En una sentencia histórica, el Tribunal Supremo de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro y a otros exfuncionarios por conspirar para dar un golpe de Estado. Fue la primera vez en la historia de Brasil que se juzgó a los líderes de un golpe de Estado.
La deforestación de la Amazonía se redujo un 11 % en el último año. El ganado criado en tierras deforestadas ilegalmente siguió entrando en la cadena de producción legal. El gobierno promovió un fuerte aumento de la producción de petróleo, pese a su impacto en el clima del planeta.
La policía mató a 5.920 personas entre enero y noviembre de 2025. Una sentencia judicial y una resolución que ordenaba a los fiscales dirigir investigaciones independientes sobre las muertes causadas por la policía, en lugar de dejarlas en manos de la propia policía, ofrecieron la esperanza de mejorar las investigaciones.
Brasil se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar una ley para proteger los derechos de los niños en Internet.
Sistema democrático
En septiembre, la Sala Primera del Tribunal Supremo condenó al expresidente Bolsonaro a más de 27 años de prisión por conspirar para permanecer en el cargo tras perder las elecciones de 2022, así como otros delitos. El plan incluía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente y un magistrado del Tribunal Supremo que investigaba a Bolsonaro. El Tribunal Supremo también condenó a otras siete personas, entre ellas militares en activo y en la reserva.
Los cargos contra ellos incluían la participación en el asalto a edificios federales en Brasilia llevado a cabo por una multitud que pedía un golpe de Estado el 8 de enero de 2023. En agosto, el Tribunal Supremo había condenado a 638 personas por participar en el ataque y otras 552 habían firmado acuerdos de cooperación con la fiscalía en los que admitieron delitos de menor gravedad. Los aliados de Bolsonaro en el Congreso promovieron un proyecto de ley para conceder la amnistía a todos.
En septiembre, el fiscal general acusó al congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro, y a un empresario de coacción por inducir al gobierno de Estados Unidos a intervenir en el juicio contra Bolsonaro. La administración Trump impuso aranceles a Brasil y sanciones y restricciones de visado a los jueces del Tribunal Supremo que tomaron decisiones contra Bolsonaro, sus familiares y otros funcionarios.
También en septiembre, el Tribunal Supremo ordenó una investigación sobre la conducta de Bolsonaro durante la pandemia de COVID-19, después de que una investigación del Congreso concluyera que sus políticas pusieron en peligro la salud y la vida de los brasileños.
Corrupción y transparencia
Las asignaciones presupuestarias decididas por los legisladores se han multiplicado por ocho desde 2014, hasta alcanzar los 50.000 millones de reales (US$9.000 millones) en 2025. El Tribunal Supremo suspendió dichos desembolsos en 2024 debido a la falta de transparencia, pero permitió que se reanudaran en 2025 tras aprobar un plan elaborado por el Congreso y el gobierno que exigía, entre otras medidas, la identificación pública de los legisladores responsables de las asignaciones y de los beneficiarios de los fondos. Sin embargo, en agosto, un juez del Tribunal Supremo ordenó a la policía federal que investigara desembolsos por un total de 694 millones de reales ($129 millones), asignados por los legisladores entre 2020 y 2024, que se registraron en el sistema oficial sin proporcionar información suficiente sobre su uso.
En abril, la policía federal y el contralor general descubrieron deducciones no autorizadas de las pensiones pagadas a 3,3 millones de jubilados por un total de más de 6.000 millones de reales ($1.000 millones). Los medios de comunicación informaron que sucesivos gobiernos habían recibido denuncias de fraude, pero no tomaron medidas al respecto.
Libertad de expresión
En junio, un comediante fue condenado a ocho años de prisión por unos comentarios públicos que un tribunal calificó de “discriminatorios”. El Código Penal de Brasil incluye disposiciones sobre difamación penal que son incompatibles con la obligación de proteger la libertad de expresión.
