- Cuatro organizaciones de derechos humanos (American Friends Service Committee, Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch y Open Society Institute) presentaron una demanda ante un tribunal federal de EE. UU. para impugnar las sanciones impuestas por la administración Trump contra fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
- El régimen de sanciones, y la orden ejecutiva en la que se basa, socava el acceso a la justicia para las víctimas de delitos internacionales graves en todo el mundo e impide que la sociedad civil colabore para combatir la impunidad.
- Los grupos afirman que las sanciones constituyen un ataque flagrantemente ilegal contra la justicia internacional y deben ser anuladas. Asimismo, sostienen que dichas sanciones vulneran sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, de asociación y religión, además de infringir la legislación estadounidense y las obligaciones de EE. UU. en virtud del derecho internacional.
(Nueva York) – Cuatro organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York el 11 de agosto de 2026, alegando que la administración Trump está sancionando ilegalmente a personas y organizaciones afiliadas a la Corte Penal Internacional (CPI) o que colaboran con su labor, y que está criminalizando a quienes se asocian con ellas o les prestan apoyo. La demanda impugna la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, el 6 de febrero de 2025, que autoriza la imposición de sanciones contra funcionarios, jueces y otras personas que colaboran con la CPI en la búsqueda de justicia por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Las organizaciones demandantes (American Friends Service Committee, Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch y Open Society Institute, parte de Open Society Foundations) afirman que estas medidas constituyen un ataque flagrantemente ilegal contra la justicia internacional y deben ser anuladas. Según la demanda, dichas sanciones les obligan a restringir una amplia gama de actividades jurídicas y de defensa de los derechos humanos, en violación de los derechos garantizados por la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos., así como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act). La demanda también argumenta que las sanciones exceden las facultades del presidente y se basan en una supuesta “emergencia nacional” que carece de fundamento real.
“El hecho de que tantas organizaciones destacadas de derechos humanos y ayuda humanitaria se hayan unido para impugnar la orden ejecutiva ilegal de Trump demuestra el daño generalizado que está causando a los grupos de la sociedad civil comprometidos con llevar ante la justicia a los responsables de crímenes graves”, señaló Andrew Loewenstein, abogado principal de Foley Hoag LLP. “Los demandantes buscan poner fin a este régimen de sanciones, que excede la autoridad presidencial y viola tanto el derecho internacional como la legislación estadounidense, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de religión”.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado 18 investigaciones en distintas partes del mundo, incluidos Afganistán, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia, Filipinas, Darfur (Sudán) y Ucrania. Entre ellas figura la investigación sobre Palestina que condujo a la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza. Palestina es Estado parte de la CPI. Las organizaciones señalaron que socavar la autoridad de la Corte dificulta que los supervivientes de crímenes graves puedan acceder a la justicia y hacer oír sus demandas cuando no cuentan con otras vías para obtener reparación.
“Los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por desmantelar la Corte Penal Internacional y castigar a quienes buscan justicia por graves violaciones de los derechos humanos tienen consecuencias que van más allá de las personas y organizaciones directamente afectadas. Constituyen una afrenta para todas las víctimas y supervivientes de crímenes de guerra y genocidio”, declaró Joyce Ajlouny, secretaria general del American Friends Service Committee. “Esta orden ejecutiva busca intimidar a quienes defienden los derechos humanos y disuadir el apoyo a quienes promueven el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad de los demás. Nos sumamos a esta demanda porque nos negamos a guardar silencio cuando se criminaliza la búsqueda de justicia”.
El 13 de julio de 2026, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció una escalada en la campaña del gobierno para “desmantelar” el tribunal, que incluye un uso más amplio de sanciones y presiones sobre los países miembros de la CPI para que abandonen la institución. Si bien Estados Unidos sostiene que la investigación de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses, quienes de otro modo gozarían de impunidad, supone una amenaza para la soberanía estadounidense, los ciudadanos de EE. UU. que cometen delitos en el extranjero ya pueden ser procesados por los tribunales de los países donde se cometieron dichos delitos, un principio ampliamente reconocido del derecho internacional.
