2025 fueron encontrados en un departamento distinto al que, según ellos, habían sido reclutados. Los niños, niñas y adolescentes reclutados en el Cauca y Nariño representan aproximadamente la mitad de estos casos. En los casos registrados por el Ministerio de Defensa Nacional, el 51 % de los niños, niñas y adolescentes de Nariño fueron encontrados en Cauca y el 67 % de los de Cauca fueron encontrados en Huila, Valle del Cauca y Meta.[139] Del mismo modo, varios entrevistados le dijeron a Human Rights Watch que los reclutados en Cauca suelen ser trasladados a campamentos de entrenamiento en El Naya o a Guaviare y Caquetá, pasando por los departamentos de Huila y Meta.[140]
Según un fiscal que investiga casos de reclutamiento, los grupos armados utilizan autobuses públicos, vehículos privados y motocicletas para trasladar a los niños, niñas y adolescentes por todo el país.[141]
Funciones de los niños, niñas y adolescentes reclutados
Las funciones que desempeñan los niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos armados son diversas y dependen del grupo, la región, su edad y su género. Según los defensores de familia, estas actividades incluyen la recopilación de información, servir como mensajeros, brindar atención médica, participar en combates y manejar armas, drones y explosivos, así como vigilar a rehenes, participar en actividades de narcotráfico y servir como guardaespaldas de los comandantes.[142] En algunos casos, se les envía a participar en hostilidades sin entrenamiento, como “carne de cañón”, según la exconsejera presidencial para los derechos humanos.[143]
A los niños, niñas y adolescentes también se les enseña a usar drones armados. Según defensores de familia, los niños, niñas y adolescentes desvinculados que dicen haber operado drones señalan que los grupos armados presentan la actividad como un juego y no como parte de los combates.[144] En un video ampliamente difundido por un medio de comunicación en mayo 2026 y revisado por Human Rights Watch, se ve a una persona, aparentemente un niño, preparando un dron y poniéndole lo que parece ser un artefacto explosivo artesanal.[145]
Según trabajadores humanitarios y líderes comunitarios, inicialmente, los grupos armados les asignan a los niños, niñas y adolescentes funciones de baja visibilidad para asegurarse de que más adelante puedan unirse al grupo sin ser identificados por las autoridades. Entre estas funciones se incluyen las de mensajeros, informantes y cobradores. Estas funciones suelen presentarse como oportunidades de trabajo, y no como formas de reclutamiento. A cambio, a los niños, niñas y adolescentes se les dan regalos, comida o pequeños pagos por sus actividades, lo que profundiza sus lazos y su dependencia del grupo armado.[146] “He visto a niños trabajando como ‘puntos’ (nombre que se le da a los vigilantes urbanos del Clan del Golfo) que luego aparecen vestidos con ropa de camuflaje”, dijo un líder comunitario de San José de Uré, Córdoba.[147]
Los niños, niñas y adolescentes, especialmente los niños, también han sido instrumentalizados en actividades como el microtráfico, el sicariato y la extorsión.[148] Un caso notorio fue el asesinato del senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado por un adolescente de 15 años. Según los fiscales, el asesinato fue ordenado por la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las FARC.[149]
Las niñas suelen desempeñar tareas de cocina y reciben entrenamiento para acercarse a otros niños, niñas y adolescentes y persuadirlos de incorporarse a los grupos armados.[150]
Según los defensores de familia, los miembros de los grupos armados suelen cometer actos de violencia sexual contra niñas y les obligan a usar métodos anticonceptivos.[151] En el departamento del Cauca, las personas entrevistadas indicaron que la violencia sexual se utiliza como una forma específica de castigo contra las niñas que son percibidas como “rebeldes” o que desobedecen las órdenes de los comandantes.[152] “Las mujeres se sienten más inseguras [dentro de los grupos armados] porque las ultrajan más”, dijo una niña que fue reclutada.[153]
Desvinculación de los niños, niñas y adolescentes reclutados
Las formas en que los niños, niñas y adolescentes reclutados abandonan los grupos armados varían. Los entrevistados describieron casos de algunos que escaparon, que fueron desvinculados mediante negociaciones lideradas por sus comunidades o que fueron rescatados por organizaciones comunitarias, guardias indígenas y, en algunos casos, por el Ejército colombiano. Algunos niños, niñas y adolescentes se entregan a las autoridades durante los combates entre los grupos armados y el Ejército.[154]
Durante las negociaciones de paz iniciadas en el gobierno del presidente Petro, algunos niños, niñas y adolescentes fueron desvinculados mediante procesos informales que no garantizaban una protección adecuada. Por ejemplo, según el ICBF, en 2024, el Frente Comuneros del Sur, un grupo escindido del ELN, desvinculó a 12 niños, niñas y adolescentes sin notificarlo previamente a las autoridades. Posteriormente, el ICBF intentó localizarlos para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos correspondiente, pero solo pudo encontrar a cuatro de ellos.[155]
El Ministerio de Defensa Nacional informó a Human Rights Watch de la desvinculación de 3.564 personas que habían sido reclutadas por grupos armados cuando eran niños, niñas o adolescentes entre enero de 2016 y octubre de 2025, De estas, 2.129 fueron desvinculadas siendo aún menores de 18 años. La gran mayoría de los desvinculados entre 2016 y 2025 habían sido reclutados recientemente, aunque algunos estuvieron en los grupos armados por décadas. El tiempo medio transcurrido entre el reclutamiento y la desvinculación fue de tres años, pero desde 2019, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados habían sido reclutados menos de dos años antes de su desvinculación. En el caso de los desvinculados en 2025, el 47 % había sido reclutado durante el año anterior, y el 74 % fue desvinculado cuando aún no había cumplido los 18 años.[156]
Los datos del Ministerio de Defensa Nacional analizados por Human Rights Watch muestran que entre las principales razones por las que los niños, niñas y adolescentes quieren abandonar un grupo armado se encuentran la búsqueda de una vida diferente y la “presión militar” que las fuerzas de seguridad ejercen sobre los grupos armados.[157]
En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes reclutados se entregan a las fuerzas militares y a la policía durante operaciones contra grupos armados. Según la legislación colombiana, las autoridades deben entregar a los niños, niñas y adolescentes al cuidado del ICBF en un plazo de 36 horas, garantizar su evacuación segura, brindar asistencia médica cuando sea necesario y activar de inmediato la ruta de protección.[158] Las fuerzas de seguridad tienen prohibido entrevistar a los niños, niñas y adolescentes desvinculados o utilizarlos como fuentes de inteligencia.[159] Sin embargo, integrantes de organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes reclutados y defensores de familia le dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad en algunas ocasiones no cumplen con estas disposiciones y utilizan a los niños, niñas y adolescentes como fuentes de información para sus operaciones.[160]
Los grupos armados suelen castigar severamente a los niños, niñas y adolescentes que intentan escapar. En un caso notorio de noviembre de 2024, el Clan del Golfo localizó y ejecutó a varios niños que habían huido de un grupo armado en Córdoba.[161] Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo informó que, en 2023, el Frente Carolina Ramírez del EMC asesinó en Caquetá a cuatro adolescentes indígenas murui que habían intentado escapar del grupo.[162]
Según personas entrevistadas en el departamento del Cauca, el EMC y el ELN suelen llevar a cabo “consejos de guerra” para juzgar y ejecutar a los niños, niñas y adolescentes que intentan escapar.[163] “Tenemos casos de niños que llegan con traumas graves porque sus amigos fueron asesinados frente a ellos por intentar escapar”, dijo a Human Rights Watch un integrante del personal de Enraizamiento, un programa comunitario para el restablecimiento de derechos de los niños indígenas.[164]
Respuesta del Estado
De conformidad con la legislación colombiana e internacional, las autoridades colombianas tienen el deber de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que incluye prevenir e investigar su reclutamiento y sancionar a los responsables.[165]
Colombia ha establecido una serie de políticas públicas y estrategias destinadas a cumplir con estas obligaciones. La legislación colombiana distingue entre medidas de prevención “temprana”, “urgente” y “en protección”, y establece iniciativas específicas para rescatar y reintegrar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, así como para investigar y sancionar a los responsables.
Sin embargo, como se describe con más detalle a continuación, las iniciativas de prevención de Colombia carecen de recursos suficientes y son ineficaces. La Política Pública de Prevención está desactualizada y carece de un plan de acción claro, un presupuesto y un sistema de seguimiento para evaluar su cumplimiento. El organismo encargado de coordinar su implementación tiene facultades limitadas para garantizar que se apliquen medidas concretas. Las autoridades municipales, que a menudo llevan a cabo importantes esfuerzos para prevenir el reclutamiento de niños, carecen de la capacidad técnica y los fondos suficientes.
El sistema para recuperar y reintegrar a los niños, niñas y adolescentes desvinculados está diseñado de tal manera que genera un trato desigual. Por un lado, brinda apoyo a los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados considerados partes en el conflicto armado, al reconocerlos como víctimas e incluirlos en un programa especializado de reintegración. Por otro lado, los niños, niñas y adolescentes reclutados o usados por grupos armados considerados grupos delictivos organizados que no son partes en el conflicto armado, no son reconocidos como víctimas y tienen más probabilidades de ser sometidos a procesos penales. El sistema también enfrenta desafíos a la hora de brindar atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes indígenas y a los y las sobrevivientes de violencia sexual.
Los esfuerzos para investigar y sancionar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes también han sido insuficientes debido a la capacidad limitada de los fiscales e investigadores, los riesgos de seguridad que enfrentan los funcionarios judiciales, los obstáculos para presentar denuncias y el creciente desafío de investigar el reclutamiento llevado a cabo a través de redes sociales.
El gobierno debería simplificar los mecanismos existentes y garantizar que las instituciones a cargo, especialmente a nivel local, cuenten con los recursos y la capacidad necesaria para abordar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes mediante planes de prevención más sólidos, mecanismos de búsqueda y rescate que se construyan sobre los esfuerzos liderados por la comunidad—incluidos los de la Guardia Indígena—, así como programas que garanticen la recuperación y la reintegración de los niños, niñas y adolescentes sin distinciones. También debería fortalecer la capacidad y la seguridad de los fiscales que investigan el reclutamiento.[166]
Prevención temprana
En virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados, Colombia está obligada a adoptar todas las medidas factibles para prevenir el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes.[167] El Código de Infancia y Adolescencia de Colombia (Ley n.º 1098 de 2006) reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos contra el “reclutamiento y utilización”.[168] Con este fin, el gobierno colombiano ha desarrollado una Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), junto con otros planes y estrategias destinados a abordar los factores subyacentes que aumentan los riesgos de reclutamiento.
