Escrito por Andrea Carvalho y César Muñoz Acebes; Análisis geoespacial por Léo Martine; Dirección de diseño por Grace Choi; Gráficos por Ivana Vasic; Desarrollo por Christina Rutherford; Producción de video por Laura Prieto Uribe.

El incendio empezó junto a un camino de tierra que atraviesa Terra Nossa, un proyecto de desarrollo sustentable en la Amazonía creado para combinar la agricultura a pequeña escala y la preservación forestal. Corría el 11 de agosto de 2022 y mediaba la estación seca. Un agricultor vio a unos 10 hombres usar botellas de combustible para iniciar el fuego en forma metódica a lo largo de un tramo de cuatro kilómetros del camino. Pronto las llamas llegaron a las parcelas de los pequeños agricultores, quemando bananeros, pitayas y plantaciones de mandioca. “Simplemente me eché a llorar”, nos contó el agricultor.

Todos en Terra Nossa conocían a los hombres. Los llaman fazendeiros, que significa grandes terratenientes, aunque los derechos que afirman tener sobre las tierras que controlan son muy dudosos. Estaban acompañados de hombres armados contratados.

En imágenes de satélite analizadas por Human Rights Watch se observa el inicio del incendio el 11 de agosto en el lugar indicado por el agricultor.

Animación de anomalías térmicas acumuladas que indican fuego en el proyecto de desarrollo sustentable Terra Nossa, estado de Pará, Brasil.© NASA FIRMS

Las llamas asolaron Terran Nosa durante un mes, y no solo destruyeron los terrenos de los residentes, sino también parte de la reserva forestal, que ya había sido despojada de la madera valiosa. En videos que grabaron algunos residentes —cuya ubicación confirmamos— se aprecia la magnitud de la devastación.

En octubre, hombres al mando de los fazendeiros llevaron semillas a las zonas quemadas dentro de la reserva forestal de Terra Nossa con el fin de convertirlas en tierras para ganado y ocuparlas ilegalmente, según nos informaron lugareños. 

El caso de Terra Nossa muestra que la toma de tierras y la destrucción ambiental en la Amazonía están generando pérdida de medios de vida y, por consiguiente, pobreza. “Arrasaron con todo para quitarnos nuestros ingresos y para que muramos de a poco”, nos explicó un residente.

Quienes denuncian esta destrucción ponen su vida en riesgo. Los miembros de la comunidad creen que las organizaciones criminales que operan dentro de Terra Nossa han matado al menos a cuatro personas desde 2018. Otra persona está desaparecida y los residentes creen que también fue asesinada.

El drama de Terra Nossa se repite, con pequeñas variaciones, en toda la Amazonía. Los pueblos indígenas y otras comunidades locales que viven de la agricultura y de la pesca a pequeña escala, así como del uso sostenible de los bosques, intentan aferrarse a sus tierras y proteger el medioambiente y sus medios de subsistencia ante el embate de redes delictivas implicadas en tala ilegal, apropiación de tierras, minería y caza y pesca furtivas.

Durante años, hemos visitado algunas de esas comunidades y documentado cómo la destrucción ambiental va a acompañada de violencia. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) indica que más de 300 personas han sido asesinadas en conflictos relacionados con el uso de tierras y recursos en los estados de la Amazonía brasileña durante la última década. Analizamos las investigaciones realizadas en numerosos de esos casos y hallamos negligencias manifiestas por parte de las autoridades que dificultaron enormemente la identificación y enjuiciamiento de los asesinos, incluyendo casos en los que la policía no visitó la escena del crimen o ni siquiera hubo autopsia.

La situación empeoró después de que Jair Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019. Su gobierno saboteó el cumplimiento de las leyes ambientales. Prácticamente paralizó el sistema administrativo que tramitaba las multas por violación de las normas ambientales y retiró a funcionarios de carrera de cargos jerárquicos después de que llevaran a cabo operaciones de éxito contra minas ilegales. El gobierno se negó a delimitar y otorgar títulos de territorios indígenas y, simultáneamente, emitió reglamentaciones que facilitaron la ocupación de esos territorios por personas no indígenas. Defendió a personas implicadas en la minería y la tala ilegales y señaló que las protecciones ambientales “perjudican” el desarrollo de la Amazonía. Los resultados fueron devastadores.

El área deforestada en la Amazonía en 2022 fue un 53% más grande que en 2018, el año previo  a la llegada a la presidencia de Bolsonaro. En 2022, el número de focos de incendio, identificados en imágenes de satélite, fue el más alto desde 2010.

