Resumen

Luciana, de 31 años, y Juan Herrera, de 32 (seudónimos), salieron de Venezuela en 2023, donde dejaron a sus tres hijos, de 2, 6 y 11 años. En marzo de 2023, cruzaron el Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Durante su caminata de cinco días por la selva, un grupo de hombres encapuchados y vestidos de negro los asaltó y les exigió US$100 a cada persona del grupo con el que viajaban. Los hombres llevaban pistolas y machetes, dijeron Juan y Luciana. “Miren al frente o los matamos”, dijo uno de los hombres a la pareja. Los hombres separaron a una mujer joven del resto del grupo. La dejaron marcharse solo una vez que su hermano pagó por ella. Asustada, huyó. Casi cae por un acantilado.

Más de medio millón de personas cruzaron el Tapón del Darién en 2023, generalmente en dirección a Estados Unidos. Durante la travesía por esta inhóspita selva, venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de continentes como Asia y África, han sufrido graves abusos, incluyendo violencia sexual. Decenas, si no cientos, han perdido la vida o han desaparecido durante el cruce. Muchos no han sido encontrados.

Human Rights Watch visitó el Tapón del Darién en cuatro ocasiones entre abril de 2022 y junio de 2023 y entrevistó a casi 300 personas. Human Rights Watch documentó por qué migrantes y solicitantes de asilo huyen de sus países de origen y son renuentes a quedarse en otros países de Sudamérica; cómo los grupos criminales abusan de ellos en el trayecto; y las debilidades de las políticas públicas de Colombia y Panamá para asistirlos, protegerlos e investigar los abusos cometidos en su contra.

Este informe, parte de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración a través del Tapón del Darién, se centra en la respuesta de Colombia y Panamá a la migración a lo largo de su frontera. El informe identifica deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a estas personas—incluyendo a quienes corren mayor riesgo, como los niños, niñas y adolescentes no acompañados—así como para investigar abusos. Este informe ofrece recomendaciones concretas a los gobiernos de Colombia y Panamá sobre cómo abordar estas deficiencias y a gobiernos donantes, organismos regionales y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a organizaciones humanitarias sobre cómo apoyar y cooperar con Colombia y Panamá en estos esfuerzos.

Los hallazgos de Human Rights Watch demuestran que Colombia y Panamá no han garantizado de manera efectiva los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el Tapón del Darién. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que Colombia y Panamá han ratificado, los gobiernos tienen la obligación de proteger el derecho a la vida y a la integridad física de quienes se encuentren en su territorio, incluyendo las de migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, y de investigar las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva. Además, ambos gobiernos tienen la obligación, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador, de tomar las medidas adecuadas para garantizar, sin discriminación, el acceso a alimentación, agua y servicios de salud esenciales a todas las personas que se encuentren en su territorio.

En Colombia, el gobierno carece de una estrategia clara para salvaguardar los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién. La escasa presencia gubernamental en la región deja a estas personas en manos del Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico que controla el tránsito de migrantes y solicitantes de asilo y se lucra de su desesperación y vulnerabilidad. Los esfuerzos de las autoridades colombianas por investigar los crímenes y desmantelar al Clan del Golfo en la región han dado escasos resultados. El gobierno carece de información fiable sobre el número de migrantes que cruzan hacia Panamá y sus necesidades humanitarias, lo que afecta la capacidad de las autoridades para garantizar eficazmente el acceso a alimentación, agua y saneamiento. Las alcaldías de los municipios desde donde salen los migrantes y solicitantes de asilo carecen de capacidad institucional, personal y de recursos suficientes para responder a la creciente afluencia de migrantes y solicitantes de asilo.

Al otro lado del Tapón del Darién, el gobierno panameño aplica una estrategia de “flujo controlado” (o “flujo humanitario”). Más que en atender sus necesidades, la política parece enfocarse en restringir la libre circulación de migrantes y solicitantes de asilo dentro de Panamá y en buscar su rápida salida hacia Costa Rica. Las comunidades indígenas podrían desempeñar un papel importante en la respuesta humanitaria, pero reciben poca o ninguna ayuda gubernamental. Las estaciones de recepción migratoria son inadecuadas, lo que supone un riesgo para los migrantes y solicitantes de asilo. La limitada capacidad del Estado, la escasez de instalaciones que prestan servicios de salud y la falta de acceso a agua potable suponen una denegación de derechos básicos.

El 4 de marzo, el gobierno panameño tomó la preocupante decisión de suspender el trabajo de Médecins Sans Frontières (MSF o Médicos Sin Fronteras) en el país. El gobierno argumentó que su acuerdo con la organización humanitaria había expirado en diciembre. MSF, que desempeñó un papel crucial en la asistencia a migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo a cientos de víctimas de violencia sexual, dijo que ha intentado en reiteradas ocasiones renovar el acuerdo.

En algunos casos concretos, las fuerzas de seguridad panameñas parecen haber cometido abusos contra migrantes y solicitantes de asilo. Los obstáculos para denunciar los delitos y la ausencia de mecanismos de supervisión crean un entorno propicio para la impunidad de abusos de las fuerzas de seguridad, incluyendo violencia sexual.

Los delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluyendo recurrentes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados. La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal para estos casos y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas.

Los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién transitan por comunidades que, durante mucho tiempo, han sido marginalizadas y abandonadas. En la región colombiana de Urabá, que registra altos índices de pobreza, la escasa presencia del Estado (aparte de los militares) y la ineficaz actuación contra el crimen organizado han hecho que el Clan del Golfo ejerza control territorial y abuse de la población local. Las tasas de pobreza son aún más altas y el abandono estatal aún mayor en las comunidades afrocolombianas e indígenas. En la provincia panameña del Darién, la más pobre del país, la población carece de acceso suficiente a servicios básicos como agua, saneamiento y atención sanitaria. Las poblaciones indígenas adonde llegan migrantes y solicitantes de asilo tras cruzar el Tapón del Darién, incluyendo las de comunidades de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, sufren altos niveles de pobreza y un acceso deficiente a servicios públicos. Tras décadas de falta de oportunidades y abandono, algunas comunidades de ambos lados de la frontera se benefician del aumento de la migración.

Abordar la situación en el Tapón del Darién requiere esfuerzos más amplios de parte de los países de toda la región. Como Human Rights Watch recomendó en el primer informe de esta serie, los gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos deberían revertir las medidas que están impidiendo el acceso al asilo y llevan a las personas a cruzar lugares peligrosos como el Darién. Estos gobiernos deberían honrar el 40° aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, un histórico instrumento internacional sobre los derechos de las personas refugiadas en América Latina, al adoptar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos.

Mientras tanto, las autoridades colombianas y panameñas deben esforzarse más por respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos analizadas en este informe. Deberían adoptar medidas serias para garantizar los derechos económicos y sociales de los migrantes y solicitantes de asilo que atraviesan sus países, así como de las comunidades locales; prevenir los abusos de los grupos armados y los delincuentes; y llevar a cabo esfuerzos significativos para investigar, judicializar y sancionar los abusos. Tanto Colombia como Panamá deberían nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta al aumento de la migración a través del Tapón del Darién y reforzar la cooperación entre los dos gobiernos y con la ONU y otras organizaciones humanitarias.

Ambos gobiernos deben trabajar con las organizaciones humanitarias y las comunidades locales para establecer un mecanismo conjunto de rescate de personas desaparecidas en el Tapón del Darién y de identificación y recuperación de cuerpos de personas fallecidas en la selva. También deberían redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar la violencia sexual contra migrantes y solicitantes de asilo, aumentando la capacidad forense en la región, dando prioridad a las investigaciones de estos casos y abordando los obstáculos que dificultan a las víctimas denunciar los delitos. En colaboración con las organizaciones humanitarias, los gobiernos deberían reforzar la asistencia médica, incluyendo la psicológica, a las víctimas.

Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje. Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos.

Recomendaciones clave

Al Estado colombiano y al Estado panameño:

• Nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta en el Tapón del Darién, en cooperación con las agencias humanitarias y el gobierno panameño.
• Mejorar las condiciones en los municipios de salida y las comunidades indígenas tanto para la población local como para las personas migrantes y solicitantes de asilo, especialmente mejorando la inversión social para asegurar el acceso a electricidad, agua potable, alcantarillado, eliminación de basura, letrinas y servicios de salud.
• Trabajar de forma conjunta y con las organizaciones humanitarias, y comunidades locales para crear un mecanismo de rescate de personas o recuperación e identificación de los cuerpos de las personas desaparecidas.
• Trabajar de forma conjunta y con organizaciones humanitarias y comunidades locales para crear un mecanismo para identificar a las personas migrantes y solicitantes de asilo más vulnerables, incluyendo a niños, niñas y adolescentes no acompañados, personas embarazadas o con problemas médicos, y garantizar una recepción adecuada a su llegada a Panamá.
• Asegurar que las fiscalías de ambos países trabajen conjuntamente para desarrollar una estrategia compartida que garantice que los migrantes puedan denunciar abusos ocurridos en el Tapón del Darién, identifique patrones recurrentes en los delitos cometidos contra migrantes y solicitantes de asilo, y busque desmantelar a los grupos criminales que abusan o se aprovechan de ellos.
• Avanzar hacia una estrategia conjunta de seguridad para asegurar la protección de la población migrante y de las comunidades locales en ambos lados de la frontera.
• Garantizar mayor asistencia humanitaria en la zona, incluyendo a través del apoyo al trabajo de organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, y asegurar que puedan operar sin restricciones indebidas.

Al Estado colombiano:

• Aumentar la presencia y la capacidad de las instituciones nacionales y locales en el Urabá, incluyendo Migración Colombia, ICBF, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
• Apoyar a los municipios de salida a través del establecimiento de un presupuesto específico para que puedan responder a las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y asegurar que sus planes de desarrollo tengan en cuenta la llegada y el tránsito de migrantes y solicitantes de asilo y que establezcan planes adecuados de contingencia y respuesta.
• Garantizar que los fiscales investiguen el rol del Clan del Golfo en el transporte de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién, asignando fiscales del grupo de trabajo para investigar la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos relacionados en la región del Urabá.
• Garantizar que cualquier cese al fuego o negociación futura con el Clan del Golfo incluya protocolos y salvaguardas claras para impedir que el grupo amplíe su control territorial y cometa nuevos abusos.
• Trabajar con las organizaciones humanitarias para realizar encuestas periódicas sobre el número de migrantes y solicitantes de asilo en el Urabá, identificar sus necesidades y compartir esta información con el gobierno panameño de forma regular.

Al Estado panameño:

• Trabajar con la ONU y las ONG humanitarias para desarrollar un plan de contingencia intersectorial para responder a la situación en el Darién y garantizar la asistencia y la protección a las personas migrantes, los solicitantes de asilo y la población local, teniendo en cuenta las necesidades de grupos específicos y considerando su etnia, origen, raza, edad, género, discapacidad y orientación sexual.
• Modificar la estrategia de “flujo controlado” (también llamada “flujo humanitario”) para establecer un plan claramente articulado que tenga en cuenta las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo y garantice su derecho a solicitar asilo y a no sufrir ninguna restricción arbitraria de la libertad ambulatoria en el país.
• Mejorar las capacidades institucionales en la región del Darién, en particular las de la Defensoría del Pueblo, la ONPAR, el SENNIAF, el Minsa y el Ministerio de la Mujer, asegurando una mayor presencia de funcionarias mujeres y de traductores, y que estos organismos estén presentes en las comunidades indígenas o en las ERM.
• Aumentar la capacidad del centro de acogida para niños, niñas y adolescentes de Metetí y desarrollar, difundir y aplicar protocolos escritos para la identificación y el cuidado de niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados.
• Garantizar la plena aplicación del acuerdo de 2022 que permite a jueces y fiscales tener en cuenta el testimonio anticipado de migrantes y solicitantes de asilo para evitar la necesidad de una comparecencia en persona de las víctimas durante el proceso penal.

Al Gobierno de Estados Unidos y a todos los donantes internacionales:

• Establecer o ampliar vías seguras, ordenadas y regulares para la migración y mejorar la disponibilidad y flexibilidad de dichas vías para las personas que estén considerando cruzar el Tapón del Darién.
• Aprovechar el 40º aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, un instrumento internacional histórico sobre los derechos de las personas refugiadas en América Latina, para adoptar políticas respetuosas de los derechos humanos, en particular, mediante la implementación de un estatuto temporal de protección en toda la región para todos los venezolanos y haitianos.
• Financiar esfuerzos creíbles para mejorar la respuesta humanitaria en el Tapón del Darién, en especial para asegurar centros de recepción migratoria dignos y otros refugios; aumentar la asistencia humanitaria, mejorar las condiciones en los municipios de salida en Colombia y en las comunidades indígenas en Panamá; y prevenir e investigar los abusos, incluyendo la violencia sexual, contra los migrantes.

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM):

• Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional en Panamá para responder a los retos del aumento de la migración, siguiendo el ejemplo del GIFMM en Colombia, asegurando que el mecanismo tenga la capacidad de identificar vacíos en la asistencia y las prioridades para los fondos disponibles de los donantes.
• Aprovechar la experiencia de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) para garantizar el seguimiento, la documentación y el análisis de la migración de personas de todas las nacionalidades, en especial haitianos, cubanos y ecuatorianos, en la región.

 

Metodología

Este documento forma parte de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración en las Américas y el Tapón del Darién. Un informe anterior documentó cómo la falta de vías seguras y legales ha empujado a migrantes y solicitantes de asilo que huyen de las crisis de derechos humanos en América Latina a arriesgar sus vidas cruzando el Tapón del Darién.[1] Se espera que un próximo informe se centre en los factores que impulsan la migración en la región, incluyendo la situación en Venezuela, Haití y Ecuador, así como las limitadas políticas de integración y regularización en varios países de América del Sur a través de los cuales o desde los cuales suelen viajar estas personas.

Para investigar la situación en el Tapón del Darién, Human Rights Watch visitó el lado colombiano del Darién en abril de 2022 y junio de 2023 y el lado panameño en mayo de 2022 y marzo de 2023. Asimismo, Human Rights Watch realizó entrevistas telefónicas con fuentes en la zona entre enero de 2022 y marzo de 2024. En total, los investigadores entrevistaron a más de 160 migrantes y solicitantes de asilo que habían cruzado o estaban a punto de cruzar el Tapón del Darién. Algunos de ellos—incluyendo unos pocos que habían llegado a Estados Unidos, Costa Rica o México—fueron entrevistadas por teléfono. Las entrevistas se realizaron en español, portugués, francés e inglés.

Durante las visitas y también por teléfono, Human Rights Watch entrevistó a cerca de 50 trabajadores humanitarios de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias, así como a autoridades colombianas y panameñas de las defensorías del pueblo, fiscalías, cancillerías y oficinas de migración, entre otros.

Human Rights Watch también entrevistó por teléfono a expertos en migración, así como a organizaciones internacionales, regionales y locales y a clínicas jurídicas que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo en toda la región, incluyendo en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo y algunos trabajadores humanitarios accedieron a ser entrevistados con la condición de que no reveláramos sus nombres ni otros datos que los pudieran identificar. También se han ocultado los datos de los entrevistados cuando Human Rights Watch ha considerado que publicar la información los pondría en peligro. Human Rights Watch ha utilizado seudónimos para identificar a los migrantes y solicitantes de asilo entrevistados durante la investigación.

Human Rights Watch informó a todos los participantes del propósito de la entrevista, de su carácter voluntario y de cómo se utilizaría la información. Todos los participantes dieron verbalmente su consentimiento informado. Ninguno recibió pagos u otros incentivos para participar. Cuando resultó oportuno, Human Rights Watch proporcionó a los migrantes y solicitantes de asilo información de contacto de organizaciones que ofrecían servicios médicos, jurídicos, sociales o de asesoramiento.

Human Rights Watch tuvo especial cuidado al entrevistar a sobrevivientes de abusos, en particular de violencia sexual. Cuando fue posible, Human Rights Watch recibió información de los trabajadores humanitarios que asistían a los y las sobrevivientes para minimizar el riesgo de que al relatar sus experiencias traumáticas se vieran revictimizadas.

Human Rights Watch examinó estudios académicos relativos a la migración en América Latina, así como datos e informes de los gobiernos colombiano, panameño y estadounidense; agencias de la ONU; organizaciones internacionales, regionales y locales de derechos humanos y humanitarias; clínicas jurídicas locales; y medios de comunicación.

Human Rights Watch obtuvo acceso y analizó datos anonimizados de 1.382 encuestas a migrantes y solicitantes de asilo realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Tapón del Darién entre julio de 2022 y junio de 2023.[2]

Como parte de la investigación, Human Rights Watch envió múltiples solicitudes de información a las autoridades gubernamentales. Las solicitudes de información incluían:

• En julio de 2022, julio de 2023 y febrero de 2024, Human Rights Watch envió solicitudes de información a las siguientes autoridades colombianas en relación con la respuesta de las autoridades frente al flujo de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las alcaldías de Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó y Unguía. En 2022 y 2023, Human Rights Watch recibió respuestas parciales o completas de todas las autoridades colombianas, con la excepción de la Alcaldía de Acandí y Migración Colombia. Hasta el 21 de marzo de 2024, solo el ICBF y la Alcaldía de Necoclí habían respondido a las solicitudes de información de febrero de 2024.
• En julio de 2022, marzo de 2023 y febrero de 2024, Human Rights Watch envió solicitudes de información a las siguientes autoridades panameñas sobre la respuesta de las autoridades frente al flujo de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Migración (SNM), Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR). En 2022 y 2023, Human Rights Watch recibió respuestas parciales o completas de todas las autoridades panameñas. Hasta el 21 de marzo de 2024, solo la Procuraduría General de la Nación había respondido a las solicitudes de información de febrero de 2024.

 

I. Antecedentes: el Tapón del Darién

El Tapón del Darién es una selva pantanosa que se extiende entre el departamento colombiano del Chocó y la provincia panameña del Darién, formando una frontera natural no sólo entre esos países, sino también entre América del Sur y América Central.

El terreno es empinado y resbaladizo. Los ríos, caudalosos, especialmente en época de lluvias. La mayoría de las rutas siguen senderos que coronan montañas con alturas de hasta 1.800 metros, donde las banderas marcan la frontera entre Colombia y Panamá. Quienes cruzan llaman al paso más alto la “Loma de la Muerte” y al río Turquesa, el “Río de la Muerte”, por el gran número de cadáveres que hay en sus aguas.[3] Las temperaturas oscilan entre 20 y 35 centígrados, con fuertes lluvias e inundaciones entre mayo y diciembre.

Durante décadas, los migrantes y solicitantes de asilo que van de América del Sur hacia el norte han cruzado el Tapón del Darién, a menudo con la intención de llegar a Estados Unidos. Miles de personas, de más de 70 nacionalidades,[4] han realizado el viaje a través de lo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denomina “una de las rutas migratorias más peligrosas”.[5]

Luego de un descenso significativo en 2020, causado por el cierre de fronteras y las medidas de cuarentena adoptadas en respuesta a la pandemia del Covid-19, el número de personas que cruzaron el Tapón del Darién se disparó en casi un 4.000 % entre 2020 y 2022.[6] El número de cruces ha aumentado drásticamente en los últimos años, alcanzando un récord de más de 500.000 en 2023.[7] Las autoridades panameñas estiman que el número alcanzará alrededor de 800.000 personas.[8]

Las rutas que emplean los migrantes a través del Tapón del Darién han cambiado a lo largo de los años en respuesta a las necesidades de los migrantes y solicitantes de asilo y a las restricciones impuestas por las autoridades panameñas, así como por el Clan del Golfo.[9]

Los migrantes y solicitantes de asilo inician su viaje a través del Darién en barco en Necoclí o Turbo, en Colombia. Tras pasar un par de horas o una noche en los albergues de Acandí o Capurganá, los migrantes y solicitantes de asilo comienzan su viaje de varios días a través de la selva. Durante el camino, duermen en carpas o al aire libre. Después de subir montañas empinadas, una bandera les señala la frontera con Panamá.

Una vez en Panamá, los migrantes y solicitantes de asilo descienden a lo largo del río, pasando por asentamientos indígenas. Contratan a indígenas para que los transporten en pequeñas canoas de madera, conocidas como “piraguas”, hasta las comunidades indígenas y luego a las estaciones de recepción migratoria (ERM).[10]

Durante el viaje, migrantes y solicitantes de asilo de todas las nacionalidades sufren con frecuencia robos y graves abusos, incluyendo violencia sexual.

