La 30.ª Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP30, congregará a los Estados que son parte de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, así como a miles de expertos, periodistas, activistas climáticos y representantes de empresas y organizaciones no gubernamentales. La conferencia se desarrollará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil.
El encuentro coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de París, el tratado internacional histórico que tiene como objetivo limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados. La COP30 se lleva a cabo en un contexto de aceleración alarmante de la crisis climática. El año 2024 fue el más cálido del que se tenga registro y, sin embargo, la COP29, celebrada en Azerbaiyán, no logró que se avance en limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales.
Esto convierte a la COP30 en una ocasión fundamental para impulsar una acción climática ambiciosa. Como sede de la COP30, Brasil tiene la oportunidad de volver a asignar un lugar central al multilateralismo y asegurar que la respuesta global al cambio climático esté basada en los derechos humanos. Al priorizar la necesidad de eliminar los combustibles fósiles de manera gradual, proteger los derechos sobre la tierra y las zonas forestales y a las comunidades que se adaptan a los impactos del cambio climático, Brasil puede ayudar a orientar las negociaciones hacia resultados que sean acordes con la magnitud de la crisis climática.
Este año, se espera que los países presenten planes climáticos nacionales actualizados, en los que se describa cómo prevén reducir las emisiones de acá al año 2035. Sin embargo, la mayoría de los países no han presentado sus planes, y muchos de los que sí se presentaron hasta ahora no son conducentes a limitar las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados. Los gobiernos deben comprometerse a establecer planes climáticos ambiciosos que estipulen hitos concretos, como poner fin a la exploración y concesión de licencias de nuevos combustibles fósiles, eliminar gradualmente los subsidios gubernamentales y llevar adelante una supervisión y rendición de cuentas adecuadas.
Tras la opinión consultiva unánime emitida por la Corte Internacional de Justicia el 23 de julio de 2025, que confirma las obligaciones jurídicas de los Estados de proteger el clima y cooperar, la COP30 debería instar enérgicamente a los gobiernos para que traduzcan esas obligaciones en planes para la eliminación gradual de combustibles fósiles, con plazos concretos, en sus planes climáticos nacionales para 2035, incluidos los cronogramas de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles.
A continuación se presentan preguntas y respuestas que abordan las principales prioridades para la COP30 desde una perspectiva de derechos humanos.
- ¿Qué podemos esperar con respecto a la transición para dejar atrás los combustibles fósiles en la COP30?
- ¿Cómo sería una “transición justa” acorde con los derechos humanos en la COP30?
- ¿Cómo podría la COP30 contribuir a la protección forestal y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales?
- ¿Cómo podría la COP30 atender las necesidades de las comunidades que se reubican y que están en la primera línea del aumento del nivel del mar y otros peligros relacionados con el clima?
A pesar del compromiso histórico asumido en la COP28 de llevar a cabo una transición para dejar de usar combustibles fósiles, no se logró ningún avance significativo en la COP29. A su vez, varios gobiernos tienen planes para aumentar la producción de combustibles fósiles facilitada con subsidios continuos. Los combustibles fósiles siguen siendo el principal factor que propicia la crisis climática y son la causa de más del 80 % de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. Human Rights Watch ha documentado evidencias de que las comunidades que viven cerca de infraestructuras de carbón, petróleo y gas son las más afectadas por daños a la salud, al medioambiente y a otros derechos humanos causados por la producción de combustibles fósiles.
La COP30 debe avanzar en la implementación del compromiso de transición respecto de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la ministra de Medioambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, sugirió que la cumbre podría tener como resultado una hoja de ruta para orientar una “transición planificada y justa” que permita dejar de depender de los combustibles fósiles. Esta hoja de ruta podría establecer el requisito de que todos los países informen sobre objetivos y plazos concretos para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, como así también las medidas y políticas que esto implica.
