- Los grupos criminales de Haití someten a niñas y mujeres a horribles abusos sexuales y las sobrevivientes tienen acceso limitado a protección y servicios de cuidado debido a la escacez de recursos y a las dificultades para acceder a aquellos existentes.
- A menudo, los grupos criminales han utilizado la violencia sexual para infundir miedo en territorios rivales. A medida que han disminuido los enfrentamientos entre grupos, han ampliado el uso de la violencia sexual, la cual ahora es generalizada.
- El gobierno de transición debería dar prioridad a fortalecer la justicia, la ayuda humanitaria y la reparación a las sobrevivientes; la comunidad internacional debería aumentar de manera urgente la financiación para restaurar el Estado de derecho, proporcionar seguridad básica y reconstruir los sistemas de salud y judicial.
(Washington D. C.) - Los grupos criminales en Haití han intensificado los ataques contra la población en las últimas semanas, incluyendo el sometimiento de niñas y mujeres a horribles abusos sexuales, señaló hoy Human Rights Watch. La comunidad internacional debería aumentar urgentemente la financiación para apoyar una respuesta de seguridad basada en los derechos humanos, y mejorar la capacidad del gobierno de transición, así como de las organizaciones de base e internacionales, para atender las necesidades de las sobrevivientes de la violencia, quienes tienen poco acceso a protección y servicios de cuidado.
Los grupos criminales controlan más del 80 % de la capital y sus alrededores, mientras la Policía Nacional de Haití y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés), que fue autorizada por Naciones Unidas y cuenta con escasos recursos, luchan por restablecer la seguridad. A menudo, los grupos criminales han utilizado la violencia sexual para infundir miedo en los territorios enemigos. Aunque los enfrentamientos entre los grupos han disminuido en 2024, han aumentado los ataques contra la población, la policía y las infraestructuras clave del país, incluyendo el uso generalizado de violencia sexual.
“El Estado de derecho en Haití está tan quebrantado que los miembros de los grupos criminales violan a niñas o mujeres sin temer ninguna consecuencia”, afirmó Nathalye Cotrino, investigadora de la División de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debería aumentar urgentemente la financiación de programas integrales de apoyo a las sobrevivientes de violencia sexual para asegurar que el gobierno de transición y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad dispongan de los recursos necesarios para restablecer el Estado de derecho, proporcionar seguridad básica y reconstruir los sistemas de salud y justicia”.
En julio de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 58 personas en Puerto Príncipe, incluyendo sobrevivientes de violencia sexual, trabajadores humanitarios y de derechos humanos, funcionarios del gobierno de transición, diplomáticos y representantes de la sociedad civil haitiana y de agencias de Naciones Unidas. Las investigadoras de Human Rights Watch también realizaron entrevistas virtuales a 36 personas, entre ellas, al entonces ministro de Salud Pública y Población y a profesionales sanitarios de organizaciones haitianas e internacionales, y revisaron datos e informes de Naciones Unidas y de organizaciones haitianas e internacionales. Human Rights Watch contactó a portavoces de grupos criminales a través de intermediarios de confianza, pero los portavoces de los grupos declinaron hacer comentarios.
Entre enero y octubre, casi 4.000 niñas y mujeres denunciaron hechos de violencia sexual, incluyendo violaciones en grupo, en su mayoría cometidos por miembros de grupos criminales, según el subgrupo de Violencia Basada en Género (VBG), del que forman parte organizaciones de base de mujeres, organizaciones internacionales y entidades gubernamentales. Según Naciones Unidas, los casos de violencia sexual en contra de menores de edad aumentaron 1.000 % en comparación con 2023. Trabajadores humanitarios y de derechos humanos, así como funcionarios del gobierno, entrevistados por Human Rights Watch, afirmaron que lo más probable es que se trate de apenas una fracción de los casos, ya que la mayoría de los casos no son reportados.
“A los bandidos no les importa su edad”, dijo un trabajador humanitario. “Violan porque tienen el poder. A veces lo hacen durante días o semanas”. Muchas sobrevivientes sufren los efectos de los abusos físicos y los malos tratos o acaban embarazadas, sin acceso a servicios médicos, psicosociales o jurídicos, incluyendo aquellas que contraen infecciones de transmisión sexual, que afectan a un gran número de sobrevivientes, en particular el VIH.