Más del 30 % de las cerca de 1.380 personas entrevistadas por ACNUR en la Tapón del Darién entre julio de 2022 y junio de 2023 declararon haber sufrido algún tipo de abuso en la selva, incluyendo robos (20 %), estafas (14 %) y amenazas u otros actos de “intimidación” (11,3 %).[11]

MSF brindó asistencia a 328 personas que señalaron hechos de violencia sexual mientras cruzaban el Darién entre abril y diciembre de 2021;^[12] a 232 en 2022; y a 676 en 2023, incluyendo 214 sólo en diciembre.^[13] En enero de 2024, MSF registró otros 120 casos.[14] Según MSF, el número total de víctimas es todavía mayor.^[15]

Víctimas, trabajadores humanitarios y autoridades panameñas dijeron a Human Rights Watch que, en la mayoría de los casos de violencia sexual, hombres armados emboscaron a grupos de migrantes y solicitantes de asilo, los separaron por sexo y obligaron a las mujeres a quitarse la ropa. Las mujeres dijeron que los hombres las agredieron sexualmente, a menudo con el pretexto de buscar dinero escondido. En numerosos casos las violaron.^[16]

Muchos migrantes han perdido la vida o han desaparecido intentando cruzar el Tapón del Darién. El Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM reportó que al menos 245 personas desaparecieron en el Darién entre 2021 y marzo de 2024.^[17] También señalaron que “los casos de los que se tiene conocimiento” sugerían que esa cifra representaba “solamente una pequeña fracción de la verdadera cantidad de vidas perdidas”.^[18] En septiembre de 2023, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, Samira Gozaine, declaró a la prensa que “no sabremos jamás” el número de personas que murieron o desaparecieron en la selva.[19]

 

II. Respuesta de Colombia

El gobierno de Colombia carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién.

La falta de una respuesta adecuada y la escasa presencia gubernamental en la zona han puesto en peligro los derechos humanos, incluyendo los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, al acceso al agua y alimentación. También han creado un caldo de cultivo para que el Clan del Golfo y otros actores criminales controlen el movimiento de personas y se enriquezcan a costa de su desesperación y vulnerabilidad.

Respuesta humanitaria

Cuando las personas migrantes y solicitantes de asilo llegan a Necoclí o Turbo para iniciar su viaje a través del Darién, ya han caminado o viajado durante días.^[20] Muchos dijeron a Human Rights Watch que cruzaron países enteros enfrentándose a extorsión, autoridades migratorias abusivas y a discriminación, y que tuvieron que dormir y pedir dinero en la calle para continuar su viaje.^[21]

La principal necesidad en el lado colombiano del Tapón del Darién es el acceso a alimentación, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), una plataforma de coordinación de actores humanitarios y agencias gubernamentales. Otras necesidades incluyen acceso a agua potable, alojamiento, protección de la niñez y atención médica.^[22]

Desde finales de 2022, el GIFMM, codirigido por ACNUR y OIM, ha coordinado los esfuerzos de las organizaciones humanitarias y las autoridades locales, lo que ha dado lugar a algunas mejoras en la respuesta humanitaria.^[23] Además, en 2023, las autoridades colombianas aumentaron su presencia en el Darién, desplegando personal de Migración Colombia, la agencia estatal que se ocupa de los asuntos migratorios, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de la protección de la infancia.^[24]

En 2023, el Ministerio de Igualdad y Equidad estableció una Dirección para la Población Migrante. Su objetivo es implementar y ejecutar políticas que salvaguarden los derechos de la población migrante, incluyendo aquella en tránsito, y coordinar la asistencia humanitaria inmediata e integración socioeconómica.[25] La política y la ruta de atención para dicha población se encuentran actualmente en desarrollo. El ministerio informó a Human Rights Watch que tiene planeado abrir centros de atención para migrantes y solicitantes de asilo en Necoclí, Turbo, Acandí y Capurganá.[26]

A pesar de estos esfuerzos, Human Rights Watch detectó graves deficiencias en la respuesta del Estado colombiano a la situación en el Darién. Por ejemplo, las autoridades no tienen una estimación fiable del número de migrantes y solicitantes de asilo en la zona o de quienes cruzan a Panamá, ni de sus necesidades humanitarias.^[27]

En junio de 2023, Migración Colombia lanzó la aplicación Tránsito Seguro, que permite a los extranjeros en situación irregular en Colombia permanecer en el país y utilizar autobuses u otras formas de transporte durante un máximo de 10 días sin enfrentarse a sanciones.^[28] Funcionarios de Migración Colombia dijeron a Human Rights Watch que dan por hecho que los migrantes se han marchado después de 10 días, pero no hacen ningún intento por verificar o registrar su salida.^[29]

Municipios de salida

Las comunidades que viven en los municipios de la parte colombiana del Darién se enfrentan a abusos crónicos de sus derechos derivados de una limitada presencia institucional y de servicios sociales ineficaces, así como de los efectos del conflicto armado, el narcotráfico y los altos niveles de pobreza multidimensional.^[30]

Los índices de pobreza multidimensional, una medida que toma en consideración tanto ingresos económicos como disponibilidad y acceso a bienes y servicios esenciales como educación, vivienda adecuada y agua potable, son muy elevados en estos municipios en comparación con otras zonas del país.^[31] Según estadísticas oficiales, el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas en Necoclí (57,63 %), Turbo (39,15 %), Acandí (36,44 %), Juradó (56,11 %) y Unguía (48,59 %), es entre dos y cuatro veces superior a la media nacional (14,28 %), con porcentajes que superan el 70 % en algunas zonas rurales.^[32] Tanto en el Chocó como en Antioquia, los hogares indígenas y afrocolombianos tienen mucha más probabilidad de experimentar pobreza monetaria.[33]

En abril de 2023, las defensorías del pueblo de Colombia y Panamá constataron que los presupuestos municipales y los planes de desarrollo no han considerado “el fenómeno de la migración en sus territorios, así como la demanda de servicios que conlleva”.^[34] Las alcaldías carecen del conocimiento, el personal y los recursos económicos necesarios para responder adecuadamente a la afluencia de migrantes y solicitantes de asilo, según dijeron a Human Rights Watch funcionarios colombianos y trabajadores humanitarios.^[35]

El paso de migrantes y solicitantes de asilo ha transformado las economías locales, lo que ha afectado el costo de vida tanto de las comunidades locales como de quienes están de paso.^[36] El elevado precio de bienes y servicios como transporte, comida, alojamiento y artículos de higiene aumenta la necesidad de ayuda humanitaria, según las organizaciones humanitarias. Muchos migrantes y solicitantes de asilo no pueden obtener el dinero suficiente para pagar los tiquetes de barco y otras tasas que cobran las empresas de transporte marítimo para continuar su viaje y se ven obligados a permanecer varios días o semanas en el lado colombiano del Darién, donde están expuestos a la violencia y abusos.^[37]

La ausencia de alojamientos en Necoclí y Turbo lleva a muchos migrantes y solicitantes de asilo, sobre todo venezolanos, a dormir en carpas en las playas, donde el riesgo de violencia es mayor.^[38] En 2016, 2.000 migrantes y solicitantes de asilo cubanos quedaron varados en Turbo, debido al aumento de los controles y las restricciones impuestas por los países centroamericanos. En 2021, Necoclí vivió una situación similar cuando decenas de miles de personas, en su mayoría haitianas, quedaron varadas debido a las restricciones relacionadas con el Covid-19 y al hacinamiento en las ERM de Panamá. Las autoridades locales afirmaron que unas 20.000 personas se encontraban varadas, pero los actores humanitarios estimaron que la cifra podría ascender a 35.000. En ambas situaciones, migrantes y solicitantes de asilo se vieron obligados a improvisar lugares para dormir, incluyendo carpas junto a la playa, donde estaban expuestas a las condiciones naturales del clima y tenían importantes necesidades humanitarias insatisfechas.[39]

En 2023, el GIFMM observó aumentos sostenidos en el número de migrantes y solicitantes de asilo durmiendo en calles y playas.^[40] A principios de 2024, el GIFMM reportó de que cada noche dormían aproximadamente entre 300 y 350 personas en las playas de Necoclí y entre 150 y 200 en Turbo.^[41]

En febrero de 2024, las empresas de transporte marítimo de Necoclí suspendieron sus servicios durante cinco días, tras la detención de dos de sus capitanes, quienes fueron acusados de presunto “tráfico de migrantes”. En esos días, el número de personas represadas superó los 3.000, con cerca de 600 durmiendo en la playa en Necoclí y 300 en Turbo, según la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Alcaldía de Necoclí y organizaciones humanitarias.[42]

Las personas que duermen en las playas carecen de acceso a una vivienda adecuada y a bienes y servicios esenciales, y corren mayor riesgo de sufrir abusos, incluyendo explotación sexual y laboral, por parte del Clan del Golfo y otras personas.^[43] El Clan ha obligado a algunos de ellos a transportar droga en pequeñas cantidades a través del Darién.^[44] “Una vez en Acandí, llegamos a un campamento controlado por los narcotraficantes del Clan del Golfo”, dijo una mujer a Human Rights Watch. “No tuve que pagar [para cruzar el Darién], pero unos hombres me pidieron que llevara un paquete. Dijeron que contenía droga y que, si el paquete no llegaba, se llevarían a mis hijos. Después de dos días caminando por la selva un grupo nos interceptó y se llevó el paquete, luego nos dejaron continuar”.^[45]

Las autoridades locales, especialmente en Necoclí, no permiten a las personas migrantes y solicitantes de asilo mantener sus carpas armadas en la playa durante el día. Cada mañana, agentes de policía les exigen que desalojen la playa.^[46] “Por las mañanas vienen y nos piden que guardemos todas nuestras cosas”, dijo una mujer venezolana señalando unas mochilas debajo de una palmera.^[47] “Nos obligan a quitar nuestras carpas a las 6 a.m. y tengo que despertar a mis hijos. El de 14 y el de 16 años trabajan vendiendo dulces [en las calles], pero ahora hay mucha competencia”, dijo otra mujer venezolana que ya había pasado tres meses en una playa de Necoclí, mientras reunía dinero para cruzar el Tapón del Darién.^[48]

Necoclí

Necoclí, con una población de unos 45.000 habitantes, es una ciudad costera cercana al mar Caribe.^[49] Actualmente, es el principal punto de partida de migrantes y solicitantes de asilo que intentan cruzar el Tapón del Darién. Desde su muelle parten embarcaciones hacia Acandí y Capurganá. Según el GIFMM, el 91 % de las personas que cruzaron el Darién en 2023 salieron desde los muelles de Necoclí o Turbo.[50]

Entre enero de 2023 y febrero de 2024, más de 408.000 migrantes y solicitantes de asilo partieron desde Necoclí para cruzar el Darién, según datos de las empresas de transporte marítimo.^[51] El GIFMM estima una media de entre 1.000 y 1.200 salidas diarias, con picos de más de 3.000 en determinados períodos del año.[52]

La Secretaría de Gestión de Riesgo de la alcaldía es la entidad encargada de responder a los problemas de migración, así como a cualquier otra “situación de emergencia”.[53] En 2023, la alcaldía creó una mesa de gestión migratoria integrada por autoridades locales, organizaciones humanitarias y organismos del gobierno nacional. El decreto por el que se crea la mesa establece que debe reunirse como mínimo cada tres meses para debatir y desarrollar políticas públicas locales relacionadas con las personas migrantes y solicitantes de asilo.^[54]

Desde enero de 2024, la nueva administración municipal ha llevado a cabo dos reuniones del grupo de trabajo y, según miembros de la alcaldía, están trabajando para establecer un “plan de acción”, que incluiría la creación de un alojamiento transitorio.[55]

Los migrantes y solicitantes de asilo que tienen dinero suficiente para pagar alojamiento en hoteles o habitaciones privadas, comida y otros servicios son vistos como una fuente de ingresos para el municipio. “El migrante con dinero es bien recibido en Necoclí como catalizador económico”, dijo una funcionaria de la Defensoría. “El migrante que no tiene dinero no es útil y se le deja desatendido”.^[56]

La respuesta humanitaria en Necoclí la llevan a cabo principalmente las organizaciones humanitarias a través de la coordinación del GIFMM. “El gobierno colombiano dejó la respuesta en manos de la cooperación [internacional]”, dijo un trabajador humanitario. “No hay interés del gobierno nacional en atender el problema”.^[57]

Organizaciones humanitarias privadas sin ánimo de lucro y agencias de Naciones Unidas han llenado en gran medida el vacío creado por la ausencia de servicios públicos accesibles para las personas migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad. Distribuyen artículos de higiene y pastillas potabilizadoras de agua, facilitan información sobre las rutas de viaje y proporcionan alimentos y servicios médicos, entre otros.[58] Por ejemplo, las organizaciones parte del GIFMM envían a las personas al hospital local, que atiende a migrantes y solicitantes de asilo.^[59] Debido a que el primer nivel de atención médica es costeado por el municipio, autoridades locales dijeron a Human Rights Watch que el municipio debe 135 millones de pesos colombianos (unos US$35.000) al hospital. La cifra era mucho mayor en 2023 y las autoridades locales temen que la deuda pueda aumentar nuevamente.^[60] Según el GIFMM, desde 2022, la OIM está pagando la atención médica de los casos de migrantes y solicitantes de asilo que remite al hospital, especialmente para los controles prenatales.^[61]

En agosto de 2023, el GIFMM afirmó que los servicios humanitarios tenían dificultades para responder adecuadamente al gran número de personas que duermen en las playas y calles de Necoclí y que, como se ha descrito anteriormente, están expuestas a diversos riesgos.^[62]

Jacinto Molina (seudónimo), de 28 años, partió desde Venezuela en 2022 con su esposa de 22 años y su hijo de 4 años, después de que él perdiera su trabajo como conductor de camión.[63] Enfrentados a dificultades económicas, luchaban por conseguir comida. Jacinto y su familia llevaban dos días durmiendo en una carpa en la playa de Necoclí cuando él habló con Human Rights Watch. Jacinto dijo que nadie de la alcaldía se había puesto en contacto con ellos para ayudarles. Solo recibieron agua y alimentos de organizaciones humanitarias. Para reunir suficiente dinero para el tiquete del barco, Jacinto y su esposa recogían basura y reciclaban. Ganaban 10.000 pesos (aproximadamente USD$2,50) diarios. Esperaban conseguir US$40 cada uno para pagar el tiquete del barco. Alicia Olmos (seudónimo), una venezolana de 22 años procedente de Ecuador, tardó dos meses en llegar a Necoclí.[64] Alicia, su marido, quien se enfermó en Necoclí, y sus hijos tuvieron que dormir siete días en la playa antes de poder comprar los tiquetes del barco. Alicia pedía dinero en la calle; unos migrantes haitianos le dieron US$50. Dijo que tenía miedo de pedir ayuda a las autoridades colombianas porque temía que se llevaran a sus hijos por estar durmiendo en la calle. “Tenemos que seguir adelante, pase lo que pase y cueste lo que cueste. No tenemos otras opciones; hemos dormido en la calle; hemos sobrevivido mendigando durante demasiado tiempo. No es justo”, dijo Alicia. “Salimos de Venezuela huyendo de la pobreza y tenemos que llegar a Estados Unidos porque es el único lugar donde podríamos tener la oportunidad de salir adelante”. Luis López (seudónimo), un joven venezolano, viajó con su esposa embarazada durante más de una semana y media desde Perú hasta Necoclí.[65] Luis dijo que se fueron de Perú por la discriminación en contra de los venezolanos y la criminalidad. En Necoclí, trabajó durante días cargando sacos de arena, por un pago total de 50.000 pesos (aproximadamente US$12). Intentaba ganar dinero para continuar el viaje a través de Darién.

En abril de 2023, el GIFMM, la alcaldía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y agencias de la ONU iniciaron conversaciones para abrir un llamado Centro de Atención Fronteriza (CAF), que concentraría todos los servicios prestados por las organizaciones humanitarias y el gobierno colombiano.^[66] En junio, las organizaciones humanitarias y el ICBF expresaron su preocupación por la ubicación del CAF. La alcaldía quería ubicarlo en un predio a 20-30 minutos de distancia caminando desde las playas donde duermen las personas migrantes y solicitantes de asilo o de los muelles desde donde salen las embarcaciones. Las organizaciones humanitarias y el ICBF temían que la ubicación del CAF dificultara su acceso a muchos migrantes y solicitantes de asilo.^[67] Para marzo de 2024, el CAF no había sido construido.[68] Según información proporcionada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, el CAF sería reemplazado por los centros de atención que planean construir en la segunda mitad del año.[69]

En julio de 2023, la Defensoría creó una Casa de los Derechos, un espacio para asesorar y apoyar a la población desplazada, refugiada y migrante.^[70]

Turbo

Turbo, con 133.430 habitantes, se encuentra al sur de Necoclí.^[71] Después de que casi 2.000 migrantes y solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de Cuba, quedaran varados en Turbo en 2016, cada vez menos personas parten de allí. Sin embargo, desde finales de 2022, se ha producido un aumento de migrantes y solicitantes de asilo que deciden comenzar su camino desde Turbo, sobre todo aquellos con menos recursos económicos.^[72] El GIFMM y la alcaldía estimaron que alrededor de 1.000 personas salían cada día de Turbo a finales de agosto de 2023, aunque la cifra disminuyó en diciembre, debido a una reducción del número de personas que cruzan el Darién en ese período.^[73]

El aumento de las salidas de migrantes y solicitantes de asilo desde Turbo significa que las organizaciones humanitarias tienen que dividir sus recursos entre Necoclí y Turbo. Muchas siguen sin tener personal permanente en Turbo y se desplazan entre los dos municipios para llevar a cabo su labor.[74] Aunque algunas organizaciones humanitarias brindan asistencia y proporcionan información relevante a las personas migrantes y solicitantes de asilo en el muelle de Turbo, el GIFMM señaló en agosto de 2023 que la respuesta es “limitada” y que “los recursos con los que cuenta la cooperación son escasos”. La movilización de trabajadores humanitarios “implica un esfuerzo logístico y financiero superior a la capacidad actual”, afirmó el GIFMM.[75]

“Turbo tiene una población [migrante y solicitante de asilo] con menos información y mayores vulnerabilidades”, afirmó un miembro de una organización humanitaria que opera de forma itinerante en el municipio.^[76] En agosto, el GIFMM estimó que, en ese momento, 400 personas necesitaban alimentos y que se necesitaban 12.000 litros de agua y ocho letrinas para cubrir las necesidades de agua y saneamiento.^[77]

La alcaldía informó a Human Rights Watch en 2023 que no tenían un “plan de contingencia” para responder a la migración en su municipio, ni un “rubro para asistencia humanitaria a población migrante”.^[78] Debido a la ausencia de un albergue y a las limitadas “capacidades administrativas y hoteleras”, “los sitios públicos […] han sido refugio para el acampamiento nocturno”, señalaron.^[79]

En febrero 2024, la Alcaldía de Turbo estableció una mesa de gestión migratoria, similar a la de Necoclí, donde planteó la idea de instalar un espacio temporal de alojamiento para migrantes y solicitantes de asilo cerca de la terminal de trasporte.[80]

Acandí

Acandí, con unos 15.000 habitantes, está situado cerca del mar Caribe y de la frontera con Panamá.^[81] Es el último municipio colombiano al que llegan migrantes y solicitantes de asilo antes de adentrarse en la selva.

En febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación informó que el municipio no contaba con un centro de salud con “con capacidad para brindar asistencia a la población migrante que requiera atenciones en urgencia”. También destacó la ausencia de instituciones gubernamentales, incluyendo de Migración Colombia.^[82]

En Acandí y Capurganá, una pequeña localidad del mismo municipio, existen albergues para migrantes y solicitantes de asilo gestionados por actores no estatales.^[83] Están muy organizados, según la Defensoría del Pueblo,^[84] y ofrecen varios servicios, como un lugar para dormir o para preparar sus comidas.^[85] Algunos migrantes y solicitantes de asilo dijeron a Human Rights Watch que habían visto hombres armados en los albergues. Estos hombres, de acuerdo con los testimonios recopilados, garantizaban el orden y la seguridad.^[86] Varias fuentes señalaron que los hombres estarían vinculados al Clan del Golfo.^[87]

En marzo de 2024, sólo operaban dentro de los albergues organizaciones humanitarias que prestaban servicios de salud, entre ellas la Cruz Roja Colombiana, la ONG Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo.^[88] Otras organizaciones humanitarias dijeron a Human Rights Watch que no tienen presencia permanente en Acandí o Capurganá, principalmente por razones de seguridad. La falta de presencia estatal en estos campamentos podría poner en peligro a sus trabajadores o podría legitimar las acciones de los actores privados que controlan los albergues, dijeron.^[89]

La falta de presencia permanente de autoridades colombianas y de organizaciones humanitarias dentro de los albergues significa que las autoridades no pueden vigilar, prevenir o responder a los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo.^[90] “Han habido reportes de casos de sexo de supervivencia, hormigueo [el uso de migrantes y solicitantes de asilo para trasladar drogas a través de la frontera], algunas intimidaciones por parte de individuos armados dentro de los albergues, entre otros, pero no hemos podido verificar [estos reportes]”, dijo un trabajador humanitario.^[91]

En agosto, la Defensoría del Pueblo dijo que esperaba establecer una Casa de los Derechos en Acandí, pero que carecía de presupuesto para ponerla en marcha.^[92]

El 5 de febrero de 2024, la Alcaldía de Acandí estableció una mesa de gestión migratoria con el objeto de coordinar y articular “acciones de promoción, protección, acceso a derechos, atención e integración socioeconómica” de migrantes y solicitantes de asilo.[93] Para principios de marzo, la mesa aún no se había reunido.[94]

Unguía y Juradó

Unguía y Juradó son dos municipios del departamento del Chocó con aproximadamente 14.000 y 7.000 habitantes, respectivamente.^[95] Las personas migrantes y solicitantes de asilo utilizan las rutas que atraviesan estos municipios con menos frecuencia que los descritos anteriormente.[96]

Unguía tiene poca presencia de instituciones estatales como Migración Colombia, y las zonas del municipio con mayor paso de migrantes y solicitantes de asilo tienen extensos cultivos de coca.^[97] La Defensoría del Pueblo dijo que si aumenta el número de personas que utiliza esta ruta, “Unguía no estaría en capacidad de atender[las]”.^[98]

En agosto de 2022, la Alcaldía de Juradó dijo a Human Rights Watch que sólo sabían de 12 personas que habían transitado por el municipio. El municipio está compuesto en su mayor parte por islotes y selva y la alcaldía dijo que no tenía capacidad para identificar a las personas que transitaban por zonas distintas a la cabecera municipal. Sólo sabían de ellos cuando se producían “sucesos lamentables”, dijeron, citando como ejemplo un naufragio ocurrido en diciembre de 2021 en el que murieron al menos seis personas.^[99]

La Alcaldía de Juradó dijo que “no cuenta con los recursos suficientes”, ni financieros ni de personal, para responder a la afluencia de migrantes y solicitantes de asilo y carecen de protocolos para coordinar la respuesta con otros municipios de Colombia, como Necoclí y Acandí, o con las autoridades panameñas.[100]

A marzo 2024, tanto Unguía como Juradó carecían de presencia permanente de organizaciones humanitarias y entidades gubernamentales tales como el ICBF y Migración Colombia.^[101] En 2021, ACNUR ayudó a la gobernación del Chocó a establecer un “plan de contingencia” para que las alcaldías de Juradó y de los municipios aledaños de Bahía Solano y Nuquí respondieran a la migración. No obstante, trabajadores humanitarios dijeron a Human Rights Watch en agosto de 2023 que el plan no se había aplicado.^[102]

Protección, seguridad y acceso a la justicia

Limitada presencia estatal y operaciones de seguridad

Los municipios del lado colombiano del Darién, entre ellos Acandí, Unguía, Juradó, Turbo y Necoclí, han “sufrido históricamente los efectos del abandono estatal”, según la Defensoría del Pueblo.[103] La mayoría son municipios de “categoría seis”, la más baja en una medición del gobierno nacional que tiene en cuenta número de habitantes, ingresos de los municipios y capacidades institucionales.^[104] Sus habitantes padecen de una disponibilidad limitada de carreteras e infraestructuras, una asistencia sanitaria y una educación inadecuadas, una baja cobertura de los servicios básicos y una presencia limitada de las fuerzas del orden.^[105]

Necoclí, Turbo, Acandí y Unguía han sido incluidos en los llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un plan creado en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que busca aumentar la presencia de las instituciones estatales en zonas altamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilegales.^[106]

Sin embargo, los esfuerzos para aplicar el PDET en estos municipios han sido limitados.[107] En enero de 2024, las autoridades sólo habían finalizado un puñado de obras públicas establecidas en virtud de los PDET[108] en estos municipios y menos de la mitad de las “iniciativas PDET” tenían rutas de implementación activas.[109]

Las alcaldías tienen una capacidad limitada y el Clan del Golfo ejerce el control sobre grandes partes del territorio, se dedica a economías ilegales, incluyendo el tráfico de drogas, y comete graves abusos.^[110]

A través de las operaciones de seguridad Agamenón, que comenzó en 2015, y Cóndor, que inició a finales de 2021, las autoridades colombianas han tratado de desmantelar el Clan del Golfo a nivel nacional. Estas operaciones permitieron la captura de altos dirigentes del Clan, entre ellos Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”,^[111] pero no lograron debilitar significativamente el control del grupo.^[112]

De hecho, en los últimos años, el Clan ha ampliado su presencia en toda Colombia. Sus miembros estaban presentes en 392 municipios en 2023,^[113] en comparación con 253 municipios en 2022^[114] y 213 en 2019, según la Defensoría del Pueblo.^[115]

Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder en agosto de 2022, su gobierno ha buscado una desmovilización negociada del Clan del Golfo. Tras cuatro meses de “reuniones de exploración”, el 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro anunció un cese al fuego bilateral de seis meses con el Clan,^[116] así como con otros cuatro grupos armados. El cese al fuego abarcaba un cese de los abusos de los grupos armados contra la población civil y los combates entre las fuerzas armadas y la policía colombianas y cada grupo armado, pero no de los combates entre los grupos armados.^[117]

La preparación y los protocolos pertinentes para el cese al fuego fueron inadecuados, lo que supuso importantes obstáculos para su observancia. Además, la Fiscalía General de la Nación cuestionó la base legal para suspender las órdenes de captura contra miembros del Clan y se negó a hacerlo.^[118] El Clan del Golfo violó el cese al fuego en múltiples ocasiones. A tal punto que investigadores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado por el acuerdo de paz, concluyeron que el alto al fuego “no tuvo un impacto” en reducir las afectaciones del grupo armado hacia la población civil.^[119]

Además, el Clan del Golfo continuó sus esfuerzos por ampliar su presencia en todo el país, en particular, con enfrentamientos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos de disidencias surgidos de la desmovilización de las FARC.^[120] El gobierno puso fin al cese al fuego con el Clan del Golfo a mediados de marzo de 2023, tres meses antes de la fecha límite, argumentando que el grupo armado había atacado repetidamente a la fuerza pública.^[121]

Desde entonces, las fuerzas de seguridad han reiniciado las operaciones contra el Clan para detener a sus miembros y desmantelar laboratorios de cocaína.^[122] A mediados de agosto, el Ministerio de Defensa afirmó que las fuerzas de seguridad habían detenido a 409 miembros del Clan del Golfo desde enero, incluyendo a algunos en la región del Urabá.^[123] A finales de agosto, el Ministerio de Defensa informó a Human Rights Watch que había puesto en marcha una estrategia de intervención adelantada por la Policía Nacional para investigar a los grupos criminales, incluyendo el Clan del Golfo, vinculados al tráfico de migrantes.^[124]

Además, en agosto de 2023, el Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá firmaron un “plan operativo” anual para “desarrollar estrategias, acciones y/o operaciones coordinadas” de lucha contra el crimen organizado.^[125]

En marzo de 2024, el presidente Petro propuso una nueva negociación con el Clan del Golfo para “acabar [con los] negocios ilícitos”. El Clan aceptó.[126]

Investigaciones y justicia

Si bien la mayoría de los abusos en el Tapón de Darién, incluyendo robos y violencia sexual, se cometen en territorio panameño,^[127] los esfuerzos de las autoridades judiciales colombianas para investigar los delitos que se producen en su territorio, como asesinatos, violencia sexual y extorsión, han sido muy limitados y las iniciativas para desmantelar el Clan del Golfo en la región han dado pocos resultados.

Como ha demostrado Human Rights Watch, el Clan del Golfo regula las rutas que pueden tomar las personas migrantes y los solicitantes de asilo, decide quién puede asistirles en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta para la población local y los migrantes; a veces, haciendo cumplir estas normas mediante la violencia.[128]

En otras partes del país, la Fiscalía General de la Nación tiene estrategias, conocidas como “proyectos investigativos”, para investigar y desmantelar las organizaciones criminales, basadas en investigar y procesar a quienes tienen roles estructurales dentro de las mismas.^[129] Sin embargo, como los índices de homicidios y otros abusos son más bajos en el lado colombiano del Darién que en otras partes de Colombia,^[130] para agosto de 2023 ninguno de estos proyectos se enfocaba en esta zona.^[131]

Las entrevistas de Human Rights Watch en el Darién sugieren que el bajo nivel de abusos está relacionado con el control hegemónico del Clan en gran parte de estos territorios y parece ser una medida adoptada intencionalmente para eludir la atención de las fuerzas de seguridad.^[132] Además, el Clan, para evitar la visibilidad de sus operaciones en la región, contrata a personas locales que no están fuertemente armadas, pero que extorsionan a la gente y garantizan el control de la población, incluyendo de migrantes y solicitantes de asilo.^[133]

En marzo de 2022, la Fiscalía anunció una estrategia para los casos criminales relacionados con la trata de personas y el tráfico de migrantes a nivel nacional y transnacional.^[134] La estrategia busca identificar las estructuras criminales y el lavado de dinero detrás de estos delitos.^[135] Para ello, la Fiscalía creó un Grupo de Trabajo de Investigación y Articulación para la Lucha contra la Trata de Personas, el Tráfico de Migrantes y sus Delitos Asociados y Conexos. El grupo contaba con 14 fiscales, pero hasta agosto de 2023 sólo 11 fiscales tenían asignados casos de trata de personas y tráfico de migrantes. Siete estaban ubicados en Bogotá; uno, en Cali; uno, en Medellín; y dos, en Bucaramanga. De los 11, sólo 4 fiscales se dedican exclusivamente a investigaciones sobre tráfico de migrantes y trata de personas. El resto también realiza investigaciones sobre otras violaciones de derechos humanos.^[136]

La Fiscalía informó a Human Rights Watch que había “desmantelado” seis organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes a través del Darién hacia Panamá o desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua para agosto 2023.^[137] “[E]stas organizaciones realizaban una defraudación de agentes consulares de EE. UU. en la obtención de visados, como parte del modus operandi”, señalaron.^[138] Por su parte, el Ministerio de Defensa sostuvo que las que las fuerzas de seguridad han capturado a 52 personas por tráfico de migrantes entre enero de 2021 y agosto de 2023 en la región del Urabá, incluyendo en Necoclí, Turbo, Apartadó y Acandí.^[139]

En agosto de 2023, la Fiscalía General de la Nación informó a Human Rights Watch que había abierto investigaciones sobre 494 casos por presunto tráfico de migrantes ocurridos entre enero de 2021 y agosto de 2023. De estos casos, ocho estaban relacionados con hechos ocurridos en Necoclí; otros ocho, con hechos ocurridos en Turbo; cinco, en Acandí; y uno, en Unguía. La mayoría de los casos (286) se encontraban en etapa de indagación; 46 estaban bajo investigación; 154 habían llegado a etapa de juicio; y los fiscales habían logrado ocho condenas.^[140] La Fiscalía dijo que no se había rescatado a ninguna víctima de “tráfico de migrantes”.^[141]

Los fiscales no parecen estar realizando esfuerzos dedicados específicamente a investigar los flujos de dinero ilícito del Clan derivados de su control de la migración a través del Tapón del Darién. Por un lado, los fiscales que se dedican a investigar casos de delincuencia organizada afirmaron que no están investigando la implicación del Clan en el traslado de migrantes.^[142] Por otro lado, los fiscales que trabajan en casos de tráfico de personas no están investigando al Clan del Golfo.^[143]

En diciembre de 2023, la vicefiscal general de la Nación aprobó una resolución que ordena a los fiscales establecer una “estrategia” para investigar “los bienes, sociedades y capitales que son utilizados o destinados” al tráfico de migrantes en el Tapón del Darién.[144] Según la resolución, la estrategia debe garantizar la coordinación de varias unidades de la Fiscalía, entre ellas el grupo de trabajo de trata y tráfico y las unidades de crimen organizado, finanzas ilícitas y seguridad ciudadana, y buscar la “persecución estratégica” de los capitales, incluyendo mediante el decomiso.[145]

Además, los fiscales tienen dificultades para identificar abusos cometidos contra migrantes y solicitantes de asilo en el lado colombiano del Darién.^[146] Aunque el número de abusos que se producen en el lado colombiano es menor que en el panameño, las investigaciones de Human Rights Watch sugieren que algunos casos se producen en el lado colombiano.^[147] Sin embargo, los fiscales de Apartadó y Necoclí dijeron a Human Rights Watch en 2022 que no habían recibido denuncias sobre asesinatos, violencia sexual o amenazas contra migrantes y solicitantes de asilo, y la Fiscalía General de la Nación afirmó que no lleva un registro específico de estos casos.^[148] Una de las razones que explica un menor número de abusos en el lado colombiano parece ser que el Clan del Golfo, que controla grandes partes del territorio, ha prohibido acciones contra los migrantes y la población del lugar en un aparente esfuerzo por evitar la atención de las fuerzas de seguridad.[149]

Además, los fiscales e investigadores no parecen realizar búsquedas proactivas para identificar los casos de abusos que se producen en las playas de Necoclí o Turbo o en los refugios de Acandí y Capurganá.^[150]

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los fiscales en el Urabá es la falta de capacidad. La Fiscalía General de la Nación sólo cuenta con un fiscal, que se encuentra en Apartadó, dedicado al crimen organizado en la región de Urabá.^[151] Sin embargo, otras investigaciones contra el Clan del Golfo son llevadas a cabo por fiscales en Medellín.^[152] En la mayoría de los municipios de salida sólo hay un fiscal: Acandí tiene dos; Turbo, tres.^[153] En Urabá, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la rama de la Fiscalía encargada de prestar apoyo investigativo y forense a los fiscales en los casos penales, sólo tiene presencia permanente en Apartadó.^[154]

Dado que migrantes y los solicitantes de asilo buscan cruzar la frontera lo antes posible, a menudo tienen poca capacidad o voluntad para denunciar los abusos, y las autoridades suelen tener poco interés en investigar.^[155] Con frecuencia, las personas migrantes no denuncian los delitos y, cuando lo hacen, su pronta salida del país significa que es poco probable que se dé prioridad a sus casos.^[156] Este reto podría abordarse con una mayor cooperación con las autoridades panameñas. Las dos fiscalías firmaron memorandos de entendimiento entre 2017 y 2019.^[157] Sin embargo, nadie parece haber sido capturado sobre la base de esta cooperación.^[158]

Protección y asistencia a las personas en mayor riesgo

Ciertos grupos de migrantes y solicitantes de asilo enfrentan riesgos y vulnerabilidades aún mayores en el Tapón del Darién. La respuesta por parte del gobierno debería tener en cuenta las necesidades específicas de los grupos vulnerables o de las personas en situación de mayor riesgo. A pesar de algunos esfuerzos recientes, sobre todo en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes, Colombia no está proporcionando a las personas una protección o asistencia adecuadas.

Niños, niñas y adolescentes

Al igual que ocurre con otros migrantes y solicitantes de asilo, las autoridades colombianas no disponen de una estimación precisa del número de niños, niñas y adolescentes que cruza Tapón del Darién. Esto dificulta la capacidad del gobierno para identificarlos y brindarles asistencia, y los expone a la explotación sexual y laboral mediante la trata de personas.^[159]

Los protocolos específicos de Colombia para ayudar a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo exigen que el ICBF o las Comisarías de Familia, entidades municipales encargadas de proteger a las mujeres y a los menores, identifiquen a los niños, niñas y adolescentes, incluyendo aquellos no acompañados, verifiquen la situación de sus derechos y adopten las medidas adecuadas para protegerlos.^[160] El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) incluye una hoja de ruta específica para menores no acompañados y separados. Según el ICBF, desde julio de 2023, se ha activado la ruta de protección para 26 niños no acompañados de entre 6 y 17 años en Necoclí, Turbo y Acandí.[161] Sin embargo, muchos niños, niñas y adolescentes no son identificados, según trabajadores humanitarios, lo que significa que nunca se activa la ruta de protección. Además de permitir proporcionar ayuda humanitaria a los niños, niñas y adolescentes, su identificación permitiría a las autoridades colombianas notificar su llegada a las autoridades panameñas.^[162]

A finales de 2021, el ICBF reforzó su presencia en Necoclí mediante el despliegue de un Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) para identificar y asistir a niños, niñas y adolescentes que requieren asistencia.^[163]El EMPI está conformado por una psicóloga, una trabajadora social y una profesora.^[164]

Adicionalmente, desde junio de 2023, el ICBF y UNICEF crearon una estrategia para identificar los riesgos de protección asociados a la migración a través de dos Equipos de Respuesta a Migrantes (ERAM) que operan en Necoclí, Turbo y Acandí.^[165] Los equipos identifican a los niños, niñas y adolescentes que necesitan protección, activan los protocolos y rutas de protección pertinentes y articulan la respuesta en salud, nutrición y educación.^[166] Según el ICBF, hasta enero de 2024, los ERAM habían atendido a más de 3.000 niños de entre 0 y 17 años en Necoclí, Turbo y Acandí.[167] Entre ellos había niños, niñas y adolescentes no acompañados, apátridas, separados o que requerían de protección por otros motivos.^[168] Sin embargo, en agosto de 2023, su personal en terreno dijo que estaban “expuestos a observaciones, seguimientos y escucha” por parte de personas desconocidas.^[169]

Los ERAM informa de los casos a la comisaría de familia local.^[170] Sin embargo, funcionarios del ICBF y trabajadores humanitarios afirmaron que la Comisaría de Familia de Necoclí suele ser demasiado lenta a la hora de activar los protocolos pertinentes para ayudar y proteger a los niños, niñas y adolescentes; muchos simplemente siguen su viaje sin protección.^[171]

La Comisaria de Familia de Necoclí dijo a Human Rights Watch que su oficina carecía de la “capacidad” para responder a todos los casos, en parte, porque sólo contaba con tres funcionarios, que también tenían que ocuparse de otros casos en el municipio como los de violencia doméstica.^[172] Uno de los problemas identificados tanto por la comisaria como por el ICBF es la falta de un hogar de paso o un centro de emergencia para los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.^[173] Según la comisaria, el hogar más cercano a Necoclí está en Medellín, a casi 400 kilómetros de distancia. La comisaría tiene que acompañar personalmente a los niños a otras ciudades de Colombia cuando se identifica una alternativa de cuidado, por ejemplo, un familiar cercano. En junio de 2023 dijo que había acompañado a un total de cinco niños a Medellín, Bogotá o Cartagena.^[174]

Desde diciembre de 2023 existe una unidad local del defensor de familia, un funcionario local del ICBF que busca garantizar los derechos de las familias en situaciones de conflicto o riesgo en Necoclí, “lo que ha permitido una respuesta más expedita en los casos en que se debe activar rutas de protección”, según el ICBF. La unidad también cuenta con una trabajadora social, una psicóloga y una nutricionista.[175]

Para que los niños y niñas no se queden en las playas todo el día, el ICBF ha puesto a disposición 50 plazas en dos guarderías de Necoclí que se ocupan de los hijos menores de cinco años de personas migrantes y solicitantes de asilo.^[176] En las guarderías, pueden bañarse, comer y jugar.^[177] Sin embargo, pocos asisten a las guarderías, en parte porque sus padres temen que las autoridades se los lleven por supuesta negligencia.^[178]

UNICEF y otras organizaciones aliadas también proporcionan espacios seguros para que los niños jueguen y reciban alguna ayuda humanitaria.^[179]

En febrero de 2023, la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, una comisión gubernamental interinstitucional creada en 2016 para coordinar las acciones contra el tráfico ilícito de migrantes,^[180] aprobó una “hoja de ruta” que incluye medidas para ayudar a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos están “amenazados o vulnerados por motivo del tráfico de migrantes”.^[181] Al momento de redactar este informe, el ICBF estaba compartiendo el contenido de la hoja de ruta con las autoridades locales.^[182]

