(Nueva York, 20 de agosto de 2025) –El gobierno de Ecuador debería acelerar el cierre de los cerca de 240 pozos petroleros que operan en el corazón del Parque Nacional Yasuní en la selva amazónica, señaló hoy Human Rights Watch.
El 20 de agosto de 2023, el pueblo ecuatoriano votó a favor de que se detengan todas las perforaciones petroleras actuales y futuras en el bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del Parque Nacional Yasuní, uno de los sectores más indemnes que quedan en la cuenca del río Amazonas. Este referéndum histórico tuvo lugar tras décadas de movilización liderada por una coalición de pueblos indígenas, jóvenes y activistas de todo el país. Sin embargo, dos años después, las actividades de extracción continúan y únicamente se cerraron unos cuantos de los aproximadamente 240 pozos del bloque.
“La decisión del gobierno ecuatoriano de mantener la producción de petróleo durante los próximos cinco años en el Parque Nacional Yasuní desconoce el resultado del referéndum de 2023, lo que afecta de manera directa los derechos de los pueblos que habitan el parque nacional y de la población ecuatoriana en general”, explicó Richard Pearshouse, director de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “El gobierno debe respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y poner fin de inmediato a la extracción de petróleo en la zona protegida por el referéndum”.
El Parque Nacional Yasuní es el hogar de pueblos indígenas como los waorani y kichwa, como así también de los pueblos tagaeri y taromenane, que viven en condiciones de aislamiento voluntario. Human Rights Watch ha documentado evidencias de que la producción de combustibles fósiles, que contribuye al cambio climático catastrófico, menoscaba los derechos de comunidades adyacentes a las infraestructuras de combustibles fósiles.
Incluso antes del plebiscito, en mayo de 2023, la Corte Constitucional del Ecuador determinó que, si los votantes aprobaban el referéndum, el gobierno debía detener de inmediato la extracción de petróleo y cerrar todos los pozos antes del 31 de agosto de 2024. En septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la continuidad de las operaciones en bloque petrolífero violaba los derechos de los pueblos tagaeri y taromenane y ordenó al Estado cerrar el bloque para marzo de 2026.
En los informes públicos disponibles hay algunas diferencias en los datos sobre el número reducido de pozos que se han cerrado desde el resultado del referéndum. El gobierno indica haber cerrado cinco pozos en 2024, mientras que en los medios se señala que el gobierno cerró 10 pozos en 2024 y tiene previsto cerrar otros 48 en 2025.
Sin embargo, la mayoría abrumadora de los pozos del bloque todavía siguen extrayendo petróleo. Según datos estatales, durante el primer semestre de 2025, en el bloque se extrajeron diariamente cerca de 44.000 barriles de petróleo. Los casi 240 pozos en el área ITT son apenas una pequeña fracción de los 5.000 pozos que se estima que hay en el país.
Un grupo de economistas ecuatorianos ha sugerido varias medidas prácticas para cerrar el bloque sin perjudicar a las comunidades, el medio ambiente y la economía. Líderes waorani han propuesto un conjunto de principios para un cierre que sea acorde con el respeto de los derechos.
El gobierno había citado la crisis de seguridad en el país para justificar que se pausara el cumplimiento, al menos hasta agosto de 2025, y afirma que podría necesitar cinco años para cerrar el bloque, un período que se extiende mucho más allá de los plazos ordenados por la corte.
En mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa creó un comité para planificar el cierre. Dicho comité ha recibido críticas por parte de la sociedad civil y de pueblos indígenas por no incluirlos. Más de un año después, el gobierno aún no ha formulado un plan para cerrar el resto de los pozos en el bloque ITT.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó hace poco que los gobiernos deben establecer reducciones vinculantes y con plazos definidos para las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles, y proteger la selva amazónica.
Ecuador debe cesar la extracción de petróleo en el bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini y adoptar e implementar un plan acelerado para cerrar los pozos, que respete los derechos humanos. También debe asegurar que haya representación y participación de comunidades indígenas en el comité establecido para planificar el cierre.
El 22 de agosto de 2025 se reunirán en Colombia distintos líderes regionales, en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con el propósito de comprometerse a una mayor protección de los bosques en el período previo a las conversaciones globales sobre el clima. Varios jefes de Estado, incluido el Presidente de Ecuador, deberían asumir el compromiso de adoptar medidas similares en toda la Amazonía para protejer a los pueblos indígenas y a los ecosistemas críticos de los combustibles fósiles.
“Ecuador tiene la obligación innegable de empezar a eliminar gradualmente los combustibles fósiles de una forma que respete la voluntad de su pueblo, lo dispuesto por la justicia y los derechos humanos de las comunidades afectadas”, manifestó Pearshouse. “Cumplir con el referéndum cerrando los pozos es una medida que debió haberse adoptado hace mucho tiempo”.