Muchas sobrevivientes son reacias a reportar la violencia sexual o a buscar atención sanitaria por temor a represalias, afirmaron las sobrevivientes y los trabajadores humanitarios entrevistados por Human Rights Watch. Con frecuencia, muchas de las que buscan atención no pueden hacerlo dentro del plazo de 72 horas, que es crucial para acceder a la profilaxis posexposición y a la anticoncepción de emergencia. Ello ocurre porque muchos centros médicos públicos están cerrados debido a la violencia o porque no tienen los recursos económicos para acudir a centros de salud privados, dijeron a Human Rights Watch trabajadores sanitarios.
“Estas mujeres son extremadamente vulnerables”, nos dijo un trabajador internacional de salud. “Están atrapadas en la pobreza y luchan a diario por sobrevivir. Cuando [sufren] la violencia de una violación, también luchan por acceder a la protección y a la atención médica”.
Haití prohíbe totalmente el aborto. “Las mujeres y niñas haitianas que se enfrentan a la pobreza recurren a abortos inseguros, arriesgando sus vidas”, nos dijo Pascale Solages, directora de la organización de mujeres Nègès Mawon. “Los abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad materna”.
“Fui violada por cuatro hombres [en mayo] cuando caminaba por una calle de Brooklyn [un barrio de la comuna de Cité Soleil en la capital, Puerto Príncipe]”, nos dijo una mujer de 25 años, madre de cuatro hijos, que había ido a buscar agua para sus hijos. “Eran los hombres de Gabriel [del grupo criminal G-Pèp]. Antes no hacían esto, pero ahora nos hacen a todas lo que quieren. No pude ir al médico; no tenía dinero”.
La escalada de violencia criminal, que incluye ataques y saqueos de hospitales, ha llevado al sistema de salud al borde del colapso, dejando operativos menos del 30 % de los centros de salud de Puerto Príncipe, según el entonces ministro de Salud Pública y Población. Esto dificulta considerablemente el acceso de las sobrevivientes de violencia sexual a servicios cruciales de atención médica.
La pobreza agrava la situación, ya que más del 64 % de los 11,7 millones de habitantes de Haití vive con menos de 3,65 dólares al día, según el Banco Mundial.
“Vivo en la calle con mis hijos”, dijo a Human Rights Watch una mujer de 27 años embarazada de nueve meses y madre de tres hijos. “A veces pasamos tres o cuatro días sin comer... Después de que ellos [los miembros del grupo criminal G9] me violaran, estuve muy mal. Enfermé de una infección vaginal, pero no tenía dinero para ir al médico”.
Médicos Sin Fronteras (MSF), que lleva más de 30 años prestando atención médica de urgencia gratuita en todo Puerto Príncipe, suspendió sus actividades el 20 de noviembre. La decisión llegó tras los ataques de grupos de “autodefensa” contra ambulancias, pacientes y personal médico de MSF, así como tras las amenazas de muerte y violación contra personal de MSF por parte de miembros de la Policía Nacional de Haití. Los ataques y amenazas contra MSF tienen su origen en las acusaciones de algunos miembros de la Policía y de grupos de “autodefensa” que dicen que la organización presta apoyo médico a miembros de grupos criminales. Ello no tiene en cuenta, como ha declarado MSF, que la organización “presta atención a todas las personas, basada únicamente en las necesidades médicas”.
MSF ha sido a menudo la única opción de asistencia médica a víctimas y sobrevivientes en zonas controladas por grupos criminales. La suspensión de sus servicios afectará a un promedio semanal de más de 1.100 pacientes ambulatorios, incluyendo más de 80 sobrevivientes de violencia sexual y de género, quienes no tienen acceso a hospitales públicos por cuenta de los cierres ni a hospitales privados, que las víctimas suelen considerar inaccesibles o inasequibles.
Organizaciones de base de mujeres también proporcionan atención médica, apoyo psicológico, refugio temporal, educación y asistencia legal y para la reintegración a las sobrevivientes de violencia sexual, a menudo con el apoyo de agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Sin embargo, estas organizaciones cuentan con recursos muy limitados y la mayoría sólo puede operar en zonas controladas por el gobierno. Muchas también se han visto afectadas por la reciente escalada de violencia, lo que las ha llevado a suspender sus actividades.
Expertos de Naciones Unidas han advertido que las autoridades haitianas también han socavado y desfinanciado las instituciones estatales responsables de proporcionar servicios esenciales y de proteger los derechos humanos. Aunque el gobierno de transición ha dado prioridad a la reapertura de las instituciones médicas cerradas y a garantizar un mejor acceso de las víctimas a la justicia, altos funcionarios del gobierno han afirmado que el gobierno carece de los recursos adecuados.
