El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para crear un nuevo mecanismo, llamado “misión de determinación de los hechos”, que investigará ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014. La resolución fue presentada por el Grupo de Lima, integrado por Estados de la región entre los que se incluyen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú. Se aprobó con un amplio margen de 19 votos a favor y 7 en contra.
“La creación de un órgano de investigación específico para Venezuela que reunirá pruebas de graves violaciones derechos humanos es un paso importantísimo para establecer las responsabilidades por el terrible sufrimiento del pueblo venezolano desde 2014”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos envía un mensaje claro a las autoridades venezolanas de que, tarde o temprano, responderán por los delitos que están cometiendo. Esta es una victoria para las víctimas, que ahora están un paso más cerca de ver que los responsables de años de abusos sean llevados ante la justicia”.
El gobierno venezolano está implementando una violenta arremetida contra opositores mediante detenciones arbitrarias, torturas y prácticas de brutalidad policial, que incluyen ejecuciones extrajudiciales. A su vez, las autoridades no han abordado la devastadora emergencia humanitaria. No existe independencia judicial y la impunidad por los abusos sistemáticos es la norma. El resultado es una profunda crisis de derechos humanos que ha provocado que más de cuatro millones de personas huyan del país; esto representa el éxodo más significativo en la historia reciente de América Latina.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos reconoce la gravedad de la crisis venezolana y condena las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Crea una misión independiente para investigar los hechos encargada de documentar abusos aberrantes “con el fin de asegurar la total rendición de cuentas de los agresores y justicia para las víctimas”. La resolución insta a las autoridades venezolanas a cooperar con este nuevo mecanismo y con expertos de la ONU a quienes estas autoridades han autorizado a ingresar en el país.
El presidente del consejo designará a los integrantes del nuevo mecanismo, que comenzará a trabajar de inmediato. Además, la resolución autoriza a que se cree otro mecanismo, llamado Comisión de Investigación, si las autoridades venezolanas no cooperan con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet. A través de otra resolución, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 26 de septiembre con el apoyo de Venezuela, este país se comprometió a brindar a la alta comisionada “acceso ilimitado a todas las regiones y centros de detención” y facilitar la “presencia permanente” de representantes de su oficina en el país. Asimismo, pide a la alta comisionada que informe sobre las investigaciones “a fin de que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación”.
El nuevo mecanismo creado es complementario con otras instancias judiciales a nivel global, expresó Human Rights Watch.
En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció el inicio de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para determinar si corresponde la apertura de una investigación formal. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la fiscal de la CPI que investigara posibles delitos de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Costa Rica, Francia y Alemania luego apoyaron esta iniciativa.
El nuevo mecanismo de investigación creado debería transmitir a la fiscal de la CPI la información que recabe con el propósito de asistirla en su evaluación de la situación en Venezuela. Este mecanismo debería hacer todos los esfuerzos por apoyar a la Fiscalía de la CPI, incluyendo mediante el suministro compartir pruebas, testimonios y otra información recabada y documentada. Esto debería incluir aquellos indicios que posibiliten que la fiscalía reúna pruebas admisibles ante la CPI.
Asimismo, en función del principio de jurisdicción universal, países interesados en el respeto a los derechos humanos en Venezuela podrían valerse de la información que reúna este nuevo órgano y el análisis que realice para promover investigaciones penales en sus jurisdicciones.
“El liderazgo del Grupo de Lima ha sido crucial para redoblar la presión sobre las autoridades venezolanas y establecer este órgano de investigación independiente”, expresó Vivanco. “El mensaje enviado por el máximo órgano de derechos humanos de la ONU deja en claro que, si Venezuela no cumple con sus compromisos y no pone fin a los abusos, la comunidad internacional adoptará medidas incluso más contundentes para que los responsables rindan cuentas”.
