El Tapón del Darién

La selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina

Una mujer abraza a su hijo en la selva

En el último año y medio, más de 700.000 personas cruzaron el Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, en su camino al norte, a menudo hacia Estados Unidos. Durante su travesía por este difícil terreno, venezolanos, haitianos y ecuatorianos, así como personas procedentes de países de Asia y África, han sufrido graves abusos, incluyendo violencia sexual. Decenas, si no cientos, han perdido la vida o han desaparecido intentando cruzar la selva. Muchos no han sido encontrados.

La situación del Tapón del Darién es el resultado de una serie de políticas migratorias deficientes en toda América.

Muchos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién abandonaron sus países de origen huyendo de violencia, persecución y crisis humanitarias. Buscan protección u oportunidades económicas en el extranjero. La exigencia de visados por parte de México y los países centroamericanos, que a menudo promueve Estados Unidos, así como las limitadas alternativas que tienen los migrantes y solicitantes de asilo para regularizar su situación e integrarse en América del Sur, empujan a muchos a migrar a través del Tapón del Darién, lo que fortalece el crimen organizado y expone a migrantes y solicitantes de asilo a abusos.

Abusos por parte de grupos criminales

El rol del crimen organizado

Muchos migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién se habían asentado previamente en otros países de América del Sur durante largos periodos. Sin embargo, las limitadas y, en ocasiones, deficientes políticas de regularización e integración generan condiciones de vida inadecuadas o les impiden obtener protección internacional, lo cual obliga a muchos a dirigirse hacia el norte.

Aunque algunos gobiernos latinoamericanos han realizado esfuerzos encomiables para acoger a migrantes y solicitantes de asilo, las políticas de la región con frecuencia han sido insuficientes debido a, entre otras razones, plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos de documentación onerosos y retrasos administrativos. Los sistemas de asilo cuentan con una capacidad limitada, lo que provoca retrasos significativos y una aplicación inconsistente de la Declaración de Cartagena, un acuerdo regional que concede protección ampliada a los refugiados y que muchos países han suscrito e incorporado en su legislación nacional. Aunque ha habido algunas iniciativas nacionales para mejorar la integración de los migrantes, la ausencia de estrategias regionales claras de integración social y económica ha dejado a muchos migrantes sin empleos adecuados y con dificultades para acceder a atención en salud, vivienda, educación y programas sociales. La discriminación, la xenofobia y la violencia sexual son cada vez más frecuentes.

Principales desafíos que enfrentan migrantes y solicitantes de asilo

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país de origen
país de tránsito
país de acogida
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Data: El Tapón del Darién