Restablecer condiciones básicas de seguridad es esencial para combatir la violencia sexual. Los aliados de Haití deberían proporcionar de manera urgente la financiación necesaria para que la MSS funcione eficazmente. Hasta septiembre, Naciones Unidas sólo había recibido el 17 % de los 16 millones de dólares necesarios para fortalecer y ampliar el acceso a servicios esenciales para niñas y mujeres. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Haití ha estado apoyando la formación de unidades judiciales especializadas para investigar y procesar a los responsables de delitos graves, incluyendo la violencia sexual, pero el gobierno de transición debería emitir un decreto que establezca oficialmente estas unidades para que puedan ponerse en marcha.
“El gobierno de transición debería dar prioridad a la protección y la atención integral de las sobrevivientes de violencia sexual”, dijo Cotrino. “Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros gobiernos interesados de América Latina y otras regiones deberían proporcionar apoyo financiero para ayudar al gobierno y a las organizaciones a satisfacer las necesidades de asistencia”.
Para más detalles, relatos de las víctimas y recomendaciones, véase más abajo.
Se hace referencia a las sobrevivientes de violencia sexual sin identificarlas plenamente o con pseudónimos para proteger su privacidad.
Impacto de la violencia criminal en niñas y mujeres
Según Naciones Unidas, la expansión de la actividad de los grupos criminales en Haití ha contribuido a un fuerte aumento de la violencia de género, incluyendo la violencia sexual, dirigida principalmente contra niñas y mujeres. Igualmente, organizaciones de base y organizaciones internacionales reportaron un alarmante aumento del número de violaciones reportadas entre abril y junio de 2024, especialmente en Carrefour, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Gressier y Puerto Príncipe, zonas que son controladas en gran medida por grupos criminales, donde algunos centros de salud informaron a Naciones Unidas haber recibido hasta 40 víctimas de violación al día.
En 2023, los grupos criminales utilizaron regularmente la violación como “arma de terror” para “castigar” a niñas y mujeres de los territorios controlados por grupos rivales. Human Rights Watch documentó numerosos casos de violación, principalmente en el barrio Brooklyn, en Cité Soleil, donde tuvieron lugar intensos enfrentamientos entre dos grandes coaliciones, la federación G-Pèp, que controlaba Brooklyn, y la alianza G9, que controlaba los barrios circundantes y pretendía ampliar su territorio. Los miembros de G9 frecuentemente violaron en grupo a niñas y mujeres de Brooklyn para infundirles miedo y castigarlas por vivir en la zona controlada por el grupo rival.
A finales de febrero, la formación de “Viv Ansam”, una alianza de las principales coaliciones de grupos criminales, incluyendo G9 y G-Pèp, cambió la dinámica. Al disminuir los enfrentamientos, los grupos criminales han ampliado el uso de violencia sexual, incluyendo contra niñas y mujeres que buscan refugio en sitios informales tras haber sido desplazadas.
“Los grupos criminales abusan de cualquiera [en sus territorios] por cualquier motivo, ya que son la autoridad”, dijo a Human Rights Watch un experto haitiano en seguridad. “Los líderes, los miembros de rango medio y de base violan a niñas y mujeres sólo porque pueden. Nadie los detiene”.
Niñas y mujeres son interceptadas en espacios públicos, mientras caminan o van en transporte público. Los miembros de los grupos criminales las llevan a lugares cercanos, normalmente casas semidestruidas y abandonadas, donde las amenazan, golpean y violan. Muchas son violadas en grupo. Trabajadores humanitarios y de derechos humanos han denunciado casos de mujeres y niñas violadas a plena luz del día en autobuses públicos y en la calle.
“Hace dos meses, cuando pedía comida en la calle, tres hombres del grupo de Gabriel [G-Pèp] me agarraron... y me tiraron boca abajo al suelo. Me violaron, y no les importó que estuviera embarazada”, nos dijo Aurelie G., de 27 años y residente en Brooklyn. “Estaba demasiado asustada para resistirme. Todos tenían pistolas... Cuando terminaron, me golpearon la cara contra el pavimento y me insultaron. Decían que todas [las mujeres] éramos suyas y que podían hacer lo que quisieran con nosotras”.
Bridget C., una niña de 14 años de la comuna de Croix-des-Bouquets, dijo a Human Rights Watch que fue secuestrada en su casa y violada por miembros del grupo criminal 400 Mawozo a finales de febrero:
Eran casi las 10 a.m. Llegaron más de 10 bandidos... Dos me agarraron por los brazos y me arrastraron a otra casa... [Allí] me llevaron a una habitación donde había [otras] seis chicas. Me ataron a una silla... cinco hombres me violaron ese día. Varias veces me golpearon en la cabeza con los puños... Pasé cinco días en esa casa y cada día me violaban diferentes hombres... Las otras chicas también fueron violadas y golpeadas.
