A woman looks out of the window of a damaged building
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INFORME MUNDIAL 2025

Nuestro análisis anual sobre los derechos humanos en el mundo

2024: Un año para la reflexión

Este ha sido un año de elecciones, resistencia y conflicto, que puso a prueba la integridad de las instituciones democráticas y los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Ya sea en respuesta al aumento de la represión en Rusia, India y Venezuela, o a los conflictos armados catastróficos en Gaza, Sudán y Ucrania, en todo el mundo los gobiernos están siendo interpelados para que demuestren su compromiso con los derechos humanos, la democracia y la acción humanitaria. Muchos no han superado esta prueba. Pero incluso aquellos gobiernos abiertos y predispuestos a la acción han acogido estándares de derechos humanos de manera poco enérgica o inconsecuente, y contribuyeron así a las percepciones globales de que los derechos humanos no tienen legitimidad. 

Esa es una conclusión irresponsable y peligrosa, que exime convenientemente a los gobiernos de sus obligaciones jurídicas de defender el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en su propio territorio como en sus acciones en el extranjero. Al reflexionar sobre los acontecimientos de 2024, se hace evidente que este no es el momento de renunciar a las protecciones que necesitan todas las personas en todo el mundo. Por el contrario, los gobiernos deberían respetar y defender los derechos humanos universales con más tenacidad y urgencia que nunca, y las personas y la sociedad civil deben mantenerse firmes a la hora de exigirles que rindan cuentas. 

El poder de la resistencia popular 

Si bien los procesos electorales deben llevarse a cabo respetando los estándares de derechos humanos, las elecciones nunca son un fin en sí mismo. Las elecciones amañadas e injustas son una señal de que en lo sucesivo habrá más violaciones de derechos, pero incluso las elecciones que se realizan de manera libre y justa no implican necesariamente un futuro en el que se respeten los derechos. Aunque más de 70 países celebraron elecciones nacionales en 2024, su verdadera repercusión para los derechos humanos solo se podrá determinar en función de lo que ocurra más adelante. 

El racismo, el odio y la discriminación dirigieron muchas de las elecciones del último año. En Estados Unidos, Donald Trump ganó la presidencia por segunda vez, lo que suscitó el temor de que su nueva gestión repita e, incluso, magnifique las violaciones graves de derechos que ocurrieron en su primer mandato. Del mismo modo, en las elecciones de 2024 al Parlamento Europeo, los partidos de extrema derecha lograron avances significativos, dado que supieron capitalizar la actitud de rechazo hacia las personas inmigrantes y la retórica nacionalista para promover políticas que amenazan a comunidades minoritarias y menoscaban las normas democráticas. 

Sin embargo, en otros lugares, se observó una resistencia democrática importante, en casos en que el electorado demostró no estar dispuesto a aceptar las agendas populistas y exigió rendición de cuentas a líderes y sus partidos. En la India, el discurso de odio proferido por el primer ministro Narendra Modi durante el período de campaña no le permitió obtener la mayoría electoral a la que aspiraba. Esto demuestra que, incluso frente a dificultades sistémicas, la democracia todavía puede poner límites al poder. 

Diversos líderes autoritarios establecieron condiciones más severas para perpetuarse en el poder en países como Rusia, El Salvador y las naciones del Sahel de Malí, Burkina Faso y Níger, al apelar al miedo y la desinformación para acallar la disidencia.

Bajo la presidencia de Xi Jinping, China mantuvo la campaña implacable de represión para asegurar la lealtad al sistema unipartidista, silenciar toda forma de disenso —incluso dentro del mismo Partido Comunista Chino— y desactivar cualquier intento de impulsar una sociedad civil independiente, apoyar un poder judicial independiente o proteger los derechos de minorías étnicas y otros grupos minoritarios. Las autoridades de Pekín siguieron restringiendo las libertades básicas en Hong Kong, donde se condenó a varias decenas de activistas por la democracia a penas de prisión aplicando la nueva Ley de Seguridad Nacional que rige en el territorio. La represión por parte de Pekín también se extendió a través de las fronteras, y tuvo como blanco a defensores de derechos humanos de nacionalidad china, personas que vertieron críticas al gobierno, periodistas en el extranjero y miembros de la diáspora, mediante acciones de vigilancia, acoso, amenazas digitales y coerción por parte de agentes contra familiares que están en China. 