country↕	type↕	access_to_regularization_and_asylum↕	integration_efforts↕	protection_of_transiting_migrants_through_the_darien_gap↕	reason_to_flee↕	for_more_information↕	case_1↕	case_2↕
Brasil	país de acogida	los haitianos pueden acceder a visados humanitarios y de reagrupación familiar. A los venezolanos se les concede el reconocimiento prima facie como refugiados.	El programa de interiorización voluntaria de venezolanos de 2018—conocido como Operación Acogida (Operação Acolhida)—benefició a más de 134.000 personas hasta mayo de 2024. Este programa mejoró el acceso empleo, vivienda y educación, por lo que demostró ser un factor clave para reforzar la inclusión económica de los venezolanos en Brasil. Los problemas de integración que persisten actualmente están relacionados con desempleo y bajos salarios, a menudo derivados de la discriminación y el escaso reconocimiento de las competencias y cualificaciones.			https://www.hrw.org/es/americas/brazil	Louis Gerard (seudónimo) cruzó el Darién en 2023 con su mujer, su hermana y su hijo de 4 años, tras vivir seis años en Porto Alegre, Brasil. En 2016, Louis abandonó Haití, donde dejó a sus padres y hermanos. Eligió Brasil porque “aunque estaba lejos, recibían bien a los migrantes”. En Brasil, tuvo varios empleos para enviar dinero a Haití y criar a su hijo, de nacionalidad brasileña. Las cosas se pusieron difíciles tras el estallido de la pandemia de Covid-19, contó Louis a Human Rights Watch. Durante varios meses, su jefe no le pagó. “Hay abusos laborales contra nosotros. Nos pagan menos”, nos dijo. Se marcharon en febrero de 2023 porque “Brasil nos dejó sin opciones”. Unos delincuentes les robaron mientras cruzaban el Darién. Los dejaron sin dinero ni comida.
Chile	país de acogida	El acceso a la regularización es un reto importante en Chile, pues un número muy bajo de solicitantes de asilo obtienen el estatus de refugiado. Actualmente no existe un proceso de regularización abierto para migrantes en situación irregular. Los esfuerzos de regularización llevados a cabo en 2018 y 2021 concedieron a venezolanos y haitianos un estatus legal durante un breve periodo y, debido a sus estrictas condiciones, sólo beneficiaron a una pequeña parte de la población.	Chile adoptó una política nacional de migración para 2023 centrada en la migración regular, el desarrollo económico, y la reunificación familiar, así como un componente de seguridad y control fronterizo. Los migrantes y los solicitantes de asilo en Chile se enfrentan a importantes dificultades para acceder a servicios públicos y conseguir empleos formales, en gran parte debido al acceso limitado a los programas de regularización. El sentimiento antimigrante y la discriminación han aumentado en los últimos años, debido a la creencia infundada de que los migrantes han incrementado la delincuencia.			https://www.hrw.org/es/americas/chile	En marzo de 2023, Miriam Lebrun (seudónimo), de 39 años, y Joy (seudónimo), su hija de 16, se quedaron esperando en Bajo Chiquito, Panamá, durante cuatro días, con la esperanza de conseguir canoas para la siguiente etapa de su viaje hacia el norte. Miriam y Joy, ambas haitianas, dejaron Chile, donde vivían desde hacía seis años, y tenían la esperanza de llegar a Estados Unidos, donde el marido de Miram vivía desde hacía año y medio. Durante su estancia en Chile, Miriam trabajó en un restaurante, pero no pudo regularizar su situación migratoria. Sus ingresos eran bajos, según dijo a Human Rights Watch. Joy era una estudiante destacada en la escuela, pero la falta de un estatus regular le privó de oportunidades, incluyendo un viaje escolar al extranjero. La imposibilidad de regularizar su situación en Chile las empujó a cruzar el Tapón del Darién, con la idea de obtener un mejor empleo y acceso a la educación en Estados Unidos. Joy nos señaló que habrían preferido evitar cruzar el Darién si hubieran tenido otra alternativa.	Miguel González (seudónimo) abandonó Venezuela en 2018 debido a la escasez de alimentos y en busca de una mejor vida. “He estado en muchos países”, dijo a Human Rights Watch fuera de una tienda de campaña improvisada en un asentamiento de migrantes en Apartadó, Colombia. Durante varios años, vivió en Chile. Desde allá enviaba a su hija en Venezuela el poco dinero que ganaba, pero tuvo dificultades para obtener un estatus regular y sufrió discriminación. “Allí es imposible conseguir papeles”, nos contó. “Piensan que todos los venezolanos son delincuentes por culpa del Tren de Aragua”, un grupo criminal surgido en Venezuela que opera en varios países de la región.