También en junio, el Tribunal Supremo amplió el régimen de responsabilidad aplicable a las plataformas de redes sociales de una manera que, según temen los expertos en derechos digitales, podría incentivarles a censurar publicaciones legítimas para evitar posibles multas.
En julio, un juez del Tribunal Supremo prohibió temporalmente a Bolsonaro utilizar las redes sociales porque supuestamente las usaba para obstruir la justicia y, en agosto, el juez ordenó que el expresidente fuera puesto bajo arresto domiciliario por violar la prohibición.
Derechos de los niños
En septiembre, Brasil aprobó su primera ley para proteger los derechos de los niños en Internet, que establece amplias salvaguardias para los datos de los niños y obliga a las empresas a proporcionarles, por defecto, los más altos niveles de privacidad y seguridad.
En agosto, el gobierno solicitó a Meta que eliminara los chatbots creados con Meta AI Studio que imitan a niños y mantienen diálogos sexualmente explícitos. Meta declaró que sus políticas prohíben dicho uso y que la empresa elimina el software de inteligencia artificial que incumple sus políticas.
En 2023, 13.117 estudiantes, maestros y otras personas sufrieron violencia en las escuelas, más del triple que en 2013. El 50 % de los casos fueron de violencia física, seguidos por la violencia psicológica y sexual, con un 23 % cada uno.
En diciembre de 2024, el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) estableció directrices para orientar a los fiscales sobre cómo abordar la violencia en las escuelas, incluyendo el respeto a la libertad y las obligaciones de los maestros de impartir una educación sexual integral acorde con las normas internacionales de derechos humanos.
Orientación sexual e identidad de género
En febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que la ley brasileña contra la violencia doméstica se aplica a las parejas del mismo sexo y a las mujeres trans.
En julio, un tribunal federal suspendió una resolución del Consejo Federal de Medicina que había aumentado la edad mínima para la terapia hormonal y las cirugías de reasignación de género, y había prohibido los bloqueadores de la pubertad para menores.
Seguridad pública y conducta policial
Los homicidios, sin contar las muertes causadas por la policía, disminuyeron un 10 %, hasta alcanzar los 30.159, entre enero y noviembre, en comparación con el mismo periodo de 2024.
La policía mató a 5.920 personas entre enero y noviembre de 2025; la policía mató a 5.725 durante el mismo periodo en 2024. Los brasileños negros son tres veces y media más propensos a ser víctimas que los blancos.
En octubre, la policía llevó a cabo la redada más letal de la historia de Río de Janeiro, que dejó 122 muertos, entre ellos cinco policías.
Si bien hay ocasiones en las que la policía mata en defensa propia, muchas otras muertes son resultado del uso ilegal de la fuerza. Investigaciones deficientes de esos casos, llevadas a cabo por la propia policía, dan lugar a la impunidad de los abusos.
En abril, el Tribunal Supremo ordenó al Ministerio Público que lidere las investigaciones siempre que existiera “sospecha” de que agentes de los órganos de seguridad pública estén implicados en casos de asesinato. En mayo, el CNMP publicó una resolución que detalla cómo los fiscales deben llevar a cabo esas investigaciones para garantizar que sean completas e independientes.
En febrero, el nuevo fiscal general de Río de Janeiro restableció una unidad de fiscales encargada de supervisar la conducta policial.
En siete estados y en el Distrito Federal, las unidades forenses oficiales siguen estando totalmente subordinadas a la policía civil, una estructura que no les otorga la independencia necesaria, especialmente en casos de abuso policial. Las unidades forenses de otros estados tienen distintos grados de independencia respecto a la policía civil.
Condiciones de detención
En diciembre de 2024, más de 674.500 personas estaban encarceladas, lo que supera en un 35 % la capacidad de las instalaciones brasileñas.
En abril, el Tribunal Supremo prohibió los registros corporales invasivos a los visitantes de las prisiones. Los registros corporales solo pueden realizarse en casos excepcionales y con el consentimiento del visitante.