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Fuente: Proyecto de Monitoreo Satelital de la Selva Amazónica Brasileña (PRODES), un sistema creado y operado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE), una agencia federal. Los números registrados anualmente por el INPE abarcan períodos de 12 meses desde el 1 de agosto del año previo hasta el 31 de julio.

Es crucial que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el 1 de enero de 2023, adopte medidas urgentes para proteger tanto a la Amazonía como a sus habitantes restableciendo el Estado de derecho en esas zonas.

La lucha en Terra Nossa

La historia de Terra Nossa está marcada por el abandono gubernamental, la destrucción ambiental y la violencia.

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), un organismo federal, creó Terra Nossa en 2006 como “Proyecto de desarrollo sostenible”. Agricultores de bajos recursos recibieron parcelas para la explotación agrícola a pequeña escala y obtuvieron acceso a una reserva forestal dentro de los límites del proyecto. Allí pueden recolectar las valiosas castañas de pará, nueces de babasú y otros productos forestales, lo cual representa una fuente principal de ingresos. Los agricultores no pueden vender sus parcelas sin autorización del INCRA, una restricción destinada a evitar que grandes terratenientes acaparen tierras.

Sin embargo, la protección existe solo en el papel. Terratenientes y especuladores han perpetrado “ataques sistemáticos y persistentes” contra la tierra y sus recursos naturales, nos indicó el fiscal federal Gabriel Dalla Favera de Oliveira.

Además, en Terra Nossa está operando una mina de oro que no cuenta con los permisos legales, según indica el Ministerio Público Federal de Pará. Después de que algunos fiscales advirtieron sobre el posible impacto de sus operaciones en los residentes de Terra Nossa y los indígenas que viven en el cercano territorio indígena Baú, una corte federal suspendió su licencia en agosto de 2022. Sin embargo, la mina continúa en operación, nos dijeron un residente y un fiscal federal.

Terra Nossa se encuentra en el vasto estado de Pará y se extiende entre Altamira y Novo Progresso, que suelen estar entre los municipios con los índices más altos de deforestación e incendios de Brasil. El proyecto se ubica próximo a la BR-163, una carretera principal que atraviesa la Amazonía y facilita el acceso a los bosques. Las redes de caminos de tierra que se esparcen desde la carretera y se aprecian en imágenes de satélite se asemejan a arterias de destrucción.

Fuente: Natural Earth, PRODES

 

 

Imágenes de satélite entre 2006 y 2022 muestran el progreso de la deforestación en el proyecto de desarrollo sustentable Terra Nossa, estado de Pará, Brasil.© NASA Landsat


En 2015, fazendeiros poderosos convencieron al INCRA de reducir el tamaño del proyecto de 149.000 hectáreas a cerca de una octava parte de esa extensión. Tres meses después, el Ministerio Público federal logró la anulación de dicha reducción y en 2020 un juzgado federal de Pará condenó a tres empleados del INCRA por reducir ilegalmente el tamaño del proyecto.

Pero eso no detuvo el acaparamiento de tierras dentro de Terra Nossa.

Terra Nossa se ideó para albergar a mil familias, pero inspectores del INCRA que visitaron el lugar en 2016 detectaron que apenas 291 parcelas estaban en manos de trabajadores rurales. Otras 130 estaban en poder de personas que habían ocupado las tierras federales antes de que se estableciera el proyecto o que habían tomado ilegalmente parcelas con posterioridad. Los inspectores detectaron actividades de tala y minería ilegal dentro del proyecto.

Su informe instaba al INCRA a adoptar medidas para la “recuperación inmediata” de áreas controladas por personas implicadas en la ocupación ilegal de tierras. En junio de 2022, el INCRA nos indicó que todavía no había logrado realizar una notificación oficial a los ocupantes ilegales, un paso necesario para la eventual recuperación de las tierras. El fiscal federal Oliveira calificó ese retraso como “absolutamente injustificable.”

Los residentes creen que la complacencia demostrada por el organismo ha facilitado el avance sobre las tierras y la violencia.

En 2017, una asociación local de agricultores empezó a denunciar ante fiscales federales y estatales, así como ante organismos ambientales, que los fazendeiros usaban los caminos de tierra del proyecto para transportar la madera que extraían ilegalmente y empleaban a hombres armados para proteger sus actividades. Realizar estas denuncias expone a los agricultores a graves riesgos.