Colombia	país de origen, acogida y tránsito	El acceso al asilo es difícil porque el sistema está desbordado y los solicitantes de asilo no están autorizados a trabajar. Las autoridades han aprobado una importante legislación para regularizar a los migrantes venezolanos, incluyendo un histórico estatuto de protección temporal de 10 años que benefició a más de dos millones de venezolanos. Sin embargo, otros extranjeros y los venezolanos que hayan entrado irregularmente después de enero de 2021 o regularmente después de mayo de 2023 no tienen más opciones para regularizar su estancia que los visados ordinarios, que son costosos.	Esfuerzos de integración: Colombia desempeñó un papel destacado en el desarrollo de políticas e instituciones para acoger e integrar a migrantes y refugiados, pero la escasez de recursos para la primera línea de alcaldías que responden a la migración y el desmantelamiento de una autoridad nacional que coordina la política de migración han socavado los esfuerzos de integración. Los migrantes se enfrentan a dificultades para acceder a empleo y convalidar títulos y diplomas profesionales, así como a discriminación.	Protección de los migrantes en tránsito por el Tapón del Darién: Colombia carece de una estrategia clara para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Golfo del Darién, donde el Clan del Golfo los explota con fines lucrativos. Los esfuerzos del gobierno colombiano por investigar al Clan del Golfo en la región han dado resultados mínimos. El gobierno no dispone de datos fiables sobre el número de migrantes que cruzan y sus necesidades, lo que dificulta el suministro eficaz de alimentos, agua y asistencia sanitaria. Las alcaldías locales carecen de capacidad para gestionar la afluencia de personas, debido a que no cuentan con los conocimientos, el personal o los recursos.		https://www.hrw.org/es/report/2024/04/03/abandonados-en-la-selva/proteccion-y-asistencia-para-migrantes-y-solicitantes-de	Gabriela Pizarro (seudónimo) llegó a Apartadó a mediados de junio de 2024 con otras 11 personas, incluyendo su esposo, su hija y sus suegros. En Venezuela, según dijo a Human Rights Watch, a menudo carecían de agua potable y sufrían cortes de electricidad. Gabriela no podía ganar lo suficiente para comprar alimentos cotizados en dólares. “Aquí dormimos en la calle, pero siempre encontramos algo para comer, a diferencia de Venezuela”, nos contó. Inicialmente, planearon cruzar el Darién, pero luego se dieron cuenta de que no podían pagar el viaje. Gabriela dijo que estaba dispuesta a quedarse en Colombia, pero todos los trabajos a los que se presentaba exigían un estatus legal para el que no reunía los requisitos. “Me quedaría, pero sin el permiso quizá sea mejor para nosotros reunir el dinero [para el viaje a través del Darién] e irnos”, nos dijo.
Ecuador	país de origen y de acogida	A pesar de un marco constitucional y legal progresista, muchos migrantes y solicitantes de asilo en Ecuador luchan por obtener un estatus regular. Las autoridades disuaden a la gente de solicitar asilo y no aplican de forma consistente la protección establecida en la Declaración de Cartagena. Un proceso de regularización de 2022 concedió un estatus legal de dos años a más de 95.000 extranjeros, principalmente venezolanos. Actualmente, este proceso está actualmente cerrado. En agosto de 2024 el gobierno extendió el proceso de regularización al permitir que los ciudadanos venezolanos que se registraron dentro de los plazos establecidos pero no obtuvieron su visa puedan hacerlo.	El desempleo y los salarios por debajo del umbral de pobreza empujan a muchos migrantes y solicitantes de asilo, así como a los ecuatorianos, a marcharse. En particular, las mujeres venezolanas se enfrentan a la violencia de género, incluyendo violencia sexual y acoso, derivada de la discriminación y la xenofobia. La inseguridad y la delincuencia también socavan los esfuerzos de integración.		