El número de niños y jóvenes recluidos en centros de detención juvenil—12.054—aumentó casi un 3 % en 2024 en comparación con 2023, tras varios años de caída.
Violencia de género
En octubre de 2024, Brasil promulgó una ley que tipifica el “feminicidio”, definido como el asesinato de mujeres “por la condición de ser del sexo femenino”, como un delito independiente, en lugar de ser un factor agravante del homicidio. De enero a noviembre de 2025, 3.286 mujeres y niñas fueron asesinadas, lo que supone una disminución del 4 % en comparación con el mismo periodo de 2024. De todos los casos, la policía registró 1.350 como feminicidios, lo que supone un aumento del 3 %.
Hubo 64.276 denuncias de violaciones de mujeres y niñas entre enero y noviembre, lo que supone una reducción del 8 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Entre enero y noviembre de 2025, 70 % de las víctimas fueron menores de 14 años o carecían de capacidad para expresar su consentimiento debido a una enfermedad u otras razones.
Aborto
El aborto es legal en Brasil solo en casos de violación, para salvar la vida de la mujer o en casos de anencefalia fetal. El acceso a los servicios de aborto, incluso en estos casos, está muy restringido.
La penalización del aborto aleja a las mujeres, las niñas y las personas embarazadas del sistema sanitario. Las personas que se someten a abortos ilegales pueden enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión, y quienes los practican, a penas de hasta cuatro años. Según un estudio, la policía detuvo al menos a 218 personas en el marco de investigaciones sobre abortos ilegales entre 2012 y 2022. Personal sanitario denunció a mujeres a la policía en decenas de casos.
En los últimos años, políticos de todo el país han presentado decenas de proyectos de ley para restringir aún más el aborto legal. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley, ahora pendiente en el Senado, que suspendería las directrices para la atención a los menores de edad que sufrieron violencia sexual, incluido el acceso al aborto.
Abusos durante la era militar
En febrero de 2025, el Tribunal Supremo acordó examinar si la ley de amnistía de Brasil se aplica a las desapariciones forzadas, los secuestros y las detenciones ilegales. La ley, promulgada por la dictadura (1964-1985), ha protegido a los funcionarios responsables de graves abusos contra los derechos humanos y ha sido declarada contraria al derecho internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En abril, organizaciones indígenas y el Ministerio Público Federal pidieron al gobierno que creara una nueva Comisión Nacional de la Verdad para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos contra los pueblos indígenas durante la dictadura.
En noviembre, la Secretaría de Derechos Humanos había expedido 84 nuevos certificados de defunción que acreditaban que las víctimas habían sido desaparecidas y asesinadas durante la dictadura.
En agosto, un tribunal determinó que la empresa alemana Volkswagen había sometido a sus trabajadores a condiciones de esclavitud durante la dictadura en Brasil y le impuso una multa de 165 millones de reales ($30 millones). La empresa afirmó que había cumplido con la legislación laboral y que apelaría la sentencia.
Pueblos indígenas y afrodescendientes, y defensores del medio ambiente
En 2023, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la doctrina del marco temporal, que sostiene que los pueblos indígenas no tienen derecho a sus tierras tradicionales si no pueden demostrar que se encontraban físicamente en ellas cuando se adoptó la Constitución de Brasil en 1988. El Congreso respondió consagrando la doctrina en la ley. Al momento de redactar este informe, el Tribunal Supremo aún no se había pronunciado sobre un recurso contra la nueva ley. La disputa legal paralizó los procedimientos administrativos para demarcar los territorios indígenas.
Hasta noviembre, el gobierno de Lula había titulado siete territorios indígenas en 2025, lo que eleva el total a 20 desde que asumió el poder en 2023. El reconocimiento de más de 800 territorios reclamados por los pueblos indígenas estaba pendiente.