People wait to enter the court to hear mitigation pleas for pro-democracy activists convicted under the Beijing-imposed security law in Hong Kong, July 5, 2024.
A propaganda slogan promoting ethnic unity in "the new era," in both Chinese and Uyghur languages, in Yarkant, northwestern China's Xinjiang region, July 18, 2023.

PRIMERA: Varias personas esperan a entrar en el tribunal para escuchar los argumentos de los activistas prodemocráticos condenados en virtud de la ley de seguridad impuesta por Pekín en Hong Kong, 5 de julio de 2024. (C) 2024 Man Hei Leung/Anadolu via Getty Images SEGUNDA: Un eslogan propagandístico que promueve la unidad étnica en «la nueva era», tanto en chino como en uigur, en Yarkant, en la región noroccidental china de Xinjiang, el 18 de julio de 2023. (C) 2023 Pedro Pardo/AFP vía Getty Images

Sin embargo, el agravamiento de la represión autoritaria también estimuló una movilización cívica en todo el mundo. En Bangladés, los grupos de estudiantes que protestaban contra la corrupción, el deterioro democrático y cupos de empleo restrictivos se transformaron en un movimiento nacional que finalmente llevó a que la líder represiva que gobernaba desde hacía mucho tiempo el país, la primera ministra Sheikh Hasina, huyera del país. A pesar de las represalias violentas, los manifestantes perseveraron en su acción y forzaron a que se conformara un gobierno interino que ha prometido reformas en materia de derechos humanos. 

En Venezuela, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para exigir un recuento justo de votos, pese al contexto de una década de represión brutal por el gobierno de Nicolás Maduro. En Kenia, el descontento de la población por el estancamiento de las reformas se reflejó en manifestaciones generalizadas contra la desigualdad económica y para exigir responsabilidades por los recursos públicos y las promesas electorales

En Georgia, surgieron protestas en todo el país ante la decisión del partido gobernante de desistir del proceso de adhesión a la Unión Europea, un paso que, según la opinión de muchos, consolidó el distanciamiento categórico del gobierno de los valores democráticos y su vuelco al autoritarismo.

En Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial para prohibir actividades políticas y suspender la mayoría de las libertades civiles. Pocos minutos después del anuncio, miles de personas marcharon en protesta a la Asamblea Nacional, donde fuerzas militares especiales intentaron impedir que la asamblea votara para dejar sin efecto el decreto que estableció la ley marcial. La Asamblea Nacional derogó la ley marcial apenas seis horas después, y 11 días más tarde destituyó al presidente Yoon. 

Estos movimientos de resistencia ponen de relieve una realidad crucial: la lucha por los derechos a menudo es impulsada por personas comunes que, hartas de las injusticias y la corrupción, reúnen su poder colectivo para exigir a los gobiernos que respeten los derechos básicos y estén al servicio de la población, en vez de sus propios intereses.

Police officers close the gate of the National Assembly after South Korean President Yoon Suk-yeol declared martial law, in Seoul, December 4, 2024.
Protesters demonstrate against South Korea’s president outside the National Assembly in Seoul, which forced him to reverse martial law, December 7, 2024.

PRIMERA: Agentes de la policía cierran la puerta de la Asamblea Nacional, después de que el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol declarara la ley marcial, en Seúl, el 4 de diciembre de 2024. (C) 2024 Kim Hong-Ji/Reuters  SEGUNDA: Una manifestación frente a la Asamblea Nacional en Seúl, contra el presidente de Corea del Sur, que le obligó a revocar la ley marcial, 7 de diciembre de 2024. (C) 2024 Ezra Acayan/Getty Images

Conflictos, crisis y normas corrosivas 

El último año también estuvo marcado por conflictos armados y crisis humanitarias, que pusieron en evidencia el deterioro de las normas internacionales destinadas a proteger a la población civil y el costo humano devastador que se produce cuando estas se transgreden. Esto incluye casos nefastos de inacción y complicidad internacional en abusos que agravan el sufrimiento humano, en particular en Gaza, Sudán, Ucrania y Haití. 