La oleada de migrantes y solicitantes de asilo ecuatorianos se ha alimentado de un fuerte aumento de la delincuencia y la violencia en Ecuador, con tasas récord de homicidios y extorsión. La pobreza multidimensional, es decir, las carencias en educación e infraestructuras básicas, así como la pobreza monetaria, y la falta de empleo adecuado son también factores clave.	https://www.hrw.org/es/americas/ecuador	Livia González (seudónimo), de 26 años, huyó de Ecuador después de que apuñalaran y mataran a su madre en 2023. Llegó a Bajo Chiquito, Panamá, de la mano de su hija de 5 años y con su hijo de 6 meses a la espalda. Livia dijo a Human Rights Watch que su madre había tenido un pequeño negocio en el sur de Quito en el que vendía tripas, un plato tradicional ecuatoriano a base de sesos de ternera o cerdo. Durante más de dos meses, había soportado la extorsión de dos hombres que parecían estar asociados con bandas criminales. Cuando su madre se negó a pagar, la mataron. Los mismos hombres vinieron a extorsionar a Livia, nos contó. Ella no denunció el caso a la policía porque pensó que “no podían hacer nada al respecto”. En lugar de eso, huyó con sus hijos. Cruzar el Darién fue duro, nos contó. Perdió sus documentos de identidad y a su hijo de 5 años le salieron llagas en las piernas por la larga caminata con botas de plástico. Sin embargo, Livia dijo que lo volvería a hacer porque tiene “demasiado miedo de Ecuador”.	Carlos Salinas (seudónimo) y Rosa (seudónimo), una joven pareja de Maracaibo, Venezuela, llegaron a Ecuador en 2019. Carlos nunca obtuvo un estatus legal porque su pasaporte venezolano, necesario para regularizar su situación, le fue robado poco después de llegar y no podía permitirse reemplazarlo. Rosa tenía visado y dio a luz a su tercer hijo en Ecuador. Ambos estudiaron—Carlos reparación de teléfonos y Rosa cosmetología—, pero se enfrentaron a la discriminación, al tiempo que buscaban un empleo estable y adecuado. Carlos dijo a Human Rights Watch que los empleadores a menudo no le pagaban los días de trabajo. Rosa dijo que se enfrentaba al acoso sexual. Ambos decidieron marcharse de Ecuador a Estados Unidos debido a la violencia de las pandillas. Dijeron que sus hijos tenían miedo de ir a la escuela.
Haití	país de origen				Haití se ha enfrentado a una prolongada crisis política, que ha dejado al país sin ningún funcionario elegido democráticamente e incapaz de garantizar seguridad y acceso a servicios esenciales para su población. Alrededor de 300 grupos criminales controlan ahora gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y su área metropolitana, lo que ha provocado cerca de 3.500 muertes en el primer semestre de 2024. Esta violencia obligó a casi 600.000 personas a desplazarse internamente entre enero y junio. Los grupos criminales utilizan con frecuencia la violencia sexual, incluyendo violaciones colectivas, y los secuestros para aterrorizar y controlar los barrios. Haití también se enfrenta a una situación humanitaria catastrófica, con 5,5 millones de personas, casi la mitad de su población, en situación de necesidad, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). La inseguridad alimentaria aguda afecta a 4,97 millones de personas, con 1,65 millones en niveles de emergencia. El empeoramiento de la crisis significa que muchos haitianos que viven en el extranjero necesitan enviar más remesas a sus familias. Esto empuja a muchos a abandonar América del Sur en busca de trabajos mejor remunerados.	https://www.hrw.org/americas/es/haiti	Después de que miembros de un grupo criminal mataran a su padre en 2016 por negarse a pagar la extorsión que le exigían en su tienda de alimentos en Puerto Príncipe, Beatrice Mathieu (seudónimo) dejó a sus dos hijas en Haití y se marchó a Brasil, siguiendo a su esposo, quien se fue en 2014. En 2022, ambos abandonaron Brasil porque no ganaban suficiente dinero para enviar a sus hijas, que permanecían en Haití. Beatrice nunca pudo encontrar trabajo en Brasil. Cruzó el Darién con su marido con la esperanza de vivir en México, donde unos amigos les habían prometido trabajo.	André Luc (seudónimo), de 36 años, trabajó vendiendo mercancías en las calles de Les Cayes, en el sur de Haití, hasta 2017, cuando, según dijo a Human Rights Watch, los grupos criminales empezaron a extorsionarlo frecuentemente. André huyó a Chile, donde trabajó en varios empleos. En 2020, durante la pandemia de Covid-19, perdió su trabajo y empezó a vender mercancías en la calle. Human Rights Watch lo entrevistó en Necoclí, Colombia, mientras se preparaba para cruzar el Darién con su mujer, embarazada de 7 meses. Habían dejado a su hija de 11 años en Haití con el hermano y los padres de André. Esperaban llegar a Estados Unidos, encontrar trabajo y enviar dinero a su familia en la isla.