Trabajadores humanitarios y la Defensoría también expresaron su preocupación por los niños, niñas y adolescentes de las comunidades locales que, según ellos, abandonan la escuela para trabajar en actividades relacionadas con la migración como la venta de alimentos u otros bienes necesarios para el viaje de los migrantes.^[183]

Mujeres y niñas

Según los trabajadores humanitarios, las mujeres y las niñas que duermen en las playas están particularmente expuestas a agresiones sexuales, explotación y violencia.^[184] “Se siente inseguro como mujer dormir en medio de todas esas carpas en la playa”, dijo una mujer venezolana a Human Rights Watch. “Oyes ruidos por la noche y lo único que puedes hacer es rogar que nadie entre [en tu carpa]. Pero el miedo no se acaba, luego tienes que cruzar la selva”.^[185]

Las autoridades colombianas no registran el número de mujeres y niñas en su lado del Tapón del Darién, ni recopilan información sobre sus condiciones, lo que significa que carecen de una evaluación fiable de sus necesidades.^[186]

Dados los riesgos a los que se enfrentan mujeres y niñas en Colombia y la posibilidad de sufrir abusos sexuales al cruzar la frontera, los miembros de la Cooperativa de Asistencia y Socorro en Todas Partes (CARE), una organización humanitaria, imparten talleres junto a la playa de Necoclí para explicar a mujeres y niñas cómo protegerse en caso de agresión sexual. CARE les entrega “kits de prevención de la violencia sexual” con, entre otros artículos, un embudo de plástico para orinar, un cambiador impermeable para cubrirse y así evitar exponer sus cuerpos durante el viaje, ropa interior menstrual, píldoras anticonceptivas de emergencia y un silbato para alertar a los demás en caso de emergencia o agresión.^[187]

El GIFMM también identificó a mujeres embarazadas y lactantes durmiendo en la playa, en una zona que, como se ha descrito anteriormente, tiene problemas de agua y saneamiento.^[188] Las instalaciones sanitarias inadecuadas y la falta de acceso al agua potable aumentan el riesgo de infecciones y complicaciones durante el embarazo y el parto. Los cortos períodos de tránsito por algunos municipios y la falta de información sobre el acceso a la atención médica complican a menudo los controles prenatales.^[189]

Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT)

Expertos de Naciones Unidas han afirmado que las personas migrantes que se identifican como LGBT y de género diverso son más vulnerables a los abusos.^[190] No obstante, en el lado colombiano de la frontera del Tapón del Darién, estas personas suelen pasar desapercibidas y no reciben una asistencia que responda a sus necesidades, señalaron los trabajadores humanitarios.^[191]

Los trabajadores humanitarios se esfuerzan por identificar a las personas LGBT que duermen en las playas de Necoclí y Turbo. Aun así, identificarlos y conocer sus necesidades específicas puede ser un reto porque muchos no permanecen en la zona por largos períodos. La mayor parte de la información sobre el número de migrantes que disponen los trabajadores humanitarios y las autoridades colombianas los obtienen de las empresas de transporte marítimo. Estas empresas no preguntan por su orientación sexual o identidad de género a quienes les compran los tiquetes y, de todas formas, muchos migrantes y solicitantes de asilo optarían por no revelar dicha información por miedo a sufrir discriminación.^[192]

MSF ha documentado casos de personas transgénero que hacen el viaje vestidas de acuerdo con el género que les fue asignado al nacer para evitar discriminación.^[193] Miembros de una organización humanitaria contaron a Human Rights Watch que habían reubicado a algunas personas transgénero de las playas de Necoclí y Turbo a otras ciudades de Colombia para garantizar su seguridad frente a la violencia y la discriminación.^[194] Otras personas LGBT han utilizado “transporte humanitario” ofrecido por agencias de la ONU tras decidir no continuar con su viaje.^[195] No queda claro si su decisión estuvo relacionada con las dificultades que tiene el viaje por la selva, o por haber sido víctimas de discriminación basada en su orientación sexual o identidad de género, o ambas.

 

III. Respuesta de Panamá

Las autoridades panameñas aplican lo que denominan como “flujo humanitario” (antes simplemente descrito como “flujo controlado”) de migrantes y solicitantes de asilo a través del país.[196] La estrategia tiene un componente humanitario limitado y concede pocas oportunidades para solicitar refugio. En lugar de responder a las necesidades inmediatas de los migrantes u ofrecerles oportunidades de presentar solicitudes de refugio en Panamá, la estrategia parece centrada en canalizar y restringir los movimientos de estas personas en Panamá y en asegurarse de que lleguen a Costa Rica rápidamente.[197]

La estrategia está liderada por el Ministerio de Seguridad Pública, encargado de mantener y defender la soberanía y el orden público panameños, y por su Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).[198] También participa el Servicio Nacional de Migración (SNM).[199] Panamá se jacta de ser el “único país de la región que ofrece auxilio y asistencia humanitaria gratuita” a las personas migrantes y solicitantes de asilo.[200]

Según el SNM, Panamá invirtió más de US$60 millones en la estrategia en 2022, incluyendo los gastos de las ERM. Se esperaba que la cifra superara los $80 millones en 2023.[201] Las autoridades dicen que el Estado está “situado al límite de sus capacidades presupuestarias”.[202]

La estrategia tampoco hace mucho para proteger a las comunidades locales, incluyendo las comunidades indígenas, del impacto del incremento de personas transitando en sus territorios, ni para abordar el abandono crónico y los altos niveles de pobreza en la provincia del Darién.[203] Según las últimas estadísticas oficiales, los índices de pobreza basados en ingreso en la provincia del Darién (41.2 %) casi duplican los índices nacionales (21.8 %). La pobreza monetaria es aún mayor en la comarca indígena Emberá Wounaan, territorio bajo jurisdicción indígena reconocido por la legislación panameña, donde alcanza el 63.7 %.[204] Según UNICEF, 6 de cada 10 niños de la provincia del Darién, y 8 de cada 10 de las comarcas, crecen en situación de pobreza multidimensional.[205]

Las autoridades panameñas utilizan varias tácticas para influir en las decisiones de los migrantes y solicitantes de asilo respecto a qué rutas tomar, asegurándose de que no se utilicen otras y de que los migrantes y solicitantes de asilo no circulen libremente por el país. Ello incluye amenazas de investigaciones penales por el delito de “tráfico de migrantes” y la presencia del SENAFRONT en algunos puntos de entrada fronteriza.[206]

Respuesta humanitaria

A su llegada a Panamá, tras caminar durante días por la selva, las personas requieren con urgencia de servicios básicos, incluyendo para niños, ancianos y personas con discapacidades o embarazadas. Muchas llegan deshidratadas, con llagas, graves picaduras de insectos e hinchazón en los tobillos. Muchas han sufrido abusos por parte de delincuentes durante la caminata, incluyendo robos, amenazas y, en cientos de casos, abusos sexuales. Algunas llevan días sin comer ni dormir y necesitan comida, agua y ropa adecuadas.

Human Rights Watch documentó en terreno que las autoridades panameñas hacen pocos esfuerzos por garantizar el acceso a alimentación, agua y atención médica de las personas que viven en las comunidades indígenas donde migrantes y solicitantes de asilo llegan al salir de la selva, de las personas que transitan por esta y de las que se encuentran en las ERM. La limitada ayuda disponible para las personas migrantes y solicitantes de asilo en esta región es, en su mayoría, proporcionada por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias no gubernamentales.

Comunidades indígenas

Las comunidades indígenas de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, en la comarca Emberá Wounaan, son el primer “refugio” de migrantes y solicitantes de asilo tras salir de la selva. También son, por lo general, donde estas personas se encuentran por primera vez con las autoridades panameñas del SENAFRONT y del SNM. Estas comunidades indígenas han desempeñado un papel importante ayudando a proporcionar los bienes y servicios necesarios para garantizar los derechos de migrantes y solicitantes de asilo en esta región. Sin embargo, estas comunidades también han sido en gran medida desatendidas por las autoridades panameñas.[207]

En ambas comunidades, la gente vive en casas de madera elevadas sobre pilotes, una forma tradicional de vivienda para las comunidades indígenas de la región; normalmente, sin espacio adecuado para alojar a migrantes y solicitantes de asilo.^[208] Por lo tanto, estos duermen en carpas en las áreas deportivas de la comunidad o les pagan a los propietarios para dormir debajo de las casas. Ninguna de las dos comunidades dispone de electricidad, acceso adecuado a agua potable y saneamiento, ni sistemas de alcantarillado.[209]

Las tiendas indígenas venden alimentos, ropa y zapatos. Algunos locales permitían a las personas migrantes y solicitantes de asilo recibir dinero del extranjero, cobrando comisiones de hasta el 20 %. En febrero de 2024, las organizaciones humanitarias y la Defensoría del Pueblo informaron que las transferencias de dinero cesaron tras la captura de las personas que realizaban cobros excesivos.[210]

Ambas comunidades son remotas. A estas se llega a través de carreteras llenas de baches o, durante la temporada de lluvia, mediante largos viajes en “piraguas” a lo largo del río. Se puede tardar más de cuatro horas en llegar a Metetí por el río y otras tres horas en carro hasta el hospital regional más cercano. La falta de “inversión social e infraestructura y de presencia de instituciones del Estado y oferta humanitaria” complica la respuesta a los cientos de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a diario, según han señalado las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá y grupos humanitarios.[211]

La llegada diaria de cientos de migrantes y solicitantes de asilo está teniendo un impacto desproporcionado en la economía, la cultura y el acceso a servicios de las comunidades indígenas, según las instituciones locales de derechos humanos y organizaciones humanitarias. Eduardo Leblanc, el defensor del pueblo de Panamá, dijo que la migración está proporcionando importantes ingresos económicos, pero a su vez está contribuyendo al abandono de “la cultura, del cultivo y de las actividades comerciales” tradicionales y empujando a las comunidades a realizar trabajos relacionados con la llegada y el tránsito de migrantes, como el transporte y el suministro de alimentos. También está llevando a algunos niños, niñas y adolescentes indígenas a abandonar la escuela.[212]

“Ahora vivimos de los migrantes”, dijo el vicepresidente de Canaán Membrillo a Human Rights Watch. Los ingresos permiten a la gente comprar alimentos, mejorar sus casas y poder pagar por transporte y acceso a Internet, dijo. “Antes era muy duro porque no había [presencia] estatal en la zona, ni ayuda”.[213]

El Ministerio de Ambiente ha informado de impactos ambientales derivados del tránsito de migrantes por el Darién y las comunidades vecinas, incluyendo un aumento de desechos humanos o basura en los ríos.[214]

Bajo Chiquito

Bajo Chiquito es una comunidad indígena de cerca de 200 habitantes ubicada sobre el río Turquesa. Allí suelen llegar migrantes y solicitantes de asilo que toman las rutas de Acandí y Capurganá.^[215]

Los habitantes del Bajo Chiquito dijeron a Global Brigades, una ONG internacional, que dos de sus principales necesidades eran acceso al agua potable y un centro de salud.[216] Global Brigades estimó que sólo el 6 % de los hogares tenían letrinas, lo que lleva a cientos de personas, tanto habitantes de la comunidad como migrantes, a utilizar el río para hacer sus necesidades sanitarias.[217]

Según las autoridades panameñas, las personas migrantes y los solicitantes de asilo sólo deben pasar una noche en Bajo Chiquito.[218] Al día siguiente, funcionarios del SENAFRONT y del SNM los organizan y los dirigen a las piraguas de los miembros de la comunidad indígena para que los trasladen a Lajas Blancas, donde hay una ERM.

Pero a veces las personas migrantes y solicitantes de asilo tienen que quedarse en la comunidad mucho más tiempo, por falta de piraguas o porque no tienen dinero para pagarlas. Por ejemplo, en marzo de 2023, el número de llegadas superó con creces el de personas ubicadas por las autoridades panameñas en las piraguas para llevarlas río abajo. Algunos esperaron hasta 15 días.[219] Unas 6.500 personas quedaron atrapadas en Bajo Chiquito entre el 1 y el 10 de marzo de 2023, según informó UNICEF.[220]

Según datos del gobierno de Panamá, en 2023 llegaron una media de 1.500 personas diarias, alcanzando picos de 4.000 en agosto.[221]

Priscila Borja (seudónimo), de 32 años, quien llegó desde Venezuela con su marido Pedro (seudónimo) y su hija Paula (seudónimo), de 4 años, estaba entre las 2.500 personas atrapadas en Bajo Chiquito en marzo de 2023.[222] Human Rights Watch entrevistó a Priscila cinco días después de su llegada. Ella y Pedro habían instalado su carpa junto a la orilla del río en una zona con varios desechos. “Hay lugares mejores para dormir, pero los dueños de las casas te cobran a diario por instalar ahí tu carpa”, dijo Priscila. “Aquí es gratis”. Ella calculó que gastaban entre US$10 y 12 al día en comprar comida y bebidas. Paula, debilitada por la diarrea, descansaba en brazos de Priscila, somnolienta y cubierta de sudor por la fiebre que alcanzaban los 37 centígrados. La familia no tenía pañales ni ropa suficiente para cambiarla. “Está deshidratada, pero el médico dijo que no tenía suficientes medicinas para darle”, dijo Priscila. “Sólo queremos salir de aquí lo antes posible”.

Pocas instituciones del Estado prestan servicios en Bajo Chiquito. El Servicio Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) no están presentes. Las únicas agencias panameñas que operan en la zona son:

• En agosto de 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) envió a un médico, una enfermera y un técnico de enfermería a Bajo Chiquito.[223] El médico que estaba allí en marzo de 2023 dijo a Human Rights Watch que no habían recibido medicamentos desde diciembre. En ese momento, no había medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor como acetaminofén, paracetamol y diclofenaco. “No tenemos medicamentos ni equipos médicos para responder a abortos espontáneos, deshidratación grave o personas que vomitan sangre”, dijo una técnica de enfermería. El médico dijo que estaban examinando a unos 250 pacientes al día.[224] La escasez de medicamentos continuaba al momento de redactar este informe.[225]

Entre junio de 2023 y principios de marzo de 2024, los médicos del Minsa trabajaron en coordinación con MSF.[226] El 4 de marzo, las autoridades panameñas obligaron MSF a suspender sus actividades en el Darién.[227]

• Desde junio de 2023, un fiscal se encarga de recibir las denuncias penales en Bajo Chiquito. En la comunidad sólo hay fiscales hombres.[228]
• El SENAFRONT informó, en abril de 2023, que contaba con ocho funcionarios hombres en Bajo Chiquito, quienes realizan turnos de 30 días.[229] El decreto de 2008 que estableció el SENAFRONT dispone que los funcionarios debían “conservar el orden público” y “prevenir, reprimir e investigar” los delitos en las fronteras de Panamá.[230] Cuando Human Rights Watch realizó la visita en marzo de 2023, había una única funcionaria mujer que dijo estar a cargo de los niños, niñas y adolescentes no acompañados.[231]
• El SNM mantiene a varios funcionarios en Bajo Chiquito para registrar el ingreso de migrantes y solicitantes de asilo.[232] Estos recopilan datos sobre el número de ingresos, nacionalidad, edad y género de las personas que llegan.[233]

Datos biométricos Funcionarios panameños del SENAFRONT y del SNM dijeron a Human Rights Watch que en las comunidades indígenas de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo recopilan datos biométricos de las personas que ingresan por el Darién para obtener alertas de seguridad, por ejemplo, sobre órdenes de captura pendientes. Entre enero de 2021 y abril de 2023, las autoridades utilizaron una herramienta de recopilación de datos para recoger huellas dactilares, iris de la vista y fotos de perfil de 58.983 personas.[234] El SENAFRONT dijo que subieron los datos a una plataforma en línea para compararlos con bases de datos de “agencias de seguridad de EE. UU.”.[235] En varios contextos migratorios en las Américas, las autoridades cargan datos en una base de datos administrada por Estados Unidos llamada Programa de Alerta Migratoria Transnacional de Identificación Biométrica (Biometric Identification Transnational Migration Alert Program, BITMAP), que se conecta a bases de datos de instituciones como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE), el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI).[236] Varias organizaciones de derechos humanos han alertado que los datos de BITMAP son utilizados en procesos de solicitud de asilo y deportación en Estados Unidos, y pueden ser compartidos con los gobiernos de Estados Unidos y otros países en las Américas que podrían usarlos de manera abusiva.[237] Según el Departamento de Estado de EE. UU., Panamá “continúa liderando la región en inscripciones en el Programa de Alerta Migratoria Transnacional de Identificación Biométrica (BITMAP)”.[238] Las autoridades panameñas reportaron que sólo recopilan datos de personas con determinadas nacionalidades, incluyendo de Afganistán, Pakistán, Siria, China, Colombia, República Dominicana, Perú y todos los países de África.[239] Reportes recientes de organizaciones humanitarias en el terreno refieren que las autoridades están recopilando datos de ecuatorianos.[240]

Canaán Membrillo

Canaán Membrillo, con una población de unas 430 personas, está cerca del río Membrillo, por donde suelen salir de la selva migrantes y solicitantes de asilo que toman la ruta de Armila y Carreto.^[241]

En 2023, Canaán Membrillo recibió menos ingresos diarios que Bajo Chiquito, con un ligero aumento durante la segunda mitad del año. La comunidad puede pasar días sin tener llegadas de migrantes y solicitantes de asilo.[242]

Pocas instituciones del Estado prestan servicio a Canaán Membrillo:

• El SENAFRONT despliega seis funcionarios hombres, que trabajan en turnos de 30 días[243] y colaboran con varios agentes del SNM que registran a las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a esta comunidad.
• Un fiscal está presente en la comunidad. Hace turnos de siete días. Al igual que en Bajo Chiquito, el fiscal toma denuncias penales por abusos ocurridos en el Tapón del Darién y sólo hay fiscales hombres.[244]
• Desde agosto de 2022, el Minsa dispuso la presencia de un médico, una enfermera y un técnico de enfermería.[245] Sin embargo, en ocasiones se han quedado sin medicamentos.[246]

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Roxana Delva (seudónimo), una mujer haitiana de 37 años, embarazada de ocho meses y con sangrando abundante, yacía sobre una mesa de madera en Canaán Membrillo. La mesa estaba bajo una caseta que servía para registrar la llegada de migrantes y solicitantes de asilo.[247] Su hijo Ezequiel, de 3 años, estaba sentado a su lado, temblando, llorando y hambriento. Los dos se habían separado del marido de Roxana, que se les había adelantado para buscar ayuda, mientras cruzaban la selva, dijo. Cuando empezó a sangrar, otro migrante pidió ayuda a las autoridades presentes en Canaán Membrillo, pero no había ningún médico en la comunidad que pudiese asistirla. Varios médicos cubanos que también habían cruzado el Darién utilizaron material médico improvisado para tratar a Roxana bajo una bombilla eléctrica alimentada por el generador del SENAFRONT, mientras los fiscales y los oficiales del servicio de fronteras observaban desde la distancia. Su vida corría peligro, dijeron los médicos. Una investigadora de Human Rights Watch que hablaba francés hizo de traductora, mientras los médicos utilizaban el elástico de las mascarillas para cortar el cordón umbilical de un feto que, según dijeron, llevaba días muerto. Ante la insistencia de los médicos, los funcionarios del SENAFRONT trasladaron a Roxana al hospital más cercano en mitad de la noche, en un viaje en piragua de alrededor de cinco horas. Human Rights Watch volvió a hablar con ella dos días después, en la ERM de San Vicente, en Metetí. Roxana estaba sentada en el suelo en una carpa sucia, con Ezequiel y su marido, con quien se reencontró en el ERM. Había permanecido un día en el hospital y, en parte debido a la barrera del idioma, no estaba segura del tratamiento que había recibido.

