(Nueva York) – Las personas que trabajan en la “economía gig” en todo el mundo experimentan largas jornadas, ingresos imprevisibles y decrecientes, y riesgos graves para la seguridad, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los gobiernos que, en junio de 2026, negocien un tratado histórico en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre lo que se ha denominado “trabajo de plataformas”, deberían adoptar estándares sólidos y vinculantes para garantizar una remuneración justa, condiciones de trabajo seguras y acceso a los beneficios de la seguridad social para quienes trabajan en la economía gig en todo el mundo.
El informe multimedia, “Algoritmos de explotación: Abusos de derechos en la economía gig y lucha global por el cambio”, documenta las experiencias de trabajadores de plataformas en nueve países: India, Kenia, Kuwait, Líbano, México, Pakistán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Human Rights Watch concluyó que los trabajadores de todos los países estudiados tienen ingresos bajos e inestables, condiciones de trabajo inseguras y poca o ninguna protección cuando se lesionan o no pueden trabajar.
“Las empresas de plataformas han generado un modelo de negocios que elude las protecciones laborales y traslada los riesgos y costos a los trabajadores”, expresó Lena Simet, asesora sénior sobre justicia económica de Human Rights Watch. “Las negociaciones en la OIT son el primer esfuerzo global para que los gobiernos corrijan el rumbo y aseguren que el uso de este modelo no sea a expensas de los derechos de quienes trabajan”.
Human Rights Watch entrevistó a personas que realizan trabajos de conducción y reparto en la India, Kenia, el Líbano, México, Pakistán y el Reino Unido, así como a personas migrantes retornadas de Bangladesh y Nepal que anteriormente trabajaron para empresas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, con el fin de mostrar ejemplos del impacto humano del trabajo no regulado en la economía de plataformas.
La OIT estima que el trabajo de plataformas prácticamente se duplicó entre 2016 y 2021, mientras que el Banco Mundial calcula que hasta 435 millones de personas en todo el mundo perciben ingresos a través de estas plataformas. Sin embargo, las protecciones laborales no han estado a la par.
El convenio que se está negociando debe abordar las lagunas existentes en materia de protección, para lo cual se deben incluir garantías clave para todos los trabajadores de plataformas, con independencia de su situación de empleo, apuntó Human Rights Watch. Debido a que las empresas de plataformas clasifican sistemáticamente a los trabajadores y trabajadoras como contratistas independientes o autónomos, en muchos países esto los excluye del salario mínimo, la seguridad social y las garantías de seguridad en el trabajo.
Estas personas describieron largas jornadas de trabajo, ingresos imprevisibles y decrecientes, y graves riesgos para la seguridad, a menudo sin beneficios de seguridad social ni apoyo si no pueden trabajar debido a una lesión o enfermedad.
Apraham, un conductor en Beirut, contó que desde 2015 sus ingresos han disminuido de manera constante, debido a lo cual no puede cubrir sus gastos diarios ni realizar aportes a la seguridad social. Después de perder su automóvil y su teléfono durante un robo violento mientras trabajaba para Uber, dejó de percibir ingresos y, según dijo, no recibió apoyo de la empresa.
Agnes Mwongera, una conductora en Nairobi, contó que había sido agredida por un pasajero pero que no recibió respuesta cuando denunció el ataque a su compañía.
Graeme Franes, un mensajero que usaba una bicicleta para entregar comida en Escocia, Reino Unido, dijo que no pudo trabajar por seis meses después de sufrir la fractura de un brazo durante una agresión. “Tuve que depender de amigos y familiares”, aseveró. “Fue un período realmente difícil”.
Al clasificar a los trabajadores de la economía gig como contratistas independientes, las empresas de muchos países consiguen eludir las obligaciones de salario mínimo, seguridad laboral y seguridad social. A su vez, ejercen un control significativo sobre los trabajadores aplicando sistemas algorítmicos que determinan la remuneración, asignan tareas y pueden suspender a trabajadores, a menudo sin transparencia ni posibilidad real de recurso.
Human Rights Watch concluyó previamente que, una vez descontados los gastos, muchos trabajadores de plataformas en Estados Unidos tienen un ingreso muy inferior al de un salario digno y al salario mínimo legal. Trabajadores de otros países informaron sobre una dinámica similar, e ingresos que con frecuencia son insuficientes para cubrir los gastos diarios. Este modelo de explotación permite a las empresas captar una proporción cada vez mayor de los ingresos, al tiempo que trasladan los costos a los trabajadores, lo que contribuye a profundizar la desigualdad en los mercados laborales.
Human Rights Watch insta a los gobiernos a adoptar estándares rigurosos para lo siguiente:
- Establecer una presunción de empleo para los trabajadores cuando las empresas ejerzan control sobre estas personas, a fin de evitar una clasificación errónea;
- Exigir una remuneración justa, que incluya compensar la totalidad del tiempo de trabajo, e ingresos que sean al menos acordes con los estándares sobre salario mínimo o salario digno;
- Garantizar el acceso a la seguridad social de todos los trabajadores, incluidos los casos de accidente, enfermedad, desempleo y edad avanzada;
- Exigir transparencia algorítmica a las empresas de plataformas, lo que incluye información para los trabajadores sobre cómo se calcula el pago que reciben, cómo se asignan las tareas y los trabajos y cómo se determina su valor, y cómo funcionan los programas de incentivos;
- Asegurar que las empresas de plataformas rindan cuentas, lo que incluye que haya vías accesibles para que los trabajadores impugnen las decisiones automatizadas, incluidas las decisiones de desactivar sus cuentas;
- Extender las protecciones de salud y seguridad laboral a todas las personas que trabajan a través de plataformas y exigir a las empresas que adopten medidas de protección contra el calor extremo y otras condiciones de trabajo peligrosas; y
- Garantizar los derechos de los trabajadores a sindicalizarse y participar en negociaciones colectivas sin que haya represalias.
Human Rights Watch ha contribuido al proceso de la OIT a través de presentaciones en las que se describen enfoques basados en derechos para regular el trabajo de plataformas, incluidas propuestas desarrolladas conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil.
“Las decisiones que tomen ahora los gobiernos determinarán el futuro del trabajo para millones de personas”, explicó Simet. “Deben asegurarse que el trabajo a través de plataformas se rija por la remuneración justa, la protección y la seguridad social, y no por la explotación”.
