En esta foto del 10 de marzo de 2018 divulgada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), los agentes miden madera extraída ilegalmente de la tierra indígena Cachoeira Seca en el estado de Pará, en la Amazonia.

© 2018 Vinicius Mendonza/Ibama via AP
(São Paulo) – Las multas por tala ilegal en la Amazonia en Brasil están, en la práctica, suspendidas desde octubre de 2019 por causa de un decreto emitido por el gobierno de Jair Bolsonaro, señaló hoy Human Rights Watch.

Desde octubre, agentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA), la principal agencia federal de protección del medio ambiente de Brasil, han impuesto miles de multas por deforestación ilegal y otras violaciones de normas ambientales en la Amazonia y el resto del país. Sin embargo, los nuevos procedimientos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente ese mes, de conformidad con un decreto que dictó el Presidente Bolsonaro en abril de 2019, han paralizado los procesos administrativos y, como mucho, en tan solo cinco casos los infractores han tenido que pagar las sanciones económicas, según información oficial a la cual accedió Human Rights Watch.

“Los agentes federales se esfuerzan por defender el Estado de Derecho; en este caso, las leyes ambientales de Brasil —a menudo, exponiéndose a un riesgo personal considerable— pero el gobierno de Bolsonaro está saboteando su trabajo”, manifestó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “No se puede disuadir a las redes delictivas violentas que están destruyendo la selva amazónica y el derecho de los brasileños a gozar de un medioambiente saludable de que cesen en sus conductas con la imposición de multas que no tendrán que pagar”.

Las alertas en tiempo real del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) muestran un aumento del 53 % en la deforestación en la región amazónica entre octubre de 2019 y abril de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior.

El gobierno de Bolsonaro debería dejar de proteger a los miembros de redes delictivas dedicadas a la deforestación ilegal para que no se los sancione por violar las leyes ambientales de Brasil y par de menoscabar la protección del derecho a un medioambiente sano, señaló Human Rights Watch.

La suspensión de las multas en la práctica es una de las diversas medidas que ha tomado el gobierno de Bolsonaro para socavar la aplicación de las leyes ambientales y la protección del medioambiente en el país. Otras medidas en este sentido incluyen la destitución de funcionarios ambientales de alta jerarquía en aparente represalia por una exitosa operación contra minería y deforestación ilegal a gran escala en la Amazonia.

En octubre, el gobierno de Bolsonaro aprobó nuevos procedimientos que establecían que las multas ambientales debían revisarse en “audiencias de conciliación”, en las cuales una comisión puede ofrecer descuentos o eliminar de plano la multa. El Ministerio de Medio Ambiente suspendió todos los plazos para el pago de tales multas hasta tanto pudiera celebrarse una audiencia de “conciliación”.

En todo el país, solamente se han celebrado cinco de esas audiencias desde el 8 de octubre, cuando el procedimiento entró en vigencia, según informó IBAMA a Human Rights Watch. Eso significa que miles de multas por destrucción del medioambiente se encuentran paralizadas. Según un reportaje periodístico de The Intercept, las multas impuestas solamente desde enero hasta mediados de abril podrían ascender a 412 millones de reales (82 millones de dólares). Las leyes de Brasil disponen la caducidad de todas las multas impagas después de cinco años y, en ciertas circunstancias, de tan solo tres años. Después de ese período, los infractores quedan exentos de la obligación de pagarlas.

Antes de octubre, cuando los agentes del IBAMA detectaban una violación de la legislación ambiental en el terreno, imponían una multa y emitían una boleta en el acto para su pago inmediato. La gran mayoría de los infractores no pagaba de manera inmediata, sino que se valía de apelaciones reiteradas para dilatar los procedimientos y lograr que la multa caducara sin pagar, según dijo a Human Rights Watch un funcionario de esa agencia. Ese funcionario pidió no ser identificado por temor a represalias por parte de sus superiores.

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, presentó las audiencias de conciliación como un modo de hacer más eficiente el sistema de sanciones ambientales. No obstante, en la práctica el cambio está atrasando aun más los procedimientos administrativos y menoscabado la capacidad de la agencia ambiental, que ya era limitada, para cobrar las multas e impedir los delitos ambientales. Los agentes del IBAMA continúan imponiendo multas por las actividades ilegales de deforestación, minería y otros delitos ambientales, pero en lugar de una boleta de pago, entregan a los infractores una citación para una audiencia que, posiblemente, nunca se celebre.