En Gaza, las autoridades israelíes impusieron un bloqueo y perpetraron numerosos ataques ilegales y desplazamientos forzados que son constitutivos de crímenes de guerracrímenes de lesa humanidad. Han privado en forma deliberada a personas palestinas del acceso al agua que se necesita para la supervivencia, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad y podría implicar el delito de genocidio. Los ataques israelíes han matado y herido a decenas de miles de civiles, atacaron de manera deliberada hospitales, edificios de viviendas y personal humanitario, y devastaron escuelas y campamentos que albergaban a familias desplazadas, sin dejar ningún refugio seguro frente a hostilidades y destruyendo la infraestructura necesaria para la supervivencia. 

A pesar de evidencias claras de que las fuerzas israelíes utilizaron sus armas para perpetrar atrocidades, Estados Unidos, Alemaniay otros gobiernos siguieron proporcionando armas y apoyo militar a Israel, y violaron así obligaciones jurídicas internacionales y leyes internas. Las nuevas formas de uso de tecnologías de vigilancia, inteligencia artificial y otras herramientas digitales en el campo de batalla podrían causar más daños civiles y plantean más interrogantes con respecto a la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y las empresas tecnológicas involucradas. 

Palestinos regresan a Khan Younis en Gaza, 26 de abril de 2024. 
Palestinos regresan a Khan Younis en Gaza, 26 de abril de 2024.  © 2024 Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images
Displaced Palestinians wait outside a bakery for fresh bread in Khan Younis, Gaza, November 19, 2024.
Palestinians wait to receive clean drinking water distributed by aid organizations in Deir al-Balah, Gaza, June 10, 2024.

PRIMERA: Palestinos desplazados esperan fuera de una panadería para comprar pan fresco en Khan Younis, Gaza, 19 de noviembre de 2024. (C) 2024 Majdi Fathi/NurPhoto vía AP Photo  SEGUNDA: Palestinos esperan para recibir agua potable distribuida por organizaciones de ayuda, en Deir al-Balah, Gaza, 10 de junio de 2024. (C) 2024 Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

En Sudán, en el conflicto entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSF) se han cometido atrocidades generalizadas contra civiles, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como parte de la campaña de limpieza étnica de RSF en Darfur Occidental. En todo el país, las partes beligerantes han cometido asesinatos en masa, violencia sexual y desplazamientos forzados.

La respuesta global ante la situación en Sudán ha sido absolutamente inadecuada y, como consecuencia de esto, los comandantes se sintieron envalentonados a cometer abusos incluso más graves. Si bien la Corte Penal Internacional (CPI) ha tratado de amplificar la necesidad apremiante de actuar y llevar ante la justicia a los agresores, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas todavía no estableció la presencia de protección civil que tanto se necesita en el país. Los gobiernos que abastecen de armas a las partes beligerantes han mostrado un desprecio absoluto por la vida de civiles, y han expuesto la necesidad de que haya una respuesta global en defensa de los principios humanitarios y las normas de derechos humanos.

Rusia mantuvo por tercer año los ataques a gran escala contra la red de energía, hospitales y otras infraestructuras en Ucrania, y en estos hechos mató e hirió a numerosos civiles. Las autoridades rusas en las áreas ocupadas han tratado de eliminar la identidad ucraniana de manera forzada y metódica, e incluso impusieron un plan de estudios ruso y propaganda del Kremlin en las escuelas ucranianas. Si bien muchos gobiernos de la UE y Estados Unidos han expresado su compromiso de asegurar justicia por crímenes graves que cometieron las fuerzas rusas, los avances para que haya rendición de cuentas han sido lentos. 

En Haití, la violencia alcanzó niveles catastróficos. Los grupos delictivos intensificaron los ataques coordinados a gran escala, y mataron a miles de personas, reclutaron a niños y niñas y violaron sexualmente a mujeres y niñas. La movilización en junio de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, autorizada por la ONU y en gran parte financiada por EE. UU. y dirigida por Kenia, ofreció esperanzas a muchos de que la seguridad pudiera restablecerse pronto. Sin embargo, los gobiernos aún no han proporcionado recursos suficientes a la misión para que funcione completamente, y esto contribuye al deterioro de la situación. 

Es importante decir claramente y en voz alta lo que nadie dice: cuando los gobiernos no actúan para proteger a las personas en grave peligro, no solo las abandonan a la muerte y el sufrimiento, sino que también debilitan las protecciones para las personas en todo el mundo, creando en última instancia una situación en la que todos salimos perdiendo.