La Política Pública de Prevención y la Comisión Intersectorial
En 2007, el gobierno colombiano creó la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA) con el propósito de orientar, coordinar y promover el diseño y la implementación de una Política Pública de Prevención. La comisión está dirigida por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y está integrada por 19 instituciones de ámbito nacional, entre ellas los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, de Educación Nacional, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Salud.[169]
En 2010, a través de la CIPRUNNA, Colombia elaboró la Política Pública de Prevención.[170] Esta política se actualizó por última vez en 2018.[171]
La Política Pública de Prevención de 2018 está desactualizada, lo que fue reconocido incluso por el propio gobierno del expresidente Petro. Como dijo en 2025 la entonces consejera presidencial para los derechos humanos, Lourdes Castro: “Las vías y acciones del Estado están diseñadas para dinámicas de conflicto más antiguas. Hoy en día, el marco de la política pública está desactualizado, pero ya no tenemos tiempo [durante la administración 2022 – 2026 del expresidente Petro] para cambiarlo”.[172] La política no incluye planes para abordar dinámicas más recientes, como la subcontratación del reclutamiento a través de redes criminales y el reclutamiento por medio de las redes sociales.[173]
La política exige que las instituciones nacionales, como los Ministerios de Educación Nacional, Salud, Defensa Nacional y Justicia y del Derecho, así como otros organismos estatales, formulen un plan de acción coordinado de cuatro años para prevenir el reclutamiento, el cual debe ser actualizado por cada nuevo gobierno. Sin embargo, el gobierno del expresidente Petro no estableció su propio plan de acción, lo que significa que carecía de un presupuesto específico para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y de indicadores concretos para evaluar la implementación de la política.[174] Según una exfuncionaria de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el retraso de más de un año en el nombramiento de una consejera presidencial permanente impactó su capacidad para formular y llevar adelante este plan.[175]
Desafíos institucionales de la CIPRUNNA
La CIPRUNNA se reúne para coordinar y supervisar las acciones del gobierno destinadas a implementar la Política Pública de Prevención. Dichas reuniones no tienen una periodicidad o calendario fijo. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2025, la CIPRUNNA se reunió 36 veces, incluidas 10 reuniones durante la administración del expresidente Petro.[176]
La CIPRUNNA ha logrado pocos avances en la concertación y la implementación de medidas destinadas a prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De las diez reuniones celebradas durante el gobierno del expresidente Petro, tres se llevaron a cabo en Bogotá o de manera virtual y tuvieron como objetivo acordar procedimientos administrativos y fijar un calendario de reuniones futuras.[177] Las otras siete reuniones se realizaron en lugares mayormente afectados por el reclutamiento, como el Cauca, Nariño o el Magdalena Medio. Las autoridades acordaron tomar medidas concretas para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, como la ejecución de proyectos en algunas escuelas específicas.[178]
Según una exfuncionaria de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la institución carece de la capacidad para dar seguimiento integral a todos los compromisos asumidos por los integrantes de la CIPRUNNA. Sin embargo, la funcionaria señaló que, durante los últimos meses del gobierno del expresidente Petro, se estaban realizando esfuerzos para desarrollar, con el apoyo de socios de cooperación internacional, un sistema de monitoreo a fin de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.[179]
Por ejemplo, en mayo de 2024, la CIPRUNNA estableció un plan de prevención para el Cauca que incluye 39 compromisos, tales como brindar asistencia técnica a los equipos municipales, facilitar la adquisición de vehículos para estos equipos y mejorar y construir instalaciones deportivas para ofrecer actividades que puedan servir de alternativa al reclutamiento. Sin embargo, según el Comité Departamental de Prevención del Cauca, casi dos años después, la implementación de los compromisos del plan ha sido lenta.[180] Una trabajadora humanitaria que hace seguimiento a la implementación de estos compromisos en terreno le dijo a Human Rights Watch que, hasta diciembre de 2025, se había cumplido el 25 % de los compromisos y el 33 % estaba en ejecución. El resto seguía pendiente.[181]
“La CIPRUNNA no está funcionando… pocos participantes asumen responsabilidades en las reuniones, y aquellas instituciones que sí asumen compromisos tienden a proponer actividades que ya estaban llevando a cabo; no hay una respuesta estratégica al problema”, dijo a Human Rights Watch un general del Ejército colombiano que participó en las sesiones de la CIPRUNNA.[182] Como lo expresó un trabajador humanitario, “casi todo lo que se hace en el marco de la CIPRUNNA equivale a una recopilación de acciones que las entidades estatales ya estaban implementando”.[183]
Además, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema del reclutamiento consideran que la CIPRUNNA ha llevado a cabo acciones similares durante años sin analizar si estas han tenido un impacto positivo en la prevención del reclutamiento.[184]
Restricciones presupuestarias
El presupuesto de la CIPRUNNA no está claramente definido. Según la información proporcionada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a Human Rights Watch, no hubo un presupuesto unificado para la CIPRUNNA durante 2025, y cada institución parte de la misma determinó su propia asignación presupuestaria para las acciones acordadas y las implementó de manera autónoma.[185]
Entre 2019 y 2023, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos contó con un proyecto de inversión—una categoría presupuestaria vinculada a iniciativas específicas—centrado en la implementación de la Política Pública de Prevención, con un presupuesto de US$0,53 millones en 2021, US$1,15 millones en 2022 y US$1,27 millones en 2023.[186]
Para el período 2024-2026, se creó un nuevo proyecto de inversión con un alcance más amplio que no se centraba únicamente en la implementación de la Política Pública de Prevención. El nuevo proyecto comenzó a financiar la labor general de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en diversos ámbitos relacionados con la protección de los derechos humanos entre los que se encontraba también la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. El presupuesto fue de US$1.47 millones en 2024 y de US$2.2 millones en 2025, pero en 2026 se redujo a US$0.9 millones. Es decir, el presupuesto de 2026 no solo es menor, sino que además ya no se centra en la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.[187]
Según una exfuncionaria de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la incertidumbre en torno a la posible eliminación de la oficina durante el primer año del gobierno del expresidente Petro, sumada a la falta de personal, debilitó la capacidad institucional necesaria para mantener un proyecto específico enfocado exclusivamente en la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.[188] Esta afirmó que la reducción presupuestaria también se explicaba, en parte, por los recortes de fondos por parte de la administración del presidente Trump a la ayuda exterior de Estados Unidos y su decisión de cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), cuyo apoyo permitía a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos contratar personal.[189]
Implementación a nivel local
Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, los departamentos y los municipios son responsables de la implementación de la Política Pública de Prevención a nivel local a través de los Comités Departamentales de Prevención y los Equipos de Acción Inmediata (EAI).[190] La política también alienta a las gobernaciones y a las administraciones municipales a establecer sus propios planes territoriales de prevención temprana con las medidas específicas que adoptarán para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en coordinación con el gobierno nacional.[191]
Los Comités Departamentales de Prevención son órganos de coordinación estatales encargados de implementar la Política Pública de Prevención y respaldar las acciones de protección. Por lo general, se establecen mediante decretos emitidos por los gobiernos departamentales e incluyen a representantes de las autoridades locales e instituciones nacionales, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad de Víctimas—un organismo encargado de brindar asistencia humanitaria y reparaciones a las víctimas del conflicto armado. Estos comités también pueden brindar apoyo financiero a los municipios para la implementación de medidas de prevención temprana, urgente y en protección.[192]
Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de los 32 departamentos del país, 20 han establecido comités.[193] Según la oficina y una funcionaria directiva de la Defensoría del Pueblo, muchos de estos comités están establecidos “en papel”, pero no funcionan plenamente.[194]
Un Comité Departamental de Prevención que parece ser particularmente eficaz es el del Cauca, donde el comité actúa como puente de coordinación entre los municipios y el gobierno nacional y desempeña un papel clave en la gestión de los casos de reclutamiento. Sus integrantes destacaron que el comité ha logrado avances significativos en los últimos tres años, entre ellos la consolidación de una base de datos unificada de casos, la activación de mecanismos de respuesta ágil y la creación de un “plan de apadrinamiento” a través del cual las instituciones nacionales y UNICEF apoyan a los municipios para garantizar que todos cuenten con EAIs.[195]
Los EAIs, compuestos generalmente por la alcaldía, el personero, la Defensoría del Pueblo, un defensor de familia, un representante del ICBF, la policía, las fuerzas militares, líderes indígenas, la Unidad de Víctimas y la Fiscalía General de la Nación, son equipos municipales encargados de activar medidas urgentes de prevención y protección cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de riesgo. También coordinan la respuesta institucional y los servicios disponibles para apoyar a las víctimas. Estos se establecen mediante decretos municipales y su presupuesto depende de los recursos municipales, aunque también pueden recibir cofinanciamiento nacional o departamental, así como apoyo de la cooperación internacional.[196]
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos informó a Human Rights Watch que, para mayo de 2026, de los 1.123 municipios del país, 320 habían emitido un decreto para crear el equipo. Según una de las funcionarias de la oficina, “el hecho de que exista el decreto no significa necesariamente que los equipos estén funcionando”.[197]
Siete alcaldías de los municipios con mayor número de casos de reclutamiento—Argelia, Caldono y Corinto en el Cauca; Tame en Arauca; Carurú en Vaupés; Orito en Putumayo y Jamundí en el Valle del Cauca—informaron a Human Rights Watch que carecen de presupuesto, personal y apoyo nacional suficientes para implementar medidas preventivas. Algunos de estos municipios señalaron que los grupos armados limitan la acción de las autoridades locales y generan riesgos de seguridad para los funcionarios, los líderes sociales y las familias de las víctimas, quienes a menudo dudan en denunciar los casos.[198]
Estrategia de prevención 2025-2030
Desde 2025, la CIPRUNNA se ha enfocado en desarrollar una estrategia de prevención para el período 2025-2030.[199] La estrategia tiene como objetivo consolidar “entornos protectores” en al menos 16 departamentos mediante la creación de una vía de prevención urgente para las crisis, la promoción de la “transformación cultural en el entorno digital”, el fortalecimiento de la coordinación entre los gobiernos locales y nacional, y el establecimiento de directrices para los procesos de negociación de paz.[200]
El resumen ejecutivo de la estrategia, que Human Rights Watch revisó, identifica nueve subregiones con altos niveles de reclutamiento, entre ellas los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Huila, y la región del Catatumbo.[201]
Aún no está claro si el nuevo gobierno planea implementar esta estrategia, ya que el presidente Abelardo de la Espriella anunció planes para eliminar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y, al momento de redactar este informe, ninguna institución gubernamental había sido designada para dirigir la CIPRUNNA.[202] Tampoco está claro cómo funcionaría la estrategia o cómo complementaría la Política Pública de Prevención, ni si incluiría un plan para poner en práctica sus líneas estratégicas mediante responsabilidades claramente asignadas, indicadores y asignaciones presupuestarias.