Estaciones de recepción migratoria

Como parte de su estrategia de “flujo controlado”, el gobierno panameño estableció varias ERM para albergar temporalmente a migrantes y solicitantes de asilo.[248]

Las ERM se gestionan según las normas del Manual de Gestión de Alojamientos Temporales adoptado en marzo de 2019.[249] El manual se adoptó con el apoyo de OIM, pero las organizaciones humanitarias dijeron a Human Rights Watch que ha quedado obsoleto, dado los cambios en los flujos mixtos de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Panamá, entre otros factores, por el elevado número de migrantes y los abusos.[250] Las ERM fueron diseñadas para dar respuesta a una emergencia, pero la situación ahora parece haberse vuelto permanente, dijeron los trabajadores humanitarios.[251]

Las normas mínimas desarrolladas por el Grupo Sectorial de Coordinación y Gestión de Campamentos, liderado por ACNUR y OIM, exigen que los campamentos ofrezcan un entorno “digno que está libre de peligros y actos de violencia” y “físico, social y cultural[mente] adecuado”.[252] La planificación de los campamentos debe, además, prever “las necesidades a largo plazo, abordar la posibilidad de que […] se expandan y contemplar las eventualidades que puedan surgir de forma inesperada”.[253]

En las ERM, el deterioro de las estructuras de los alojamientos, la falta de iluminación, la insuficiente separación entre letrinas y duchas para hombres y mujeres y la falta de centros de salud con personal adecuado ponen en riesgo a migrantes y solicitantes de asilo.

Por lo general, las autoridades esperan que migrantes y solicitantes de asilo pasen una noche en las ERM, y la Defensoría del Pueblo ha advertido que las instalaciones efectivamente no son adecuadas para “estancias prolongadas”.[254] A pesar de ello, muchos se quedan más de una noche, algunos incluso semanas por motivos de salud, separación familiar o falta de dinero para continuar su viaje.[255]

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concedió “medidas provisionales”, una orden a Panamá para que adopte medidas urgentes para proteger los derechos a la vida, la salud y la integridad personal de las personas hacinadas en las ERM de La Peñita y Lajas Blancas durante la pandemia de Covid-19.[256] La Corte IDH amplió las medidas en 2021 a la ERM de San Vicente y a la comunidad indígena de Bajo Chiquito.[257]

Panamá ordenó, el 28 de enero de 2021, el cierre definitivo de la ERM de La Peñita,[258] ubicada en un antiguo almacén de granos.[259]

La Corte IDH levantó las medidas provisionales en mayo de 2022, fundamentándose en un cambio en la situación excepcional presentada por la pandemia de Covid-19 y “todas las acciones adoptadas por el Estado para mejorar las condiciones de atención”.[260] Sin embargo, como se describe a continuación, las condiciones en las ERM continúan teniendo serias deficiencias.

El Ministerio de Seguridad opera las ERM en la provincia de Darién, Lajas Blancas y San Vicente, desplegando personal del SENAFRONT y del SNM. La ERM de Planes de Gualaca en la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, está actualmente cerrada.

Lajas Blancas

Desde Bajo Chiquito, los migrantes viajan río abajo hasta la ERM de Lajas Blancas, ubicada a 30 minutos en carro al sur de la ciudad de Metetí en un terreno de privados que ceden el espacio al gobierno.

La ERM se construyó en 2019 para albergar a 500 migrantes y solicitantes de asilo.[261] Estuvo cerrada por reformas entre febrero y julio de 2022.[262]

La ERM está actualmente rodeada por una cerca. Se divide en dos zonas, una donde las organizaciones humanitarias proporcionan asistencia médica e información a migrantes y solicitantes de asilo; otra, con 54 casitas de madera proporcionadas por OIM con tejados de chapa de acero y amuebladas con catres. Pero las casas son demasiado calurosas para dormir, según dijeron a Human Rights Watch migrantes, solicitantes de asilo y trabajadores humanitarios.[263] Human Rights Watch observó que las casas estaban en muy malas condiciones, con infraestructuras deterioradas y mosquiteros dañados o grandes trozos de tela negra con agujeros que cubrían las ventanas para impedir la entrada de insectos. Muchos migrantes y solicitantes de asilo prefieren quedarse en sus carpas en el exterior.[264]

Las casas están numeradas, pero nadie asigna ni controla su ocupación. Esto crea un riesgo de violencia sexual y otros abusos, según grupos humanitarios, y contribuye a la impunidad.[265] Migrantes y solicitantes de asilo han contado a los trabajadores humanitarios que algunas personas se apropian de las casas y las “alquilan” para reunir dinero para comprar los tiquetes del autobús que deben tomar para seguir su viaje.[266]

Organizaciones humanitarias informaron a Human Rights Watch que las condiciones sanitarias son inadecuadas en los 25 baños de Lajas Blancas.[267] Los baños para hombres y para mujeres están uno al lado del otro y algunas puertas no pueden cerrarse desde el interior, lo que expone a las mujeres a acoso y abusos sexuales.[268] Muchos migrantes y solicitantes de asilo que hablaron con Human Rights Watch durante una visita en marzo de 2023 refirieron utilizar el río para bañarse, lavar la ropa y hacer sus necesidades.[269]

Las únicas instituciones del Estado con presencia permanente en Lajas Blancas son el SENAFRONT, que despliega 19 oficiales varones durante turnos de 20 días, según información proporcionada en abril de 2023,[270] y el SNM.[271]

Una oficial del SENAFRONT también estaba presente en Lajas Blancas en marzo de 2023. Dijo estar encargada de cuidar a los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados. También dijo que los niños permanecen bajo su custodia hasta que llega un funcionario de SENNIAF.[272]

El Minsa dijo a Human Rights Watch que habían establecido una clínica temporal en la ERM de Lajas Blancas en agosto de 2022.[273] Ningún médico o enfermera del ministerio se encontraba allí cuando Human Rights Watch realizó la visita en marzo de 2023. Los servicios de salud han sido proporcionados por la Cruz Roja Panameña y, hasta marzo 2024, por MSF. Las agencias de la ONU también proporcionan agua potable.

El único servicio prestado directamente por el Ministerio de Seguridad Pública, a través de un contratista privado en Metetí, es la comida.[274] Los funcionarios del SENAFRONT utilizan un megáfono para llamar a las personas migrantes y solicitantes de asilo para que recojan sus tres comidas diarias. Los menús no incluyen opciones para bebés o niños, ni para personas con restricciones alimenticias relacionadas con alergias o por razones religiosas.[275]

Los trabajadores humanitarios informaron a Human Rights Watch de altos índices de diarrea en la ERM de Lajas Blancas.[276] Varios migrantes se quejaron de que la comida estaba en mal estado. La Defensoría del Pueblo abrió una investigación contra el SNM en marzo de 2023, basándose en informes sobre la “alimentación recibida por los migrantes, su higiene, porciones y horarios”.[277] En febrero de 2024, la Defensoría informó que periódicamente están verificando las condiciones de la comida.[278]

Entre febrero y marzo de 2023, la ERM de Lajas Blancas tuvo un serio problema se sobrepoblación. Llegó a superar su capacidad en un 600 % mientras la gente esperaba que retomara el servicio de transporte de los autobuses, informó UNICEF. Los servicios y

las condiciones de vida en la estación se deterioraron, incluyendo la disponibilidad de baños y alimentos.[279]

Muchos migrantes y solicitantes de asilo comenzaron a salir de la ERM a caminar por la carretera Panamericana para huir de lo que algunos describieron como “condiciones desastrosas” en la estación.[280]

Julissa Cifuentes y Nadia Pérez (seudónimos), dos mujeres venezolanas de unos 30 años que viajaron desde Perú hacia Panamá con sus familias, llegaron a San Vicente en un camión del SENAFRONT.[281] Ambas dijeron que las condiciones en Lajas Blancas, adonde habían llegado en barco desde Bajo Chiquito y donde pasaron un día y una noche, eran “sucias, insalubres e inseguras”. Tuvieron que comprar agua embotellada en las tiendas de las afueras de Lajas Blancas porque la ERM se quedó sin agua potable. A Julissa y a su hijo les robaron los celulares. Había una enorme cola de gente esperando los autobuses. Algunas personas pagaron a otros migrantes y solicitantes de asilo para cortar la fila y ponerse en los primeros puestos, otras tenían armas cortopunzantes. El celular de Nadia se dañó durante los empujones para mantenerse en la fila. Finalmente, decidieron caminar por la carretera Panamericana. Cuando vieron un “camión militar”, temieron que las deportaran. “Por suerte, nos trajeron aquí”, dijo Julissa. “[San Vicente] es maravilloso comparado con el otro lugar”. Irina Ortega (seudónimo), una mujer ecuatoriana de 27 años, llegó a San Vicente con un grupo de compatriotas bajo un sol abrasador de mediodía.[282] El grupo había recorrido a pie la mayor parte del camino desde Lajas Blancas antes de ser recogido por un camión del SENAFRONT. Lajas Blancas estaba sucio y era inseguro, no había lugar para dormir, dijo Irina. Estaba “lleno de gente desesperada que quería continuar su viaje”, dijo. Un hombre que viajaba con ella dijo que esperaba mucho más de lo que él llamaba un “campamento de la ONU”.[283] El grupo se había puesto en camino hacia San Vicente a pesar de las advertencias de los agentes del SENAFRONT en Lajas Blancas de que serían deportados si se les encontraba caminando por la carretera.

San Vicente

Desde Canaán Membrillo, las personas migrantes y solicitantes de asilo suelen ser trasladadas en piragua hasta la ERM de San Vicente. La estación está en un terreno estatal a 30 minutos en carro desde Metetí.

La ERM de San Vicente abrió en septiembre de 2020 con capacidad para 500 personas.[284] Los fondos para su construcción procedieron de donantes internacionales y agencias de la ONU.[285] Tras una obra adicional, que costó US$2,2 millones, la ERM reabrió en noviembre de 2022 con capacidad para 544 personas.[286]

La ERM de San Vicente está rodeada por una cerca. Cuando Human Rights Watch realizó una visita en mayo de 2022, los funcionarios afirmaron que no se permitía abandonar el campamento a migrantes y solicitantes de asilo.[287] Sin embargo, no pudieron señalar la ley o la normativa que establece tales restricciones a la circulación.[288] En marzo de 2023, los funcionarios dijeron que se permitía salir, pero muchos migrantes y solicitantes de asilo afirmaron que los habían disuadido de marcharse, argumentando que podrían ser detenidos o deportados por las fuerzas de seguridad.[289]

Dentro de la ERM, los contenedores modulares funcionan como dormitorios con todas las literas en un mismo espacio, sin separación alguna. Cada contenedor tiene dos pequeñas puertas por las que la gente puede entrar y salir. Según organizaciones humanitarias, ello es peligroso en caso de que sea necesario escapar por un incendio.[290] Sin aire acondicionado ni ventiladores y con una ventilación y aislamiento inadecuados, las habitaciones son extremadamente calurosas. Algunos migrantes y solicitantes de asilo dijeron que, debido al calor en los dormitorios y a la falta de intimidad, preferían dormir en sus carpas en el exterior.[291]

Supuestamente hay dormitorios separados para mujeres, para hombres y para familias, pero los funcionarios no garantizan esa separación, y cualquier persona puede entrar en cualquiera de los contenedores.

Desde el 1 de marzo de 2024, la ERM de San Vicente ha estado temporalmente cerrada después de que un incendio destruyera alrededor de 11 contenedores modulares y provocara daños por valor de US$800.000, según las autoridades panameñas.[292]

San Vicente cuenta con 10 baños y 14 duchas para mujeres, e igual número para hombres.[293] Están en mejores condiciones que los de Lajas Blancas, pero las duchas para mujeres están justo al frente de los baños de hombre, separados sólo por un estrecho pasillo exterior.[294] Cuando el campamento sobrepasa su capacidad, los baños presentan problemas de desagüe, dijeron los trabajadores humanitarios.[295]

Al igual que en Lajas Blancas, las únicas instituciones del Estado con presencia permanente son el SENAFRONT y el SNM. El SENAFRONT despliega 15 funcionarios hombre y una mujer, con turnos rotativos de 20 días.[296]

El Minsa informó a Human Rights Watch en agosto de 2022 que había un pequeño centro de salud temporal en San Vicente, con un médico, una enfermera, un psicólogo y un trabajador social.[297] Human Rights Watch visitó en marzo de 2023 un nuevo contenedor modular con aire acondicionado que funcionaba como clínica. En ese momento estaban presentes dos enfermeras. Estaban esperando a migrantes y solicitantes de asilo que desearan ponerse alguna de las vacunas pediátricas.[298] En grandes carpas en un espacio separado, MSF y la Cruz Roja Panameña prestaban servicios médicos generales.[299]

UNICEF dispone de una carpa donde niños, niñas y adolescentes pueden realizar actividades bajo la supervisión de personas de la agencia.[300]

Las agencias de Naciones Unidas suministran agua potable en San Vicente. La comida es proporcionada por el mismo contratista que en Lajas Blancas. Al igual que en Lajas Blancas, migrantes, solicitantes de asilo y trabajadores humanitarios expresaron su preocupación por las raciones inadecuadas y la mala calidad de los alimentos.[301]

Planes de Gualaca

Hasta finales de 2023, migrantes y solicitantes de asilo eran transportados desde la provincia del Darién a una tercera ERM en Planes de Gualaca, en la provincia panameña de Chiriquí, en el norte del país, a dos horas en autobús de la frontera con Costa Rica. El gobierno de Panamá cerró esta ERM en octubre.^[302]

La ERM de Planes de Gualaca estaba situada en un espacio que había funcionado como alojamiento para los trabajadores de una empresa internacional. Esta estación tenía capacidad para albergar a 300 personas.[303]

Planes de Gualaca estaba ubicada detrás de una valla junto a una carretera que atraviesa un bosque. Las casas estaban descompuestas, con paredes de madera que se caían a pedazos, escaleras a las que le faltaban peldaños y el piso rechinaba de forma alarmante al pasar. Los colchones de las literas en las habitaciones estaban sucios. La ERM no tenía electricidad y no había otras fuentes de luz en las habitaciones.

Las autoridades panameñas del SENAFRONT, el SNM y la Defensoría del Pueblo advirtieron de las peligrosas condiciones en Planes de Gualaca. Cuando Human Rights Watch realizó una visita en 2023, gran parte de la ERM era inaccesible y estaba delimitada con cinta amarilla de peligro porque, según funcionarios del SNM, los edificios podían colapsar.[304] En septiembre de 2022, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación contra el SNM y el SENAFRONT, afirmando que “el deterioro”  de la estación representaba un “riesgo para los migrantes y el personal”.[305] Las autoridades del SNM dijeron a Human Rights Watch que en 2023 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) les proporcionó un plan para mejorar las instalaciones.[306]

A diferencia de Lajas Bajas y San Vicente, donde el SENAFRONT está encargado de las estaciones, los funcionarios del SNM estaba a cargo en Planes de Gualaca.

En 2022, el Minsa informó a Human Rights Watch que estaba desplegando a un técnico para atender emergencias médicas en Planes de Gualaca durante turnos de ocho horas cinco días a la semana: lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo.[307]

La comida proporcionada por el gobierno en Planes de Gualaca era preparada por agentes de la Policía Nacional.[308]

Cuando los autobuses de migrantes y solicitantes de asilo procedentes del sur llegaban a Planes de Gualaca, muchos bajaban del autobús, cogían algo de comida y continuaban su viaje hacia Costa Rica.[309] Algunos se quedaban mucho más tiempo. Human Rights Watch entrevistó a un grupo de nicaragüenses que llevaban más de cuatro meses sin poder salir de la ERM. Algunos de ellos estaban solicitando asilo en Panamá y esperaban la tramitación; otros estaban retenidos como testigos y víctimas en una investigación penal por tráfico de migrantes.[310] Cuando Human Rights Watch realizó su visita en 2023, unos 55 migrantes también llevaban allí varias semanas, según dijeron funcionarios del SNM, a la espera de “vuelos de retorno voluntario” organizados por OIM para ayudar a las personas a regresar a sus países si no quieren o no pueden continuar su viaje hacia el norte.[311]

El transporte durante el “flujo humanitario”

Según la estrategia de “flujo humanitario”, las autoridades panameñas vigilan el tránsito de las personas migrantes y solicitantes de asilo, facilitando su transporte a través del país, hasta la frontera con Costa Rica. Durante la travesía por Panamá, las personas migrantes y solicitantes de asilo deben pagar su transporte. Suelen tener que tomar dos piraguas en la provincia del Darién y un autobús hasta Costa Rica. El coste total ronda los US$140 por persona, una suma muy alta teniendo en cuenta la grave situación económica de la mayoría de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Darién. Incluso aquellos que pueden pagar, o que interrumpen su viaje para ganar el dinero que necesitan para el transporte, no tienen garantizado un viaje seguro a través de Panamá.[312]

Canoas

Las piraguas son canoas de madera hechas con troncos de árbol, propulsadas por pequeños motores de gasolina. Las familias indígenas las utilizan para transportar a migrantes y solicitantes de asilo a sus comunidades, Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, y de allí a las ERM de San Vicente o Lajas Blancas. El viaje puede durar entre cuatro y seis horas, dependiendo de las condiciones del río y de la ruta.

El SENAFRONT y los propietarios de las embarcaciones, conocidos como “piragüeros”, asignan entre 15 y 18 personas a cada piragua y les proporcionan chalecos salvavidas. Las autoridades panameñas no inspeccionan ni regulan las piraguas. Algunas tienen huecos por los que ingresa el agua del río, lo que obliga a migrantes y solicitantes de asilo a sacar el agua de las embarcaciones durante el viaje.[313]

“Recibimos informes de varios naufragios de piraguas en diciembre y enero”, dijo a Human Rights Watch un trabajador humanitario en Metetí.[314] “Nuestra piragua fue volcada por una ola”, nos dijo un venezolano que cruzó en octubre. “Tuvimos que colgarnos de los árboles para sobrevivir”.[315]

En la corta estación seca de enero a mayo, las piraguas a veces encallan. Migrantes y solicitantes de asilo deben entrar al agua para empujarlas hacia aguas más profundas. “Mi esposo y otros hombres tuvieron que saltar al agua y empujar”, dijo una mujer venezolana.[316]

En ocasiones, los propietarios de las piraguas les han pedido a las personas que no pueden pagar con dinero el viaje que entreguen sus celulares o que realicen pequeños trabajos en las comunidades indígenas.[317]

Autobuses

Desde las ERM de San Vicente o Lajas Blancas hasta Costa Rica, las personas migrantes y solicitantes de asilo toman autobuses privados que cobran US$60 cada tiquete.[318] El Ministerio de Seguridad dijo a Human Rights Watch que las autoridades panameñas no tienen un acuerdo con las empresas que opera los autobuses, aunque todos los días los autobuses de las mismas empresas transportan a los migrantes desde el Darién hacia Costa Rica.[319]

Hasta finales de 2023, los autobuses llevaban a la gente a la ERM de Planes de Gualaca por un valor de US$40. Los autobuses que viajaban por la noche estaban hacinados, y las personas que no tenían asiento se quedaban de pie o sentadas en el pasillo. “Cuarenta y nueve personas tienen asiento y hasta 20 se sientan en el suelo. A los que van en el suelo les cobran la mitad”, dijo a Human Rights Watch un joven que trabajaba en uno de los autobuses que salían desde San Vicente en mayo de 2022.[320]

Los entrevistados dijeron que para evitar que las personas migrantes y solicitantes de asilo se bajen y se queden en Panamá, los autobuses no paran, ni siquiera para que la gente vaya al baño o compre comida.[321] “[La gente] sube a las 3 de la tarde y [el autobús] espera hasta la noche para salir, así nadie se escapa”, añadió el joven.[322]

Varios autobuses que transportaban migrantes y solicitantes de asilo han tenido accidentes o se han incendiado en el camino durante 2022 y 2023:

·       Durante la visita de Human Rights Watch a Planes de Gualaca en 2022, un autobús que viajaba en la noche entre el 13 y 14 de mayo desde San Vicente hacia Planes de Gualaca con más de 50 personas a bordo chocó con un poste de luz. Varias personas resultaron heridas y el autobús quedó fuera de servicio.[323] Los migrantes y solicitantes de asilo informaron a Human Rights Watch que el accidente ocurrió porque el conductor se quedó dormido. Uno de los migrantes que viajaba dijo que el autobús estaba “completamente lleno” y “con personas sentadas en el suelo”.[324] Un video grabado por un pasajero y compartido con Human Rights Watch muestra a personas, incluyendo niños, de pie en el autobús con todos los asientos visibles ocupados, lo que indica que probablemente estaba lleno. Otro video tomado después del accidente y compartido con Human Rights Watch muestra a personas sentadas y de pie en el borde de la carretera.[325] La persona que envió el video describió la escena diciendo que las personas en el costado de la carretera “resultaron heridas en el accidente”. Todos esperaron allí a que llegara otro autobús. Human Rights Watch no pudo confirmar la ubicación exacta donde se filmaron estos videos.

