(Washington, D. C.) – La nueva ley de amnistía de Venezuela tiene graves deficiencias que excluyen a muchas personas que han sido detenidas arbitrariamente y su implementación en la práctica puede impedir la liberación de quienes deberían beneficiarse de esta ley, señaló hoy Human Rights Watch.
La ley tiene el presunto objetivo de ayudar a Venezuela a salir de los años de represión política que caracterizaron al gobierno del expresidente Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas afirman que más de 8.600 personas, incluidas más de 300 que estaban privadas de libertad, se han beneficiado de la ley, aunque no han proporcionado una lista de beneficiarios. Sin embargo, muchos miembros de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos que habían sido detenidos arbitrariamente han quedado excluidos. Al menos 457 presos políticos siguen tras las rejas, según la organización de derechos humanos Foro Penal.
“La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos”, dijo Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Además, su aplicación injusta y opaca ha socavado aún más la liberación de los presos políticos”.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de amnistía el 19 de febrero de 2026, con el propósito de “promover la paz social y la convivencia democrática” mediante la concesión de una “amnistía general y plena” para determinados delitos cometidos entre 1999 y 2026. Las autoridades venezolanas deben garantizar que la ley se aplique de manera transparente y en toda su extensión, y deben explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios, señaló Human Rights Watch.
Según la ley, los tribunales venezolanos, que carecen de independencia respecto al poder ejecutivo, son responsables de revisar las solicitudes de amnistía.
Investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a 16 personas identificadas por Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos como presos políticos, y cuyas solicitudes de amnistía fueron denegadas o estaban pendientes al momento de las entrevistas. Los investigadores también entrevistaron a dos abogados que representan a posibles beneficiarios, así como a miembros de varias organizaciones venezolanas de derechos humanos que supervisan su implementación. Además, Human Rights Watch revisó 10 resoluciones judiciales que denegaban solicitudes de amnistía y tres apelaciones presentadas por los posibles beneficiarios.
La presidenta Delcy Rodríguez sugirió el 23 de abril que la ley de amnistía había cumplido su propósito y estaba llegando a su fin. El diputado Jorge Arreaza, quien dirige una comisión de la Asamblea Nacional encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, aclaró posteriormente que esta seguía vigente. Sin embargo, estimó que la ley había beneficiado a la mayoría de las personas que podía amparar. Los dos abogados entrevistados, así como Foro Penal, dijeron que algunos tribunales al parecer se habrían negado a aceptar nuevas solicitudes de amnistía desde el anuncio de Rodríguez.
Las autoridades han denegado la amnistía a líderes de la oposición como Perkins Rocha y Henry Alviarez, miembros del partido opositor Vente Venezuela; al defensor de los derechos humanos Javier Tarazona, director de la organización de derechos humanos Fundaredes; a un grupo de líderes sindicales; y al periodista y activista Carlos Julio Rojas.
La ley contiene limitaciones que vacían de contenido su propio objetivo. Aunque la ley afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos “en el contexto” de eventos específicos ocurridos en ciertos años. También incluye disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas que han sido procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Más allá de sus limitaciones inherentes, la aplicación de la ley se ha caracterizado por importantes deficiencias. Algunas personas que solicitan la amnistía, incluidas algunas que han estado encarceladas durante años, no han sido debidamente informadas sobre los cargos que se les imputan ni sobre las pruebas presentadas en su contra, lo que hace difícil argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad de la ley, que ya de por sí son restrictivos.
En algunos casos, los jueces tampoco han fundamentado y motivado debidamente sus decisiones de denegar la amnistía. Además, han restringido el acceso a los expedientes de los casos y a la representación de abogados particulares.
Las autoridades venezolanas deben garantizar la liberación incondicional de cualquier persona detenida o procesada arbitrariamente, incluso por motivos políticos, señaló Human Rights Watch.