En 2018, un residente y un sindicalista fueron asesinados y otro residente desapareció después de que dijeran a lugareños que intención de denunciar ante la policía las actividades de los fazendeiros. El hermano de una de las víctimas, que vivía en la cercana localidad de Novo Progresso y no confiaba en la policía, empezó a investigar el caso y fue asesinado poco después.

Varios residentes nos dijeron que creían que hombres armados que trabajaban para los fazendeiros mataron a los cuatro hombres. Un hombre fue condenado por el homicidio del sindicalista, y está pendiente el juicio por el homicidio del residente de Novo Progresso, según documentos judiciales públicos. Solicitamos al Ministerio Público estatal de Pará información sobre los otros dos casos, pero no hemos recibido respuesta.

Desde 2019, cuando Bolsonaro asumió la presidencia, sus declaraciones y políticas contra la protección ambiental sacudieron a la Amazonía, incluido Terra Nossa.

En agosto de ese año, hubo grandes incendios en el proyecto, como parte de un plan de fazendeiros de la región para quemar áreas junto a la carretera BR-163 y convertirlas en tierras para ganado y monocultivo de soja. Provocaron gran número de incendios el 10 de agosto, fecha que se conoció como el “Día del Fuego.”

Mientras tanto, los criminales siguen amenazando a líderes comunitarios de Terra Nossa. Envían mensajes y realizan llamadas telefónicas intimidatorias, presentan denuncias policiales infundadas contra ellos y les apuntan con armas de fuego, según nos contaron residentes y fiscales.

En 2020, fiscales federales en Pará señalaron en una declaración pública que quienes ocupan ilegalmente tierras habían “instaurado un régimen de terror” en Terra Nossa, “con amenazas constantes y violencia contra los residentes legítimos del proyecto.”

Sin embargo, nadie ha respondido en la justicia por las amenazas contra residentes de Terra Nossa, nos indicó un líder comunitario.

El trauma y el temor acechan a Terra Nossa. Los líderes comunitarios temen salir de sus casas, ya sea para reunirse con amigos o buscar atención de la salud, y los residentes evitan ingresar en la reserva forestal en busca de nueces y frutos. Muchos lidian con el impacto psicológico que implica vivir en esas condiciones. El “ausentismo” del gobierno, como lo describe Oliveira, ha permitido que se imponga “la ley del más fuerte.”

El 10 de julio de 2022, otro residente de Terra Nossa fue asesinado. Antes de que lo mataran, había dicho a otros residentes que tuvo un altercado con un hombre que estaba entrando en su parcela para acceder a la reserva forestal y talar madera allí ilegalmente, nos contaron lugareños.

Un mes después, a tres años del “Día del Fuego” de 2019, Terra Nossa ardió nuevamente. Más de cien familias perdieron sus cultivos, nos contó un residente. Las imágenes de satélite muestran que el fuego se extendió al territorio indígena Baú, contiguo. Algunos medios nacionales informaron de los incendios en Terra Nossa, pero aun así estos siguieron durante un mes, lo cual muestra que las autoridades no respondieron adecuadamente.

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El análisis de la pérdida de selva entre julio y octubre de 2022 muestra el avance del fuego en el territorio indígena Baú. Análisis hecho a partir de la comparación del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, en inglés) en ambas fechas, usando un límite de 0.8 y superior para la selva tropical. © Planet Labs PBC, NICFI Satellite Data Program

En Terra Nossa, los incendios son parte de una estrategia para intimidar a los residentes, destruir sus medios de subsistencia y obligarlos a irse, nos contó Oliveira. Los residentes también señalaron que los fazendeiros siguen talando los árboles que producen castañas de pará que sobrevivieron a los incendios y así eliminan una fuente de ingresos muy importante. “Presionan hasta que la persona huye para preservar tu vida y luego se apoderan de sus tierras”, explicó un residente.

Las autoridades federales y estatales conocen muy bien la combinación tóxica que representan la destrucción ambiental y la eliminación de medios de vida y la violencia en Terra Nossa. Incluimos el caso en un informe de 2019 que presentamos en una audiencia ante el Congreso de Brasil y que tuvo amplia cobertura periodística. En 2022, enviamos siete cartas a las autoridades advirtiéndoles sobre los graves problemas que existen en el proyecto. En agosto, más de 50 organizaciones locales instaron a las autoridades a proteger a los residentes. También los fiscales federales han instado al INCRA a expulsar de Terra Nossa a quienes ocupan tierras ilegalmente.