Otros planes o estrategias
Equipo Nacional de Acción Inmediata
En junio de 2026, el gobierno del expresidente Petro creó un Equipo Nacional de Acción Inmediata (ENAI) con el objetivo de responder a situaciones de emergencia y apoyar el trabajo de los EAIs locales. El ENAI está liderado por el ICBF, con la participación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército, la policía y la Unidad de Víctimas.[203] Según una exfuncionaria de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el ENAI funciona con los presupuestos existentes de las instituciones que lo integran.[204]
La exfuncionaria le dijo a Human Rights Watch que, entre enero y mayo de 2026, el ENAI había realizado a 36 evacuaciones urgentes e individualizadas de niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser reclutados.[205] Sin embargo, su capacidad se limitó a rescatar a niños, niñas y adolescentes de manera individual, caso por caso, cuando los gobiernos municipales carecieron de capacidad para responder, pero el ENAI no pudo hacer frente a los riesgos colectivos que afectaron a grupos más grandes de niños, a escuelas o a comunidades enteras.[206]
La Ley n.º 2590 de 2026 ordena legalmente a la CIPRUNNA crear el ENAI, lo que significa que debería seguir existiendo en futuras administraciones, incluso durante el mandato del presidente de la Espriella.[207]
Compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras
La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso político intergubernamental que surgió de una conferencia internacional celebrada en Oslo, Noruega, en mayo de 2015. Está diseñada para proteger a los estudiantes, los docentes y las instalaciones educativas de los ataques durante los conflictos armados. El gobierno colombiano se adhirió a la declaración en noviembre de 2022.[208]
El gobierno se comprometió a llevar a cabo nueve “acciones” entre 2022 y 2026 para implementar la Declaración sobre Escuelas Seguras, tales como: identificar y mapear escuelas y universidades en zonas afectadas por ataques relacionados con el conflicto, coordinar planes entre instituciones gubernamentales para proteger la infraestructura escolar y fortalecer las investigaciones sobre las violaciones denunciadas. Sin embargo, el Plan Nacional del Ministerio de Educación Nacional que detalla estos compromisos no indica qué entidades son responsables de implementarlos, ni si existe un presupuesto específico asignado a estas acciones.[209] En respuesta a una consulta de Human Rights Watch sobre el avance de estas acciones, el ministerio destacó la creación de cuatro grupos de trabajo técnicos que se estaban “reuniendo, bajo el liderazgo de la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores), con el objetivo de alcanzar acuerdos de coordinación y funcionamiento para avanzar en cada una de las líneas de acción propuestas”.[210]
Escuela, Territorio de Vida
En abril de 2025, el Ministerio de Educación Nacional adoptó la Política Pública de Gestión Integral de Riesgos Escolares y Educación en Situaciones de Emergencia, también conocida como el plan Escuela, Territorio de Vida. Este incluye tres objetivos específicos y más de diez acciones para proteger el derecho a la educación frente a los riesgos asociados al cambio climático y al conflicto armado.[211]
Como piloto del plan, las entidades gubernamentales que integran la CIPRUNNA tenían previsto llevar a cabo actividades de sensibilización y capacitación en 26 escuelas rurales ubicadas en 13 municipios de seis departamentos. Entre estos municipios solo se incluyen dos de los 20 con mayor número de casos de reclutamiento de niños: Argelia y Tibú.[212]
El plan sigue siendo limitado si se toma en cuenta la magnitud del problema. “Aunque priorizar las escuelas fue una buena idea, llegó demasiado tarde. Debería haber sido una medida tomada en el primer año del gobierno, no en el último”, dijo a Human Rights Watch una funcionaria directiva de la Defensoría del Pueblo.[213]
Estrategia Atrapasueños
Desde 2023, el ICBF ha venido implementando la estrategia Atrapasueños, que busca crear “entornos protectores” y promover el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes a través de actividades que desarrollen sus habilidades y talentos, y que apoyen sus planes de vida y la atención de su salud mental.
La estrategia opera a través de dos modalidades:
Casa Atrapasueños, un espacio del ICBF, o Atrapasueños Comunitarios, un espacio comunitario donde el ICBF lleva a cabo talleres y capacitaciones destinados a destacar los talentos de los niños, niñas y adolescentes y discutir sus planes de vida.
Mochila Atrapasueños, que opera a través de organizaciones sin fines de lucro locales en zonas donde no existen centros del ICBF para implementar actividades comunitarias destinadas a desarrollar las habilidades, vocaciones y talentos de los niños.[214]
Según los entrevistados, los equipos del ICBF que respaldan la estrategia enfrentan dificultades para acceder a ciertos territorios debido a restricciones presupuestarias y riesgos de seguridad relacionados con los grupos armados. Como lo expresó la directora de una fundación que trabaja en la prevención del reclutamiento en Putumayo:
La estrategia Atrapasueños es interesante, pero es muy urbana y no llega a los lugares donde realmente se necesita prevenir el reclutamiento, en particular a las comunidades indígenas. Es absurdo, por ejemplo, que no llegue a Puerto Leguízamo (en Putumayo), dada la magnitud de las necesidades que hay allí.[215]
Generación Futuro
El Ministerio de Defensa Nacional implementa una estrategia llamada Generación Futuro para coordinar sus esfuerzos de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con las instituciones locales.
Según la información proporcionada por el ministerio a Human Rights Watch, en 2025 las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 12.062 “actividades” en todo el país para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Estas incluyen charlas y talleres de prevención, eventos deportivos y culturales, campañas de comunicación para crear conciencia sobre la ilegalidad y el impacto del reclutamiento y la violencia sexual, y la promoción de líneas directas de denuncia (el 141 del ICBF y el número nacional de emergencias 123).[216]
Esfuerzos comunitarios Según las autoridades indígenas, los esfuerzos del gobierno para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no incluyen medidas culturalmente apropiadas para los niños y niñas indígenas, como la consideración de las lenguas indígenas, las creencias espirituales y las prácticas culturales. También señalaron que los programas de prevención apenas llegan a las comunidades rurales en riesgo debido al control que ejercen los grupos armados.[217] De las 2.700 actividades de prevención que la CIPRUNNA informó a Human Rights Watch, 91 estaban dirigidas específicamente a comunidades indígenas.[218] Debido a estos problemas, las propias comunidades indígenas han asumido un papel de liderazgo en algunas zonas de Colombia para proteger a estos niños. Por ejemplo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una coalición de grupos indígenas, ha establecido su propio observatorio de derechos humanos para recopilar información y documentar casos. También lleva a cabo una estrategia conocida como escuelitas de guardia, en la que se educa a niños y niñas desde los cinco años sobre la espiritualidad indígena, como parte de un esfuerzo por disuadirlos de unirse a grupos armados en el futuro.[219] De manera similar, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), otra coalición indígena, ha creado 19 grupos de capacitación, conocidos como Kiwe Thegnas, donde entre 80 y 300 niños y niñas a partir de los cinco años aprenden sobre las prácticas indígenas, la gobernanza, los sistemas económicos de las comunidades y los riesgos de unirse a grupos armados. “La estrategia responde a las preocupaciones de las familias sobre cómo los niños usan su tiempo libre, por lo que los capacitamos en artesanías, la lengua indígena y las tulpas—huertos tradicionales con cultivos que forman parte de nuestra cultura—”, explicó a Human Rights Watch un integrante de la ACIN que participa en los grupos de capacitación.[220] |
Prevención urgente y en protección
Para responder a los riesgos colectivos de reclutamiento, cuando no es posible identificar a un niño específico en riesgo, el gobierno colombiano ha desarrollado la ruta de prevención urgente. Entre los escenarios típicos que desencadenan su activación se incluyen que los grupos armados realicen censos escolares, distribuyan panfletos amenazando con llevarse a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades o que hagan ofertas de reclutamiento masivo dentro de una comunidad.[221]
Una vez que alguna autoridad pública tiene conocimiento de dichos riesgos, el EAI municipal debe activar la ruta de prevención urgente, lo que en algunos casos implica convocar una reunión de seguridad a nivel municipal.[222]
Si una amenaza colectiva se vuelve individualizada y existen amenazas o acciones concretas y personalizadas contra un niño o niña en específico, la respuesta institucional del EAI debe pasar inmediatamente a lo que se denomina la ruta de prevención en protección.[223] Esto significa que el EAI municipal debe convocar una reunión, proporcionar recursos para la evacuación y reubicación del niño, niña o adolescente y reportar el caso a las autoridades judiciales y de otro tipo, entre otras medidas.[224]
Las restricciones presupuestarias, el bajo número de denuncias y la falta de capacidad local socavan estos mecanismos de protección.
Restricciones presupuestarias y de capacidad
Según varios entrevistados, las restricciones presupuestarias suelen ser el principal obstáculo para la activación de rutas de prevención urgente y de protección. Los municipios cuentan con presupuestos limitados y deben utilizarlos para responder a todas las emergencias humanitarias, incluido el desplazamiento forzado masivo. Reubicar a un niño, niña o adolescente en riesgo de reclutamiento—y, en ocasiones, a su familia—puede ser muy costoso y, en algunos casos, una medida insuficiente.[225] La alcaldesa de un municipio en el departamento del Cauca le dijo a Human Rights Watch:
Hemos hecho esfuerzos, pero el presupuesto que tenemos para atender las emergencias es insuficiente. En algunas situaciones urgentes, hemos tenido que juntar dinero entre el personal de la alcaldía para pagar el transporte de los niños con el fin de salvarles la vida.[226]
Según una exfuncionaria de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, no existe un fondo nacional para gestionar casos urgentes, y los municipios a menudo carecen de los recursos para responder.[227] En el departamento del Cauca, el departamento con el mayor número de casos, el gobierno departamental carece de un fondo humanitario para gestionar estos casos.[228] Un trabajador humanitario le dijo a Human Rights Watch que es el Ejército el que brinda el mayor apoyo en ese tipo de casos, pero que debería haber una respuesta civil.[229]
La respuesta institucional también se ha visto afectada por la reducción de los fondos de cooperación internacional por parte de Estados Unidos y los recortes presupuestarios a nivel de la Organización de Naciones Unidas.[230] “Los EAI recibían anteriormente un apoyo sustancial de la cooperación internacional. Con la reducción de los fondos en 2025, su capacidad para gestionar los casos se ha visto significativamente afectada”, dijo un trabajador humanitario a Human Rights Watch.[231] Del mismo modo, una funcionaria de un gobierno municipal de Putumayo señaló que la pérdida del apoyo de las agencias de la ONU ha obstaculizado en gran medida su respuesta.[232]
Los funcionarios locales también señalaron que carecen de apoyo suficiente por parte del gobierno nacional. “Nos sentimos abandonados por el gobierno nacional”, afirmó uno de ellos.[233] Algunas alcaldías de los municipios con mayor número de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes indicaron que el apoyo del gobierno nacional ha sido insuficiente, se ha centrado principalmente en la asistencia técnica y, en ocasiones, ha sido demasiado lento para responder a la urgencia de los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.[234]
Los entrevistados también señalaron la capacidad limitada del ICBF para responder a incidentes fuera del horario laboral. Afirmaron que las oficinas locales de la institución no tienen capacidad para atender casos después de las 5 p. m. o durante los fines de semana.[235] Los defensores de familia indicaron que algunas oficinas en el Chocó y el Cauca organizan turnos para brindar cobertura las 24 horas, pero otras no pueden hacerlo debido a la falta de personal, de protecciones laborales y de remuneración por trabajo nocturno y de fin de semana, así como al agotamiento mental y emocional de los funcionarios.[236]
La capacitación de los funcionarios de los gobiernos locales también es limitada. A pesar de los esfuerzos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil señalaron que gran parte del personal en todo el país necesita más capacitación, en parte debido a la alta rotación de personal.[237]
Bajo número de denuncias
Según varios entrevistados, los familiares de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo tienen pocos incentivos para denunciar los casos. Muchos creen que las instituciones públicas han sido cooptadas por grupos armados y delictivos organizados, o que estas no lograrían impedir el reclutamiento. La directora de una organización de la sociedad civil en Córdoba, quien ha trabajado durante décadas en la atención de víctimas de reclutamiento, dijo que “la gente no confía en que las instituciones estatales recuperen a sus hijos; denunciar los casos podría exponerlos a mayores riesgos”.[238] Un líder comunitario también le dijo a Human Rights Watch que “al grupo armado le toma menos tiempo enterarse de una denuncia que a las autoridades actuar”.[239]
Búsqueda y rescate de niños, niñas y adolescentes reclutados
Los esfuerzos del gobierno para buscar y rescatar a los niños, niñas y adolescentes reclutados son muy limitados.[240] Esto significa que, con frecuencia, esta responsabilidad recae en las familias, los líderes comunitarios y otros actores locales de la sociedad civil.
