Tras el cierre de las urnas el 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que Nicolás Maduro había sido reelegido como presidente, a pesar de evidencias sólidas de lo contrario. Los observadores electorales internacionales denunciaron la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y los cuestionaron.
Las autoridades venezolanas llevaron a cabo una brutal represión contra quienes protestaron por los resultados anunciados e intensificaron las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos contra opositores políticos, críticos y ciudadanos extranjeros.
Una parte importante de la población del país sufre pobreza multidimensional, ya que no tiene acceso adecuado a bienes y servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos, como alimentos y medicamentos. Las duras condiciones económicas y la persecución política han obligado a 8 millones de personas a huir desde 2014.
Represión postelectoral
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las autoridades y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como colectivos, llevaron a cabo abusos generalizados. Mientras miles de personas protestaban contra la supuesta reelección de Maduro, principalmente en barrios de escasos recursos, el gobierno lanzó “Operación Tun Tun”, una campaña nacional de intimidación y represión. Veinticuatro manifestantes y transeúntes murieron, en muchos casos a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y los colectivos.
Miles de críticos, entre ellos adolescentes, opositores políticos y ciudadanos extranjeros, han sido detenidos arbitrariamente y acusados en audiencias virtuales de delitos vagos como “incitación al odio” y “terrorismo”.
Las autoridades venezolanas han frecuentemente negado haber llevado a cabo detenciones o han ocultado el paradero de los detenidos, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. Las familias se han visto obligadas a buscar a sus seres queridos durante días o semanas.
Muchos detenidos han permanecido incomunicados, algunos desde el día de su detención, sin poder recibir visitas, hacer llamadas telefónicas, ni acceder a un abogado privado o a los expedientes de sus casos.
Algunos detenidos han sido objeto de malos tratos y torturas, incluyendo golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, tortura sexual, aislamiento y reclusión en celdas de castigo diminutas, oscuras y hacinadas. Según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), las mujeres detenidas han sido objeto de violencia sexual y de género, incluyendo sexo transaccional coercitivo, violencia reproductiva, desnudez forzada y “posibles actos de esclavitud sexual y/o prostitución forzada”.
El Ministerio Público excarceló a cientos de detenidos, aunque muchos siguen con procesos penales abiertos. Muchos se han visto obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o sus procesos legales, y algunos han sido obligados a grabar videos en los que afirman que se respetaron sus derechos durante la detención.
En julio de 2025, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de 80 ciudadanos venezolanos y 10 ciudadanos y residentes estadounidenses a cambio de la liberación y repatriación de 252 migrantes venezolanos recluidos en régimen de incomunicación en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Los venezolanos habían sido trasladados de Estados Unidos a El Salvador y detenidos en el CECOT en virtud de un acuerdo entre ambos países. En agosto, también fueron excarcelados 13 presos políticos, entre ellos funcionarios de la alcaldía de Maracay.
Otros críticos fueron detenidos tras las excarcelaciones, en lo que las organizaciones de derechos humanos venezolanas describen como un patrón de “puerta giratoria”. Al 3 de noviembre, el grupo pro-bono Foro Penal informó que 884 presos políticos permanecían tras las rejas, incluidos 85 ciudadanos extranjeros.
El informe de septiembre de la FFM reiteró su conclusión de que los “actos de extrema crueldad” cometidos antes y después de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Defensores de derechos humanos
Los ataques contra defensores de derechos humanos continuaron a lo largo de 2025. El Centro para los Defensores y la Justicia registró más de 321 casos de ataques solo en la primera mitad de 2025, entre los que se incluyen casos de intimidación, hostigamiento y detenciones arbitrarias.
El 7 de enero, unos hombres encapuchados forzaron a Carlos Correa, director de la destacada ONG para la defensa de la libertad de expresión Espacio Público y miembro del comité de asesores para las Américas de Human Rights Watch, a subir a un vehículo no identificado y lo detuvieron. Correa fue liberado días después, tras una fuerte presión internacional.
Según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), al 5 de septiembre, cinco defensores de derechos humanos se encontraban tras las rejas: Javier Tarazona, director de la organización Fundaredes, detenido en julio de 2021; Rocío San Miguel, reconocida experta en seguridad y defensora de derechos humanos, detenida en febrero de 2024; Carlos Julio Rojas, periodista y activista social, detenido en abril de 2024; Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, detenido en agosto de 2024; y Eduardo Torres, miembro de PROVEA, detenido el 9 de mayo de 2025.
Entre agosto y noviembre, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, también aprobó leyes que restringen gravemente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y criminalizan con hasta 30 años de prisión a quienes hacen incidencia en favor de sanciones en Venezuela, ya sean individuales o sectoriales.
