Durante más de dos décadas, Costa Rica ha prohibido la exploración y explotación de petróleo y gas. Esa prohibición estará vigente hasta 2050, pero se sostiene sobre un fundamento jurídico frágil: una moratoria presidencial. Cualquier presidente puede revocarla con solo firmar un decreto, sin necesidad de aprobación parlamentaria.
Consciente de esa fragilidad, el gobierno anterior se comprometió, en 2020, a elevar la moratoria a rango de ley, esto en el marco del Acuerdo de París destinado a frenar el cambio climático,
Una de las políticas climáticas más relevantes del país, esta prohibición ha facilitado la adopción generalizada de energías renovables, que hoy generan cerca del 90 % de la electricidad nacional. Sin embargo, el 14 de noviembre, durante las negociaciones anuales de la ONU sobre el clima, el gobierno eliminó discretamente ese compromiso de su Contribución Nacionalmente Determinada actualizada.
Costa Rica ha contribuido a impulsar un movimiento global para poner fin a la producción de combustibles fósiles. Cofundó la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés) en 2021 y se sumó a más de 80 países que este año, en las conversaciones climáticas, abogaron por una eliminación progresiva de estos combustibles. Desde Belice en 2017 hasta Colombia en 2025, diversos países de la región están siguiendo los pasos de Costa Rica al establecer restricciones legales a la producción de petróleo y gas. Pero el liderazgo real exige coherencia, y Costa Rica debería acompañar su diplomacia ambiental internacional con medidas igual de firmes a nivel interno.
La moratoria se adoptó por primera vez en 2002, tras décadas de campañas impulsadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos. Entre 1916 y 1988, empresas petroleras extranjeras perforaron más de dos docenas de pozos exploratorios en el país sin hallar depósitos comerciales significativos.
A finales de los años noventa, el gobierno concedió una enorme superficie —más del 10 % del territorio nacional— para la exploración terrestre y marina de petróleo y gas a una empresa conjunta en la costa caribeña. El movimiento ecologista, la comunidad de Manzanillo y los pueblos indígenas Bribri y Cabécar se opusieron de forma contundente.
En el año 2000, la Sala Constitucional anuló las concesiones terrestres tras determinar que se habían otorgado sin una consulta adecuada a las comunidades, vulnerando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. En 2002, la autoridad ambiental asestó el golpe final al proyecto al rechazar la Evaluación de Impacto Ambiental marina por contener errores y omisiones que podían minimizar los riesgos para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras. A finales de ese año, el entonces presidente Abel Pacheco firmó un decreto que prohibió las operaciones petroleras y gasíferas en el país.
Administraciones posteriores, en 2006 y 2011, intentaron autorizar la extracción de petróleo y gas, pero la oposición pública sostenida las obligó a abandonar sus planes y renovar la moratoria.
En los últimos tiempos, autoridades gubernamentales de alto nivel y sectores empresariales han manifestado un renovado interés en la exploración y explotación de combustibles fósiles. El presidente Rodrigo Chaves Robles ha sugerido en repetidas ocasiones abrir el país a la exploración. En 2023, la principal federación empresarial de Costa Rica instó públicamente al gobierno a legalizar lo que calificó como “extracción sostenible de petróleo y gas” mediante decreto. Posteriormente, el presidente buscó cooperación de Noruega para avanzar en la exploración petrolera y gasífera. La sociedad civil condenó la iniciativa y cuatro expresidentes la rechazaron públicamente.
Pese a ello, en 2025 el presidente Chaves volvió a plantear la posibilidad de retomar la exploración de petróleo y gas en el país.
Las conquistas de derechos humanos, logradas con gran esfuerzo, están siendo cuestionadas en todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción. Los decretos presidenciales dependen por completo de quién ocupe la presidencia y pueden revertirse de manera arbitraria. Las leyes, en cambio, requieren un debate abierto y consensos legislativos transversales, lo que les otorga una protección mucho más duradera.
Los esfuerzos para blindar la moratoria también han llegado al Parlamento. Gracias a las campañas incansables de la coalición de la sociedad civil Costa Rica Libre de Perforación, legisladores han presentado recientemente tres proyectos para convertir la moratoria en ley. El Proyecto de Ley n.º 23.579 —el que está más cerca de aprobarse— prohibiría otorgar permisos o concesiones para la exploración o extracción de petróleo y gas en todo el territorio nacional.
La Asamblea Legislativa debería asegurar esta protección aprobando el Proyecto n.º 23.579. El gobierno, por su parte, debería restablecer el compromiso en su contribución climática y alinear sus políticas con sus declaraciones públicas en la COP30. Cualquier medida inferior podría socavar de manera irreversible los derechos de las generaciones presentes y futuras, así como el legado del país como referente ambiental.
Costa Rica ha demostrado al mundo que es posible mantener el petróleo y el gas bajo tierra. Ahora les corresponde a sus legisladores convertir ese compromiso en una realidad permanente.
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José Daniel Rodríguez Orúe es especialista invitado Kenneth Roth en Human Rights Watch.
