(Madrid) – Los esfuerzos de Argentina por extraditar e interrogar a un exfuncionario venezolano residiendo en España, acusado de crímenes de lesa humanidad, podría ofrecer una vía hacia la rendición de cuentas, señaló hoy Human Rights Watch.
Argentina solicita la extradición de Ephraín Enrique Verdú Torelles, un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB), una fuerza policial militarizada responsable de violaciones generalizadas de derechos humanos. La solicitud de extradición busca asegurar la presencia de Verdú Torrelles para que sea interrogado en relación con las acusaciones de que cometió asesinato como crimen de lesa humanidad durante la represión gubernamental de las protestas de 2014 en Venezuela.
El Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento relativo a la solicitud de extradición, remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional. El representante de las víctimas venezolanas, Ignacio Jovtis, señaló a Human Rights Watch que las autoridades españolas han notificado a Verdú Torrelles sobre el proceso de extradición.
“Las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país, y la solicitud de extradición presentada por Argentina es un recordatorio de que la justicia puede cruzar fronteras”, afirmó Michelle Reyes Milk, asesora sénior de justicia internacional de Human Rights Watch. “Ahora corresponderá al tribunal español decidir si se procede o no con la extradición”.
Durante las protestas de 2014 en Venezuela, las fuerzas de seguridad utilizaron sistemáticamente fuerza excesiva e ilegal contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, detuvieron arbitrariamente a cientos de personas, y sometieron a muchas de ellas a graves abusos, incluidas golpizas y, en algunos casos, tortura, al tiempo que les negaban el debido proceso. Las fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales conocidos como “colectivos” también cometieron ejecuciones extrajudiciales.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela encontró motivos razonables para creer que las violaciones cometidas por el gobierno constituían crímenes de lesa humanidad, y que el debilitamiento deliberado de los mecanismos judiciales en el país agravó la impunidad. En 2021, la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La solicitud de extradición deriva de una denuncia penal presentada ante tribunales argentinos en junio de 2023 por el equipo de InterJust, una organización de derechos humanos, en representación de familiares de personas que presuntamente fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas de 2014. Este caso es posible gracias al principio de jurisdicción universal, que permite a los países investigar y juzgar ciertas violaciones graves de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales graves, independientemente del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad de los sospechosos o de las víctimas.
Una denuncia separada y paralela fue presentada por la organización argentina de derechos humanos Foro Argentino para la Defensa de la Democracia en enero de 2023 contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello. Maduro se encuentra detenido bajo custodia federal en Estados Unidos desde el 3 de enero y está a la espera de juicio en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas. Cabello continúa desempeñándose como ministro del Interior, Justicia y Paz en Venezuela. También enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas en Estados Unidos.
En septiembre de 2024, el juez de instrucción en Argentina emitió órdenes de detención contra Verdú Torrelles y otros 13 oficiales de la GNB para interrogarlos sobre la denuncia presentado en su contra. Según el procedimiento penal argentino aplicable, Verdú Torrelles y los otros oficiales no han sido formalmente acusados de un delito en esta etapa procesal. En cambio, Verdú Torrelles ha sido notificado de que es objeto de una investigación penal en curso, pasando procesalmente a ser imputado. Por separado, el juez también citó y emitió órdenes de detención contra Maduro y Cabello.
De ser extraditado, Verdú Torrelles sería la primera persona en este caso en comparecer personalmente ante los tribunales argentinos. La extradición permitiría que la investigación en su contra avance procesalmente en Argentina, incluida su declaración indagatoria y una posible acusación formal, tras lo cual el caso podría llegar a juicio.
Esto convertiría a Ephraín Enrique Verdú Torelles en la persona de más alto rango hasta la fecha en comparecer ante un tribunal en cualquier país por graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, señaló Human Rights Watch.
Los casos en curso en Argentina basados en el principio de jurisdicción universal abarcan presuntos delitos de derecho internacional cometidos en Myanmar, Colombia, Nicaragua, China, Israel y Palestina, y la España franquista.
Estos casos han enfrentado algunos desafíos como asegurar la presencia de sospechosos en territorio argentino, la falta de unidades especializadas de investigación y fiscales con mandato para llevar adelante casos de jurisdicción universal, y otras limitaciones de recursos. Al mismo tiempo, jueces y fiscales argentinos han llevado adelante procesos importantes por crímenes internacionales cometidos en el pasado en Argentina.
“La persecución de casos de jurisdicción universal por parte de Argentina envía un mensaje claro y contundente de que no debería haber refugio seguro para quienes sean responsables de graves violaciones de derechos humanos”, dijo Reyes Milk. “La cooperación de otros Estados, como España, es fundamental para ese esfuerzo”.