Ante la falta de un mecanismo específico para responder al reclutamiento, los niños, niñas y adolescentes que parecen haber sido reclutados deben ser reportados como “desaparecidos”.[241] Cuando eso ocurre, un fiscal o un juez activa un mecanismo institucional conocido como el Mecanismo de Búsqueda Urgente y ordena a la policía y a otras autoridades, como el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que busquen de inmediato al niño o niña desaparecida. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación le dijo a Human Rights Watch que solo ha activado este mecanismo para 40 niños, niñas y adolescentes desde 2016, una cifra extraordinariamente baja en comparación con los casi 4.000 casos penales relacionados con el delito de reclutamiento que se abrieron durante el mismo período. La Fiscalía General de la Nación señaló que consideraba que solo en dos de los 40 casos se trataba de un caso de reclutamiento.[242] Sin embargo, un fiscal le dijo a Human Rights Watch que la Fiscalía General de la Nación carece de un “registro unificado” de estos casos y, por lo tanto, las cifras reportadas podrían ser inexactas.[243]
En septiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de la Jurisdicción Especial Indígena firmaron un protocolo para permitir que las autoridades indígenas activen el Mecanismo de Búsqueda Urgente en casos de desapariciones dentro de sus territorios.[244] Según un fiscal, este protocolo es un paso clave para mejorar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, especialmente porque las autoridades indígenas pueden actuar con rapidez y ordenar búsquedas de estos en comunidades de todo el país.[245] Según un integrante del CRIC, el protocolo ha permitido a las autoridades indígenas poner en marcha rápidamente operaciones de búsqueda a través de redes sociales y comunitarias, al tiempo que ha mejorado la coordinación con autoridades estatales como la policía, que han localizado a algunos niños, niñas y adolescentes reclutados en puestos de control en las carreteras.[246]
Otro mecanismo para buscar a los niños, niñas y adolescentes reclutados es el sistema nacional Alerta Rosa. Creado en 2023, el sistema utiliza los medios de comunicación y los servicios de telecomunicaciones para alertar a la población sobre una persona desaparecida y establece Equipos Locales de Búsqueda, liderados por la policía y con la participación de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades locales y otras instituciones, para buscar a personas desaparecidas, entre ellas, los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.[247]
Según varios entrevistados, los mecanismos existentes son insuficientes para localizar y rescatar a los niños, niñas y adolescentes reclutados, ya que no están adaptados a las características específicas del reclutamiento en las zonas rurales y en las comunidades indígenas y campesinas. Para que las respuestas sean efectivas se requieren capacidades de respuesta rápida, de las que carecen las zonas rurales, y financiamiento específico para apoyar la evacuación de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Además, los esfuerzos de búsqueda a menudo requieren operaciones en terreno en zonas a las que las instituciones estatales con frecuencia no pueden acceder porque están controladas por grupos armados.[248]
Iniciativas comunitarias Ante la falta de mecanismos sólidos para la búsqueda y el rescate de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, las comunidades indígenas y campesinas y las organizaciones de mujeres han desempeñado un papel protagónico al organizar sus propios mecanismos de búsqueda y dialogar con los grupos armados para lograr la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes. En el departamento del Cauca, el CRIC y la ACIN cuentan con Guardias Indígenas que trabajan para rescatar a los niños y niñas.[249] Un integrante de la guardia que ha participado en decenas de rescates le dijo a Human Rights Watch que esta acompaña a la familia y al gobernador indígena de la comunidad para hablar con los comandantes del grupo armado que reclutó al niño o niña.[250] A veces, la Guardia también esconde a los niños, niñas y adolescentes que han escapado de los grupos armados para asegurarse de que no los vuelvan a llevar y no sufran represalias.[251] Los movimientos campesinos de Córdoba y los grupos indígenas de Putumayo han emprendido iniciativas similares.[252] En 2024, el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, una organización de la sociedad civil, creó la Guardia Interétnica, integrada por mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, con la misión de localizar a los niños, niñas y adolescentes reclutados. Según una integrante de la Guardia Interétnica, la búsqueda de un niño se realiza a través de las redes sociales o hablando directamente con miembros del grupo armado. “Hacemos esto porque las autoridades [del gobierno] no actúan a tiempo y tampoco tienen capacidades”, dijo. Desde su creación, la Guardia Interétnica ha logrado la desvinculación de al menos siete niños, niñas y adolescentes reclutados.[253] Parte del éxito de estas iniciativas de rescate lideradas por la comunidad se debe a una sólida organización comunitaria, que incluye la presencia de guardias indígenas e interétnicos, el profundo conocimiento que las comunidades tienen de sus territorios y su capacidad para entablar diálogo con los comandantes de los grupos armados. Los líderes comunitarios llevan a cabo estas iniciativas a pesar de los graves riesgos que implican para su seguridad. Por ejemplo, en 2024, los Comandos de la Frontera en Putumayo presuntamente asesinaron a Néstor Erney Noa Papa, un líder de la Guardia Indígena de 32 años, al parecer en represalia por sus esfuerzos para rescatar a niños, niñas y adolescentes reclutados.[254] En marzo de 2024, en el departamento del Cauca, miembros del Estado Mayor Central (EMC) asesinaron a la líder indígena Carmelina Yule mientras intentaba rescatar a un niño reclutado.[255] Un año después, también en el departamento del Cauca, miembros del EMC presuntamente asesinaron a Edgar Tumiñá, un líder indígena nasa que había liderado el rescate de decenas de niños, niñas y adolescentes de su comunidad.[256] El 15 de octubre de 2025, miembros del Frente Jaime Martínez del EMC atacaron a la Guardia Indígena en Timba, un corregimiento de Buenos Aires, Cauca, mientras transportaban a dos niñas indígenas, de 14 y 15 años, a quienes habían rescatado.[257] |
Recuperación y reintegración
La legislación colombiana incluye programas detallados para garantizar la recuperación y reintegración de los niños, niñas y adolescentes que han sido desvinculados de grupos armados. La ley colombiana utiliza el término restablecimiento de derechos para describir un proceso integral para restablecer el pleno goce de los derechos que han sido vulnerados.[258]
Sin embargo, una deficiencia significativa de la legislación colombiana es que distingue entre los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados, usados o utilizados por grupos armados que son partes en el conflicto armado y aquellos que han sido reclutados, usados o utilizados por grupos armados o grupos delictivos organizados que no se consideran partes en el conflicto armado.[259] Esto significa que los esfuerzos de recuperación y reintegración destinados a beneficiar a los niños, niñas y adolescentes en circunstancias sustancialmente similares difieren en gran medida, no en función de las violaciones específicas de derechos que sufren los niños, sino más bien de la identidad del grupo armado involucrado, lo que influye en el tipo de programa y apoyo que reciben:
Los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados reconocidos como partes del conflicto armado son derivados al Programa de Atención Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados. Se les reconoce como víctimas del conflicto armado y tienen acceso a reparación, compensación económica y apoyo para su reintegración.
Los niños, niñas y adolescentes reclutados, usados o utilizados por otros grupos armados o grupos delictivos organizados que no son partes en el conflicto armado son derivados a un programa más amplio diseñado para todos los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos, incluidos los casos de violencia doméstica o trabajo infantil, y, además, podrían ser considerados como penalmente responsables.
Como lo expresó el director de una organización de la sociedad civil que trabaja en la prevención del reclutamiento, uso y utilización:
Hoy en día, no es fácil determinar qué constituye un conflicto armado y qué constituye crimen organizado. La responsabilidad inicial de hacer esa determinación recae en las autoridades administrativas—por lo general, defensores de familia—quienes, a menudo, carecen de información suficiente para tomar decisiones que tienen profundas consecuencias para los niños.[260]
Un aspecto importante de esta distinción es que solo los niños, niñas y adolescentes reclutados por las partes en el conflicto armado pueden beneficiarse del principio de oportunidad, una exención de responsabilidad penal. El resto está sujeto a los procesos penales establecidos en el marco del sistema de justicia juvenil de Colombia, conocido como el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que prevé la privación de libertad en centros especializados para adolescentes de entre 16 y 18 años condenados a una pena de seis años o más, y para adolescentes de entre 14 y 16 años condenados por delitos violentos, como homicidio y extorsión, y otros.[261] “Muchos niños terminan siendo procesados por el Estado en lugar de ser protegidos”, declaró a Human Rights Watch la directora de una organización de la sociedad civil dedicada a la prevención del reclutamiento.[262]
De acuerdo con el derecho internacional, los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados y usados por grupos armados deben ser tratados, ante todo, como víctimas. El enjuiciamiento penal debe ser excepcional, llevarse a cabo únicamente de conformidad con las normas internacionales de justicia juvenil y tener como objetivo principal la rehabilitación.[263]
Programa de atención especializada para niños, niñas y adolescentes desvinculados
En 1999, el gobierno colombiano creó el “Programa de Atención Especializada para la Restitución de Derechos y la Contribución al Proceso de Reparación Integral para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito y que se han Desvinculado de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley” con el fin de garantizar la recuperación integral y la reintegración de los niños, niñas y adolescentes desmovilizados de grupos armados que formaba parte del conflicto armado.