Esta carrera hacia el abismo tiene un costo enorme y de largo alcance, que a menudo va más allá de quienes están directamente afectados por el conflicto. Obliga a la gente a abandonar sus hogares, imposibilita que el personal sanitario y la ayuda humanitaria llegue a quienes lo necesitan, impide que los niños y niñas reciban educación y crea riesgos más graves para las personas con discapacidad. Los derechos humanos no son ideales abstractos, sino las bases de la dignidad y la supervivencia humanas, y es de nuestro interés común protegerlos. 

A child plays with a circle in the courtyard of a refugee camp, where people have fled to escape violence from criminal groups, in the Bas Delmas neighborhood of Port-au-Prince, Haiti, May 2, 2024.
People displaced by criminal violence take refuge at the Antenor Firmin high school transformed into a shelter, in Port-au-Prince, Haiti, May 1, 2024.

PRIMERA: Un niño juega con un círculo en el patio de un campo de refugiados, donde la gente ha huido para escapar de la violencia de los grupos criminales, en el barrio de Bas Delmas de Puerto Príncipe, Haití, 2 de mayo de 2024. (C) 2024 Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images   SEGUNDA: Personas desplazadas por la violencia criminal se refugian en la escuela secundaria Antenor Firmin transformada en refugio en Puerto Príncipe, Haití, 1 de mayo de 2024. (C) 2024 Ricardo Arduengo/Reuters

Los límites de los regímenes autocráticos 

En diciembre, una coalición de grupos armados de oposición derrocó al gobierno duramente represivo de Bashar al-Asad en Siria y puso fin a más de 50 años del Partido Baath en el poder. Entre los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad representativos del gobierno de Asad figuran la tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso de armas químicas, el uso del hambre como arma de guerra y ataques indiscriminados y deliberados contra civiles y bienes de carácter civil. 

Es demasiado pronto para saber lo que depara el futuro de Siria o si millones de personas refugiadas sirias podrán regresar a un contexto seguro. De hecho, los grupos armados que están activos en Siria, entre ellos Hay’et Tahrir al Sham y facciones del Ejército Nacional Sirio que se sumaron a la ofensiva, son también responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Con independencia de quién asuma el nuevo liderazgo de Siria, deberá debe poner fin de manera absoluta y decidida a la represión y la impunidad del pasado y trazar un rumbo que respete los derechos para todas las personas sirias, independientemente de su origen étnico o religioso. Asegurar que respondan por sus actos todos los responsables de abusos graves es un paso fundamental en ese rumbo. 

A pesar de esta incertidumbre, los acontecimientos en Siria ofrecen una perspectiva de los límites del poder autocrático. 

Incluso las autocracias de larga data pueden ser sumamente frágiles. Los autócratas que dependen de otros gobiernos para mantener su régimen represivo son susceptibles a los cálculos políticos cambiantes de sus Estados socios. Por muchos años, Assad pudo mantener un manejo férreo del poder gracias a la alianza militar de Siria con Rusia, que dio lugar a innumerables atrocidades contra la población siria, incluidos crímenes de lesa humanidad. Ante las evidencias cada vez mayores de abusos graves, Rusia utilizó su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Siria frente a la presión y la acción internacional sostenidas. Sin embargo, Rusia desvió sus recursos y apoyo para Siria tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, lo que contribuyó a la vulnerabilidad militar de Asad y puso de manifiesto los límites de Rusia como patrocinador de la represión. 

Enseñanzas y oportunidades de liderazgo 

El último año se puso de relieve una vez más una realidad que suele ignorarse: las democracias liberales no siempre son defensoras fiables de los derechos humanos, ni dentro de su país ni fuera de sus fronteras. 

La política exterior del presidente estadounidense Joe Biden demostró un doble criterio en lo que respecta a los derechos humanos, al proporcionar armas a Israel sin ninguna restricción a pesar de las atrocidades generalizadas en Gaza, y al mismo tiempo condenó a Rusia por violaciones similares en Ucrania y no aborda abusos graves de derechos cometidos por socios como los Emiratos Árabes Unidos, India y Kenia. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no solo amenaza los derechos dentro de EE. UU., sino que también afectará, ya sea por acción u omisión, el respeto de los derechos humanos en el extranjero. Si los ataques de la primera administración Trump contra instituciones multilaterales, el derecho internacional y los derechos de grupos marginados sirven de indicio, su segundo mandato podría causar perjuicios incluso mayores para los derechos humanos, lo que incluye que líderes antiliberales de todo el mundo se sientan envalentonados a seguir su ejemplo.