Las niñas y las mujeres que han huido de sus hogares debido a la violencia también son violadas en los sitios informales para desplazados internos “como una táctica deliberada para controlar el acceso de las mujeres a la escasa ayuda humanitaria disponible”, según ONU Mujeres.
Las sobrevivientes carecen de acceso a servicios esenciales
Durante las dos últimas décadas, el gobierno haitiano ha reducido drásticamente la inversión en el sistema de salud pública. Cuando se ajusta a la inflación y se mide sobre una base per cápita, Haití es uno de los 16 países del mundo que gastaron menos dinero en atención sanitaria pública en 2021 que en 2000.
Los Ministerios de Salud Pública y Población, Condición Derechos de la Mujer, y Justicia y Seguridad Pública cuentan con un plan nacional para combatir la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, hasta 2027. El plan opera en gran medida gracias al apoyo de Naciones Unidas y tiene como mecanismo de coordinación el subgrupo de VBG. Sin embargo, las sobrevivientes de violencia sexual continúan enfrentando un acceso limitado o nulo a los servicios públicos esenciales, incluyendo la protección y atención médica.
“Cuando una sobreviviente de violencia sexual llega a un centro de salud público, recibe atención inmediata”, declaró el entonces ministro de Salud Pública y Población. “Un proceso de evaluación identifica sus necesidades, seguido de una atención reactiva para abordar los posibles riesgos de embarazo y derivaciones para recibir asistencia psicológica. Cuando es posible [debido a la escasez] se les proporcionan kits de higiene para favorecer su bienestar. Estos servicios forman un paquete destinado a abordar las complejas necesidades de las sobrevivientes”.
Sin embargo, no todas las víctimas pueden acceder al sistema de salud debido a la existencia de barreras significativas. Por un lado, el sistema público sufre una desfinanciación crónica, escasez de recursos y un déficit crítico de personal. En la actualidad, sólo dos de los cinco hospitales públicos del país están operativos e incluso estos hospitales enfrentan dificultades debido a la falta de equipos médicos y personal, ya que más de 40.000 trabajadores médicos han huido del país como consecuencia de la violencia, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). De otro lado, la mayoría de los centros privados han cerrado y muchas víctimas no pueden costear sus servicios, según nos dijeron trabajadores humanitarios y de derechos humanos.
Muchas víctimas acuden a organizaciones internacionales y locales que forman parte del subgrupo VBG para acceder a servicios de protección y salud. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los miembros de estas organizaciones, aún hay barreras significativas para coordinar una respuesta eficaz. El subgrupo “produce datos sistemáticos sobre incidentes violentos, pero no funciona con de manera efectiva... En parte, debido a la rotación de los funcionarios que actúan como puntos focales, a la falta de claridad sobre las funciones y a la incertidumbre sobre los recursos disponibles”, dijo a Human Rights Watch un funcionario humanitario.
En las zonas controladas por grupos criminales, la mayoría de los centros de salud están inoperativos. Antes de la reciente suspensión y a pesar de que funcionaban de forma intermitente, los centros de MSF eran a menudo la única opción para atender a las víctimas en lugares como Drouillard, Turgeau, Tabarre, Carrefour, junto con sus clínicas móviles, incluyendo la de Cité Soleil. Desde la suspensión, MSF sólo atiende a los pacientes hospitalizados existentes y no aceptará nuevos ingresos. “MSF está presente, pero no tenemos otros centros a los que remitir [a las víctimas] para que reciban atención médica; mucho menos, apoyo psicológico”, nos contó una trabajadora de Oganizasyon Fanm Vanyan an Aksyon (OFAVA, u Organización de Mujeres Valientes en Acción), una organización haitiana de defensa de los derechos de la mujer, antes de que MSF anunciara la suspensión de sus operaciones.
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, sólo una cuarta parte de las sobrevivientes de violación puede acceder a atención médica dentro del plazo de 72 horas crucial para el tratamiento posterior a la violación. “Es desgarrador ver a mujeres que llegan mucho tiempo después de la agresión, y muestran síntomas de infecciones de transmisión sexual como VIH, que podrían haberse tratado eficazmente si hubieran tenido un acceso rápido a servicios médicos”, dijo a Human Rights Watch una trabajadora de derechos humanos.