El programa busca, en primer lugar, asegurar la estabilidad emocional del niño, niña o adolescente y cubrir sus necesidades básicas. Posteriormente, aborda su inclusión social y el desarrollo de sus habilidades, y, finalmente, prepara al niño, niña o adolescente para la reunificación familiar o la vida independiente.[264]
Desde su creación, el programa ha atendido a más de 8.200 niños, niñas y adolescentes desvinculados, según el ICBF. En 2025, 420 niños, niñas y adolescentes ingresaron al programa, la cifra más alta en los últimos 20 años.[265]
A los niños, niñas y adolescentes del programa se les asignan diferentes modalidades de atención, tales como las casas de protección del ICBF donde residen a tiempo completo; la casa hogar, donde con acompañamiento profesional del ICBF residen a tiempo completo un máximo de 12 adolescentes; y los hogares sustitutos tutor, donde se brinda apoyo al niño, niña o adolescente en un medio diferente al de la familia de origen o red vincular, el cual puede ser parte del entorno familiar.[266] Según un defensor de familia, la modalidad de casa hogar nunca ha funcionado debido a problemas presupuestarios y administrativos del ICBF.[267]
A lo largo del programa, los niños, niñas y adolescentes están bajo el cuidado de un defensor de familia que ejerce su representación y es el encargado de tramitar cualquier medida adicional que se considere necesaria para el niño.[268]
Una limitación clave del programa es que tiene una duración de hasta 18 meses y puede prorrogarse cada seis meses a discreción de la dirección del ICBF. Varios defensores de familia le dijeron a Human Rights Watch que esto significa que los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados a una edad muy temprana pueden perder la protección y el apoyo del gobierno incluso antes de cumplir los 18 años.[269] Como dijo uno de ellos: “Algunos ingresan al proceso a los 12 años, con graves dificultades, y para cuando cumplen 14 años y medio, pueden quedar fuera del programa y sin protección”.[270] Desde 2026, la Ley n.º 2590 permite a los defensores de familia, en circunstancias excepcionales, extender las medidas de protección y restablecimiento de derechos cuando persistan riesgos para la vida, la integridad personal o el proceso de reintegración de la víctima.[271]
Al cumplir 18 años, si la víctima fue reconocida como desmovilizada (mediante un certificado específico emitido por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA), el defensor de familia transfiere el caso a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada de la reintegración de los desmovilizados. Las medidas de la ARN incluyen garantizar el acceso al sistema de seguridad social, oportunidades educativas, una asignación mensual de aproximadamente US$130, un subsidio para la creación de empresas de aproximadamente US$2.150 y otros beneficios.[272]
Muchos niños, niñas y adolescentes enfrentan dificultades para regresar a sus comunidades y reunirse con sus familias. Muchas familias viven en zonas donde hay presencia de grupos armados, lo que genera graves riesgos. Los niños, niñas y adolescentes pueden enfrentar amenazas de muerte, de ser reclutados nuevamente o de ser desplazados por la fuerza junto con sus familias.[273]
Según los entrevistados, el programa enfrenta desafíos particulares al apoyar la reintegración de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Tras su desvinculación, los niños, niñas y adolescentes indígenas suelen ser reubicados en otras ciudades como parte de las medidas de protección, donde deben adaptarse a costumbres diferentes y, en algunos casos, a un idioma distinto.[274] “Para protegerlos, los desarraigamos de su tierra, sus tradiciones y su forma de vida. No les resulta fácil adaptarse a la ciudad y a sus dinámicas. Creo que es necesario fortalecer el enfoque étnico para que puedan sentirse más cómodos”, dijo una defensora de familia a Human Rights Watch.[275]
Según una funcionaria directiva de la Defensoría del Pueblo y algunos defensores de familia, otro problema del programa es la falta de atención especializada para los niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia sexual durante su reclutamiento.[276] Un defensor de familia le dijo a Human Rights Watch que a las niñas que sobrevivieron a la violencia sexual les cuesta desarrollar confianza en los integrantes del equipo de apoyo. Por ejemplo, muchas niñas no quieren hablar con funcionarios varones.[277]
Programas de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes que sufrieron abusos
Los niños, niñas y adolescentes usados y utilizados por grupos armados o grupos delictivos organizados que no son parte del conflicto armado no tienen acceso al Programa Especializado para Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados, ni a las reparaciones o compensaciones económicas establecidas en la Ley de Víctimas, ni a los mecanismos de reintegración de la ARN.[278] El mecanismo disponible para ellos, que se utiliza para otros niños, niñas y adolescentes que sufrieron abusos, incluida la violencia doméstica, se centra únicamente en alejar al niño de la “actividad que genera la amenaza” a sus derechos y ubicarlo temporalmente en centros de emergencia.[279]
Varios defensores de familia señalaron que los niños, niñas y adolescentes usados y utilizados por grupos delictivos organizados enfrentan violaciones y riesgos similares a los que experimentan los que son reclutados por grupos armados reconocidos como partes en el conflicto.[280] Uno de ellos dijo:
Hemos tenido casos de niños involucrados en pandillas criminales que corrían un riesgo muy alto de ser asesinados. Desafortunadamente, no tienen acceso a las mismas medidas de protección y reubicación disponibles en el marco del programa especializado para niños desvinculados, y tenemos que ubicarlos en hogares temporales de acogida aquí en el municipio.[281]
Además, estos mecanismos no pueden exceder los 18 meses, aunque en ciertas circunstancias se pueden autorizar prórrogas excepcionales de seis meses, lo que significa que los niños, niñas y adolescentes pueden perder el acceso a estos mecanismos incluso antes de cumplir los 18 años.
Estrategia de Cuidado Mutuo
Desde 2023, el ICBF ha creado una estrategia piloto para los niños, niñas y adolescentes usados y utilizados por grupos armados y grupos delictivos organizados. Esta estrategia difiere y es independiente de los programas descritos anteriormente. La estrategia involucra a las familias y a las comunidades locales, brinda apoyo psicológico a los niños, niñas y adolescentes que parecen haber sido víctimas de este tipo de uso, y los involucra en actividades deportivas, artísticas y de otro tipo.[282] La estrategia también ofrece apoyo escolar con el objetivo de evitar que los niños, niñas y adolescentes abandonen la escuela.[283] Actualmente se está implementando en 21 municipios, entre ellos Caucasia (Antioquia), Guapi (Cauca), Riosucio (Chocó), Tumaco (Nariño) y Cali (Valle del Cauca).
Iniciativas comunitarias En el departamento del Cauca, el CRIC y la ACIN han desarrollado sus propias estrategias para la recuperación y reintegración de los niños, niñas y adolescentes desvinculados, en parte debido a las dificultades que enfrentan los programas gubernamentales para incorporar una perspectiva étnica. El CRIC administra el programa Camino de Enraizamiento, que recibe financiamiento del ICBF. El programa, establecido en 2025, cuenta con 55 empleados y tiene como objetivo “re-enraizar” a los niños, niñas y adolescentes en sus familias, comunidades y cultura indígena. El programa consta de nueve etapas, con un fuerte énfasis en la estabilización emocional y espiritual de acuerdo con las tradiciones indígenas, así como en el apoyo médico y psicológico y el acceso a la educación. El programa también brinda apoyo a las familias tanto antes como después del regreso de los niños, niñas y adolescentes a casa.[284] “A diferencia del proceso oficial del Estado, que a menudo envía a los niños a instituciones fuera de su territorio, este programa les permite permanecer en su entorno cultural bajo la supervisión de las autoridades indígenas”, dijo un integrante del CRIC que trabaja en el programa.[285] La ACIN administra el programa Recomponer el camino de vuelta a casa, que está en marcha desde 2007. Al igual que el programa del CRIC, incluye la estabilización espiritual de los niños, niñas y adolescentes—lo que ellos describen como “sanación”—, así como apoyo psicológico y de trabajo social para las familias. También hace hincapié en la educación en conocimientos indígenas, como la artesanía y las lenguas nativas.[286] |
Investigación y sanción del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
El artículo 162 del Código Penal de Colombia (Ley n.º 599 de 2000) tipifica como delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su participación directa en hostilidades en el contexto del conflicto armado. El artículo 188D tipifica como delito el uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.[287]
La Fiscalía General de la Nación inicia investigaciones sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de oficio o cuando recibe una denuncia formal de las familias, las autoridades competentes u otras personas.
Entre 2016 y 2025, los fiscales iniciaron indagación en 3.947 noticias criminales en virtud del artículo 162 del Código Penal. De ellas, 45—es decir, aproximadamente el 1 %—pasaron a investigación, 25 llegaron a juicio y 9 terminaron en una condena.[288]
Las pocas condenas por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes parecen centrarse en autores materiales, como personas que trasladaban a los niños, niñas y adolescentes reclutados a otras partes de Colombia, en lugar de enfocarse en los principales responsables de estos delitos. Human Rights Watch solo pudo encontrar una sentencia dictada en la última década contra alguien acusado de ordenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes: Dicha sentencia, dictada en 2024, condenó a líderes del EMC y del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) a penas de entre 11 y 15 años y 4 meses de prisión por su responsabilidad en el reclutamiento de diez niños, nueve de los cuales murieron el 29 de agosto de 2019 en un bombardeo militar en San Vicente del Caguán, Caquetá.[289]
Según los fiscales, el bajo número de casos que avanzan a la etapa de investigación, juicio y sentencia se explica por varios factores, entre ellos la capacidad limitada y los riesgos de seguridad que enfrentan los fiscales e investigadores, la falta de denuncias y la duplicación de denuncias, así como los nuevos desafíos para la investigación derivados del uso de las redes sociales para reclutar.
Además, los fiscales iniciaron indagación en 262 noticias criminales que involucraban a 356 presuntas víctimas de violencia sexual relacionada con el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes cometidos entre 2016 y 2025. Todas estas investigaciones preliminares avanzaron a investigación, 17 dieron lugar a juicios penales y 14 terminaron en condenas.[290] Sin embargo, los defensores de familia le dijeron a Human Rights Watch que es probable que exista un subregistro significativo de estos casos, ya que las niñas a menudo evitan hablar de estas experiencias y, cuando lo hacen, suele ser después de un largo período de construcción de confianza y apoyo psicológico.[291]
Capacidad limitada y riesgos de seguridad
En septiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación creó el “Grupo para la Investigación del Delito de Reclutamiento Ilegal y Delitos Conexos”. El grupo opera desde Bogotá, bajo la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado.[292] El grupo se ocupa de casos de reclutamiento en todo el país, pero con un enfoque particular en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y la región del Orinoco, que registran las cifras más altas de reclutamiento de niños y niñas. Este investiga delitos cometidos en zonas rurales y en el contexto del conflicto armado, donde las víctimas son indígenas, afrodescendientes, campesinos o personas LGBTQI+.[293] Las oficinas regionales de la Fiscalía General de la Nación también se ocupan de casos de reclutamiento.
Hasta julio de 2026, el grupo contaba con cinco fiscales que se ocupaban de 249 casos. Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, de esos casos, 243 se encuentran en la etapa de indagación y 6 están en fase de investigación, lo que significa que, en promedio, cada fiscal está a cargo de 48 casos en la etapa de indagación y un caso en investigación. El caso más reciente en fase de investigación se refiere a hechos ocurridos en 2019. Los demás se refieren a presuntos reclutamientos que tuvieron lugar entre 2008 y 2012.[294]
El grupo cuenta con un analista, que analiza patrones y consolida información para respaldar las investigaciones, y cuenta con el apoyo de 86 investigadores de la policía judicial. Sin embargo, ninguno de estos oficiales se dedica exclusivamente a investigar casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Estos pueden ser asignados a investigar otros delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, como asesinatos de defensores de derechos humanos, desplazamientos forzados o desapariciones.[295] “El número de oficiales de la policía judicial es insuficiente para satisfacer las necesidades de investigación”, dijo un fiscal a Human Rights Watch.[296]
Las oficinas regionales se encargan de investigar los casos de reclutamiento que no investiga el grupo especializado. Solo tres departamentos cuentan con fiscales dedicados a investigar estos abusos dentro de sus oficinas regionales en Popayán (Cauca), Cali (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño).[297] En el caso del Cauca, para marzo de 2026, solo un fiscal estaba a cargo de investigar 423 denuncias de reclutamiento.[298] Human Rights Watch solicitó a la Fiscalía General de la Nación el número total de casos tramitados por todas sus oficinas regionales, pero al momento de redactar este informe aún no había recibido respuesta.
