Ecuador sigue enfrentándose a altos niveles de violencia causados por el crimen organizado. La respuesta del presidente Daniel Noboa no ha logrado contener la violencia y ha derivado en un aumento de las denuncias por violaciones de derechos humanos.
El gobierno ha promovido leyes y medidas que ponen en peligro derechos humanos, socavan la independencia y la seguridad de los jueces de la Corte Constitucional y amenazan garantías constitucionales.
Los problemas estructurales de larga data, como el acceso limitado a la atención médica y al empleo, continúan en gran medida sin resolverse.
Ecuador fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2026-2028.
Violencia y crimen organizado
Tras una baja en 2024, los homicidios aumentaron cerca de un 40 % para septiembre 2025, según el Ministerio del Interior, situando a Ecuador cerca de la tasa de homicidios más alta registrada.
Entre enero y julio de 2025, la Fiscalía General del Estado registró 9.522 denuncias por extorsión, lo que supone un descenso del 40 % con respecto a 2024. Las denuncias por secuestro disminuyeron ligeramente en comparación con 2024, pero se mantuvieron en niveles elevados.
Los grupos de delincuencia organizada se han fragmentado, dando lugar a nuevos grupos. Según el monitor Armed Conflict Location & Event Data, el número de pandillas aumentó un 54 % entre 2023 y 2024.
“Conflicto armado interno” y violaciones de derechos humanos
Desde enero de 2024, el gobierno ha invocado repetidamente la existencia de un “conflicto armado interno” en el país para justificar el debilitamiento de las garantías de derechos humanos en su lucha contra la delincuencia, lo que ha sido cuestionado por la Corte Constitucional.
La respuesta del gobierno al crimen organizado ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos. El 8 de octubre, un juez llamó a juicio a 17 militares por la presunta desaparición forzada de cuatro niños detenidos arbitrariamente en diciembre de 2024 en Guayaquil quienes fueron luego hallados muertos.
En junio de 2025, la Asamblea aprobó leyes que otorgaban al presidente amplios poderes para declarar un “conflicto armado”, prescindir de protecciones fundamentales de derechos humanos y socavar las garantías que regulan la obtención de información por parte de agencias de inteligencia. La Corte Constitucional anuló algunas de estas disposiciones.
Instituciones democráticas y Estado de derecho
Las instituciones democráticas continuaron siendo frágiles, plagadas de impunidad por abusos y de señalamientos de corrupción.
Los jueces y fiscales suelen carecer de las herramientas básicas y de la seguridad necesaria para investigar a los grupos de delincuencia organizada. Hasta octubre, el Observatorio de Derechos y Justicia había registrado 10 ataques contra la función judicial en 2025, incluidos intentos de asesinato y homicidios de jueces y fiscales.
El gobierno organizó manifestaciones contra la Corte Constitucional y altos funcionarios calificaron a sus jueces de “enemigos del pueblo”. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por las amenazas a la independencia y la seguridad de los jueces.
En septiembre, el presidente Noboa emitió un decreto llamando a una consulta popular para convocar e instalar una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva constitución. Al hacerlo intentó eludir la revisión de la Corte Constitucional, que exige la Constitución. Finalmente, las autoridades electorales remitieron la situación a la corte y esta aprobó la realización de la consulta.
El 16 de noviembre, los ecuatorianos rechazaron las propuestas incluidas en el referéndum y consulta popular que incluían permitir al gobierno firmar acuerdos para albergar bases militares extranjeras e iniciar un proceso para redactar una nueva Constitución.
Condiciones carcelarias
Desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas tomaron el control de varios centros de privación de la libertad. A agosto de 2025, los militares seguían presentes en 11 de las 34 cárceles del país, según medios de comunicación. Desde el despliegue de militares en las cárceles, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han denunciado casos de corrupción, detención en régimen de incomunicación, abusos físicos y obstrucción de atención médica.
Los medios de comunicación y grupos de derechos humanos informaron que la tuberculosis mató a decenas de detenidos durante 2025, especialmente durante un brote en una prisión de Guayaquil.
Más de 500 personas privadas de la libertad han muerto en enfrentamientos violentos dentro de las cárceles desde 2021. En noviembre, las masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas dejaron alrededor de 60 muertos y varios heridos.
Derechos económicos, sociales y culturales
A junio, el 24 % de los ecuatorianos percibía ingresos mensuales inferiores al umbral nacional de pobreza (menos de US$92), mientras que el 10,4 % vivía en situación de pobreza extrema (ingresos mensuales inferiores a $52). Estas tasas eran más altas en las zonas rurales, donde alcanzaban el 42 % y el 25 %, respectivamente. La tasa de desempleo era solo del 3,9 %, pero el 52,6 % de los trabajadores trabajaban en el sector informal.
Casi el 14 % de los ecuatorianos sufre desnutrición debido al consumo insuficiente de alimentos, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.
El sistema de salud pública se enfrenta a una crisis, que incluye la escasez de medicamentos y alimentos. En septiembre, un grupo de pacientes renales advirtió que una clínica de Quito que atiende a cientos de pacientes pronto dejaría de proporcionar diálisis “debido a la falta de pago del Estado”.
