- Al menos 1.360 niños y niñas nunca se han reunido con sus madres y padres seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzosa en la frontera estadounidense, con el fin de disuadir a las personas migrantes.
- El programa constituyó desaparición forzada y es posible que haya configurado tortura. Los esfuerzos de EE. UU. para ayudar a familias separadas no han abordado debidamente el daño grave que se les causó.
- Afrontar verdaderamente las violaciones graves de derechos humanos requiere rendición de cuentas pública, una disculpa, un resarcimiento y posibles procesos penales. El Senado de EE. UU. debe rechazar que se nombre para nuevos puestos a funcionarios involucrados en la separación familiar.
(McAllen, Texas) – Nada menos que 1.360 niños y niñas nunca se han reunido con sus madres y padres seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzosa en la frontera de EE. UU., y los esfuerzos estadounidenses para ayudar a las familias separadas no han tenido debidamente en cuenta el daño grave que se les causó, indicaron Human Rights Watch, Texas Civil Rights Project (TCRP) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale en un informe publicado hoy.
El informe de 135 páginas, “‘Tenemos que llevarnos a los niños’: Tras seis años de la política de ‘Tolerancia Cero’, la rendición de cuentas es nula”, concluye que el gobierno se negó, en muchos casos durante días o semanas, a revelar a padres y madres las circunstancias y el paradero de sus hijos e hijas, de quienes habían sido separados, lo cual concuerda con la definición de desaparición forzada. Las separaciones forzadas de familias también pueden haber constituido tortura, que ocurre cuando un agente del Estado provoca de manera deliberada sufrimiento grave con fines indebidos. Incluso un único caso de desaparición forzada o tortura es un delito conforme al derecho internacional.
“Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias”, manifestó Michael García Bochenek, abogado sénior de la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autor del informe. “Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”.
Los documentos de política y los correos electrónicos gubernamentales que fueron analizados establecen que los funcionarios separaron de manera deliberada a niños y niñas de sus padres y madres como factor disuasorio para otras familias que, de otro modo, podrían entrar a Estados Unidos de manera irregular. Hubo altos funcionarios que intervinieron para mantener a niñas y niños separados de sus padres cuando agencias federales comenzaron a procurar la reunificación de las familias con rapidez.
El gobierno de EE. UU. separó a más de 4.600 niños y niñas de sus padres entre 2017 y 2021. Los 1.360 niños y niñas cuyo paradero todavía no se ha informado representan casi el 30% de las niñas y niños separados durante la primera administración del presidente Donald J. Trump.
Algunos altos funcionarios empezaron a debatir sobre la separación forzada de familias en febrero de 2017, varias semanas después de que el presidente Trump asumiera el cargo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (US Customs and Border Protection, CBP) de EE. UU. y fiscales federales pusieron a prueba la separación familiar en El Paso, Texas, y alrededores entre marzo y noviembre de 2017, y en mayo de 2018 comenzaron las separaciones en toda la frontera.
El gobierno logró la separación familiar a través de una aplicación novedosa de dos leyes federales. En primer lugar, se procesó a los padres por “ingreso indebido”, un cargo federal de gravedad menor. En segundo lugar, se utilizó el período breve de transferencia de los padres del CBP al Servicio de Alguaciles de EE. UU., mientras comparecían ante los tribunales, para tratar a sus hijos o hijas como si no estuvieran acompañados. La CBP aplicó entonces otra ley para transferir a niñas y niños a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. responsable de niñas y niños no acompañados.
Una orden judicial de junio de 2018 frenó las acciones del gobierno para separar de manera sistemática a todas las familias que ingresaran a Estados Unidos sin autorización. Sin embargo, la orden judicial permitió separaciones por otros motivos, y el gobierno siguió separando a cientos de niños y niñas hasta fines de 2019.
Los niños y niñas y los padres y madres entrevistados por Human Rights Watch y TCRP en 2018 y 2019 señalaron que sufrían angustia intensa, ansiedad profunda y otros traumas. Un niño de 15 años procedente de Guatemala manifestó que se sintió “realmente desesperado, desconsolado y preocupado” después de ser separado de su padre en octubre de 2018.
