(Ginebra) – El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas ha dado un paso fundamental para que haya rendición de cuentas por delitos graves y asegurar el escrutinio internacional de la crisis de derechos humanos de Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch.
El 7 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Esta misión ha publicado cuatro informes lapidarios que recogen evidencias de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, responsabilidad de la cadena de mando incluyendo abusos por servicios de inteligencia, y violaciones de derechos humanos en áreas mineras. La resolución también prorroga el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene presencia en Caracas, para dar seguimiento a la situación en el país durante el mismo período.
“Esta resolución muestra que los gobiernos de América Latina pueden unirse en el respaldo a las víctimas de abusos independientemente de las ideologías políticas”, señaló Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. “La extensión del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos es una medida clave, no solo para apoyar a las víctimas en su reclamo de justicia, sino también para desempeñar un papel de alerta temprana previo a las elecciones presidenciales previstas para el 2024”.
La resolución fue presentada por países de la región de un amplio espectro ideológico, incluyendo a Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay. Fue patrocinada conjuntamente por cerca de 50 países y se aprobó con 19 votos contra 5, y 23 abstenciones.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos reconoce que continúan las violaciones de derechos humanos en Venezuela y expresa preocupación por los problemas que “siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”. Exige que la misión brinde actualizaciones orales y presente informes escritos durante los próximos dos años.
La misión se estableció en 2019 para investigar “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”. La resolución por medio de la cual se creó el mandato fue presentada por una coalición de gobiernos de la región denominada Grupo de Lima, que incluía a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú.
Esta vez, Argentina, Colombia, Guyana, Honduras y Perú no se sumaron al grupo que lideró la renovación debido a la falsa premisa de que hacerlo menoscabaría los esfuerzos de interactuar con las autoridades venezolanas. Inicialmente, Perú integraba el grupo, pero retiró su apoyo el 28 de septiembre.
La interacción con Venezuela no debería ser un impedimento para condenar las violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
La arremetida contra opositores del gobierno venezolano continúa, sin justicia para las víctimas. La organización venezolana Foro Penal informó que, al mes de septiembre, había 244 presos políticos, mucho de ellos en centros de detención como el Helicoide, que es administrado por los servicios de inteligencia. Las personas detenidas allí han sufrido torturas, que incluyen descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y violencia sexual. Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 19.000 personas entre 2016 y 2019 en incidentes registrados como el resultado de “resistencia a la autoridad”, pero hay evidencias de que esta cifra incluye casos de ejecuciones extrajudiciales.
Desde 2020, la Misión identificó evidencias de crímenes de lesa humanidad y, en 2021, que el sistema de justicia había operado como un mecanismo de represión en lugar de un garante de derechos.
Recientemente, el 20 de septiembre, la misión publicó un informe en el cual describió cómo los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los servicios de inteligencia —por orden de autoridades de alto nivel, incluido Nicolás Maduro— formaron parte de un plan para reprimir a quienes se oponían al gobierno. Un segundo informe documentó abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas armadas contra residentes y trabajadores de áreas mineras.
Durante años, organizaciones y familiares de víctimas hemos denunciado que las fuerzas de seguridad participaron en la represión del disenso que lleva adelante el gobierno. Los informes de la Misión son cruciales para la búsqueda de justicia por parte de las víctimas.
En el mes de agosto, Human Rights Watch y 124 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan sobre Venezuela pidieron que se renueve el mandato de la misión, ante la absoluta falta de independencia judicial en Venezuela. La ampliación permitirá a los expertos seguir reuniendo pruebas de violaciones de derechos humanos, informar sobre la situación actual en el país y hacer recomendaciones.
El rol de la misión complementa el de otros mecanismos de escrutinio internacional, explicó Human Rights Watch. Las pruebas que reúne la misión podrían contribuir a la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que se inició en noviembre de 2021 para establecer la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales. Mientras la investigación de la CPI podría llevar varios años y, en la actualidad, se encuentra suspendida debido al pedido de aplazamiento que plantearon las autoridades venezolanas, la misión elabora informes anuales sobre violaciones de derechos y sobre responsabilidad penal individual por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En la resolución recientemente aprobada, también se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que brinde una valoración detallada de la aplicación de sus recomendaciones anteriores. La oficina cuenta con un equipo en Venezuela desde 2019 y ha publicado algunos informes que documentan violaciones de derechos humanos. También ofrece asistencia técnica a las autoridades venezolanas.
El equipo en Venezuela debe aprovechar su presencia allí para obtener información e interactuar con víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente, la oficina ya no tiene acceso a los centros de detención donde hay presos políticos.
En agosto de 2021, representantes del gobierno y la oposición se reunieron en México para negociar sobre cuestiones como garantías electorales, el levantamiento de sanciones, el respeto del Estado de derecho, el ingreso de ayuda humanitaria y los derechos políticos. El gobierno de Maduro abandonó las negociaciones en octubre de 2021 y, a pesar de que continúan las conversaciones para incrementar la ayuda humanitaria que llega al pueblo venezolano, las negociaciones no se han reanudado completamente.
“Las autoridades venezolanas no han hecho concesiones, de manera voluntaria, para proteger los derechos de los venezolanos, y no hay motivos para pensar que eso cambiará”, expresó Taraciuk Broner. “No habrá solución negociada posible para iniciar una transición que restablezca la democracia si no existen incentivos, y para generar esos incentivos es esencial que la comunidad internacional mantenga la presión sobre las autoridades venezolanas, incluyendo a través de mecanismos de rendición de cuentas a nivel internacional”.