Derechos de los niños y niñas
Entre 2014 y abril de 2025, el Ministerio de Educación recibió 8.378 denuncias de violencia sexual contra estudiantes por parte de profesores, estudiantes y otro personal escolar. Las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a estos abusos no han avanzado a la escala y celeridad necesarias.
El aumento de la violencia por parte de los grupos de delincuencia organizada ha afectado a los niños, con 504 homicidios de niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años entre enero y junio de 2025, lo que supone un aumento del 68 % con respecto a 2024. Los grupos de delincuencia organizada reclutan a niños, niñas y adolescentes para que desempeñen diversas funciones. Algunos son explotados sexualmente.
En junio, el presidente Noboa declaró como “prioridad nacional” la prevención y erradicación del reclutamiento y la utilización de niños por parte de agentes no estatales. En su decreto ordenó la creación de un comité interinstitucional encargado de formular e implementar políticas públicas para alcanzar este objetivo.
Más tarde ese mismo mes, la Asamblea Nacional aprobó enmiendas al Código de la Niñez y Adolescencia que aumentaban de 8 a 15 años las penas para los adolescentes condenados por delitos relacionados con el “conflicto armado interno” y prohibían el uso de cualquier medida que no fuera el internamiento institucional para los adolescentes condenados a cinco años o más. En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU había instado a Ecuador a recurrir a la privación de la libertad de niños solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. La Corte Constitucional anuló las enmiendas en septiembre.
Protección del medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas
El gobierno no ha cumplido con la consulta popular de 2023 que establecía una moratoria sobre la extracción de petróleo en el bloque de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del Parque Nacional Yasuní. La Corte Constitucional dictaminó que el gobierno debía poner fin a la extracción para 2024, pero el gobierno ha dado largas al asunto, alegando en algunas ocasiones la crisis de seguridad del país para justificar la falta de cumplimiento. En septiembre, la mayoría de los 240 pozos del bloque seguían activos.
En septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con otros movimientos indígenas y sociales, llevó a cabo protestas contra la eliminación del subsidio al diésel y la expansión de la extracción de petróleo en territorios indígenas.
Derechos de las mujeres y las niñas
El aborto está penalizado en Ecuador, excepto cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la persona embarazada o cuando este es consecuencia de una violación. Incluso en esos casos el acceso sigue siendo limitado debido a la estigmatización, el maltrato por parte del personal de salud, el miedo a la persecución penal y una interpretación restrictiva de las excepciones legales para el aborto. La legislación ecuatoriana no protege a las mujeres y las niñas de la violencia y la discriminación, lo que socava su autonomía y perpetúa la desigualdad de género.
El Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos reportó 429 muertes violentas de mujeres y niñas a finales de junio, casi el doble que las registradas durante el mismo periodo en 2024.
Ese ministerio es uno de los seis que el presidente Noboa fusionó en julio, incorporándolo al Ministerio del Gobierno.
Orientación sexual e identidad de género
En enero, la Corte Constitucional falló a favor de una niña transgénero cuya escuela no respetaba su identidad de género (nombre, uso de uniforme y acceso al baño). La corte ordenó a las autoridades adoptar un protocolo obligatorio para abordar la diversidad de orientación sexual e identidad de género en las escuelas.
Al momento de redacción de este informe, el poder legislativo no había cumplido otras órdenes judiciales para revisar las disposiciones sobre el matrimonio civil, a fin de incluir a las parejas del mismo sexo, regular la reproducción asistida y permitir que las parejas del mismo sexo inscriban a sus hijos con sus apellidos.
La Constitución prohíbe a las parejas del mismo sexo adoptar hijos.
Desplazamiento interno y migración
Según el Observatorio de Desplazamiento Interno, el centro de análisis de datos del Consejo Noruego para Refugiados, en 2024 Ecuador tenía el tercer número más alto de personas desplazadas por la violencia en la región, después de Haití y Colombia. La Defensoría del Pueblo estima que entre 2022 y 2024 hubo 316.000 desplazados internos.
Muchos migrantes y solicitantes de asilo en Ecuador tienen dificultades para regularizar su estatus migratorio e integrarse. En agosto, Ecuador puso fin a un acuerdo que simplificaba el procedimiento para que los ciudadanos venezolanos obtuvieran visas y residencia en el país.
Durante una visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Ecuador anunció que recibiría a ciudadanos de terceros países deportados de los Estados Unidos.
Libertad de expresión y de asociación
Periodistas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado un aumento de la estigmatización, el acoso y los ataques por parte de grupos de delincuencia organizada y autoridades.
En agosto, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite a las autoridades cerrar las organizaciones que cometan infracciones “graves”, tales como llevar a cabo actividades “distintas a las autorizadas”. La ley también permite a las autoridades congelar las cuentas bancarias de los grupos sin necesidad de una orden judicial.
Las autoridades restringieron la libertad de reunión y, en ocasiones, hicieron uso excesivo de la fuerza en su respuesta a las protestas que comenzaron a mediados de septiembre. Congelaron las cuentas bancarias de grupos y líderes indígenas y ambientalistas, alegando que habían financiado protestas violentas, y suspendieron medios de comunicación comunitarios. Los manifestantes se vieron involucrados en algunos incidentes violentos.