Los recortes de fondos provenientes de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump obligaron a algunas organizaciones de derechos humanos a restringir o detener su trabajo. Las justificaciones de la administración de Estados Unidos para recortar la ayuda exterior hacen eco de los discursos del gobierno de Maduro que deslegitiman los esfuerzos internacionales para promover y avanzar en los derechos humanos.
Libertad de expresión
Las autoridades han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación independientes, llegando a cerrar en muchos casos a medios críticos.
Entre enero y agosto, Espacio Público afirmó haber documentado 167 violaciones a la libertad de expresión, entre ellas censura, intimidación y restricciones administrativas. Según informes de Espacio Público, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó el cierre de cuatro emisoras de radio y se bloquearon 21 sitios web, principalmente por parte de la empresa telefónica nacional CANTV, aunque al parecer algunas empresas privadas también impusieron algunas restricciones.
Las autoridades utilizaron plataformas en línea para intimidar, estigmatizar y vigilar a los presuntos críticos, lo que facilitó las detenciones. Estas publicaron los datos personales de las personas para amenazarlas.
Al menos 15 periodistas permanecían tras las rejas al 5 de agosto, según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela.
Los recortes de Estados Unidos a la ayuda exterior socavaron el trabajo de los medios de comunicación independientes; algunos luchan por sobrevivir.
Impunidad
El poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y copó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, el Tribunal ha apoyado al poder ejecutivo en la represión de los críticos del gobierno.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció “retrasos” del gobierno en la investigación y el enjuiciamiento de asesinatos, incluidas las muertes relacionadas con las protestas ocurridas en 2014, 2017 y 2019, y los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han sido cómplices de graves violaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2024, se permitió a la OACNUDH reanudar de forma limitada actividades en Venezuela, luego de su suspensión en febrero de ese mismo año. Para 2025, solo un miembro del personal había podido regresar al país, y con acceso muy restringido. El 1 de julio de 2025, tras la publicación del informe del alto comisionado sobre Venezuela, la Asamblea Nacional declaró al alto comisionado persona non grata.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional continuó su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana impugnó el uso del principio de jurisdicción universal por parte de un tribunal argentino para emitir una orden de captura en su contra por crímenes de lesa humanidad. Su pedido de anulación fue rechazado en marzo, y el caso sigue bajo investigación. El tribunal argentino también ha emitido órdenes de detención contra otros funcionarios del gobierno venezolano y miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Emergencia humanitaria
Una parte importante de la población del país sufre pobreza multidimensional, con un acceso insuficiente a bienes y servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos, como alimentos y medicamentos. Según datos más recientes de HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de sociedad civil, en noviembre de 2023 14,2 millones de personas se enfrentaban a graves necesidades humanitarias.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo legal es de 130 bolívares (aproximadamente US$1) al mes.
Casi el 18 % de los venezolanos sufre desnutrición debido al consumo insuficiente de alimentos, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Según HumVenezuela, la inseguridad alimentaria ha obligado a algunas familias a reducir su ingesta calórica diaria, a buscar comida en la basura y a buscar fuentes de ingresos adicionales, lo que incluye un aumento de los empleos informales y en condiciones de explotación.
Los centros de salud públicos siguen careciendo de medicamentos y equipos médicos esenciales. Según la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por médicos de todo el país, la escasez de suministros médicos de emergencia en 2024 alcanzó el 36 %. Muchas personas han recurrido a la automedicación y a redes de apoyo personales para costear insumos y medicinas. El acceso a los anticonceptivos es muy limitado para las mujeres y los hombres que viven en la pobreza.
La disponibilidad y falta de accesibilidad a agua potable, electricidad, gas doméstico y combustible siguen perjudicando el disfrute de los derechos de las personas. Muchos hogares deben recoger agua de lluvia para su uso diario y dependen de fogones de leña para cocinar.
En junio de 2025, la OACNUDH informó que el acceso a los alimentos, la atención sanitaria y otros bienes y servicios esenciales para el ejercicio de los derechos se había visto afectado por la suspensión de la financiación humanitaria de algunos donantes extranjeros, así como por el cumplimiento excesivo de las sanciones sectoriales de los Estados Unidos.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Casi 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014. Aproximadamente 6,9 millones se han trasladado a otros países de América Latina y el Caribe. Según HumVenezuela, en agosto de 2025, el 15,1 % de los venezolanos encuestados expresaron su intención de emigrar.
Hay una combinación de factores que llevan a los venezolanos a huir del país, entre ellos las duras condiciones económicas y la persecución. Muchas personas han abandonado el país desde la represión postelectoral en busca de protección en el extranjero, entre ellas funcionarios electos, miembros de la oposición, personas que trabajaron en recintos electorales o que fueron fundamentales para recolectar y resguardar las actas electorales, y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad. Estas personas se enfrentan a sistemas de asilo ineficaces en América Latina y a políticas migratorias abusivas en Estados Unidos.