·       El 15 de febrero de 2023, un autobús que transportaba a más de 60 personas se estrelló 100 metros antes de llegar a la ERM de Planes de Gualaca. El autobús se salió de la carretera en una curva y chocó con una gran roca. Treinta y nueve personas murieron, según las autoridades.[326] Varias otras, gravemente heridas, fueron trasladadas a hospitales de David, la capital de la provincia de Chiriquí. A algunos supervivientes se les permitió permanecer en un refugio de la ciudad.[327] Las autoridades panameñas tardaron varias semanas en identificar los cadáveres.[328]

·       Semanas después, el 25 de febrero, un autobús se incendió en la carretera hacia Planes de Gualaca.[329] Ninguna de las 57 personas que viajaban en el autobús resultó herida. La directora del SNM, Samira Gozaine, anunció la suspensión de los viajes de los autobuses que llevaban migrantes a Planes de Gualaca hasta que se pudieran completar las inspecciones para verificar que los autobuses estuvieran en las “condiciones requeridas”.[330]

Cuando Human Rights Watch visitó Panamá a principios de marzo de 2023, sólo 13 de los 60 autobuses habían cumplido los requisitos para ser autorizados por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, según un alto funcionario del SENAFRONT.[331] Esto afectó el traslado de las personas migrantes y solicitantes de asilo, lo que generó hacinamiento en las ERM del Darién y presión sobre los escasos servicios prestados en las comunidades indígenas.

Varios funcionarios dijeron a Human Rights Watch en 2022 que los autobuses permitían subir a algunas personas que no tenían dinero suficiente para pagar el valor del tiquete.[332] Algunos de ellos describieron las plazas obtenidas mediante esta práctica como “asientos humanitarios”, aunque a muchos migrantes y solicitantes de asilo se les exigía realizar trabajos, a menudo de limpieza, en las ERM para poder subir. No obstante, desde el accidente del 15 de febrero de 2023, se exigió que todos pagaran su tiquete. Esto también agrava el hacinamiento en las comunidades indígenas y en las ERM. Las personas migrantes y solicitantes de asilo pasan varios días, o incluso semanas, en comunidades o estaciones con condiciones inadecuadas sin posibilidad de salir.

Tristán Cuña (seudónimo), un indígena wayúu de Venezuela de 36 años, trabajó varios años cosechando coca en Colombia antes de cruzar el Darién en febrero de 2023.[333] Tristán tuvo que quedarse cinco días en Bajo Chiquito, según dijo, por problemas de transporte. Llegó a Lajas Blancas el 23 de febrero, un par de días antes de que se incendiara el autobús. Cuando habló con Human Rights Watch el 3 de marzo, había pasado más de 15 días en el ERM. “No tengo dinero para pagar un tiquete”, dijo, “y ahora hay menos autobuses”. Aunque Tristán conocía que las condiciones en la ERM de San Vicente eran mucho mejores, no quería salir de Lajas Blancas, donde trabajaba como voluntario limpiando las instalaciones de la ERM con la esperanza de que le regalasen un puesto en el autobús. “Si ven que ayudas, te echan una mano con el autobús”, dijo.

Otros migrantes, solicitantes de asilo y trabajadores humanitarios dijeron que muchos se ofrecieron para realizar trabajos voluntarios en las ERM durante semanas, sólo para que el SENAFRONT les dijera que no se llevan registros de quienes realizan estos trabajos ni se conceden privilegios a cambio.[334]

En febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo informó a Human Rights Watch que cada autobús estaba llevando por “razones humanitarias” a dos personas que no habían pagado su tiquete. Los funcionarios de la Defensoría son quienes asignan los viajes gratuitos.[335]

Protección, abusos de las fuerzas de seguridad y acceso a la justicia

Limitadas presencia estatal y protección

La provincia panameña del Darién es una de las provincias de Panamá que cuenta con menor presencia estatal y peor prestación de servicios públicos.[336]

La Defensoría del de Panamá afirma que las instituciones estatales locales se enfrentan a “retos para garantizar la presencia y cobertura territorial” en una región marcada por la “pobreza estructural”.[337] Las autoridades del Estado reconocen que la limitada capacidad estatal en la región, incluyendo la escasa capacidad de las instalaciones de salud pública y las dificultades para acceder a agua potable, suponen un reto para su respuesta a la migración.[338]

La mayoría de migrantes y solicitantes de asilo entrevistados por Human Rights Watch, tanto en 2022 como en 2023, dijeron que no se habían encontrado con ninguna autoridad estatal hasta que llegaron a las comunidades indígenas de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo.

El SENAFRONT reportó 17 operaciones entre 2022 y abril de 2023 para “contrarrestar las acciones criminales contra los migrantes”.[339] Entre enero de 2022 y junio de 2023, el Ministerio de Seguridad detuvo a 197 personas. De ellas, 124 eran nacionales y 77 extranjeros.[340]

En junio de 2023, el Ministerio de Seguridad lanzó las campañas conocidas como “Campaña Escudo” y “Operación Chocó” en la provincia del Darién y zonas fronterizas del territorio indígena Guna Yala. Su objetivo es combatir “la delincuencia organizada transnacional, mantener el control territorial de las fronteras terrestres y marítimas, proteger el medio ambiente y los recursos naturales”.[341] La Operación Chocó también tiene como objetivo coordinar “la inadmisión y retorno de personas migrantes”, según el Ministerio de Seguridad.[342]

Estas operaciones coincidieron con una campaña conjunta entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, que comenzó el 12 de abril y duraría 60 días, con el objetivo de “combatir las redes de tráfico y trata de personas en el Darién en corredores terrestres y marítimos donde mueren y son explotadas personas vulnerables”.[343]

Abusos de las fuerzas de seguridad

La Defensoría del Pueblo informó a Human Rights Watch de dos incidentes relacionados con abusos cometidos por oficiales del SENAFRONT en las ERM. En un caso, los funcionarios del SENAFRONT rociaron con gas pimienta a una persona en los ojos y luego le negaron asistencia médica. En otro, descrito más adelante, los oficiales maltrataron a un hombre que intervino para defender a un haitiano al que un funcionario del SENAFRONT estaba maltratando verbalmente.[344] Los trabajadores humanitarios denunciaron otros incidentes similares.[345]

Andrés Midreros (seudónimo), de 25 años, y su esposa, ambos profesores, salieron de Cuba sin documentos, según dijo a Human Rights Watch.[346] Ambos vivieron más de cuatro años en Sudamérica, incluyendo en Surinam, Brasil, Chile, Perú y Ecuador, antes de dirigirse hacia el norte y cruzar el Darién. Luego de cruzar la selva a finales de 2022, pasaron ocho días en la ERM de Lajas Blancas. No tenían dinero y esperaban hacer trabajo social voluntario en la ERM para obtener un tiquete de autobús hacia el norte. Después de cuatro o cinco días en Lajas Blancas, Andrés vio cómo un oficial del SENAFRONT insultaba a un migrante haitiano e intervino para defenderlo. El funcionario ordenó a Andrés que le siguiera hasta la oficina del SENAFRONT y, una vez dentro, lo amenazó con una barra de hierro, según dijo. Cuando Andrés intentó huir, un grupo de unos 12 funcionarios lo regresaron a la oficina. Lo golpearon en la cara y el cuerpo y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo, según dijo Andrés a Human Rights Watch. Al día siguiente, todos los funcionarios de la ERM rotaron debido al cambio de turno. Andrés y su esposa pudieron viajar gratis en autobús a Planes de Gualaca. Andrés informó del incidente tanto a la Defensoría del Pueblo como al SNM. El SENAFRONT dijo a Human Rights Watch que no habían recibido ninguna queja disciplinaria en contra de sus funcionarios.[347]

El elevado número de migrantes en situación de vulnerabilidad que permanecen en Panamá durante breves periodos, sumado a la ausencia de mecanismos de supervisión y a los obstáculos para presentar denuncias, crea un entorno que favorece la impunidad de las fuerzas de seguridad implicadas en abusos.

En diciembre de 2022, un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas y otros expertos enviaron una carta al gobierno panameño expresando su preocupación por “las alegaciones sobre violencia hacia las personas migrantes alojadas en las ERM, incluidas las alegaciones sobre violencia sexual”. Estas conductas incluían explotación sexual por parte del personal del SNM y del SENAFRONT, que supuestamente pedían a mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de un cupo en un autobús con destino a Costa Rica.[348]

El Ministerio de Seguridad dijo que no había recibido ninguna denuncia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad[349] y el SENAFRONT informó a Human Rights Watch que la institución prohíbe las relaciones sexuales entre sus funcionarios y migrantes.[350]

Los trabajadores humanitarios entrevistados por Human Rights Watch dijeron haber visto a oficiales panameños mostrando “actitudes excesivamente cercanas” hacia mujeres y niñas que viajaban solas, lo que en este contexto podría constituir acoso sexual.[351] Los trabajadores relataron la historia de una migrante que mantuvo relaciones sexuales con un funcionario. Cuando los trabajadores humanitarios le señalaron que el funcionario abusaba de su poder para mantener estas relaciones, la mujer dijo que no quería presentar una denuncia, porque él “la ayuda mucho”.[352]

Las personas migrantes y solicitantes de asilo que permanecieron varias semanas en la ERM de Lajas Blancas mencionaron “comportamientos sospechosos” por parte de los funcionarios que trataban de acercarse a mujeres solas o jóvenes y niñas. Una mujer dijo que estaba “en alerta” cada vez que un oficial interactuaba con sus hijas de 17 y 18 años.[353]

Dayanara Montúfar (seudónimo), de 33 años, salió de su ciudad natal, Barranquilla (Colombia), con su hijo de 2 años, José Ignacio (seudónimo), y su hija de 6 meses.[354] No pudo obtener la autorización de viaje del padre de su hijo, por lo que decidió cruzar el Darién a pie. En el agotador viaje a través de la selva, un amigo de República Dominicana la ayudó a llevar a José Ignacio. Su amigo se adelantó y llegó a Panamá un día antes que ella. Las autoridades panameñas se hicieron cargo de la custodia del niño. Cuando Dayanara llegó con la bebé, las autoridades de protección de menores le dijeron que tendría que esperar varios días en Lajas Blancas antes de que pudieran devolverle a José Ignacio. Ella esperó allí casi dos semanas. “Los guardias panameños tenían conversaciones hasta altas horas de la noche [con las mujeres migrantes]”, buscando sexo a cambio de ayuda para cargar los teléfonos o abrir un cupo en autobús, dijo. Por ejemplo, un día, le dio su teléfono a un funcionario del SENAFRONT que se había ofrecido a cargarlo. El agente regresó con el teléfono a las 11 p.m. y sugirió que debían “sentarse y hablar”, pero ella dijo que era tarde. Dayanara también refirió a Human Rights Watch la situación de una joven que estaba siendo acosada por dos oficiales. Uno venía a verla todas las noches y una noche durmió en su casa de madera.

El SENAFRONT informó a Human Rights Watch que todos los oficiales que prestan servicio en las ERM reciben formación en derechos humanos de la Unidad de Seguridad Fronteriza Humanitaria (USFROH),[355] una rama del SENAFRONT encargada de prestar asistencia humanitaria creada en 2021 con el apoyo de OIM.[356] Algunos miembros de la USFROH también prestan servicio en las ERM.[357]

Investigaciones y justicia

Por lo general, los crímenes contra migrantes en el Tapón del Darién no son investigados ni castigados. La rendición de cuentas por estos crímenes, incluyendo extorsión, violencia sexual y asesinato, es poco frecuente. Como dijo un trabajador humanitario, “los autores están seguros de que no sufrirán consecuencias”.[358]

La falta de recursos y personal suficientes en la fiscalía local, la ausencia de una estrategia de investigación criminal para el Darién, el hecho de que las personas migrantes y solicitantes de asilo que son víctimas de delitos suelen marcharse a los pocos días, y la limitada coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas dificultan la rendición de cuentas y socavan los esfuerzos para desmantelar los grupos criminales.

La Procuraduría General de Nación informó a Human Rights Watch que había recibido 654 causas por delitos cometidos en la región del Darién entre enero de 2021 y diciembre de 2023; más de 1.700 víctimas habían sido afectadas. La Procuraduría había logrado 26 condenas.[359]

Adicionalmente, la Procuraduría reportó que conocía sobre alrededor de 1.100 víctimas de tráfico ilícito de migrantes a nivel nacional entre enero de 2021 y diciembre de 2023. La Procuraduría había imputado a 78 personas por este delito en 2021, 88 en 2022 y 24 en 2023.[360]

Human Rights Watch constató que la Procuraduría no cuenta con una estrategia para investigar y procesar casos ocurridos en el Tapón del Darién. No existe una priorización clara de los casos y hay pocos esfuerzos por investigar patrones recurrentes en los diversos casos o analizarlos de forma colectiva para identificar y tratar de desmantelar a los grupos delictivos que operan en la zona.[361]

La cooperación entre los fiscales panameños y colombianos es limitada. Un fiscal dijo a Human Rights Watch en marzo de 2023 que no habían capturado a nadie en cooperación con los fiscales en Colombia.[362]

La Procuraduría tiene un fiscal en Canaán Membrillo y, desde junio de 2023, uno en Bajo Chiquito. Los fiscales dijeron que también visitaban la ERM de Lajas Blancas una vez por semana.[363] Para ello, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos invirtió US$34,5 millones a fin de “fortalecer las nuevas fiscalías”, incluyendo inversiones en infraestructura y equipos.[364]

Los esfuerzos de las autoridades para identificar los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo son insuficientes, lo que conduce a altos niveles de falta de denuncias.

En 2022, el fiscal en Canaán Membrillo dijo a Human Rights Watch que la Procuraduría busca activamente identificar a las potenciales víctimas en el momento en que migrantes y solicitantes de asilo desembarcan de las “piraguas” o están en la fila para ser registrados por el SNM.[365] Estos esfuerzos muchas veces son superficiales y demasiado públicos. Por ejemplo, Human Rights Watch vio cómo un funcionario del SENAFRONT pedía a un grupo de decenas de personas que levantaran la mano si habían sufrido abusos sexuales.

Además, desde 2021, la Procuraduría distribuyó un formulario para que la gente denunciara si habían sufrido algún tipo de delito. El formulario, que también estaba disponible en inglés y portugués, incluía la pregunta “¿por qué ingresó al a República de Panamá de manera irregular?”. Esto podría disuadir a las personas de denunciar los delitos que habían sufrido.[366] De enero de 2021 a julio de 2022, la fiscalía informó que sólo se llenaron 33 formularios.[367]

El miedo también disuade a la gente de denunciar los delitos.[368] “Muchas personas no tienen el valor de hablar, se sienten amenazadas y dicen que ven a quienes los atacaron en las comunidades indígenas”, afirmó un trabajador humanitario. “Cuando llegan, se sienten desprotegidos”.[369]

Las personas migrantes y solicitantes de asilo también pueden denunciar casos una vez que se encuentran en las ERM. Si el fiscal no se encuentra en la ERM cuando intentan interponer la denuncia, los funcionarios del SENAFRONT deben escoltarlas hasta la fiscalía de Metetí, a media hora en carro. Muchas personas pueden considerar este procedimiento intimidatorio, especialmente si quieren realizar una denuncia contra miembros del SENAFRONT.[370]

Las mujeres y las niñas se enfrentan a barreras adicionales para denunciar delitos. Los fiscales que actúan en las comunidades indígenas son hombres.[371] Human Rights Watch identificó algunos casos en los que los fiscales habían entrevistado a los hombres de las familias que habían denunciado un robo, pero no les preguntaron si les había ocurrido algo a las mujeres de su grupo. En algunos casos, Human Rights Watch pudo identificar a mujeres que fueron agredidas sexualmente en esos incidentes específicos, pero que nunca fueron entrevistadas por el fiscal.

Quienes proceden de países africanos y de Haití, especialmente las mujeres y las niñas, son menos propensas a presentar denuncias que las mujeres venezolanas y cubanas, según trabajadores humanitarios. Están “menos familiarizadas con los procedimientos de denuncia” y “se enfrentan a barreras culturales y lingüísticas para denunciar los delitos”, afirmó un trabajador humanitario.[372]

Esto se ve agravado por la ausencia de traductores tanto en las comunidades indígenas como en las ERM. Los fiscales suelen utilizar aplicaciones de traducción que tienen en sus celulares o pedir ayuda a otros migrantes para traducir si la persona que denuncia no habla español.[373]

En ocasiones, cuando los fiscales identifican casos de abuso, la posibilidad de que se haga justicia es muy limitada. Los fiscales afirman que necesitan que las víctimas permanezcan en el país para que las investigaciones avancen y rendir testimonio o identificar a posibles autores. Un fiscal y un funcionario del SENAFRONT dijeron a Human Rights Watch que las víctimas están “sujetas al proceso penal”.[374] Los fiscales y otros funcionarios suelen decir a los migrantes que deben permanecer en las ERM durante más tiempo si presentan una denuncia, lo que probablemente disuade a muchos de denunciar los abusos. Un fiscal dijo a Human Rights Watch en marzo de 2023 que “si la víctima se va, es muy probable que se cierre el caso”.[375]

En 2022, la Procuraduría y el poder judicial firmaron un acuerdo para facilitar la obtención de testimonios anticipados de migrantes y solicitantes de asilo para evitar que tengan que comparecer en persona durante el juicio, un procedimiento conocido como “audiencia de prueba anticipada”. Según los fiscales, el proceso “dura tres o cuatro días”.[376] Aun así, para rendir testimonio anticipado según este procedimiento, los migrantes deben participar en una audiencia con un abogado o un defensor público, lo cual genera retrasos y aumenta el riesgo de que se marchen del país antes de completar el proceso.

Las “audiencias de prueba anticipada” parecen ser poco frecuentes. Basándose en la información facilitada por el sistema judicial panameño, la Defensoría del Pueblo informó que en la provincia del Darién se celebraron 14 audiencias de este tipo en 2021, 22 en 2022 y 6 entre enero y febrero de 2023.[377] Además, las malas condiciones de las ERM aumentan la probabilidad de que las personas continúen su viaje antes de rendir testimonio.[378]

La Procuraduría informó que los fiscales piden a las víctimas sus números de teléfono, perfiles en las redes sociales y correos electrónicos para hacerles seguimiento después de salir del país.[379] A pesar de ello, migrantes y solicitantes de asilo dijeron a Human Rights Watch que han tenido dificultades para ponerse en contacto con los fiscales que trabajan en sus casos.[380]

También hay obstáculos para obtener evidencia forense. El médico forense más cercano, encargado de realizar exámenes médicos y documentar los efectos físicos y psicológicos de las agresiones sexuales, se encuentra en La Palma, a unas dos horas en carro de Metetí. En algunos casos, el médico forense se ha trasladado a Metetí para evaluar a las víctimas. En otras situaciones, la fiscalía ha transportado a la víctima a La Palma o, según un fiscal, un médico general de Metetí ha realizado la evaluación y, posteriormente, el médico forense ha interpretado los resultados.[381]

La zona carece de otros servicios forenses esenciales. Solicitar esos servicios a otras partes del país lleva demasiado “tiempo y recursos”, dijo el fiscal del Darién.[382] Por ejemplo, los fiscales del Darién no pueden practicar exámenes de cadáveres para determinar su identidad, ni identificar huellas dactilares o comparar muestras de ADN.[383]

En 2023, el INL ayudó a establecer una “Cámara Gessel”, una sala diseñada para permitir la observación del testimonio de una víctima al tiempo que se la protege de la presencia de extraños, garantizando un espacio confiable y seguro.[384]

Protección y asistencia a las personas en situación de mayor riesgo

Aunque quienes cruzan el Darién se enfrentan a enormes riesgos, las personas que buscan protección internacional, junto con las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, son especialmente vulnerables. En Panamá, las autoridades les proporcionan una protección limitada.