Luego de que nosotros y otras organizaciones aliadas indicamos a las autoridades que algunos policías locales presuntamente habían amenazado a residentes de Terra Nossa, el secretario de seguridad de Pará nos informó de la substitución de la totalidad del batallón de policía militar asignado al área.

Pero todavía queda mucho más por hacer, y todas las miradas están puestas en el presidente Lula.

La tarea por delante

Lula heredó una de las mayores tasas de deforestación de la Amazonía cuando asumió la presidencia en 2003. Al final de su segundo período como presidente, en 2010, el área total deforestada había descendido un 67% en comparación con 2002, el año previo a su posesión presidencial.

Bajo el liderazgo de Marina Silva, ministra de medio ambiente, la administración de Lula consiguió esa reducción, en parte, a través de una aplicación eficaz de las leyes ambientales, la creación de áreas protegidas, la demarcación de territorios indígenas y las restricciones al acceso al crédito para grandes terratenientes que habían ocupado tierras públicas y no contaban con título legal o habían violado leyes ambientales.

Sin embargo, el gobierno de Lula también promovió represas y otros proyectos de infraestructura en la Amazonía que tuvieron un impacto ambiental y social muy grave.

El presidente Lula se ha comprometido a hacer un cambio radical frente a las desastrosas políticas antiambientalistas de Bolsonaro. Las primeras señales positivas fueron el nombramiento, otra vez, de Marina Silva como su ministra de medioambiente y la creación del ministerio de pueblos indígenas, encabezado por la líder indígena Sônia Guajajara.

A fin de reducir en forma drástica la deforestación y los incendios, la administración de Lula debería cumplir su promesa de fortalecer la capacidad de los organismos que protegen al medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas, y apoyar a los funcionarios públicos comprometidos con esta tarea que fueron desplazados y hostigados durante cuatro años por intentar hacer su trabajo. Debería rechazar varios proyectos que se están estudiando en el Congreso que podrían acelerar la deforestación e instaurar salvaguardas y monitoreo permanente de las cadenas productivas de oro, ganado y productos agrícolas para asegurarse de que no están vinculados con la deforestación.

Los organismos gubernamentales como el INCRA, la policía y fiscalías federales y de los estados, y los gobernadores de los estados deben trabajar en forma coordinada para combatir la ocupación ilegal de tierras, desarticular a las redes delictivas en la Amazonía y garantizar que se castiguen los delitos ambientales y la violencia contra los defensores de los bosques.

Novo Progresso, Pará State
IZQUIERDA: Un área quemada y deforestada en la granja Salmo 23 cerca de la Selva Nacional Jamanxim en la ciudad de Novo Progresso, estado de Pará, 30 de septiembre de 2019.© 2019 Fernando Martinho/Repórter Brasil DERECHA: El municipio de Novo Progresso, estado de Pará, ha sido transformado en los últimos años con nuevos restaurantes y tiendas de diseñador por las ganancias del “oro verde”, 30 de semptiembre de 2019. © 2019 Fernando Martinho/Repórter Brasil

Castelo dos Sonhos, Pará State
IZQUIERDA: Una tormenta se acerca a una hacienda ganadera cerca a Castelo dos Sonhos, estado de Pará. 30 de septiembre de 2019. Castelo dos Sonhos está ubicada aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Terra Nossa, junto a la BR-163, una carretera principal que atraviesa la Amazonía para facilitar el acceso a la selva. © 2019 Fernando Martinho/Repórter Brasil DERECHO: Mina ilegal de oro en la cuenca del río Curuá, cerca de Castelo dos Sonhos, estado de Pará, 30 de septiembre de 2019. © 2019 Fernando Martinho/Repórter Brasil

El 1 de enero, durante su discurso en el Congreso como nuevo presidente, Lula expresó el compromiso de reducir la deforestación a cero y combatir la pobreza y la desigualdad. En la Amazonía, ambos objetivos van de la mano.

El papel fundamental que desempeña la selva tropical a la hora de conservar la biodiversidad y contrarrestar el cambio climático es conocido a nivel global. Su gigantesca masa vegetal cuenta con una capacidad masiva de captar o, en caso de verse destruida, liberar dióxido de carbono, el principal gas que provoca el calentamiento global. 

Menos conocido es el esfuerzo de quienes buscan el uso sostenible del bosque, como los pequeños agricultores de Terra Nossa, junto con los pueblos indígenas en la inmensidad de la selva, quienes están en la primera línea de la lucha por preservar al planeta

El gobierno brasileño, la comunidad internacional y todos nosotros deberíamos respaldarlos.

 

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