El nuevo Programa para la paz y convivencia democrática creado por Delcy Rodríguez debería evaluar los casos en los que se ha denegado la amnistía o que siguen pendientes, y pedir urgentemente al gobierno que proceda sin demora a conceder indultos a las personas que hayan sido detenidas de manera arbitraria o injustificada, y que las ponga en libertad de forma incondicional. También debería revisar los casos de personas que quedaron excluidas de la ley por haber sido acusadas sin fundamento de delitos violentos.
La recién nombrada defensora del pueblo, Eglée González, debería supervisar de cerca la aplicación de la ley y presionar a las autoridades para que la apliquen de manera transparente e imparcial, respetando las garantías del debido proceso. El recién nombrado fiscal general, Larry Devoe, debería respaldar las solicitudes de amnistía de las personas detenidas arbitrariamente y explorar otras vías legales en el marco de la legislación venezolana para cerrar las investigaciones arbitrarias contra los críticos.
Las autoridades venezolanas también deberían adoptar medidas más amplias para restablecer la independencia y la integridad del poder judicial, garantizando nombramientos transparentes y basados en méritos para cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia, señaló Human Rights Watch. También deberían reformar o derogar las leyes que han permitido procesos penales arbitrarios contra críticos, como la Ley contra el Odio de 2017 y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de 2012.
“Los gobiernos extranjeros deberían supervisar la liberación de los presos políticos y los esfuerzos más amplios para reformar el poder judicial, y considerar estos dos temas parámetros cruciales para evaluar si hay avances en el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Goebertus.
Vacíos legales y otros problemas de la ley
La ley de amnistía afirma abarcar “todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas” cometidos desde 1999. Sin embargo, incluye tres conjuntos de disposiciones que excluyen a un gran número de personas que han sido detenidas arbitrariamente.
En primer lugar, la ley limita la elegibilidad a las personas procesadas “en el contexto” de eventos específicos, incluyendo las protestas de 2014 y 2017 y los procesos electorales de 2024 y 2025, cada uno de los cuales se limita a marcos temporales estrictamente definidos.
En algunos casos, los jueces han denegado la amnistía a personas que habían sido detenidas arbitrariamente con el pretexto aparente de que sus casos no cabían dentro de los hechos específicos cubiertos por la ley, aunque algunas decisiones no exponen una motivación clara para denegar la amnistía.
Por ejemplo, cinco líderes sindicales detenidos en 2022 tras participar en protestas que exigían aumentos salariales y mejores condiciones laborales en el sector público fueron condenados en 2023 por “conspiración” y “asociación para delinquir”. Aunque fueron puestos en libertad en diciembre de 2023 con la condición de presentarse periódicamente ante los tribunales, sus condenas siguen vigentes. El 5 de marzo, un juez de Caracas les denegó la amnistía, dando a entender, entre otras razones, que sus casos no estaban relacionados con los eventos específicos contemplados en la ley.
En segundo lugar, la ley contiene disposiciones definidas de manera amplia que permiten excluir a personas que puedan haber sido detenidas arbitrariamente por expresiones protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, la ley excluye a cualquier persona acusada de “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela”.
En tercer lugar, la ley excluye a las personas acusadas de “rebelión militar”, de ciertos delitos violentos, como el homicidio, y de violaciones de los derechos humanos. Algunas de estas exclusiones son razonables en principio y, en cierta medida, incluso exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, algunas personas en Venezuela han sido procesadas y condenadas arbitrariamente por tales delitos y deberían ser puestas inmediatamente en libertad. Las autoridades venezolanas deberían explorar vías adicionales para garantizar que esos casos se revisen adecuadamente, que las personas afectadas sean puestas en libertad y que se retiren los cargos en su contra, basándose en un análisis más amplio de las pruebas que no se limite únicamente a los delitos por los que fueron acusadas o condenadas.
Entre otros, las autoridades deberían analizar los casos de más de 180 militares a quienes Foro Penal considera presos políticos, así como los casos relacionados con acusaciones de tentativa de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de derechos humanos, fue detenido en abril de 2024 y fue acusado, entre otros cargos, de intentar asesinar a Maduro. Rojas señala que las acusaciones son falsas. Fue puesto en libertad en enero de 2026 bajo la condición de presentarse periódicamente ante un juez. Rojas dijo a Human Rights Watch que fue detenido por sus críticas al gobierno de Maduro y por su labor como periodista y defensor de los derechos humanos. En abril, un juez negó su solicitud de amnistía.