Este trauma grave era previsible. De hecho, funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados han advertido en repetidas ocasiones que la separación forzosa implica un riesgo grave para los niños y las niñas.
La CBP no le informó a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados cuáles niños y niñas había separado en la frontera, y los sistemas de la CBP no vincularon los registros de niñas y niños separados con los de sus padres. Un juez federal observó, de hecho, que el gobierno mantenía mejores registros de bienes que de niños y niñas bajo su cuidado. Como resultado de esto, el verdadero alcance que ha tenido la política solo se hizo evidente después de años de esfuerzos para identificar, localizar y reunir a niños y niñas con sus padres y madres, de quienes se los había separado.
Detrás de escena, los intercambios de funcionarios no dejaron ninguna duda de que la separación forzada de las familias era el resultado buscado de la política, en vez de una consecuencia indirecta de operaciones habituales de aplicación de la ley. “Tenemos que llevarnos a los niños”, indicó el fiscal general Jeff Sessions a fiscales federales en mayo de 2018. Ese mismo mes, cuando un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos supo que había padres y madres que regresaban de los tribunales antes de que la CBP hubiera transferido a sus hijos e hijas, escribió para “confirmar que la expectativa es que NO vamos a reunir a las familias” y que la reunificación “obviamente atenta contra la totalidad del esfuerzo”.
Algunos de los altos funcionarios que desempeñaron un papel principal en el desarrollo y la implementación de la política son Thomas Homan, recientemente elegido para ser el “zar de la frontera” cuando asuma el presidente Trump, y Matthew Whitaker, a quien Trump ha indicado que designará como embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Está previsto que se nombre a Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca que contribuyó al diseño de la prohibición de viajes de 2017 mayormente para ciudadanos de países musulmanes y promovió que se cerrara la frontera a solicitantes de asilo por motivos de salud pública, como Subjefe de Gabinete para políticas.
La administración del presidente Joe Biden ha tomado medidas notables para abordar el daño que enfrentan las familias por su separación forzada, como permitir que padres y madres ingresen y permanezcan temporalmente en Estados Unidos, aceptar reabrir sus casos de asilo y autorizarlos a trabajar, así como brindar algunos servicios de salud mental a padres e hijos reunificados. Muchas de estas iniciativas se implementaron en respuesta a órdenes judiciales; otras fueron por recomendación del Grupo de Trabajo sobre Reunificación Familiar que estableció el presidente Biden en 2021.
“El estatus temporal y el acceso a servicios por un período breve no son en absoluto una compensación adecuada por haber separado de manera deliberada a las familias”, expresó Danny Woodward, abogado de planta de TCRP. “Los actos de tortura y otros agravios graves requieren una reparación integral”.
El Congreso y el Poder Ejecutivo deben poner en marcha medidas exhaustivas para remediar los agravios que sufrieron estas familias, y considerar la posibilidad de otorgarles la residencia permanente, refirieron Human Rights Watch, TCRP y la Clínica Lowenstein. Se debe asegurar la disponibilidad continua de servicios de apoyo, incluidos servicios de salud mental, para las familias que lo soliciten.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. debería adoptar estándares que, a priori, mantengan unidas a las familias y que las separen únicamente cuando eso redunde en el interés superior del niño o la niña, y el Congreso debería plasmar estas protecciones en ley.
Lidiar íntegramente con las violaciones graves de derechos humanos que entraña la separación forzada de familias requiere de rendición de cuentas pública, una disculpa, un resarcimiento y otras medidas, que incluyen posibles procesos penales por desapariciones forzadas o tortura, para que estos errores nunca se repitan.
El Senado de EE. UU. debe ejercer su facultad de asesoramiento y consentimiento para rechazar a candidatos postulados para la segunda administración de Trump que estuvieron previamente involucrados en la planificación o ejecución de la política de separación familiar.
El Grupo de Trabajo sobre Reunificación Familiar debería emitir recomendaciones públicas antes de que finalice el mandato del presidente Biden, con el fin de propiciar futuros cambios.