Niños, niñas y adolescentes

Alrededor del 20 % de las personas que cruzaron el Tapón del Darién en 2023 eran menores de 18 años. En 2022, fueron el 16 %. En números absolutos, más de 113.000 niños, niñas y adolescentes cruzaron en 2023, un aumento significativo comparado con los 40.000 que cruzaron en 2022. [385] Como dijo el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, muchos “no solo están cruzando una frontera”, sino que “están moviéndose entre varios países en condiciones extremas”.[386]

Cruzar el Darién es especialmente difícil física y mentalmente para los niños, niñas y adolescentes. Además de enfrentarse al hambre y a otras privaciones, estos tienen mayor probabilidad de perderse, sufrir accidentes y ser objeto de violencia de género, especialmente sexual. Ya sea con la familia o sin compañía, a menudo tienen dificultades para seguir el ritmo del grupo.[387] Los niños, niñas y adolescentes que viajan no acompañados o que han sido separados de sus familiares en su camino hacia el norte o en el Darién “son particularmente vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación”, señala UNICEF.[388]

En 2021, un total de 173 niños, niñas y adolescentes fueron puestos bajo el cuidado de la SENNIAF, la agencia panameña que interviene para proteger a los niños no acompañados, separados y en riesgo de apatridia. De ellos, 43 habían realizado el viaje por el Darién sin estar acompañados y 130 se habían separado de sus familias. En 2022, la cifra se duplicó con creces, hasta alcanzar los 421: 299 eran niños, niñas y adolescentes no acompañados y 122, separados de sus familias.[389] Entre enero y marzo de 2023, el SENNIAF atendió a 106 niños, niñas y adolescentes, incluyendo 54 no acompañados y 52 separados de sus familias.[390]

Durante los últimos tres años, el mayor número de niños, niñas y adolescentes a cargo del SENNIAF han sido haitianos, venezolanos y ecuatorianos, lo que concuerda con las cifras totales de migrantes y solicitantes de asilo que han cruzado en estos años el Darién. Entre enero de 2021 y marzo de 2023, el SENNIAF también recibió a unos 52 niños brasileños y 35 chilenos de ascendencia haitiana.[391] Los trabajadores humanitarios y los miembros del SENNIAF dijeron que es más difícil trabajar con niños, niñas y adolescentes que no hablan español o inglés porque no tienen traductores que les ayuden.[392]

Durante el proceso de registro de llegada a Bajo Chiquito o Canaán Membrillo, el SNM identifica a los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados. El SENAFRONT se hace cargo de estos hasta que llega el SENNIAF.[393] “A veces, los agentes de seguridad [SENAFRONT o SNM] no registran correctamente al niño como no acompañado o separado, por lo que nunca se avisa al SENNIAF para que se haga cargo de ellos”, dijo un trabajador humanitario a Human Rights Watch.[394]

El Juzgado de Niñez y Adolescencia de Panamá establece las medidas para proteger al niño, niña y adolescente, incluyendo un alojamiento adecuado, bajo el cuidado de SENNIAF, mientras se identifica a su familia o una colocación alternativa.[395]

En la mayoría de los casos, los niños, niñas y adolescentes se reúnen con sus familias, pero para marzo de 2023, siete niños estaban a la espera de una alternativa familiar.[396] Estos niños, niñas y adolescentes son trasladados a centros fuera de la provincia del Darién, informó el SENNIAF, mientras se exploran opciones a través de procesos consulares en sus países de origen.[397]

El juzgado ejerce una flexibilidad considerable a la hora de decidir si permite a los adolescentes no acompañados y a otros niños continuar su viaje, según informaron trabajadores humanitarios a Human Rights Watch.[398] En algunos casos, el juzgado los deja seguir sobre la base de cartas informales que supuestamente serían de los padres, en las que conceden autorización para que el niño viaje con otra persona. En otros casos, una videollamada con un adulto que afirma ser el progenitor del niño se considera prueba suficiente para que continúe, dijeron las autoridades judiciales y los trabajadores humanitarios.[399] Cuando Human Rights Watch entrevistó a las autoridades judiciales encargadas de decidir en estos casos, no pudieron precisar el fundamento jurídico que determina este procedimiento y afirmaron que “no existe ningún protocolo escrito”.[400]

Desde enero de 2021 hasta marzo de 2023, las autoridades transfirieron a 240 de los 700 niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados a una casa de acogida establecida en 2021 y administrada por el SENNIAF, Aldeas Infantiles SOS y UNICEF.[401]

La “Casita”, como se la conoce, puede acoger a ocho niños al tiempo, según UNICEF,[402] desde recién nacidos hasta los 13 años. En el lugar se recibe a cualquier niño que necesite de protección en la provincia del Darién, no sólo a migrantes y solicitantes de asilo. En casos excepcionales, acoge a niñas de entre 14 y 17 años, pero no a niños.[403] La falta de atención para ciertas edades hace que los adolescentes, sobre todo los hombres, deban permanecer a veces en las ERM o ser trasladados a centros de acogida en otras zonas del país.[404]

A principios de 2023, Human Rights Watch recibió informes creíbles sobre autoridades de la ERM de Lajas Blancas que, en algunos casos, habrían encerrado a niños no acompañados en una casa de madera sin supervisión por falta de espacio suficiente en la casa de acogida.

Los niños, niñas y adolescentes hospedados en la casa de acogida han permanecido hasta máximo 2 meses y 15 días, informó el SENNIAF.[405]

Los niños, niñas y adolescentes separados de sus padres que intentan reunirse con ellos deben pasar por un proceso de verificación durante el cual permanecen separados de sus familias, ya que ni las autoridades ni las organizaciones humanitarias proporcionan refugios o alojamientos familiares, informó el SENNIAF.[406]

En 2022, 15 niños nacieron en el Tapón del Darién.[407] Aunque la ley panameña otorga la nacionalidad a los niños nacidos en su territorio, los padres de los recién nacidos se enfrentan a dificultades para registrar su nacimiento. Los niños y niñas nacidos en Panamá mientras sus familias están en tránsito hacia Norteamérica se enfrentan a un “alto riesgo de quedar apátridas”, según ACNUR.[408]

Mujeres y niñas

Entre enero de 2021 y diciembre de 2023, alrededor del 30 % de las personas que cruzaron el Tapón del Darién eran mujeres, según datos del gobierno panameño.[409] Sin embargo, la mayoría de las víctimas de delitos sexuales parecen haber sido mujeres. La Procuraduría General la Nación informó que, de 285 víctimas de violencia sexual en el Tapón del Darién entre enero de 2021 y diciembre de 2023, 252 eran mujeres.[410]

Como ya se ha señalado, las mujeres y las niñas son blanco desproporcionado de abusos sexuales, incluyendo violación, mientras cruzan la selva. En 2022, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer destacó que “[l]a prevalencia de la violencia de género contra las mujeres migrantes, en particular las afrodescendientes, sobre todo las de origen haitiano, que se encuentran en tránsito por el territorio [panameño] parte en el Tapón del Darién”.[411]

En junio 2023, el Ministerio de la Mujer panameño anunció que abriría un Centro de Atención Integral (CAI) en Metetí para ofrecer servicios legales, psicológicos y de asesoramiento a mujeres víctimas de la violencia, incluyendo “mujeres migrantes que se encuentren en estado de vulnerabilidad”.[412] Según la Defensoría, la oficina abrió en diciembre del mismo año.[413]

Además, las mujeres y niñas embarazadas o en período de lactancia se enfrentan a mayores riesgos en la selva. Alrededor del 10 % de los viajeros entrevistados por ACNUR dijeron haber viajado con una mujer embarazada o en período de lactancia.^[414] Sin controles prenatales ni asistencia en el parto, las mujeres que dan a luz en la selva se enfrentan a graves riesgos para su salud. La falta de centros de salud y de agua limpia aumenta la probabilidad de infecciones y complicaciones durante el embarazo y el parto.

Durante una visita a la comunidad indígena de Canaán Membrillo en mayo de 2022, Human Rights Watch entrevistó a varias mujeres embarazadas que habían sufrido hemorragias durante el viaje y llegaron buscando atención médica.

“Empecé a sangrar hace dos días, en la selva”, dijo a Human Rights Watch Ariana Quijano (seudónimo), una mujer peruana embarazada de tres meses.[415] Las autoridades de Canaán Membrillo le dijeron a su llegada que no había ningún médico para ayudarla. “Espero poder descansar y que la hemorragia se detenga. Dijeron que en el campamento de la ONU me asistirán”, aseguró, refiriéndose a la ERM de San Vicente, a cuatro o cinco horas en barco. Ariana esperaba llegar a Estados Unidos.

Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT)

Las autoridades panameñas no recopilan datos desglosados sobre el número de personas LGBT que cruzan el Tapón del Darién. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han documentado su vulnerabilidad debido a su orientación sexual o identidad de género.[416]

MSF no lleva un recuento específico de las personas LGBT que han sufrido violencia sexual mientras cruzaban el Tapón del Darién, aunque ha atendido múltiples casos y creen que muchos ni siquiera son denunciados. Los relatores especiales y expertos de Naciones Unidas también reportaron casos de violencia sexual contra personas LGBT en 2021 y 2022.[417]

Personas transgénero que cruzaban el Tapón del Darién contaron a MSF que, para protegerse, se sentían obligadas a vestirse y comportarse de forma asociada al género que se les había asignado al nacer. En un caso, funcionarios, e incluso trabajadores humanitarios, se habrían reído de un grupo de mujeres transgénero, informó MSF, y utilizaron un lenguaje discriminatorio en su contra.[418]

Solicitantes de asilo

Quienes se ven obligados a huir de sus países y llegan a Panamá a través del Tapón del Darién tienen un acceso limitado al proceso de asilo.[419] Los esfuerzos de Panamá se centran en facilitar el rápido tránsito de migrantes y solicitantes de asilo por el país y parecen destinados a disuadirlos de presentar solicitudes de refugio en Panamá.

La falta de “garantías procesales y salvaguardas básicas” retrasa el proceso de asilo y, para algunos, supuso la denegación del derecho a solicitar protección, según informó en abril de 2023 el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), una organización jurídica y de incidencia con sede en Estados Unidos.[420] Las autoridades panameñas apenas se esfuerzan por facilitar información sobre el proceso.[421]

Las solicitudes de refugio son recibidas por la ONPAR, entidad dependiente del Ministerio de Gobierno.[422] La ONPAR es responsable de recopilar la información relacionada con las solicitudes de refugio y de denegar o admitir el caso para su consideración por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados (CONARE), compuesta por varios miembros del gabinete y otros funcionarios de alto nivel,^[423] que decide si conceder o denegar el reconocimiento del estatus de refugiado.[424]

La ONPAR no cuenta con un presupuesto independiente, tiene una plantilla limitada—30 personas en mayo de 2022[425]—y ha tenido dificultades para hacer funcionar el sistema informático de tramitación de las solicitudes de refugio, creado originalmente para tramitar contrataciones públicas, y para digitalizar los expedientes.^[426]

La legislación panameña no establece un plazo específico para responder a las solicitudes de refugio.[427] Según ACNUR, a mayo de 2023, tardaban una media de 3,2 años desde el registro hasta la decisión de admisibilidad.[428]

“Hemos procurado que las [solicitudes de refugio no exceda[n] 6 meses en espera”, dijo el director de la ONPAR, Lorenzo Hincapié, a Human Rights Watch vía correo electrónico en junio de 2023. El número de casos por resolver se había reducido en un 50 %, en comparación con 2019, aseguró; y aproximadamente 7.850 casos estaban pendientes de evaluación.[429] Hincapié dijo que la ONPAR recibía unas 45 solicitudes de refugio al mes, y que cada uno de los abogados de la ONPAR tenía un mínimo de 20 expedientes cada mes para analizar la admisibilidad.[430]

ACNUR considera que en el proceso de refugio en Panamá el “mayor reto sigue siendo la fase de admisibilidad”. En 2021, sólo se admitieron 4 casos, cifra que aumentó a 11 en 2022, lo que representa menos del 1 % de las solicitudes de ese año.[431] ACNUR y la CGRS informaron que, en esta fase, la ONPAR está decidiendo sobre el fondo del caso y “no está aplicando la norma de admisibilidad inferior ‘manifiestamente infundada’”,[432] que exige que las solicitudes sean claramente fraudulentas o no guarden relación con los criterios para la concesión del estatuto de refugiado para ser rechazadas en una fase temprana.[433] En otras palabras, están rechazando un gran número de casos en una fase temprana porque están aplicando un estándar inadecuadamente alto. ACNUR también señaló que el “el procedimiento actual sobre solicitudes manifiestamente infundadas carece de claridad y de garantías procesales suficientes”.[434]

Según datos públicos de la ONPAR, entre 2020 y 2022 la entidad recibió unas 2.000 solicitudes de refugio, admitió más de 50 y rechazó unas 5.000.[435]

En los pocos casos en que la solicitud no es rechazada en una fase temprana, los solicitantes de asilo reciben un carné temporal (conocido como “Carné de persona solicitante admitida a trámite”), válido durante seis meses y renovable hasta dos años.[436] El carné temporal les permite permanecer en Panamá mientras su caso es examinado por el CONARE. Si el CONARE reconoce la condición de refugiado, el SNM otorga la documentación por un año, lo que permite a los refugiados tramitar un permiso de trabajo.[437]

 

En diciembre de 2023, 2.716 personas tenían estatuto de refugiado en Panamá, según el ACNUR, lo que supone un aumento con respecto a las 2.589 de 2022.[438] En 2023, Panamá reconoció un “número sin precedentes” de 134 refugiados.[439]

Si bien las cifras de solicitantes de asilo en Panamá tras cruzar el Tapón del Darién son pequeñas, van en aumento: 14 en 2021, 17 en 2022 y 32 entre enero y junio de 2023, según la ONPAR.[440]

El 25 de enero de 2024, la ONPAR abrió una oficina en Metetí, con dos funcionarios trabajando en turnos de una semana cada uno.[441] Esta presencia, aunque limitada, podría contribuir a aumentar el acceso al asilo. Antes del establecimiento de esta oficina, los funcionarios de la ONPAR tardaban varias semanas en visitar la ERM de Metetí y realizar una entrevista de admisibilidad. Sin embargo, la ONPAR sigue sin tener presencia permanente en las ERM y en las comunidades indígenas.

La ONPAR se apoya en el SNM, ACNUR y el NRC como principales autoridades receptoras. “Somos los que proporcionamos información a las personas, realizamos su primera entrevista preliminar y remitimos los casos a la ONPAR”, dijo un delegado del NRC en Metetí. La ONPAR no cuenta con traductores en su plantilla. Hincapié dijo a Human Rights Watch que la ONPAR depende del NRC, que “amablemente […] consigue y […] paga”,[442] para el servicio de traducción.

Mientras esperan una decisión de admisibilidad, los solicitantes de asilo deben permanecer en una ERM. Esto disuade a muchas personas con solicitudes válidas de buscar protección en Panamá.[443]

Tras el auge de la pandemia del Covid-19, ACNUR llegó a la conclusión de que los refugiados y solicitantes de asilo en Panamá se enfrentaban a retrocesos en el acceso a los derechos básicos, incluyendo la disminución de la cantidad y calidad de sus alimentos y de su capacidad para pagar el alquiler, con el riesgo de ser desalojados.^[444]

Además, a los niños, niñas y adolescentes refugiados que no pueden presentar “documentos escolares completos y diplomas de su país de origen a veces se les niega el acceso a la educación o se les deniega el diploma”, señaló el Departamento de Estado estadounidense en su Informe sobre Derechos Humanos 2022.[445] La legislación panameña señala un gran número de profesiones como medicina, enfermería y algunas ingenierías, que sólo pueden ejercer los ciudadanos panameños, lo que restringe el acceso de los refugiados a varias formas de empleo calificado y no calificado.[446]

Para aquellos a quienes se les deniega el estatus de refugiado, Panamá ofrece pocas vías de regularización o soluciones de protección complementarias, lo que significa que estas personas tienen pocas alternativas para permanecer regularmente en el país.

El 13 de julio de 2023, Panamá creó un Permiso Temporal de Protección de dos años para los migrantes en situación irregular que llevan viviendo en el país un año o más. Cuesta US$950.[447] Quienes reciben este permiso no están automáticamente autorizados a trabajar en Panamá y deben solicitar por separado el permiso de trabajo.[448]

 

IV. Conclusión y recomendaciones

Colombia y Panamá no protegen de forma efectiva el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan los abusos de forma efectiva, rápida y exhaustiva. Las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la alimentación, el agua y los servicios básicos de salud son insuficientes para atender las necesidades humanitarias tanto de la población migrante como de las comunidades locales que han estado marginadas y abandonadas durante mucho tiempo.

Como se detalla a continuación, las autoridades de ambos países deberían hacer mucho más para brindar asistencia y proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo que cruzan sus países y garantizar investigaciones penales exhaustivas contra los grupos criminales y delincuentes que abusan de ellas.

Al mismo tiempo, todos los gobiernos de las Américas deberían adoptar una respuesta regional coordinada y respetuosa de los derechos ante el creciente número de migrantes y la complejidad de este fenómeno en las Américas.[449] Aprovechando la ocasión del 40⁰ aniversario de la Declaración de Cartagena, los gobiernos de la región y de Estados Unidos deberían trabajar para garantizar esta respuesta. Par ello, deberían revertir las medidas que impiden de hecho el acceso al asilo y obligan a las personas a tomar cruces tan peligrosos como el Tapón del Darién. También deberían implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal temporal.

Al Estado colombiano:

Proteger y asistir a los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y a la población local en el Tapón del Darién

• Nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta en el Tapón del Darién, en cooperación con las agencias humanitarias y el gobierno panameño.
• Aumentar la presencia y la capacidad de las instituciones nacionales y locales en el Urabá, incluyendo:
  • Aumentar el personal y el presupuesto de Migración Colombia, el ICBF, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en el lado colombiano del Tapón del Darién.
  • Incrementar el presupuesto específico para que las alcaldías respondan a las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo a través del reconocimiento de la población migrante dentro de los criterios a considerar para las transferencias de recursos del Sistema General de Participaciones.
  • Crear un mecanismo de supervisión que garantice el uso adecuado de estos fondos y aumentar el personal dedicado a responder a la migración.
  • Nombrar a un asesor especial del gobierno nacional en temas de migrantes y solicitantes de asilo que apoye y asesore a los municipios de la región del Urabá sobre la legislación vigente.
  • Trabajar con las alcaldías del lado colombiano del Darién para fortalecer las mesas de gestión migratoria y asegurar que efectivamente incrementen la ayuda humanitaria a través de la colaboración con las organizaciones humanitarias y las instituciones del gobierno nacional
  • Colaborar con las autoridades locales para que revisen sus planes de desarrollo a fin de que tengan en cuenta la llegada y el tránsito de migrantes y solicitantes de asilo y establezcan planes de contingencia adecuados.
  • Aumentar el personal y el presupuesto de las comisarías de familia locales y crear una casa de acogida en la región de Urabá para niños separados o no acompañados.
  • Establecer espacios de apoyo para la población migrante y garantizar que sea fácilmente accesible para los migrantes y refugiados y que tenga en cuenta las recomendaciones de las organizaciones humanitarias.
  • Establecer la “Casa de los Derechos” de la Defensoría del Pueblo en Acandí.
  • Establecer un refugio o alojamiento alternativo para las personas migrantes y solicitantes de asilo vulnerables a dormir en las playas o en la calle.
  • Proporcionar seguridad y protección adecuadas a los trabajadores humanitarios en la zona.
• Garantizar visitas periódicas de funcionarios del gobierno para verificar las condiciones de los refugios privados en Acandí y Capurganá para asegurar que los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo sean respetados allí y que estas reciban asistencia del gobierno o de agencias humanitarias.
• Realizar evaluaciones periódicas de las condiciones de las embarcaciones que transportan migrantes y refugiados.
• Garantizar la aplicación de la “hoja de ruta” de 2023 establecida por la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes para ayudar a los niños, incluidos los adolescentes, cuyos derechos están amenazados o han sido violados en relación con el tráfico ilícito de migrantes, entre otras medidas, difundiendo su contenido entre las oficinas gubernamentales locales y regionales.
• Trabajar con las organizaciones humanitarias para realizar encuestas periódicas sobre el número de migrantes y solicitantes de asilo en Urabá, identificar sus necesidades y compartir esta información con el gobierno panameño de forma regular.
• Mejorar las condiciones en los municipios de salida tanto para la población local como para las personas migrantes y solicitantes de asilo, dando prioridad a la aplicación de las iniciativas incluidas en el PDET, en particular las relacionadas con las infraestructuras, la sanidad, el agua, el saneamiento, y la alimentación.
• Trabajar con las organizaciones humanitarias, las comunidades locales y el gobierno panameño para crear campañas de comunicación con información objetiva, creíble y suficiente para contrarrestar la desinformación sobre los riesgos de cruzar el Tapón del Darién, el resto del viaje hacia el norte y la política migratorias de Colombia y de otros países.
• Trabajar con las organizaciones humanitarias, comunidades locales y el gobierno panameño para crear un mecanismo conjunto de rescate de personas o recuperación e identificación de los cuerpos de las personas desaparecidas.
• Trabajar con organizaciones humanitarias, comunidades locales y el gobierno panameño para crear un mecanismo conjunto que identifique a las personas migrantes y solicitantes de asilo más vulnerables, incluyendo los niños, niñas y adolescentes no acompañados, las personas embarazadas o con problemas médicos, y garantice una recepción adecuada a su llegada a Panamá.
• Trabajar con el gobierno panameño para crear un mecanismo conjunto de denuncia, a través de una línea telefónica directa o una aplicación para teléfonos móviles, para que los migrantes y solicitantes de asilo puedan denunciar desapariciones, muertes y otros delitos.