Para avanzar en la consecución de los objetivos, también se podrían usar vías de negociación de la COP30, como el diálogo de los EAU sobre la implementación del Balance Mundial (Global Stocktake, GST), a través del cual los países pueden monitorear el progreso alcanzado en pos de los objetivos del Acuerdo de París, el Programa de Trabajo para la Transición Justa (Just Transition Work Programme, JTWP), destinado a facilitar una transición justa, ordenada y equitativa, y una posible decisión marco de la COP30.
Human Rights Watch insta a que se adopten principios para una transición justa que sean congruentes con el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo.
Los resultados esperados del Programa de Trabajo para una Transición Justa (JTWP) deberían incorporar estándares de derechos humanos sobre cuestiones como los derechos a la seguridad social, la educación y la atención de la salud.
Los principios sobre la transición justa también deben abordar el impacto que tienen la extracción y el procesamiento de minerales necesarios para la transición energética en las poblaciones indígenas, así como en otras comunidades y trabajadores. Estos principios deben basarse en el informe del Panel del Secretario General de la ONU sobre los Minerales Esenciales para la Transición Energética, en el cual se subrayó que “los derechos humanos deben tener un lugar central en todas las cadenas de valor de los minerales”.
Los negociadores deben considerar los análisis y estándares de derechos humanos recientes, como la última observación general, número 27, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, emitida el 16 de septiembre de 2025, que afirma que “la efectivización plena de los derechos del Pacto requiere de una transición justa hacia una economía sostenible, que asigne un lugar central a los derechos humanos y el bienestar del planeta”.
Señala, en particular, que “las políticas fiscales deben ser sostenibles, favorecer una transición justa a economías con bajas emisiones de carbono” y destaca que “abordar las desigualdades económicas y estructurales es fundamental para hacer plenamente efectivos los derechos del Pacto y para avanzar en el desarrollo sostenible”.
La decisión del JTWP debe reafirmar los esfuerzos orientados a desarrollar una Convención Marco de la ONU sobre la Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación, cuyas negociaciones tendrán lugar en Nairobi simultáneamente con la COP30. El texto de la convención se concluirá en 2027, y podría ser una herramienta clave para movilizar recursos que permitan apoyar y acelerar una transición justa hacia las economías con bajas emisiones de carbono. Asimismo, los países deberían respaldar el Mecanismo de Acción de Belém conforme al JTWP para que haya una participación genuina de trabajadores y derechohabientes, de modo que estos principios se transformen en acciones pertinentes.
- ¿Cómo podría la COP30 contribuir a la protección forestal y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales?
A su vez, el fondo debe formular criterios de exclusión que impidan que el capital se use para ayudar a las industrias que más contribuyen al cambio climático y la deforestación tropical a gran escala. En particular, estos fondos no deben usarse para financiar la expansión de la infraestructura de los combustibles fósiles, los monocultivos, la tala ni la cría de ganado. Por último, estos fondos no deberían invertirse para expandir las operaciones de minería de oro, con independencia de si son de propiedad pública o privada.
- ¿Cómo podría la COP30 atender las necesidades de las comunidades que se reubican y que están en la primera línea del aumento del nivel del mar y otros peligros relacionados con el clima?
Durante la COP30, los países deberían desarrollar y adoptar indicadores que midan el progreso en el objetivo de adaptación global, para ayudar a los países a adaptarse con mayor eficacia a los impactos del cambio climático. Estos indicadores deberían tomar en cuenta las dimensiones relativas a movilidad humana, como la reubicación planificada, sin simplificarlas. Por ejemplo, es fundamental reconocer que si bien la reubicación planificada puede ser una medida preventiva para reducir el desplazamiento forzado o una solución duradera para responder al desplazamiento, si no se planifica y apoya adecuadamente también podría significar una amenaza grave para los derechos humanos.
Las partes también deberían incluir dimensiones sobre movilidad humana en sus planes nacionales sobre clima y adaptación para el año 2035, que integren estrategias para prevenir el desplazamiento y la necesidad de ayudar a las comunidades desplazadas a encontrar soluciones duraderas, como la reubicación planificada. Si no se contemplan indicadores medibles ni la inclusión en los planes nacionales, es posible que se desestimen riesgos y respuestas vinculados con la movilidad humana, o que estos no reciban fondos suficientes.
