El presidente Jair Bolsonaro ha amenazado la democracia en Brasil al intentar socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial. También procuró sabotear medidas de salud pública orientadas a frenar el avance del Covid-19. El Supremo Tribunal Federal ha intervenido para defender derechos básicos. El gobierno de Bolsonaro ha debilitado la aplicación de las leyes ambientales y, en la práctica, ha dado luz verde a las redes delictivas que impulsan la deforestación ilegal del Amazonas e intimidan y atacan a defensores de la selva. El número de homicidios causados por policías alcanzó un nivel récord, afectando de manera desproporcionada a brasileños negros. En muchas cárceles hay graves problemas de sobrepoblación, lo que expone a los reclusos a violencia y reclutamiento por grupos criminales. 

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