Reforzar los esfuerzos para responder al control del Clan del Golfo en Urabá e investigar los abusos en el Golfo del Darién:

• Aumentar la presencia de fiscales, investigadores y jueces en la región de Urabá y garantizar que trabajen en coordinación con las fuerzas de seguridad, en particular para investigar las finanzas del Clan del Golfo y su conexión con políticos y actores corruptos.
• Abrir un “proyecto de investigación” de la Fiscalía General de la Nación en el lado colombiano del Darién y revisar los criterios para asignar estos proyectos, asegurándose de que no se excluyan las zonas con fuerte presencia de grupos armados, aunque los niveles de violencia reportados parezcan ser menores.
• Dar instrucciones a la policía, a los fiscales y a los investigadores para que traten proactivamente de identificar e investigar los abusos en las playas, así como en el paso fronterizo, incluso recibiendo aportes de los grupos de la sociedad civil y de las organizaciones humanitarias.
• Garantizar que los fiscales investiguen el papel del Clan del Golfo en el transporte de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién, asignando fiscales del grupo de trabajo para investigar la trata de seres humanos, el tráfico de migrantes y los delitos relacionados con la región de Urabá.
• Garantizar que cualquier cese al fuego o negociación futura con el Clan del Golfo incluya protocolos y salvaguardias claros para impedir que el grupo amplíe su control territorial y cometa nuevos abusos.

Al Estado panameño:

Proteger y asistir a los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y población local en el Tapón del Darién:

• Trabajar con la ONU y las ONG humanitarias para desarrollar un plan de contingencia intersectorial para responder a la situación en el Darién y garantizar la asistencia y la protección a las personas migrantes, los solicitantes de asilo y la población local, teniendo en cuenta las necesidades de grupos específicos y considerando su etnia, origen, raza, edad, género, discapacidad y orientación sexual.
• Nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta en el Tapón del Darién, en cooperación con las agencias humanitarias y el gobierno colombiano.
• Modificar la estrategia de “flujo controlado” (también llamada “flujo humanitario”) para establecer un plan claramente articulado que tenga en cuenta las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo y garantice su derecho a solicitar asilo y a no sufrir ninguna restricción arbitraria a la libertad de movimiento.
• Mejorar las capacidades institucionales en la región del Darién, en particular las de la Defensoría del Pueblo, la ONPAR, el SENNIAF, el Minsa y el Ministerio de la Mujer, asegurando una mayor presencia de personal femenino y de traductores, y que estos organismos estén presentes en las comunidades indígenas o en las ERM.
• Permitir y facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias en las comunidades indígenas y en las estaciones de recepción migratoria.
• Mejorar las condiciones en las comunidades indígenas, tanto para los indígenas como para las personas migrantes y solicitantes de asilo:
  • Priorizar los esfuerzos para asegurar los derechos económicos y sociales de los indígenas en la provincia de Darién, incluyendo en Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, especialmente mejorando la inversión social para asegurar el acceso a electricidad, agua potable, alcantarillado, eliminación de basura y letrinas.
  • Garantizar que los centros de salud de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo cuenten con el personal y los medicamentos adecuados, dispongan de atención prenatal y pediátrica, e incluyan embarcaciones o vehículos designados para garantizar el traslado rápido y seguro de las personas que necesiten atención médica especializada.
• Reformar las estaciones de recepción migratoria de acuerdo con las directrices de gestión de campamentos establecidas por las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias:
  • Trabajar con las organizaciones humanitarias para revisar el Manual de Alojamiento Temporal y asegurarse de que este tenga en cuenta el gran número de personas que cruzan el Tapón del Darién, los riesgos y abusos a los que están expuestas y la probabilidad de que el número de personas en tránsito aumente o siga siendo elevado en los próximos años.
  • Trabajar en un plan de reestructuración de todas las estaciones de recepción migratoria para mejorar las instalaciones y ampliar su capacidad para acoger al número de personas que llegan.
  • Trabajar con las agencias humanitarias y de la ONU para establecer mecanismos específicos de seguimiento y supervisión para identificar, denunciar e investigar los casos de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y otros actores, incluidos los casos de abusos sexuales.
  • Garantizar una iluminación adecuada dentro y fuera de las estaciones de recepción migratoria.
  • Aumentar el acceso al agua potable y el número de letrinas y duchas, además de mantener una separación por sexos y una privacidad adecuada.
  • Proporcionar una oferta adecuada de unidades de alojamiento que ofrezcan privacidad e incluyan medidas de seguridad, garantizando que nadie exija a las personas migrantes y solicitantes de asilo que paguen por el alojamiento.
  • Crear zonas seguras designadas para mujeres y niños.
  • Garantizar la presencia permanente del personal de SENNIAF y ONPAR en las estaciones de recepción migratoria.
  • Investigar las condiciones de los alimentos y el agua suministrada en las estaciones de recepción migratoria y garantizar que la alimentación sea adecuada para todos las personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos los niños, niñas y adolescentes de todas las edades.
  • Garantizar que cualquier restricción a la circulación de migrantes y solicitantes de asilo esté establecida por ley y sea proporcional y necesaria para garantizar objetivos legítimos.
  • Realizar evaluaciones periódicas de las condiciones de las piraguas y los autobuses que transportan migrantes y solicitantes de asilo y establecer precios razonables.
• Aumentar la capacidad del centro de acogida para niños de Metetí, creando un espacio para los adolescentes varones no acompañados o separados, y una alternativa de alojamiento para los niños, niñas y adolescentes y sus familias que están a la espera de que las autoridades determinen si el niño, niña y adolescente está acompañado por un padre o tutor, corre el riesgo de ser apátrida o se enfrenta a otros riesgos.
• Trabajar con las organizaciones humanitarias, la población indígena local y el gobierno colombiano para crear un mecanismo conjunto de rescate de personas o de recuperación e identificación de los cuerpos de las personas desaparecidas en el Tapón del Darién:
  • Preguntar a las personas migrantes y solicitantes de asilo si saben de personas desaparecidas y pedir información sobre la localización de los cadáveres que vieron en la selva cuando facilitan sus datos personales a los funcionarios de inmigración en Bajo Chiquito o Canaán Membrillo.
  • Trabajar con las comunidades indígenas locales para identificar los lugares donde desaparecieron personas.
  • Instruir al SENAFRONT para que realice visitas periódicas a los lugares del Tapón del Darién que suelen ser transitados por migrantes y solicitantes de asilo.
• Desarrollar, difundir y aplicar protocolos escritos para la identificación y el cuidado de los niños separados y no acompañados. Estos protocolos deberían:
  • Establecer las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios de migración identifiquen a los niños no acompañados y separados de sus familias con prontitud y de forma prioritaria; y que las llegadas de niños se registren adecuadamente tras realizar una entrevista segura y privada.
  • Contener una hoja de ruta clara de acción para funcionarios y trabajadores humanitarios una vez identifiquen a niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, que incluya las responsabilidades y competencias específicas de cada institución.
  • Nombrar a un tutor o consejero cualificado y supervisado que apoye al niño durante el procedimiento requerido.
  • Prohibir la retención de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia en las estaciones de recepción migratoria y asegurar que sean traslados de inmediato a un centro de acogida.
  • Dar prioridad a las solicitudes de asilo, los procesos de regularización o la búsqueda de familiares de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia y garantizar que estos procedimientos sean llevados a cabo por funcionarios cualificados.
  • Evaluar cuidadosamente la naturaleza y las implicaciones de las relaciones de los niños separados que viajan con cuidadores.

Reforzar las investigaciones sobre abusos contra las personas que cruzan el Tapón del Darién

• Desarrollar una estrategia de investigación criminal para identificar patrones en los abusos cometidos contra migrantes y solicitantes de asilo y buscar el desmantelamiento de los grupos criminales que los atacan.
• Aumentar el personal y el presupuesto de la Procuración General, particularmente en Bajo Chiquito, Canaán Membrillo y en las estaciones de recepción migratoria, y garantizar que haya personal femenino en estas zonas.
• Aumentar la capacidad forense en Darién, en particular mediante el despliegue de un médico forense en Metetí o Santa Fe y el establecimiento de algunos servicios forenses básicos como las pruebas de ADN.
• Garantizar la presencia de traductores durante las entrevistas celebradas en las comunidades indígenas, las estaciones de recepción migratoria y/o la fiscalía.
• Dar instrucciones a los fiscales para que traten de identificar de forma proactiva los casos de abusos, incluidos los de violencia sexual, y asegurar una formación adecuada del personal para garantizar el respeto de los derechos de las víctimas y evitar la revictimización.
• Aumentar los esfuerzos para coordinar las investigaciones con la Fiscalía de Colombia, en particular sobre los abusos cometidos en zonas fronterizas.
• Garantizar que los migrantes y solicitantes de asilo de las estaciones de recepción migratoria que quieran denunciar delitos no sean escoltados por las fuerzas de seguridad hasta la fiscalía.
• Garantizar la plena aplicación del acuerdo de 2022 que permite a jueces y fiscales tener en cuenta el testimonio anticipado de migrantes y solicitantes de asilo para evitar la necesidad de una comparecencia en persona en el juicio.
• Garantizar que los migrantes y solicitantes de asilo reciban la información oportuna y necesaria sobre sus casos, incluso si deciden continuar su viaje.
• Desarrollar, difundir e implementar protocolos para la identificación, apoyo e investigación de los abusos que ocurren en el Tapón del Darién, con un enfoque específico en los casos de violencia sexual. Estos protocolos deberían:
  • Establecer mecanismos discretos y confidenciales para identificar a las víctimas, incluso desplegando personal cualificado en las comunidades indígenas y en las estaciones de recepción migratoria que se comuniquen activamente con migrantes y solicitantes de asilo para identificar signos de trauma y espacios seguros y privados accesibles a las víctimas.
  • Contener una hoja de ruta para que los funcionarios den seguimiento una vez que identifican a una víctima de abuso, incluyendo responsabilidades y competencias concretas de cada institución para proporcionar protección oportuna, atención médica y psicológica, asesoría legal y acceso a la justicia.
  • Incluir mecanismos para garantizar que las personas migrantes y solicitantes de asilo reciban información adecuada por escrito y en varios idiomas sobre el proceso, lo que pueden esperar de la denuncia penal y su derecho a presentar una denuncia sin que se les exija permanecer en Panamá.
  • Incluir mecanismos para garantizar la seguridad física y psicológica de la víctima respetando sus deseos y garantizando la confidencialidad, asegurando, cuando sea posible, un entrevistador, un traductor y un médico del mismo sexo, especialmente cuando la víctima lo solicite, y la reubicación de la víctima a un alojamiento seguro.
  • Garantizar entrevistas en entornos protegidos, incluida una Cámara Gessel, y reducir al mínimo el número de veces que se exige a la víctima que narre lo sucedido.
  • Establecer una audiencia obligatoria de “prueba anticipada” para todos los casos una vez que la víctima haya aceptado voluntariamente seguir adelante con la denuncia penal.
  • Garantizar investigaciones de oficio sobre la violencia sexual en particular cuando la víctima haya decidido no presentar una denuncia penal, asegurando la participación voluntaria de la víctima en el proceso penal.

Aumentar los esfuerzos para proteger a los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en el país

• Reforzar la capacidad del sistema de refugio:
  • Establecer un presupuesto específico para la ONPAR y aumentar progresivamente el número de funcionarios, incluyendo la de traductores.
  • Reformar la legislación vigente en materia de refugio para garantizar que las decisiones al respecto puedan adoptarse con mayor frecuencia, incluso estudiando la posibilidad de sustituir a los funcionarios de alto nivel de la CONARE por miembros de menor rango autorizados a tomar decisiones en esta materia.
  • Aumentar el número de personal para aliviar la acumulación de solicitudes pendientes y fijar plazos claros y razonables para adoptar una decisión.
  • Garantizar que, durante la fase inicial y de admisibilidad del proceso, las solicitudes de refugio sólo se rechacen cuando sean “manifiestamente infundadas”.
  • Garantizar el acceso a la atención médica, la educación y un permiso de trabajo especial mientras sus solicitudes estén pendientes a los solicitantes de asilo cuyos casos hayan sido admitidos, pero aún no concedidos.
  • Garantizar que las personas migrantes y los solicitantes de asilo reciban información adecuada por escrito y en varios idiomas sobre refugio cuando lleguen a Panamá, incluida información sobre quién puede presentar una solicitud de asilo, especificaciones sobre el procedimiento y las normas jurídicas aplicadas en cada etapa, y un calendario estimado para cada etapa.
• Revisar el actual proceso de regularización de las personas migrantes irregulares en el país, garantizando que las tasas de tramitación no sean prohibitivamente elevadas.
• Flexibilizar los requisitos para reconocer los diplomas que acrediten la educación recibida por los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes en el extranjero.
• Ratificar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
• Incorporar a la legislación nacional la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena y aplicarla a la hora de determinar la condición de refugiado.
• Modificar la legislación para garantizar que los solicitantes de asilo y los refugiados dejen de estar excluidos de profesiones para la que estén cualificados.

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM):

• Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional en Panamá para responder a los retos del aumento de la migración, siguiendo el ejemplo del GIFMM en Colombia y asegurándose de que el mecanismo tenga la capacidad de identificar vacíos en la asistencia y las prioridades para los fondos disponibles de los donantes.
• Aprovechar la experiencia de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) para garantizar el seguimiento, la documentación y el análisis de la migración de personas de todas las nacionalidades, en especial haitianos, cubanos y ecuatorianos, en la región.
• Analizar las condiciones en Ecuador y orientar a los Estados sobre las solicitudes de asilo de los ecuatorianos dada la situación del país.
• Aumentar la información disponible para las personas migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién sobre las políticas migratorias a nivel regional y los sistemas de refugio, incluidos los de EE.UU., así como información sobre vías alternativas seguras y legales que puedan ser accesibles, y sobre los riesgos asociados a la migración irregular antes y después de que los migrantes y solicitantes de asilo crucen el Tapón del Darién.
• Seguir apoyando el Proceso de Quito y otras iniciativas regionales destinadas a garantizar vías seguras y complementarias, programas de regularización e integración.
• Aumentar el apoyo técnico y económico a las autoridades migratorias y a los sistemas de asilo de toda la región.
• Seguir facilitando el retorno voluntario asistido de migrantes y solicitantes de asilo, garantizando la voluntariedad del programa e implementando mecanismos para evitar la coacción.

Al Gobierno de EE. UU. y a todos los donantes internacionales:

• Establecer o ampliar vías seguras, ordenadas y regulares para la migración y mejorar la disponibilidad y flexibilidad de dichas vías para las personas que estén considerando cruzar el Tapón del Darién.
• Financiar esfuerzos creíbles para mejorar la respuesta humanitaria en el Tapón del Darién, en especial para asegurar centros de recepción de migrantes dignos y otros refugios; aumentar la asistencia humanitaria, mejorando las condiciones en los municipios de salida en Colombia y las comunidades indígenas en Panamá; y prevenir e investigar los abusos, incluyendo la violencia sexual, contra los migrantes.
• Aumentar la financiación para el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2023-24 (RMRP) y garantizar esfuerzos similares para los haitianos y otros migrantes y refugiados en Sudamérica.[450]
• Apoyar esfuerzos creíbles para aumentar la presencia gubernamental y el disfrute de los derechos económicos y sociales en las regiones del Urabá colombiano y del Darién panameño.
• Asegurar transparencia en la recopilación, almacenamiento y uso de datos BITMAP por parte de las agencias estadounidenses y panameñas, implementando mecanismos de protección de datos y previniendo el perfilamiento racial en cumplimiento con los estándares internacionales de derechos humanos.

A los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

• Apoyar el establecimiento de un mecanismo internacional para monitorear los abusos en las fronteras, tal y como solicitaron organizaciones de sociedad civil y el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.[451]

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

• Vigilar de cerca e informar públicamente sobre la situación de los derechos humanos en el Tapón del Darién, expresar públicamente su preocupación por las políticas migratorias restrictivas y los vacíos de protección que ponen en peligro los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y los refugiados, y pedir a los Estados que pongan fin a esas políticas y prácticas.

Al relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes:

• Solicitar visitas a ambos lados del Tapón del Darién, según la invitación de Panamá y Colombia a los Procedimientos Especiales, para documentar el impacto de las políticas migratorias restrictivas y las brechas de protección sobre los derechos de los migrantes, e informar al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación.

A la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU:

• Realizar visitas, según lo solicite el gobierno de los países afectados, para evaluar y analizar las necesidades prioritarias de la población migrante y de las comunidades locales a ambos lados del Tapón del Darién, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas en situaciones particulares de vulnerabilidad, incluidos los niños, las personas LGBT y las mujeres.
• Apoyar a otras agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y al gobierno colombiano y panameño en el desarrollo de planes y estrategias de respuesta.
• Considerar la posibilidad de incluir más información sobre las necesidades humanitarias en la región de Urabá relacionadas con las personas migrantes y los solicitantes de asilo en el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) de Colombia y desarrollar un HRP para Panamá.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

• Solicitar visitas in situ al Tapón del Darién para que Panamá y Colombia inviten a la CIDH para documentar el impacto de las políticas migratorias restrictivas y los vacíos de protección sobre los derechos de las personas migrantes y compartir información con la Corte Interamericana para la supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida en el caso Vélez Loor vs. Panamá.
• Vigilar de cerca e informar públicamente sobre la situación de los derechos humanos en el Tapón del Darién, expresar públicamente su preocupación por las políticas migratorias restrictivas y los vacíos de protección que ponen en peligro los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, y pedir a los Estados que pongan fin a esas políticas y prácticas.

 

Agradecimientos

Este informe fue redactado por Martina Rapido Ragozzino, investigadora para el Norte de los Andes; y Juan Pappier, subdirector para las Américas.

El informe se basa en las investigaciones realizadas por un equipo de Human Rights Watch: Nathalye Cotrino, investigadora de la División de Crisis y Conflictos; Stephania López, exasistente de investigación para las Américas; Maya Schack, consultora; Rapido Ragozzino; y Pappier.

El informe ha sido revisado y editado por Juanita Goebertus, directora para las Américas; Margaret Knox, editora/investigadora senior; Bill Frelick, director de Derechos de Refugiados y Migrantes; Zama Neff, directora de Derechos de los Niños; Nicole Widdersheim, subdirectora de incidencia en Washington; Floriane Borel, exoficial de incidencia en Ginebra; Cristina Quijano Carrasco, investigadora de Derechos de la Mujer; Cristian González Cabrera, investigador sénior de Derechos LGBT; Zach Campbell, investigador sénior Tecnología y Derechos Humanos; Ari Sawyer, investigador del programa de EE. UU.; Matt McConnell, investigador de Justicia Económica y Derechos; Erica Bower, investigadora de Medioambiente y Derechos Humanos. María McFarland Sánchez-Moreno, subdirectora en funciones de Programa, y Michael Garcia Bochenek, asesor jurídico sénior en funciones, se encargaron de la revisión de Programa y legal, respectivamente.

Johan Romero, asociado de la División de las Américas, contribuyó a la elaboración del informe. El informe fue preparado para su publicación por Travis Carr, coordinador de publicaciones; Fitzroy Hepkins, gestor administrativo; y José Martínez, coordinador sénior de administración.

Human Rights Watch desea agradecer a las organizaciones de derechos humanos, derechos de los migrantes, humanitarias y de la ONU que proporcionaron información importante para esta investigación. También agradecemos a Patricia Fagen y Caitlyn Yates por la revisión de una versión anterior de este informe.

Sobre todo, estamos profundamente agradecidos con los migrantes y solicitantes de asilo que, a pesar de su peligroso e incierto viaje, han compartido generosamente sus historias con nosotros.