Un grupo de personas participa en una protesta semanal en apoyo de las personas trans en el Washington Square Park de Nueva York, Estados Unidos, el 31 de mayo de 2023.
Un grupo de personas participa en una protesta semanal en apoyo de las personas trans en el Washington Square Park de Nueva York, Estados Unidos, el 31 de mayo de 2023. © 2023 Stephanie Keith/Getty Images

Europa también enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos. Un número creciente de gobiernos europeos han usado el estancamiento económico y los problemas de seguridad como pretextos para justificar desentenderse de derechos en forma selectiva, sobre todo los de grupos marginados y migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas, además de no adoptar medidas plausibles para mejorar los derechos económicos y sociales. Los líderes autoritarios han ganado terreno electoral en un marco en que su retórica y políticas discriminatorias son normalizadas por partidos dominantes, que adoptan su agenda, incluso si muchos votantes se resisten a su avance. 

Este panorama político fragmentado refleja una verdad más generalizada: no pueden darse por sentados los valores compartidos y el compromiso con los derechos humanos. Efectivamente, el atractivo de los líderes populistas radica en su predisposición a usar a minorías y personas extranjeras como chivos expiatorios y ofrecer al electorado un espejismo de “soluciones”, a cambio de ceder sus derechos y el Estado de derecho. Sin embargo, cuando se protegen los derechos y la dignidad de todas las personas, las sociedades prosperan, y esto evidencia que hay un vínculo inseparable.

Protesters during a counter demonstration against an anti-immigration protest called by far-right activists in the Walthamstow suburb of London, UK, August 7, 2024.
Pylos shipwreck survivors attend anti-racist and anti-fascist rally in Athens, Greece on March 16, 2024.

PRIMERA: Manifestantes durante una contramanifestación de una protesta antiinmigración convocada por activistas de extrema derecha en el suburbio londinense de Walthamstow, Reino Unido, el 7 de agosto de 2024. (C) 2024 Benjamin Cremel/AFP vía Getty Images  SEGUNDA: Los sobrevivientes del naufragio de Pylos asisten a una manifestación antirracista y antifascista en Atenas, Grecia, el 16 de marzo de 2024 © 2024 Beata Zawrzel/NurPhoto via AP Photo

El último año recalcó la importancia de que gobiernos de todas las regiones muestren un liderazgo decidido en cuanto a derechos humanos y rendición de cuentas, algo que deberán hacer más a menudo. México y Gambia encabezaron los esfuerzos para afianzar el apoyo interregional en la Asamblea General de la ONU para que avance un proyecto de convención sobre crímenes de lesa humanidad. Este sería un paso crucial para apoyar procesos en los países que aborden crímenes generalizados y sistemáticos contra poblaciones civiles, incluso cuando no haya un conflicto armado. 

Sierra Leona y la República Dominicana se unieron a Luxemburgo en defensa de un nuevo tratado multinacional destinado a fortalecer el derecho a la educación a fin de garantizar la escolarización gratuita en los niveles preescolar y secundario para todos los niños y las niñas, una medida que podría reducir la pobreza y la desigualdad y contribuir a efectivizar otros derechos. 

Cuando los gobiernos denuncian violaciones del derecho internacional, como lo hizo Sudáfrica al presentar un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) alegando que Israel violó la Convención sobre Genocidio en Gaza, o cuando varios Estados cuestionan a los talibanes en Afganistán por violar la Convención de la ONU sobre los derechos de las mujeres, esto puede elevar el liston para su aplicación. 

Es posible que la serie de medidas provisionales emitidas por la CIJ que ordenan a Israel no causar más daños a la población palestina en Gaza hasta ahora hayan tenido un efecto limitado para contrarrestar los abusos israelíes; sin embargo, han contribuido a un mayor escrutinio de los gobiernos que suministran armas a Israel.

En este sentido, el Reino Unido suspendió algunas licencias de exportación de armas a Israel después de que se determinara que ciertas exportaciones planteaban un riesgo claro de que se utilizaran para cometer o facilitar abusos, lo que refleja la presión cada vez mayor para que los gobiernos reconsideren las transferencias de armas a Israel. 