En 2025, la Fiscalía General de la Nación creó un comité encargado de investigar los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que ocurrieron entre 2022 y 2025 en el suroeste del país, incluidos los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Meta. El enfoque del comité consiste en desarrollar estrategias para asignar recursos financieros, tecnológicos y técnicos con el fin de apoyar a los fiscales en sus investigaciones, incluyendo las solicitudes de pruebas y las audiencias judiciales. El comité se reúne al menos una vez al mes y está integrado por fiscales del Grupo de Investigación del Delito de Reclutamiento Ilegal y Delitos Conexos, fiscales de las oficinas regionales y fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, y otras.[299]
Sin embargo, la violencia restringe el acceso a los territorios y dificulta la recopilación de pruebas. Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, los fiscales e investigadores enfrentan dificultades para acceder a zonas donde hay presencia de grupos armados.[300] Por ejemplo, en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, que tiene uno de los niveles más altos de reclutamiento en el país, no ha tenido fiscales desde que un hombre armado no identificado disparó y asesinó a la fiscal en 2021.[301]
Falta de denuncias y duplicación de denuncias
La falta de denuncias es uno de los principales desafíos señalados por las autoridades locales, los líderes comunitarios y los trabajadores humanitarios.[302]
Como explicaron fiscales, funcionarios gubernamentales y expertos, existe una amplia gama de razones por las que las familias no denuncian el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas se incluyen:
El temor a que los grupos armados se enteren de que las familias han denunciado el delito y tomen represalias contra ellas, agravado por la creencia de que las autoridades alertan a los grupos armados sobre las denuncias presentadas en su contra.[303]
La creencia de que los funcionarios del gobierno lograrán poco o nada, con sus esfuerzos por investigar, procesar y sancionar a los responsables, o que cualquier proceso judicial de este tipo no impedirá de manera efectiva que estos delitos se repitan. Las familias y las comunidades suelen considerar que otros medios para lograr la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes son más eficaces que denunciar los casos ante la Fiscalía General de la Nación.[304]
La percepción, en algunas comunidades que han sido afectadas por la violencia durante décadas, de que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es “normal”.[305] Como dijo un académico y director de una fundación dedicada a la prevención del reclutamiento de niños: “Los niños y las comunidades tienden a percibir el reclutamiento como un empleo, por lo que no lo denuncian”.[306]
Una práctica problemática de algunos funcionarios gubernamentales que consiste en aconsejar a las familias que denuncien los casos como “desapariciones forzadas” o “desplazamientos forzados” con el fin de obtener reparaciones como víctimas del conflicto armado. Si bien esta práctica puede facilitar el acceso a la asistencia humanitaria de emergencia a corto plazo, contribuye a que no se denuncien todos los casos de reclutamiento y a su clasificación errónea.[307]
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación carece de un sistema adecuado para filtrar las denuncias duplicadas y garantizar la centralización de las estadísticas entre las oficinas regionales y el Grupo de Investigación del Delito de Reclutamiento Ilegal y Delitos Conexos en Bogotá.[308]
Acceso a la información y a las víctimas
Los fiscales enfrentan desafíos significativos para acceder a la información y a las víctimas en los casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para poder armar sus casos contra los reclutadores, lo que contribuye al bajo número de condenas.
Cuando los niños, niñas y adolescentes todavía permanecen dentro de los grupos armados, los fiscales deben recurrir a otros métodos para obtener información sobre la víctima, explicó un fiscal a Human Rights Watch.[309] En esos casos, los fiscales consultan el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) del Instituto Nacional de Medicina Legal para verificar si existe un reporte de persona desaparecida y localizar a los familiares. Cuando es posible, los fiscales tratan de crear, a través de los familiares, una base de datos de muestras de ADN e imágenes para cotejarlas con el SIRDEC y con los miembros desmovilizados de grupos armados, a fin de determinar si estos podrían conocer al niño o niña reclutada y tener información sobre su estado y paradero.[310]
Cuando los niños, niñas y adolescentes ya han abandonado los grupos armados, los fiscales se basan principalmente en la declaración que la víctima prestó ante el ICBF y el CODA. Sin embargo, estas declaraciones suelen ser incompletas o contradictorias, lo que requiere entrevistas adicionales que deben ser aprobadas y realizadas en presencia de defensores de familia, quienes en ocasiones expresan preocupaciones sobre una posible revictimización. Los niños, niñas y adolescentes también pueden mostrarse reacios a cooperar durante los procedimientos judiciales o pueden cambiar sus declaraciones, sobre todo por motivos de seguridad o porque se han reincorporado a grupos armados, lo que dificulta el avance de las investigaciones y la obtención de una condena, señaló un fiscal.[311]
Desafíos de investigación relacionados con el uso de las redes sociales
Los fiscales se refirieron a los desafíos que enfrentan durante las investigaciones relacionadas con el uso de las redes sociales para reclutar a niños, niñas y adolescentes. Algunos señalaron que el contenido en línea con frecuencia promueve la violencia armada, pero no constituye un delito en sí mismo. “La única forma en que podemos avanzar [con una investigación formal] es si una víctima denuncia haber sido contactada a través de una cuenta específica”, dijo un fiscal.[312]
Un desafío importante es preservar la información existente en redes sociales. Según los fiscales, algunas cuentas de TikTok y Facebook denunciadas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos fueron eliminadas y los metadatos no se conservaron para las investigaciones penales. La Fiscalía General de la Nación planteó este tema a las plataformas de redes sociales, las cuales respondieron brindando capacitación a los fiscales sobre cómo solicitar y manejar esta información.[313]
El 7 de febrero de 2025, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos inició una investigación de oficio sobre el presunto reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales y plataformas de redes sociales en todo el país.[314]
Recomendaciones
Al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella:
Fortalecer la Política Pública de Prevención, la CIPRUNNA y otras estrategias relacionadas
- Actualizar la Política Pública de Prevención, alineándola con otras iniciativas existentes, como la Estrategia de Prevención 2025-2030, el plan de acción de la Declaración de Escuelas Seguras y la Política Pública de Gestión Integral de Riesgos Escolares y Educación en Situaciones de Emergencia, también conocida como “Escuela, Territorio de Vida”. Esta actualización, entre otras cosas además de abordar cambios para fortalecer tanto la política en sí misma como la capacidad de las instituciones responsables, debe:
- Abordar las diferencias existentes en los programas de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados que son partes en el conflicto armado y aquellos reclutados y usados por grupos delictivos organizados que no lo son, garantizando que todos sean tratados principalmente como víctimas;
- Establecer indicadores y metas cuantificables para las acciones en curso (por ejemplo, programas implementados, funcionarios capacitados, comunidades alcanzadas) y los resultados alcanzados (por ejemplo, aumento de las denuncias, niños, niñas y adolescentes inscritos en programas de protección o educación, resultados de reintegración) para monitorear tanto el progreso en la implementación como el impacto de la política;
- Designar entidades a nivel nacional y local responsables de la implementación y asignar un presupuesto específico para cada acción descrita en la política;
- Asegurar que las políticas públicas y los programas relacionados a estas adopten un enfoque de género y étnico que sean adecuados a las edades de los niños y niñas, y que sean culturalmente apropiados;
- Crear un sistema de monitoreo y evaluación que permita elaborar un informe anual y mantenga un tablero de datos público y actualizado, que proporcione información sobre la implementación de la política;
- Adoptar medidas para apoyar a los jóvenes en la elaboración de planes para su futuro, ampliar las oportunidades de generación de ingresos y vincular a las poblaciones vulnerables con los programas de política social y los mecanismos de apoyo financiero existentes;
- Desarrollar e implementar una estrategia de medios y comunicación para crear conciencia sobre el trabajo infantil y el reclutamiento.
- Fortalecer la labor de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales y Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA), asegurando que cuente con una asignación presupuestaria adecuada y sostenida, y establezca un sistema de participación y toma de decisiones que garantice el cumplimiento de los compromisos, lo cual incluye:
- Designar a representantes de alto nivel de las instituciones que forman parte de la CIPRUNNA para que asistan a las sesiones;
- Establecer para las instituciones miembros mecanismos de cumplimiento obligatorio de las acciones acordadas en las sesiones;
- Asegurar que las decisiones de la CIPRUNNA sean vinculantes para las instituciones participantes y estén sujetas a seguimiento y a la presentación de informes públicos;
- Establecer un sistema de monitoreo y evaluación para dar seguimiento y valorar el cumplimiento institucional de los compromisos acordados;
- Establecer que una institución como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lidere la implementación de medidas de prevención a nivel territorial, con el apoyo y la participación de otras instituciones nacionales.
- Fortalecer la implementación del plan de acción de la Declaración de Escuelas Seguras, alineándolo con la Política Pública de Prevención, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos institucionales, entre otras cosas a través de las siguientes medidas:
- Dar prioridad a los territorios afectados por el reclutamiento y uso;
- Adoptar medidas para reforzar la asistencia escolar y proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo;
- Brindar capacitación en habilidades y herramientas de apoyo emocional a docentes y familiares para identificar los riesgos de reclutamiento y prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a través de los canales institucionales existentes.
Asegurar un presupuesto adecuado
- Crear un proyecto de inversión específico para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que incluya los recursos necesarios para fortalecer las rutas de prevención temprana, urgente y en protección.
- A través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, establecer un trazador presupuestal para el monitoreo de los recursos invertidos en la prevención, la protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso y utilización.
Fortalecer la coordinación interinstitucional y la capacidad territorial
- Establecer, mediante decreto, un marco operativo para el Equipo Nacional de Acción Inmediata (ENAI), definiendo claramente sus responsabilidades en el rescate de niños, niñas y adolescentes reclutados o en riesgo de ser reclutados y asignando el presupuesto necesario para su funcionamiento.
- Promover la creación y el funcionamiento de los Comités Departamentales de Prevención y garantizar que cuenten con el respaldo institucional, el presupuesto y la capacidad operativa para cumplir sus funciones a nivel territorial.
- Encargar al Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos o cualquier institución que asuma sus funciones bajo el nuevo gobierno, que elabore directrices para la formulación de planes de desarrollo territorial que incluyan medidas alineadas con la Política Pública de Prevención, así como asignaciones presupuestarias específicas para el funcionamiento de los Equipos de Acción Inmediata (EAI), los Comités Departamentales de Prevención y las rutas de prevención urgentes y en protección.
