(Nueva York) – Las nuevas regulaciones del Gobierno indonesio sobre las negocios de propiedad o control militar, no desmantelan el imperio empresarial nocivo y peligroso de las fuerzas armadas, afirmó Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Estos negocios han sido implicados desde hace mucho tiempo en abusos de derechos humanos, delincuencia y corrupción, que también obstaculizan la rendición de cuentas por parte de los militares y socavan el régimen civil.
El informe de 20 páginas, "Unkept Promise: Failure to End Military Business Activity in Indonesia" (Promesa incumplida: Falla en poner fin a la actividad militar empresarial en Indonesia) es una crítica detallada de un decreto presidencial y los reglamentos del Ministerio de Defensa que fueron emitidos en octubre de 2009 sobre la participación militar en los negocios. Encuentra que estas medidas no cumplen el requisito establecido en una ley de 2004 de que el Gobierno debe desprender plenamente a las fuerzas armadas de sus intereses comerciales como medio para promover el profesionalismo militar y el control civil.
"Las reformas previstas del Gobierno indonesio son totalmente inadecuadas", dijo Lisa Misol, investigadora principal de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch y autora del informe. "La ley dice que el Gobierno debe quitar a los militares de estos negocios, pero en lugar de ello les permite seguir al frente de ellos. Prometer supervisarlos más de cerca simplemente no es suficiente".
La Ley 34/2004 estableció un plazo de cinco años para que el Gobierno de Indonesia tomara cargo de "todas las actividades comerciales que son propiedad de los militares u operadas por éstos, tanto directa como indirectamente".
Según fue documentado por Human Rights Watch en el informe de 2006 titulado "Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities" (Un precio demasiado alto: El costo en derechos humanos de las actividades económicas de los militares de Indonesia), las iniciativas empresariales de los militares han sido una plataforma de extorsión, violencia, incautaciones de bienes y otros crímenes contra la población civil . Las actividades con fines de lucro de los militares crean en un conflicto de interés y también le provee a las fuerzas armadas de una fuente independiente de ingresos fuera del proceso del presupuesto aprobado.
Mientras que las ventas y las quiebras de empresas han reducido la escala del imperio de negocios de los militares, las fuerzas armadas indonesias, Tentara Nasional Indonesia (TNI) todavía mantiene participaciones significativas. Los datos oficiales de 2007 – los más recientes disponibles – muestran que los militares tenía 23 fundaciones y más de 1,000 cooperativas, incluyendo la propiedad de 55 empresas, así como los arrendamientos de miles de propiedades y edificios gubernamentales. Las fundaciones y las cooperativas, a través de los cuales los militares mantienen la propiedad de las 55 empresas, gozaron de activos brutos de Rp3.2 billones de dólares (EE.UU. $ 350 millones) y obtuvieron ese año una ganancia de Rp268 millones de dólares (28.5 millones).
Como se detalla en "Promesa incumplida", el Gobierno de Indonesia no tiene la intención de poner fin a la propiedad los militares de los negocios de las fuerzas armadas. En cambio, un decreto firmado por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono en octubre y la reglamentación complementaria crearon un equipo inter-ministerial de supervisión, formado en noviembre, para revisar el cumplimiento de las cooperativas y las fundaciones de los militares de leyes largamente ignoradas, que establecen algunos límites a sus actividades empresariales.
Este equipo de supervisión no tiene una clara autoridad sobre las fuerzas armadas de Indonesia o de sus negocios, carece de independencia, no está obligado a informar públicamente sobre su progreso, y no está sujeto a ninguna fecha límite para completar su labor, señaló Human Rights Watch. Además, los planes de reforma del Gobierno no garantizan la rendición de cuentas para la mala conducta militar en relación con su actividad empresarial y hacen caso omiso de muchas otras formas de obtención de ingresos de los militares, incluidas las empresas de propiedad individual, los pagos de protección de empresas privadas y los negocios ilegales.
"El Parlamento de Indonesia dio al Gobierno cinco años para hacerse cargo de todas las empresas militares", dijo Misol. "Es indignante que a pesar de la directiva parlamentaria, el Gobierno no tiene planes para apoderarse de la propiedad o de la gestión de una sola empresa militar".
La ley de 2004 que ordena al Gobierno cerrar todas las empresas militares no especificó cómo la reforma debe ser aplicada, pero un grupo consultivo oficial en 2008 propuso que se les liquidara.
Human Rights Watch pidió a Yudhoyono y a su ministro de Defensa, Purnomo Yusgiantoro, revisar los planes para que, como mínimo, cubran un conjunto más amplio de negocios, incorporen un control civil adecuado, y provean la transparencia y rendición de cuentas necesarias.
"El objetivo de la reforma de negocios militares debería aumentar el control civil y la rendición de cuentas de los militares", dijo Misol. "Eso no sucederá a menos que el Gobierno revise sus planes".