La arquitectura de la rendición de cuentas 

A medida que nos enfrentamos a las incertidumbres que nos deparan el 2025 y el período posterior,afrontar estos desafíos requerirá de evolución e imaginación. La incapacidad o, en algunos casos, la faltade voluntad de los gobiernos para trabajar de manera colectiva con el fin de salvar vidas en crisis comolas de Ucrania, Gaza, Sudán, el Sahel, Haití y Myanmar muestra por qué las instituciones independientescomo la CPI son fundamentales en la lucha por la protección de los derechos. En el último año, la CPIrealizó investigaciones y emitió órdenes de detención contra altos funcionarios acusados de crímenes enUcrania y Palestina, y todavía se encuentra pendiente una solicitud de orden de detencion contra unapersonas de Myanmar. 

Un obstáculo constante es reunir la voluntad política de los gobiernos para detener a personas acusadas por la CPI y entregarlas a la corte. Por ello, el apoyo constante de los países miembros de la CPI es fundamental para asegurar justicia, y casi siempre es un proceso largo. El desafío es especialmente agudo ante la presión creciente de Rusia, China y EE. UU. para debilitar el mandato y la actuación de la CPI y recortar la financiación de los mandatos de derechos humanos en el sistema multilateral. 

Justamente por eso, todos los gobiernos deben estar alertas y llamar a estas amenazas por lo que son: un deseo de aferrarse a la impunidad cuando la justicia pone en jaque los intereses de los Estados, sin importar el alto costo que esto tenga para los civiles. Los Estados también deberían redoblar el apoyo económico y político que prestan a organismos independientes como la CPI y las comisiones de investigación de la ONU, a fin de que puedan cumplir con solidez sus mandatos de rendición de cuentas. 

Cada voz en apoyo de los derechos marca una diferencia. Las organizaciones de la sociedad civil nunca han sido tan importantes y pueden desempeñar un papel fundamental en la defensa de los derechos de todas las personas, la protección de minorías y la rendición de cuentas por los gobiernos, entre otras cosas, al cuestionar las narrativas populistas que plantean a los derechos como obstáculos al progreso. Muchos gobiernos autoritarios han adoptado medidas para silenciar y desmantelar a organizaciones de la sociedad civil que se pronuncian en defensa de los derechos humanos. Los gobiernos y líderes de instituciones multilaterales deben oponer resistencia a los esfuerzos para erosionar los controles independientes sobre el poder —como los que aplican organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación— que son fundamentales para proteger los derechos humanos. 

Varias personas encienden velas frente al parlamento nacional para rendir homenaje a los estudiantes asesinados durante las protestas que pedían la dimisión del gobierno de Hasina, Dhaka, Bangladesh, 8 de agosto de 2024.
Varias personas encienden velas frente al parlamento nacional para rendir homenaje a los estudiantes asesinados durante las protestas que pedían la dimisión del gobierno de Hasina, Dhaka, Bangladesh, 8 de agosto de 2024. © 2024 Istiak Karim/Drik/Getty Images

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Los acontecimientos del último año pusieron de relieve la importancia de defender las normas internacionales de derechos humanos y las instituciones democráticas ante la renuencia cobarde de muchos gobiernos a hacer frente al sufrimiento y los abusos. El transcurso del año ha evidenciado la resiliencia de quienes se atreven a resistir la opresión, así como el potencial de la valentía para lograr avances, incluso en los períodos más sombríos. La vía hacia la justicia que ofrece la CPI a víctimas y sobrevivientes en Myanmar, Israel y Palestina, y también en Ucrania; los activistas que están luchando para que haya cambios en Georgia, Bangladés y Kenia; y los votantes que repudian a gobiernos autoritarios en elecciones clave como la de Venezuela, son todos recordatorios de que la lucha por los derechos se mantiene con fuerza. 

La tarea que tenemos por delante es clara: los gobiernos tienen la responsabilidad de oponer resistencia a los intentos de hacer retroceder el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Es preciso que defiendan el espacio para la libre expresión y la reunión pacífica; refuercen la arquitectura y la eficacia de la rendición de cuentas y lleven ante la justicia a los agresores, sin importar qué grado de poder tengan; y amplifiquen las voces de quienes han sido silenciados. Porque cuando se protegen los derechos, la humanidad prospera. Y cuando estos se niegan, el costo no se mide en principios abstractos sino en vidas humanas. Este es el reto —y la oportunidad— que plantea nuestra época. 

El informe mundial 2025 de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países.