Mientras las audiencias se encuentran pendientes, los infractores no tienen obligación de pagar la multa. Por el contrario, si quieren evitar la audiencia y pagar la multa, deben pedir de manera expresa al IBAMA que les emita una boleta y poder así realizar el pago. Los infractores tienen poco incentivo para hacerlo, dado que saben que en la audiencia pueden lograr una reducción de la multa de hasta un 60 %, conforme se establece en el decreto emitido por el gobierno de Bolsonaro.

IBAMA informó a Human Rights Watch que, desde octubre hasta principios de enero, no celebró ninguna audiencia de conciliación. Entre enero y el 28 de abril, solamente llevó a cabo cinco audiencias. Desde entonces, el organismo ha suspendido indefinidamente las audiencias, aduciendo como justificación la pandemia de Covid-19, aunque las audiencias podrían celebrarse de manera remota por videoconferencia. Desde octubre, los agentes del IBAMA han impuesto miles de multas, aunque se desconoce el número exacto porque la base de datos pública no se encuentra actualizada, conforme el propio IBAMA informó a Human Rights Watch.

La creación de audiencias de conciliación es una de las diversas medidas tomadas por el gobierno de Bolsonaro que han debilitado la capacidad de Brasil de hacer cumplir sus leyes ambientales. Entre esas medidas están un proyecto de ley para otorgar una amnistía a las personas que ocupan ilegalmente terrenos públicos con fines de cría de ganado o cultivo, y otro proyecto de ley orientado a abrir los territorios indígenas a la explotación comercial. Desde su asunción, Bolsonaro ha arremetido contra los propios organismos de protección ambiental del Estado, a los cuales denomina “industrias de las multas”, y se ha comprometido a poner fin a su “festival” de sanciones por delitos contra el medioambiente.

El 7 de mayo, Bolsonaro emitió un decreto a través del cual designó a las Fuerzas Armadas como responsables de la supervisión y coordinación de los organismos ambientales en operaciones para combatir la deforestación y los incendios en la Amazonia, sin garantizar, ni dejar en claro de qué manera los agentes medioambientales tendrán la autonomía, las herramientas y los recursos necesarios para llevar a cabo su misión de manera segura y eficaz.

En abril, el ministro Salles despidió al director de vigilancia ambiental del IBAMA, después de que un programa de noticias mostró una operación contra tala y minería ilegales a gran escala en territorios indígenas en el estado de Pará. En una carta, 16 agentes del IBAMA señalaron que temían que los dos coordinadores de vigilancia ambiental, que eran funcionarios de carrera, también pudieran ser destituidos como represalia por esa operación. Tras la publicación de la carta, el gobierno efectivamente destituyó a esos dos agentes, sin ninguna justificación. El Ministerio Público Federal ha abierto una investigación sobre esas decisiones.

Al tomar medidas que atentan contra el medioambiente, el gobierno de Bolsonaro ha permitido que las redes delictivas se sientan alentadas a intensificar tanto la deforestación ilegal en la Amazonia como las amenazas y los actos de violencia contra los que se interponen en su camino, incluyendo a agentes del IBAMA, pueblos indígenas, pequeños agricultores y otros, según lo han documentado Human Rights Watch y otras organizaciones.

Estas acciones violan las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Brasil y su propia constitución, la cual reconoce el derecho a un ambiente saludable desde el punto de vista ecológico. El sistema interamericano de derechos humanos, que tiene carácter vinculante para Brasil, ha sostenido que las obligaciones de los Estados de garantizar un ambiente saludable requiere que protejan los elementos del medioambiente, como bosques, ríos y mares.

De conformidad con las normas internacionales, el gobierno tiene la obligación de tomar medidas contra el daño ambiental, lo cual incluye adoptar acciones para establecer, mantener y hacer valer marcos jurídicos e institucionales eficaces que permitan gozar de un medioambiente seguro, limpio, saludable y sustentable. Las políticas del gobierno de Bolsonaro hacen caso omiso de dichas obligaciones.

“Los agentes ambientales de Brasil se sienten cada vez más amenazados desde ambos lados: por las redes delictivas a las cuales combaten y por el propio gobierno”, señaló Canineu. “Temen que, si hacen bien su trabajo, lo puedan perder”.