En la primera mitad de 2025, la administración Trump puso fin a los programas de reasentamiento y permiso humanitario que beneficiaban a decenas de miles de venezolanos, y canceló sus citas en las oficinas de CBP One y Safe Mobility. En octubre, la Suprema Corte rechazó una impugnación a la terminación por parte de la administración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. La administración había citado supuestas mejoras en la situación de derechos humanos en Venezuela como justificación para la terminación.
La administración Trump restableció los vuelos de deportación a Venezuela, con 6.835 personas repatriadas entre febrero y julio. Estados Unidos también expulsó a ocho mujeres venezolanas a El Salvador, para luego devolverlas a Estados Unidos, y trasladó a 252 hombres a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, CECOT, donde sufrieron detención arbitraria, desapariciones forzadas y tortura sistemática. Posteriormente, El Salvador devolvió a los hombres a Venezuela. El gobierno de Estados Unidos los acusó, sin aportar pruebas, de ser miembros del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado que el gobierno de Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera.
La administración Trump también trasladó a ciudadanos venezolanos a las instalaciones estadounidenses de la bahía de Guantánamo, donde fueron detenidos en régimen de incomunicación y aislamiento.
Derechos de las mujeres y las niñas
Venezuela sigue teniendo una de las tasas de mortalidad materna más altas de la región. El aborto está penalizado, excepto cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo. El acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto es limitado.
El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y las niñas, incluida la atención materna, la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos, sigue siendo insuficiente e inasequible para muchas personas.
El gobierno no ha publicado datos sobre feminicidios desde 2016. La ONG Utopix registró 75 feminicidios durante los primeros seis meses de 2025.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas siguen “careciendo de recursos y acceso a una alimentación adecuada”, según un experto de la ONU en derecho a la alimentación, y se enfrentan de forma desproporcionada a desnutrición y una pobreza extrema. La OACNUDH recibió reportes sobre la morbilidad y la mortalidad materna entre los Ye’kwana y los Sanemá, así como sobre la escasez de centros de salud y la falta de medicamentos y equipos.
Los pueblos indígenas se enfrentan a grandes retos en la demarcación de sus territorios, lo que los deja vulnerables al despojo por parte de la actividad ganadera y agropecuaria y la minería ilegal de oro, que son importantes factores de deforestación en la Amazonía venezolana. Estas condiciones también facilitan la presencia de grupos armados o criminales y contribuyen al desplazamiento forzado de muchas comunidades indígenas.
Grupos armados y criminales
Los grupos armados operan principalmente en los estados fronterizos y aplican brutalmente las normas que rigen la vida cotidiana de la población. Según informes, los colectivos y otros grupos criminales y grupos armados intimidan a la población en las zonas fronterizas y mineras.
Estados Unidos designó a los grupos criminales venezolanos Tren de Aragua y Cartel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que siguieron otros países de la región.
Actores internacionales
En junio, la OACNUDH destacó el empeoramiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, incluidas las desapariciones forzadas, un tema que también fue abordado por otros expertos de la ONU. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los abusos cometidos en Venezuela tras las elecciones tenían por objeto “infundir terror” y “reprimir las protestas sociales” a fin de “consolidar el poder” tras las denuncias de fraude electoral.
En enero, el Consejo Europeo renovó y amplió su lista de sanciones contra personas venezolanas, incluidos miembros del Consejo Electoral, el poder judicial y las fuerzas de seguridad, incrementando a 69 el número total de personas sujetas a inmovilización de activos y la prohibición de entrada en la Unión Europea. En marzo, en una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea condenó los “actos de represión contra las voces disidentes” del gobierno venezolano e instó a las autoridades a cumplir con sus obligaciones consulares para con los ciudadanos extranjeros detenidos.
A principios de 2025, la administración Trump entabló conversaciones directas con Nicolás Maduro. El enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, visitó Caracas el 31 de enero para garantizar la liberación de seis detenidos estadounidenses, mientras que Maduro accedió a ayudar al gobierno estadounidense con las deportaciones de venezolanos de vuelta al país. En sus primeras semanas en el cargo, la administración realizó recortes profundos en la ayuda exterior y los programas de USAID que afectaron directamente a los venezolanos y a las organizaciones que luchan contra las violaciones de derechos. En marzo, Trump revocó la licencia de Chevron para operar en Venezuela.
Al momento de redacción de este informe, el ejército estadounidense estaba llevando a cabo ataques en aguas internacionales contra lanchas rápidas procedentes de Venezuela que supuestamente transportaban a narcotraficantes. Estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales. En octubre, la administración Trump autorizó a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.