El gobierno llevó a cabo operaciones para desalojar a invasores de tierras y a madereros ilegales en varios territorios indígenas, en cumplimiento de una decisión del Tribunal Supremo. En algunos casos, los ocupantes ilegales tomaron represalias contra las comunidades.
En noviembre, hombres armados mataron a un indígena e hirieron a otros cuatro durante un ataque en un territorio indígena que se encuentra en proceso de demarcación en el estado de Mato Grosso do Sul.
El gobierno de Lula ha titulado 4 comunidades rurales afrodescendientes (quilombolas) desde 2023, pero al momento de redactar este informe seguían pendientes más de 2.000 solicitudes. En 2025, hasta noviembre, el gobierno había reconocido los límites oficiales de cinco territorios quilombolas y declarado “de interés social” el área ocupada por otros 28, pero no había titulado ninguno.
En noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de Escazú, que refuerza la protección de los defensores del medio ambiente, entre otras medidas. Al momento de redactar este informe, estaba pendiente de aprobación en el Senado.
También en noviembre, el gobierno publicó el Plan Nacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, tras veinte años de presión por parte de las organizaciones de derechos humanos.
Medio ambiente
El gobierno tomó medidas para proteger el medio ambiente, pero siguió adelante con sus planes de ampliar masivamente la producción de combustibles fósiles.
Entre agosto de 2024 y julio de 2025, se talaron 5.796 kilómetros cuadrados de selva amazónica, lo que supone una disminución del 11 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
La ganadería es el principal impulsor de la deforestación en la Amazonía. La ganadería ilegal en áreas protegidas y en los territorios de comunidades tradicionales a menudo conduce a la violencia y al daño ambiental. El ganado criado ilegalmente entra en las cadenas de suministro de carne y cuero, llegando a los mercados nacionales e internacionales. En diciembre de 2024, el gobierno anunció un programa para rastrear individualmente al ganado, pero su plena implementación solo está prevista para 2032.
En junio, el gobierno subastó 34 bloques para la exploración de petróleo y gas y, en octubre, las autoridades medioambientales aprobaron una licencia para un pozo exploratorio cerca de la desembocadura del río Amazonas. El gobierno tiene previsto aumentar la producción de petróleo en un 56 % para 2030, en comparación con 2023. En julio, el Congreso aprobó un proyecto de ley que en la práctica desmantela el proceso de concesión de licencias medioambientales. Lula vetó las disposiciones más perjudiciales, pero mantuvo la creación de una “licencia medioambiental especial” que permite la aprobación rápida de proyectos “estratégicos”. En noviembre, el Congreso revocó casi todos los vetos.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém, Brasil lanzó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, un fondo de inversión que tiene como objetivo compensar financieramente a los países tropicales para que mantengan sus bosques en pie.
En junio, Brasil creó el Programa Nacional para Reducir el Uso de Pesticidas, que organizaciones de la sociedad civil habían impulsado durante más de una década. Las autoridades no están protegiendo a la población de forma adecuada de los daños a la salud y al medio ambiente causados por estos productos químicos, que afectan especialmente a pueblos indígenas y quilombolas, así como a pequeños agricultores.
Derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores
En 2025, 14,4 millones de adultos y niños brasileños mayores de 2 años tenían alguna discapacidad. Miles de ellos están recluidos, a veces de por vida, en instituciones donde algunos sufren negligencia y abusos.
En julio, el gobierno publicó un Plan Nacional de Cuidados que incluye apoyo a las personas con discapacidad y a las personas mayores.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
Más de 700.000 venezolanos han cruzado la frontera con Brasil en los últimos años, huyendo del hambre, la falta de atención médica o la persecución política.
Entre enero y julio, Brasil concedió permisos de residencia a 44.278 venezolanos, mientras que 11.578 solicitaron la condición de refugiado.
En total, Brasil ha concedido asilo a 145.276 venezolanos y permisos de residencia a 575.918 desde 2010.
Hasta junio, un programa de reubicación voluntaria iniciado en 2018 había beneficiado a 150.000 venezolanos.