La ley también exige a los beneficiarios que “cesen” su presunta conducta delictiva, aunque muchos han sido procesados por ejercer de manera legítima y legal sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Esto subraya la urgente necesidad de reformar o derogar leyes, como la Ley contra el Odio de 2017, que han permitido estos procesos judiciales abusivos.
La ley también exige a las autoridades que eliminen de los registros la información relacionada con los casos de las personas que se benefician de la amnistía. Si bien esta medida puede eliminar las consecuencias formales de los procesos penales para los beneficiarios, no prevé la conservación o el uso de dichos registros para futuros esfuerzos de rendición de cuentas o esclarecimiento de la verdad. Las autoridades deberían borrar los registros de los expedientes personales de los acusados pero garantizar que se conserven estos registros para el futuro, señaló Human Rights Watch.
Fallas en la implementación
Human Rights Watch identificó deficiencias que han socavado la capacidad de los acusados de argumentar que cumplen los criterios establecidos por la ley.
Los tribunales también han excedido con frecuencia el plazo legal de 15 días para emitir decisiones sobre las solicitudes de amnistía. Human Rights Watch entrevistó a varias personas que habían esperado más de dos meses por una decisión en sus casos o que aún estaban esperando. Abogados y algunos solicitantes dijeron que los funcionarios judiciales han justificado estos retrasos por la falta de “instrucciones de arriba”, lo que apunta a una posible injerencia indebida en las decisiones, incluyendo política.
Muchas de las personas entrevistadas afirmaron que no se les había informado adecuadamente sobre los cargos o las pruebas en su contra, lo que les dificultaba, si no les impedía, argumentar que sus casos cumplían con los requisitos de la ley de amnistía. En algunos casos, las autoridades han restringido el acceso a los expedientes que los abogados necesitan para preparar solicitudes de amnistía y representar adecuadamente a sus clientes.
Durante años, los tribunales también se han negado a aceptar documentos de designación de abogados particulares, lo que en la práctica obliga a los acusados a ser representados por un defensor público. Varias personas que solicitaron la amnistía dijeron que los tribunales continúan con esta práctica, lo que dificulta aún más a las personas preparar y presentar las solicitudes.
“Traté de designar a mi propio abogado”, dijo una figura de la oposición. “Me pusieron muchos obstáculos, diciéndome que no me preocupara porque el defensor público podría tramitar la solicitud”. Sin embargo, cuatro personas cuyas solicitudes de amnistía fueron denegadas, así como dos abogados, dijeron que los defensores públicos no solicitan la amnistía ni apelan las decisiones. “Estamos en un total estado de indefensión”, dijo uno de ellos.
Los tribunales a menudo no han articulado una motivación clara para sus decisiones de denegar la amnistía. Algunas sentencias que Human Rights Watch revisó simplemente citan varios artículos de la ley, sin especificar qué requisitos no se habían cumplido en opinión del juez.
Esta práctica ha dado lugar a decisiones que son, o parecen ser, inconsistentes. En un caso documentado por Human Rights Watch, un juez concedió la amnistía a seis de los ocho acusados, pero se la denegó a los dos restantes, entre ellos a Perkins Rocha (el único aún privado de libertad), a pesar de que todos ellos se enfrentaban a los mismos cargos derivados de hechos y períodos de tiempo aparentemente similares previstos en la ley. En otro caso, el juez le dijo al solicitante que su solicitud de amnistía había sido rechazada porque había sido acusado de “terrorismo”, aunque otras personas acusadas del mismo delito han obtenido la amnistía.
En al menos 10 casos documentados, los jueces no proporcionaron, o se demoraron en proporcionar, copias escritas de las decisiones que denegaban la amnistía. “Les pedí una copia de la decisión, pero no me la quieren dar”, dijo una persona. Sin una resolución formal por escrito, las personas afectadas ven gravemente limitada su capacidad para interponer una apelación efectiva.
