(São Paulo) – Las autoridades brasileñas deben adoptar nuevas estrategias de seguridad pública para desmantelar las organizaciones criminales y sus presuntos vínculos con agentes estatales, promover investigaciones penales independientes e impulsar reformas para que la policía sea más eficaz en la aplicación de la ley, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026.
En la 36.ª edición, el informe mundial de 529 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Philippe Bolopion señala que revertir la marea de autoritarismo que envuelve al mundo es el desafío de una generación. Ante la amenaza sin precedentes que supone para el sistema de derechos humanos la administración Trump y otras potencias globales, Bolopion insta a las democracias que respetan los derechos y a la sociedad civil a construir una alianza estratégica para defender las libertades fundamentales.
Los brasileños citaron la violencia como su principal preocupación en encuestas recientes, y se espera que la seguridad sea un tema importante en la campaña electoral para presidente, gobernadores y legisladores, que se elegirán en octubre.
“Las estrategias de seguridad pública basadas en el uso indiscriminado de la fuerza letal por parte de la policía han fracasado una y otra vez a la hora de hacer que las ciudades brasileñas sean más seguras y, al contrario, han generado más violencia e inseguridad”, dijo César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil. “Los candidatos a las próximas elecciones deberían presentar propuestas para proteger eficazmente los derechos de las personas, que se ven amenazados por el crimen organizado, pero también por la policía en muchos barrios de bajos ingresos y de población predominantemente negra”.
- Entre enero y noviembre de 2025, la policía mató a 5,920 personas. Las personas negras tienen tres veces y media más probabilidades de ser víctimas que las blancas. Si bien muertes causadas por la policía son en defensa propia, muchos otras constituyen ejecuciones extrajudiciales. Los abusos cometidos por la policía, así como la corrupción dentro de la institución, hacen que las comunidades desconfíen de las fuerzas del orden y sean menos propensas a denunciar delitos y colaborar con las investigaciones.
- Las estrategias de seguridad pública que conducen a tiroteos también ponen en riesgo a los propios agentes. Los datos oficiales muestran que entre enero y noviembre de 2025, 171 policías fueron asesinados y otros 119 se quitaron la vida, una tasa mucho más alta que la del resto de la población, lo que refleja la exposición a la violencia y el apoyo inadecuado en materia de salud mental, entre otros factores.
- Las investigaciones sobre los homicidios cometidos por la policía suelen ser deficientes. Por ejemplo, la policía no tomó medidas de investigación cruciales para determinar las circunstancias de la muerte de 122 personas e, entre ellas cinco agentes de policía, durante la operación policial más mortífera de la historia de Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025.
- Río de Janeiro es uno de los siete estados, junto con el Distrito Federal, que aún cuentan con unidades de análisis forenses oficial totalmente subordinadas a la policía civil, una estructura que no les otorga la independencia necesaria para realizar un trabajo eficaz, especialmente en casos de presuntos abusos policiales.
- El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha dictaminado que los fiscales deben dirigir las investigaciones sobre presuntos asesinatos cometidos por la policía. Una resolución adoptada por el Consejo Nacional de Fiscales ordenó a los fiscales que garanticen que esas investigaciones cumplan con los protocolos internacionales, incluido un análisis forense adecuado.
Los candidatos a las elecciones de octubre de este año deben presentar propuestas en materia de seguridad y justicia basadas en los derechos humanos y en pruebas científicas, que mejoren la coordinación entre los entidades federales y estatales, y que tengan como objetivo el tráfico de armas, el lavado de dinero y las fuentes de ingresos de las organizaciones delictivas, señaló Human Rights Watch.