- Ordenar al Ministerio del Interior que colabore con la Defensoría del Pueblo para elaborar directrices que garanticen que la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) responda de manera rápida y eficaz a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y garantizar una evaluación exhaustiva de las respuestas anteriores y su impacto.
Establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana e información
- Establecer y financiar un sistema unificado de monitoreo, registro y verificación de casos y cifras relacionadas con el reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes capaz de integrar y cruzar datos de múltiples fuentes. El sistema debe estar a cargo del Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, o de cualquier institución que asuma sus funciones bajo el nuevo gobierno, y debe reunir información de diferentes entidades estatales, incluyendo la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, así como de fuentes no estatales como la Organización de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil. El sistema debe publicar informes trimestrales y mantener un tablero público de datos con información anonimizada sobre reclutamiento y desvinculación y desglosada por fuente, año, mes, departamento, municipio, género, edad, origen étnico y grupo armado responsable.
- Como parte del plan de acción de la Declaración de Escuelas Seguras, crear un mecanismo para que el Observatorio de Derechos Humanos de la Oficina de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, o cualquier institución que asuma sus funciones bajo el nuevo gobierno, registre y dé seguimiento a los ataques contra escuelas, las amenazas contra docentes y estudiantes, el desplazamiento forzado del personal educativo y el reclutamiento dentro o cerca de las instalaciones escolares. El sistema debe coordinarse con el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades educativas locales para garantizar la presentación oportuna de informes y la respuesta adecuada. El sistema debería publicar informes trimestrales y mantener un tablero público de datos con información anonimizada.
- Crear un sistema nacional de alerta temprana para monitorear la deserción escolar, basado en la información sobre la asistencia de los estudiantes proporcionada por las escuelas y las secretarías de educación municipales y departamentales, el rendimiento académico, la participación en programas de alimentación escolar y otros indicadores. El sistema activaría estrategias de acercamiento para identificar a los niños, niñas y adolescentes que han abandonado la escuela o que están en riesgo de hacerlo. La estrategia debe ser liderada y financiada por el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las secretarías departamentales y municipales de educación, con la participación del ICBF, y debe publicar informes anuales sobre las tendencias de deserción escolar, las acciones de acercamiento realizadas y los niños, niñas y adolescentes a los que se ha llegado.
- Exigir el intercambio regular de información entre los tres sistemas mencionados anteriormente, el análisis conjunto de patrones y factores de riesgo, y la presentación de informes públicos consolidados, asegurando que los datos sobre incidentes, ataques a escuelas y tendencias de deserción escolar se interpreten de manera conjunta como parte de un marco integrado de alerta temprana y respuesta.
Mejorar la búsqueda, el rescate y la respuesta ante emergencias
- Implementar plenamente el sistema nacional Alerta Rosa como un mecanismo de búsqueda y rescate de niños, niñas y adolescentes reclutados, dirigido y financiado por el Estado, asegurando que funcione a nivel local y departamental en todos los territorios afectados. El mecanismo debe coordinarse con organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la localización y el rescate de niños, niñas y adolescentes reclutados. Las autoridades también deben garantizar la coordinación entre el sistema nacional Alerta Rosa y las rutas de prevención urgente y en protección establecidas en el marco de la Política Pública de Prevención, así como con los EAIs municipales, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos.
- Crear y financiar un fondo nacional de respuesta a emergencias para la protección urgente de los niños, niñas y adolescentes desvinculados o aquellos en riesgo inminente de reclutamiento, administrado por el ICBF o la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, o cualquier institución que asuma sus funciones. El acceso al fondo debe activarse mediante la identificación formal de un niño, niña o adolescente a través del sistema nacional Alerta Rosa, las rutas de prevención urgente y en protección establecidas en el marco de la Política Pública de Prevención, o la identificación de un riesgo inminente por parte de la autoridad administrativa competente. El fondo debe complementar, y no sustituir, las responsabilidades que tienen las autoridades locales para responder ante este tipo de casos, y debe garantizar el acceso rápido de los niños, niñas y adolescentes a vías de restablecimiento de derechos, incluyendo refugio, apoyo psicosocial y medidas de protección legal.
Fortalecer los programas de restablecimiento de derechos y reintegración, así como la capacidad institucional del ICBF
- Asegurar que los niños, niñas y adolescentes víctimas de uso por parte de grupos armados o delictivos organizados tengan acceso a un programa especializado de restablecimiento de derechos que reconozca sus necesidades, experiencias y vulnerabilidades. Para ello, el gobierno debe crear un programa dedicado exclusivamente a estas víctimas o ampliar el actual Programa Especializado para Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados, con un enfoque específico que incluya a las víctimas de uso y utilización por parte de grupos delictivos organizados.
- Asegurar que el ICBF cuente con el presupuesto adecuado y la capacidad administrativa necesarios para que todas las medidas del Programa Especializado para Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados, así como cualquier programa ampliado o nuevo para niños, niñas y adolescentes víctimas de uso, se implementen plenamente en todo el país.
- Adoptar reglamentos internos en el ICBF para garantizar estándares mínimos de capacitación en materia de acompañamiento emocional y psicosocial para todo el personal que trabaje en el Programa Especializado para Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados, así como en cualquier programa ampliado o nuevo para niños, niñas y adolescentes víctimas de uso, incluyendo a los defensores de familia y sus equipos, así como a los proveedores de servicios privados responsables de implementar las medidas del programa. Asegurar que esta capacitación incorpore un enfoque étnico y aborde las necesidades específicas de los casos que involucran violencia sexual.
- Contratar, capacitar y desplegar más defensores de familia en las regiones más afectadas por el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de garantizar respuesta las 24 horas del día, los siete días de la semana.
- Asegurar que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley No. 2590, el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para los niños víctimas de reclutamiento pueda extenderse más allá del plazo establecido para otras vulneraciones de derechos cuando persistan riesgos para la vida, la integridad personal o el proceso de reintegración de la víctima.
Integrar la protección infantil en las políticas de seguridad y paz
- Formular e implementar una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos que priorice la persecución penal de los miembros de los grupos armados y delictivos organizados responsables del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, con base en evaluaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y todos los organismos de inteligencia estatales. La política debe garantizar la protección de las comunidades afectadas, en particular de los niños, niñas y adolescentes, y servir como marco general que establezca directrices de priorización para otras políticas, como el Plan Nacional de Política Criminal y la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.
- Asegurar que cualquier negociación con grupos armados y delictivos organizados incorpore medidas para prevenir el reclutamiento y promover la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes que ya se encuentran en grupos armados. Cualquier acuerdo de alto el fuego o de implementación debe incluir salvaguardias concretas y adecuadas para proteger a la población civil, tales como cláusulas de protección infantil, mecanismos de verificación de edad de los miembros del grupo y compromisos para poner fin al reclutamiento. El cumplimiento de estas salvaguardias debe ser supervisado por organismos independientes, incluyendo a la ONU y a organizaciones de la sociedad civil con experiencia en protección infantil.
- Asegurar que cualquier legislación sobre desmovilización, sometimiento a la justicia o dejación de armas presentada por el gobierno al Congreso aborde explícitamente la situación de los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados, usados o utilizados por grupos armados. Dicha legislación debe tratar a los niños, niñas y adolescentes principalmente como víctimas y no como autores de delitos, garantizando el pleno restablecimiento de sus derechos, su acceso a mecanismos de verdad, justicia y reparación, y la investigación y sanción de los responsables.
Abordar los factores de riesgo subyacentes que impulsan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
Dar prioridad a la implementación de programas de protección social en los territorios más afectados por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizar que las familias que sufren pobreza y exclusión social tengan acceso al menos a un nivel de vida digno que reduzca su vulnerabilidad ante los incentivos económicos que ofrecen los grupos armados.
- Intensificar los esfuerzos para ampliar la presencia de las instituciones y los programas estatales en las zonas remotas y abordar las causas de raíz de la violencia mediante la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), establecidos en el acuerdo de paz de 2016, y otros programas o estrategias destinados a fortalecer las instituciones estatales en los municipios remotos.
Diseñar e implementar estrategias para reducir las barreras de acceso a la educación en territorios de alto riesgo, alineándolas con otras iniciativas existentes, como el plan de acción de la Declaración de Escuelas Seguras y el plan Escuela Territorio de Vida, incluso mediante la provisión de transporte, útiles escolares, comidas y modalidades de aprendizaje flexibles para los niños, niñas y adolescentes en zonas remotas o afectadas por el conflicto. Estas estrategias deben coordinarse entre el Ministerio de Educación Nacional, los gobiernos locales y el ICBF, y deben vincularse al sistema nacional de alerta temprana para la deserción escolar recomendado anteriormente.
Reducir en los territorios más afectados por el reclutamiento la dependencia de las comunidades de las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, incluso mediante operativos de seguridad basados en derechos humanos y programas de desarrollo alternativo para las familias que dependen de las economías ilícitas.
Fortalecer la respuesta a la violencia doméstica en territorios de alto riesgo de reclutamiento, ampliando el acceso a servicios de atención especializada, estableciendo mecanismos de denuncia para niños, niñas y adolescentes, capacitando a las autoridades locales y a los docentes para identificar y responder a situaciones de violencia doméstica, y asegurando que los niños, niñas y adolescentes que huyen de la violencia en el hogar tengan acceso a protección inmediata y apoyo psicosocial.
Abordar los riesgos en los entornos digitales
Asegurar que los esfuerzos para abordar el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y grupos delictivos organizados a través de plataformas digitales se implementen de manera coherente con el derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades pertinentes, en coordinación con las plataformas de redes sociales y las organizaciones de la sociedad civil, deben mejorar la colaboración, garantizar la derivación oportuna a los servicios de protección infantil cuando sea apropiado, aclarar las responsabilidades operativas y promover la transparencia y la rendición de cuentas mediante informes periódicos sobre las medidas adoptadas y los resultados logrados.
- Diseñar e implementar una estrategia nacional de alfabetización digital y acceso seguro a Internet para niños, niñas y adolescentes en los territorios más afectados por el conflicto armado, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF, con un enfoque en el reconocimiento y la denuncia de las tácticas de reclutamiento en línea. Esta estrategia debe dar prioridad a las comunidades con conectividad y educación digital limitada, y debe incluir componentes específicos para docentes, familias y líderes comunitarios.
Al Congreso de Colombia:
Supervisar la aplicación de las leyes pertinentes de conformidad con las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la revisión de los informes anuales presentados al Congreso sobre el desarrollo de entornos digitales seguros, la cooperación entre las instituciones responsables y la eficacia en la lucha contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en línea.
Promover políticas y marcos normativos que alienten a las plataformas digitales que operan en Colombia a llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos; proporcionar una supervisión humana de la moderación de contenidos y los sistemas de recomendación; garantizar capacidad de moderación en español y en las lenguas indígenas pertinentes; y aumentar la transparencia respecto a los riesgos para los niños, niñas y adolescentes, incluidos los riesgos asociados con el reclutamiento por parte de grupos armados, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Evaluar si los marcos legales existentes abordan adecuadamente el reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes, particularmente a través de tecnologías digitales, y, cuando sea necesario, adoptar medidas específicamente adaptadas que brinden claridad jurídica, de conformidad con del derecho internacional de los derechos humanos.