“Durante muchos años he representado a víctimas en su lucha por obtener justicia ante crímenes cometidos por los poderosos, y finalmente vi cómo la CPI iniciaba investigaciones largamente esperadas, aunque tardías. En respuesta, la administración Trump dio el paso extraordinario no solo de negar a los palestinos y a las víctimas de tortura por parte de EE. UU. un acceso equitativo a la justicia, sino también de criminalizar y sancionar a estas personas, a sus abogados y defensores, y a quienes colaboran con ellas”, declaró Katherine Gallagher, abogada principal del Center for Constitutional Rights y representante legal de víctimas ante la CPI. “Todas las víctimas de crímenes internacionales, desde Sudán y Ucrania hasta Palestina y Afganistán, necesitan y merecen contar con una CPI independiente y sólida, capaz de cumplir su misión de poner fin a la impunidad, sin temor ni favoritismos”.
Las personas y las organizaciones palestinas de derechos humanos sujetas a estas sanciones han enfrentado el congelamiento o cierre de cuentas bancarias, el rechazo de transacciones financieras, la denegación de acceso a servicios digitales y restricciones para viajar. Las organizaciones con sede en Estados Unidos, incluidas las demandantes, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión y multas exorbitantes por prestar servicios a personas o entidades sancionadas.
Las sanciones impuestas han impedido que las cuatro organizaciones demandantes continúen o emprendan actividades tales como la representación legal de víctimas de crímenes de guerra, la presentación de alegatos jurídicos y propuestas políticas ante la CPI, así como colaborar con organizaciones palestinas de derechos humanos sancionadas para llevar a cabo litigios, coordinar campañas de incidencia, investigar violaciones de derechos humanos o proporcionar ayuda humanitaria. La orden ejecutiva perjudica gravemente la capacidad de estas organizaciones para colaborar con otras entidades, incluidos los grupos palestinos de derechos humanos sancionados, lo que afecta su capacidad para promover la justicia y proteger los derechos humanos.
Los efectos devastadores de estas sanciones trascienden las fronteras de EE. UU. Debido al peso del sistema financiero y de las empresas tecnológicas estadounidenses, así como al riesgo de perder acceso al sistema bancario estadounidense, los bancos no estadounidenses y otras entidades fuera de la jurisdicción de EE. UU. también se muestran reacios a prestar servicios a las personas y organizaciones afectadas.
“Estas sanciones constituyen un ataque al Estado de derecho, a la independencia de jueces y fiscales y a la sociedad civil, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo”, afirmó James Goldston, director ejecutivo de la Open Society Justice Initiative. “Traicionan el liderazgo histórico de EE. UU. en favor de la justicia internacional y suponen una afrenta para las víctimas y supervivientes de crímenes graves en todo el mundo que dependen de la CPI como tribunal de última instancia.”
En 2025, tribunales federales de Nueva York y Maine determinaron que la orden ejecutiva violaba las protecciones de la Primera Enmienda y suspendieron, de forma temporal o permanentemente, la aplicación del régimen de sanciones contra los demandantes en dichos casos. Desde que se emitió la orden ejecutiva en febrero de 2025, los Estados Parte de la CPI, el órgano directivo de la Asamblea de los Estados Parte del tribunal, la Unión Europea, expertos de la ONU, el secretario general de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y la propia CPI se han pronunciado enérgicamente contra los intentos de obstaculizar la labor del tribunal.
La CPI es un tribunal internacional permanente creado para juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Tras los genocidios ocurridos a mediados de la década de 1990 en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, la comunidad internacional creó la CPI para evitar que los responsables de delitos graves, incluidos altos funcionarios, eludieran la justicia. La CPI no exime a los Estados de su responsabilidad de impartir justicia por estos delitos y solo puede actuar si un Estado no puede o no quiere llevar a cabo procedimientos nacionales genuinos. El tribunal tiene jurisdicción sobre los nacionales de los Estados parte de la CPI y sobre quienes cometan estos delitos graves en el territorio de un Estado parte de la CPI, independientemente de su nacionalidad. Casi dos tercios de los países miembros de la ONU se han adherido al tribunal.
“Estamos demandando a la administración Trump para frenar los ataques contra la justicia internacional y el espacio cívico necesario para garantizar que los derechos se protejan de forma coherente en todo el mundo," declaró Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch. "Los gobiernos deberían dar un paso al frente para proteger a la CPI y a quienes buscan justicia ante ella, a fin de garantizar que nadie esté por encima de la ley.”
Los demandantes están representados por el bufete Foley Hoag LLP.
