Este ha sido un año de elecciones, resistencia y conflicto, que puso a prueba la integridad de las instituciones democráticas y los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Ya sea en respuesta al aumento de la represión en Rusia, India y Venezuela, o a los conflictos armados catastróficos en Gaza, Sudán y Ucrania, en todo el mundo los gobiernos están siendo interpelados para que demuestren su compromiso con los derechos humanos, la democracia y la acción humanitaria. Muchos no han superado esta prueba. Pero incluso aquellos gobiernos abiertos y predispuestos a la acción han acogido estándares de derechos humanos de manera poco enérgica o inconsecuente, y contribuyeron así a las percepciones globales de que los derechos humanos no tienen legitimidad.
Esa es una conclusión irresponsable y peligrosa, que exime convenientemente a los gobiernos de sus obligaciones jurídicas de defender el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en su propio territorio como en sus acciones en el extranjero. Al reflexionar sobre los acontecimientos de 2024, se hace evidente que este no es el momento de renunciar a las protecciones que necesitan todas las personas en todo el mundo. Por el contrario, los gobiernos deberían respetar y defender los derechos humanos universales con más tenacidad y urgencia que nunca, y las personas y la sociedad civil deben mantenerse firmes a la hora de exigirles que rindan cuentas.
El poder de la resistencia popular
Si bien los procesos electorales deben llevarse a cabo respetando los estándares de derechos humanos, las elecciones nunca son un fin en sí mismo. Las elecciones amañadas e injustas son una señal de que en lo sucesivo habrá más violaciones de derechos, pero incluso las elecciones que se realizan de manera libre y justa no implican necesariamente un futuro en el que se respeten los derechos. Aunque más de 70 países celebraron elecciones nacionales en 2024, su verdadera repercusión para los derechos humanos solo se podrá determinar en función de lo que ocurra más adelante.
El racismo, el odio y la discriminación dirigieron muchas de las elecciones del último año. En Estados Unidos, Donald Trump ganó la presidencia por segunda vez, lo que suscitó el temor de que su nueva gestión repita e, incluso, magnifique las violaciones graves de derechos que ocurrieron en su primer mandato. Del mismo modo, en las elecciones de 2024 al Parlamento Europeo, los partidos de extrema derecha lograron avances significativos, dado que supieron capitalizar la actitud de rechazo hacia las personas inmigrantes y la retórica nacionalista para promover políticas que amenazan a comunidades minoritarias y menoscaban las normas democráticas.
Sin embargo, en otros lugares, se observó una resistencia democrática importante, en casos en que el electorado demostró no estar dispuesto a aceptar las agendas populistas y exigió rendición de cuentas a líderes y sus partidos. En la India, el discurso de odio proferido por el primer ministro Narendra Modi durante el período de campaña no le permitió obtener la mayoría electoral a la que aspiraba. Esto demuestra que, incluso frente a dificultades sistémicas, la democracia todavía puede poner límites al poder.
Diversos líderes autoritarios establecieron condiciones más severas para perpetuarse en el poder en países como Rusia, El Salvador y las naciones del Sahel de Malí, Burkina Faso y Níger, al apelar al miedo y la desinformación para acallar la disidencia.