A la Fiscalía General de la Nación:
- Fortalecer las capacidades del sistema de justicia y de las investigaciones penales y forenses, en particular a través del “Grupo de Investigación del Delito de Reclutamiento Ilegal y Delitos Conexos” de la Fiscalía General de la Nación, aumentando la presencia de fiscales e investigadores en las zonas más afectadas por el reclutamiento y asegurando que cuenten con la capacidad técnica y la protección necesarias para llevar a cabo investigaciones tanto físicas como digitales. Asegurar que el grupo cuente con una unidad de policía judicial dedicada, y recursos suficientes para realizar sus investigaciones y mantener su alcance territorial.
- Profundizar los esfuerzos de investigación destinados a desmantelar las redes de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, incluidas aquellas en las que participan civiles, mediante el desarrollo de investigaciones subregionales para identificar patrones delictivos que puedan facilitar el enjuiciamiento de quienes ordenan o dirigen el reclutamiento, incluidos los altos mandos de los grupos armados.
- Fortalecer los canales de denuncia del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescente, garantizando mecanismos seguros, confidenciales y accesibles para las comunidades rurales y étnicas, incluyendo vías adaptadas para la denuncia anónima y a distancia, e implementar medidas de protección reforzadas para las víctimas y los testigos a fin de ayudar a reducir la falta de denuncias motivada por el temor a represalias.
- Desarrollar procedimientos claros para la preservación, la recopilación y el acceso a las pruebas pertinentes en investigaciones relacionadas con el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en línea, incluidos mecanismos para la cooperación oportuna con las plataformas de redes sociales, al tiempo que se garantizan sólidas salvaguardias de derechos humanos.
- Asegurar que los fiscales e investigadores que se ocupan de casos relacionados con el reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes en línea reciban capacitación adecuada y continua sobre cómo llevar a cabo investigaciones digitales que respeten los derechos humanos; identificar y preservar las pruebas pertinentes; presentar solicitudes de información efectivas a las plataformas de redes sociales; entrevistar a los niños, niñas y adolescentes con un enfoque sensible al trauma, adaptado a su edad y que no genere su revictimización; y comprender los programas de restablecimiento de derechos disponibles y las vías de protección para garantizar una derivación y coordinación efectivas.
- Establecer un protocolo unificado de testimonio para los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y uso que reconozca y minimice los efectos del trauma, asegurando que el relato de un niño o niña se recoja solo una vez, bajo los más altos estándares probatorios y en condiciones que protejan su dignidad y bienestar. Este protocolo debe ser elaborado conjuntamente por la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), y debe incluir procedimientos claros para la admisibilidad de los testimonios recabados por entidades no judiciales en los procesos penales, reduciendo así la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes tengan que volver a contar su historia varias veces.
A la Defensoría del Pueblo:
- Fortalecer el mecanismo de seguimiento de los casos de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, asegurando que la información recabada por el mismo se comparta y coteje regularmente con el mecanismo establecido por el gobierno para el seguimiento, registro y verificación de casos y cifras relacionadas con el reclutamiento y el uso. La Defensoría debería seguir publicando informes públicos periódicos sobre sus hallazgos, desglosados por territorio, grupo armado, edad, género y origen étnico, y debe señalar oportunamente los patrones y riesgos emergentes a la CIPRUNNA y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, o a cualquier institución que asuma sus funciones bajo el nuevo gobierno.
A los gobiernos departamentales y municipales:
- Asegurar el establecimiento, el funcionamiento y la dotación de presupuesto y personal, de los EAIs y los Comités Departamentales de Prevención, en coordinación con la CIPRUNNA y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, o cualquier institución que asuma sus funciones bajo el nuevo gobierno, para garantizar una acción coherente y complementaria entre los niveles nacional y local.
- Incluir medidas específicas para prevenir el reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes en los planes de desarrollo territorial y en las políticas municipales y departamentales, de conformidad con la Política Pública de Prevención y las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación. Estas medidas deben incluir asignaciones presupuestarias específicas y mecanismos de coordinación con organismos a nivel nacional y organizaciones de la sociedad civil que operan en el territorio.
- Establecer un fondo local de respuesta de emergencia para la protección urgente de los niños, niñas y adolescentes desvinculados o aquellos en riesgo inminente de reclutamiento, diseñado para complementar—y no duplicar—el fondo nacional de respuesta de emergencia y las responsabilidades de las autoridades nacionales. Estos fondos deben garantizar el acceso oportuno a rutas de protección y restablecimiento de derechos, incluyendo refugio, apoyo psicosocial y medidas de protección legal.
A las plataformas de redes sociales:
Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia en materia de derechos humanos que permita identificar, evaluar, prevenir, mitigar y dar cuenta del riesgo de que las plataformas de redes sociales, incluidos sus sistemas de moderación y recomendación, contribuyan al reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
Implementar e informar públicamente sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad infantil y las medidas de mitigación de riesgos previstas en las normas internacionales de derechos humanos y la legislación colombiana, para la detección y moderación de contenidos vinculados a grupos armados, al crimen organizado y al reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, asegurándose de que dichos contenidos no sean amplificados ni recomendados por los algoritmos de las plataformas. Cuando se elimine contenido, las plataformas deben conservar las pruebas pertinentes y facilitar el acceso a dicha información en investigaciones específicas que involucren a niños, niñas y adolescentes, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Realizar auditorías públicas periódicas e independientes de los sistemas de recomendación para identificar y mitigar los riesgos de exposición a contenidos o cuentas vinculadas al reclutamiento por parte de grupos armados por parte de niños, niñas y adolescentes, compartir los resultados con las autoridades colombianas y las organizaciones de la sociedad civil, y mitigar los riesgos asociados, de conformidad con del derecho internacional de los derechos humanos.
Establecer e implementar mecanismos claros para identificar y responder a los contenidos y conductas asociados con el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, incluyendo procedimientos para remitir los casos que impliquen un riesgo inminente a las autoridades competentes en materia de protección infantil. Estos mecanismos deben respetar los estándares de derechos humanos.
Informar públicamente sobre las medidas adoptadas para abordar los contenidos y cuentas relacionados con el reclutamiento, incluyendo eliminaciones, remisiones y esfuerzos de mitigación de riesgos.
Establecer canales de denuncia específicos, accesibles y adaptados a los niños, niñas y adolescentes, en español y en las lenguas indígenas pertinentes, para que los usuarios puedan señalar contenidos relacionados con el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes asegurando que las denuncias se revisen sin demora y que los usuarios—incluidos los niños y niñas—reciban información oportuna sobre las medidas adoptadas, así como la oportunidad de apelar o solicitar reparación cuando sea apropiado.
Colaborar con la Fiscalía General de la Nación para impartir capacitación a fiscales e investigadores sobre cómo navegar por los entornos y herramientas de las plataformas, presentar solicitudes de información eficaces, identificar y preservar pruebas, y utilizar dichas pruebas en los procedimientos judiciales.
A las agencias y mecanismos de la ONU:
Continuar y fortalecer el monitoreo de las violaciones graves de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia a través del Mecanismo de Monitoreo y Reporte de la ONU establecido en virtud de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Brindar apoyo técnico y financiero al gobierno nacional de Colombia y a los gobiernos departamentales y municipales, a través de UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones y otros organismos pertinentes, para la implementación de la Política Pública de Prevención, el Programa Especializado para Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados y cualquier programa nuevo o ampliado para niños, niñas y adolescentes víctimas de uso, dando prioridad a los territorios más afectados por el reclutamiento y con menor capacidad institucional.
Fortalecer la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país y su capacidad para documentar casos en los diferentes departamentos del país, así como su capacidad para brindar asistencia técnica al gobierno en el desarrollo de políticas públicas.
A los gobiernos donantes, incluidos Estados Unidos, Canadá y los países europeos:
- Expresar su preocupación, tanto públicamente como a través de canales diplomáticos, por el reclutamiento, y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados o grupos delictivos organizados, y presionar al gobierno colombiano para que adopte medidas efectivas y cuantificables para prevenir el reclutamiento, proteger a los niños, niñas y adolescentes en riesgo y restablecer los derechos de las víctimas.
- Instar al presidente de Colombia a que haga de la prevención del reclutamiento y de la protección y reintegración de los niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados una prioridad máxima en cualquier proceso de desmovilización o negociación, asegurándose de que cualquier acuerdo incluya compromisos en materia de protección infantil concretos, exigibles y supervisados de manera independiente.
- Proporcionar financiamiento sostenido para programas destinados a prevenir el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, y proteger aquellos en situación de riesgo y restablecer los derechos de las víctimas.
Agradecimientos
La investigación para este informe y su redacción estuvieron a cargo de Nelson González Sánchez, asistente de investigación para Colombia, y Martina Rapido Ragozzino, investigadora para Norte de los Andes, de la División de las Américas de Human Rights Watch, bajo la supervisión de Juan Pappier, subdirector para las Américas.
Brian Root, analista cuantitativo senior de Human Rights Watch, llevó a cabo y redactó las secciones de análisis cuantitativo.
El informe fue revisado y editado por Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas; Jo Becker, directora de incidencia sobre los derechos de la niñez; Sam Dubberley, director de la división de Tecnología, Derechos e Investigaciones; Hilary Power, directora de incidencia en Naciones Unidas en Ginebra; Louis Charbonneau, director de incidencia en Naciones Unidas en Nueva York; Widad Franco, defensora ante la ONU; Cristina Quijano Carrasco, investigadora de la división de derechos de las mujeres; Lena Simet, asesora sénior de la División de Justicia y Derechos Económicos; Tomiwa Ilori, investigador sénior de la División de Tecnología y Derechos Humanos; Friederike Mager, coordinadora sénior de incidencia en la Unión Europea; y Kate Weine, coordinadora sénior de incidencia en Washington. Eric Goldstein, editor principal; Joseph Saunders, subdirector de programas; y Chris Albin-Lackey, asesor legal sénior, se encargaron de la revisión programática y jurídica, respectivamente.
Los gráficos y elementos visuales del informe fueron diseñados y elaborados por Travis Carr, coordinador sénior de publicaciones, y Victória Sacagami, diseñadora de información.
Delphine Starr, oficial de edición para las Américas, y Valentina Gómez, asociada para las Américas, contribuyeron a la elaboración del informe. Travis Carr preparó el informe para su publicación.
Human Rights Watch desea agradecer a las numerosas personas que contribuyeron a este informe. Agradecemos el apoyo brindado durante nuestros viajes de investigación por las oficinas en terreno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Defensoría del Pueblo. También queremos agradecer a la Fundación Mi Historia, a la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado en Colombia (COALICO), a Save the Children y a otros socios por su gran apoyo.
Por encima de todo, estamos profundamente agradecidos con los niños, niñas y adolescentes, las familias y las comunidades afectadas que generosamente compartieron sus historias con nosotros.