Panamá	país de tránsito	El sistema de asilo es inadecuado y carece de recursos. Los plazos de tramitación son largos, sobre todo en la fase de admisibilidad. En 2023, el gobierno estableció un permiso temporal de dos años por un valor de US$ 950 para los migrantes en situación irregular que lleven más de un año viviendo en el país. Panamá ofrece vías de regularización limitadas o protección complementaria para aquellos a quienes se les deniega el estatus de refugiado.	Los migrantes y refugiados siguen encontrando obstáculos para acceder a servicios básicos, incluyendo educación. La legislación panameña excluye a los extranjeros del ejercicio de ciertas profesiones.	Durante años, la estrategia de “flujo controlado” del gobierno se centró en restringir la libre circulación de migrantes y solicitantes de asilo dentro de Panamá y en buscar su salida rápida hacia Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades. Desde que el presidente José Raúl Mulino asumió el cargo el 1 de julio de 2024, ha restringido el flujo a través de varias rutas migratorias en el Darién y ha prometido “repatriar” a los migrantes. Panamá y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para “repatri[ar] ciudadanos extranjeros que no cuenten con base legal para permanecer en Panamá” a través de un programa financiado por Estados Unidos. Dado que el sistema de asilo panameño es inadecuado y carece de recursos suficientes, la expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución. Este acuerdo parece diseñado para reducir la responsabilidad de Estados Unidos, pues en esencia externaliza sus controles migratorios en un país con una capacidad evidentemente menor para evaluar de manera plena y justa de las solicitudes de asilo. Por otra parte, las comunidades indígenas, el primer lugar al que llegan los migrantes y solicitantes de asilo tras cruzar la frontera, reciben escaso apoyo gubernamental. Las inadecuadas estaciones de recepción de migrantes, la limitada capacidad del Estado, las deficiencias en materia de agua y saneamiento y la escasez de instalaciones sanitarias socavan la protección de los migrantes en tránsito. La mayoría de los abusos ocurridos en el Tapón del Darién, incluyendo los casos constantes de violencia sexual, no son debidamente judicializados.		https://www.hrw.org/es/report/2024/04/03/abandonados-en-la-selva/proteccion-y-asistencia-para-migrantes-y-solicitantes-de
Perú	país de origen y de acogida	El sistema de asilo es lento y las autoridades no aplican sistemáticamente la Declaración de Cartagena, aunque está incluida en la legislación nacional peruana. Perú ha anunciado en varias ocasiones un proceso extraordinario para regularizar la situación de los migrantes en el país, pero sólo unas pocas personas lo han solicitado, en parte por miedo a ser deportadas.	Los migrantes en Perú, en particular los venezolanos, se enfrentan a mayores vulnerabilidades y obstáculos a la integración, sobre todo en el mercado laboral, que es en gran medida informal y ofrece salarios bajos. Los migrantes y los solicitantes de asilo se enfrentan a menudo a la inseguridad alimentaria. Las mujeres venezolanas, en particular, se enfrentan a violencia de género, incluyendo violencia sexual y acoso, derivada de la discriminación y la xenofobia.			https://www.hrw.org/es/americas/peru	Danina, de 29 años, y Leopoldo Pizarro, de 30 (seudónimos), salieron de Aragua, Venezuela, hacia Perú, en 2018. Debido a la limitada disponibilidad de medicamentos y a lo que ella describió como una “situación precaria” en los hospitales, tuvo dificultades para recibir tratamiento para el cáncer, aunque su familia había vendido su coche para pagar el tratamiento. Encontraron trabajo en Surco, un distrito del sur de Lima, donde sufrieron altos niveles de xenofobia y, en el caso de Danina, acoso sexual. Los hombres le tomaban fotos en la calle y, cada vez que ella se quejaba, respondían con comentarios xenófobos como que se regresara a su país. “Te estigmatizan por ser venezolana”, dijo a Human Rights Watch. Tenía miedo y dijo sentirse deprimida. “Tenía tanto miedo que cada vez que me subía a un taxi, le enviaba la matrícula del coche a mi marido”, nos contó. Finalmente, la empresa para la que trabajaba cerró y ella se quedó sin empleo. Leopoldo alquiló un coche y trabajó como conductor de Uber. Unos desconocidos empezaron a extorsionarlo por teléfono o dejando notas amenazadoras en el coche. Le dijeron que se lo quitarían si no les pagaba US$ 1.200. Ambos decidieron marcharse de Perú a Estados Unidos.
Venezuela	país de origen				Más de 20 millones de venezolanos, de una población de 28,8 millones, viven en la pobreza multidimensional, según HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil. Esta crisis humanitaria en curso limita el acceso a alimentos y medicinas, lo que obliga a muchos a adoptar estrategias de supervivencia extremas, como estirar el presupuesto, aumentar la carga de trabajo, cambiarlos por sexo o huir del país. Otros huyen de la persecución y las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, así como de los abusos de grupos armados y grupos criminales.	https://www.hrw.org/es/americas/venezuela	Damaris Pinto (seudónimo), una venezolana de 27 años, decidió cruzar el Tapón del Darién en 2024 con su pareja y su hijo de 4 años tras descubrir que estaba embarazada de su segundo hijo. Damaris dijo a Human Rights Watch que esta decisión fue impulsada por la “terrible situación económica” en Venezuela, donde los precios de los alimentos siguen subiendo mientras los salarios permanecen estancados, y las cajas de alimentos del gobierno, conocidas como “cajas CLAP”, son insuficientes. “Lo más difícil de conseguir es comida”, nos contó. En Necoclí, Colombia, Damaris dio a luz a su niña por cesárea. Tras pasar 10 días en el hospital, les dieron el alta. Sin embargo, no tenían dinero, tenían que cuidar de su bebé y ella seguía recuperándose de la operación. Dormían en una tienda de campaña en una playa de Necoclí, con la esperanza de encontrar una forma de quedarse en Colombia.	Bolívar Cepeda (seudónimo), de 29 años, dijo a Human Rights Watch que no se atrevía a obedecer las órdenes de disparar a los manifestantes indígenas “si se resistían”. Había trabajado durante 10 años para la Guardia Nacional Bolivariana cuando, en 2021, fue destinado a Santa Elena de Guairén, una localidad minera cercana a la frontera con Brasil, donde la gente protestaba por los conflictos con los grupos criminales que controlaban las minas de oro. Tras dos días de recibir órdenes de reprimir a los manifestantes, Cepeda abandonó su unidad y cruzó a pie la frontera hasta Brasil, según declaró. La policía federal brasileña le ayudó. Abandonó Brasil a finales de 2022, con la intención de reunirse con su hermano en Estados Unidos, donde esperaba encontrar un trabajo mejor. Cruzó el Darién y llegó a Panamá en enero de 2023. Cepeda temía ser procesado por “traición” si regresaba a Venezuela.

Human Rights Watch recomienda:

Implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo fijo con una duración adecuada y renovable, incluyendo a quienes no reúnan los requisitos para obtener el estatuto de refugiado según la legislación nacional.
Revertir medidas como los onerosos requisitos de visado que impiden el acceso al asilo y obligan a las personas a tomar caminos peligrosos como el Tapón del Darién.
Crear un mecanismo regional equitativo para determinar los Estados responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, factores individuales como vínculos sociales o familiares y preferencias individuales de los solicitantes. El mecanismo debería incluir medidas para superar las barreras que llevan a los migrantes y solicitantes de asilo a abandonar los países de acogida, incluyendo el patrocinio legal, el acceso a la vivienda y la rápida obtención de permisos de trabajo mientras las solicitudes de asilo están pendientes de revisión. Al tiempo, debería distribuir los costos de forma justa y dar incentivos a los Estados para compartir esta responsabilidad.