“Estoy contagiada de VIH”, nos dijo Ellie M., una mujer sobreviviente de violencia sexual de 29 años, viuda y madre de cuatro hijos que vive en Brooklyn. Fue secuestrada y violada en grupo durante cinco horas por miembros armados de G9. “Después, me dispararon en el pie”, contó. “[Cuando] fui al hospital, [los médicos] descubrieron que me había contagiado... Era demasiado tarde. También [me enteré] de que estaba embarazada”.
La bebé de Ellie no fue diagnosticada con VIH al nacer. Los médicos le aconsejaron evitar la lactancia materna para prevenir la infección, pero ella no podía comprar leche de fórmula. Cuando Ellie habló con Human Rights Watch, la bebé, que entonces tenía tres meses, había desarrollado manchas rojas en la espalda, las piernas y los pies, y Ellie temía que hubiera contraído el VIH. “El médico me dio una tarjeta para la medicación mensual, pero es sólo para mí, no para la bebé”, explicó.
Las sobrevivientes de violencia sexual casi no tienen apoyo para enfrentar el impacto psicológico de su experiencia. “La mayor necesidad [de las sobrevivientes] después de la atención médica es el apoyo a la salud mental”, nos dijo una psicóloga de una organización internacional. “Las mujeres se sienten desesperanzadas y mentalmente afectadas por un sufrimiento, un horror y un dolor inimaginables... Tenemos pacientes con TEPT [trastorno de estrés postraumático] que sufren trastornos del sueño, ansiedad, trastornos alimentarios, desesperación y pensamientos suicidas”.
Aunque Bridget C., de 14 años, recibió albergue, apoyo psicológico y atención médica por parte de una organización local, sufría síntomas de TEPT cuando habló con Human Rights Watch, cinco meses después de que los miembros de un grupo criminal la violaran: “Aún tengo muchas pesadillas sobre lo que me hicieron esos hombres. Me despierto en mitad de la noche gritando de miedo y sudando. A veces, me escondo debajo de la cama”.
Aunque algunas organizaciones locales, financiadas principalmente por Naciones Unidas, operan albergues, no pueden cubrir la gran demanda. “Recibimos muchos casos de mujeres jóvenes víctimas de violación que quedan embarazadas”, nos dijo una representante de una organización local. “[Ellas] a menudo no tienen hogar ni familia. Sólo podemos darles acogida durante poco tiempo, uno o dos meses, ya que no disponemos de recursos suficientes”.
Las sobrevivientes de violencia sexual que quedan embarazadas no tienen acceso a servicios de aborto seguro, ya que el aborto sigue estando penalizado, y el gobierno de transición ha pospuesto hasta 2025 una propuesta para despenalizarlo hasta las 12 semanas de embarazo. “Las mujeres son doblemente victimizadas”, nos dijo una trabajadora humanitaria. “Las violan, abusan de ellas, las dejan embarazadas y enfermas... No tienen acceso a servicios de aborto seguro”.
En gran medida, la justicia y la reparación siguen siendo inaccesibles para las sobrevivientes de violencia sexual. La violencia criminal también ha dejado el sistema judicial prácticamente inoperante. Aunque el gobierno ha tomado algunas medidas para atender las demandas del personal judicial que ha estado en huelga, así como para reubicar ciertas instalaciones de las cortes, los principales tribunales de primera instancia de Puerto Príncipe y Croix-des-Bouquets no funcionan.
Amandine P., de 34 años y madre de cinco menores de edad, fue desplazada del barrio Carrefour Feuilles de Puerto Príncipe tras un violento ataque en el que fue violada y su marido fue asesinado por miembros del grupo criminal Grand Ravine. “No presenté ninguna denuncia porque no hay un sistema judicial fiable ni funcional”, dijo a Human Rights Watch. “Estoy en una situación realmente desesperante. Quiero justicia, no sólo para mí, sino para las demás familias víctimas”.
Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Réseau National de Défense des Droits Humains, RNDDH), han documentado violaciones de derechos humanos cometidas por grupos criminales y han ayudado a las víctimas a presentar denuncias. Sin embargo, según la RNDDH, el progreso en la judicialización de los responsables de delitos ha sido mínimo, y sin un avance notable en Puerto Príncipe.
La impunidad es la norma. La falta de un registro oficial de casos de violencia sexual y de un mecanismo para evaluar el progreso de las investigaciones empeora la situación. “Las violaciones y las violaciones colectivas se extienden por todo Haití”, nos dijo Rosy Auguste Ducena, directora de Programas de RNDDH. “Las sobrevivientes de la violencia sexual son ignoradas por las autoridades judiciales, que son incapaces de garantizar rendición de cuentas por estos delitos o hacer justicia. En Haití, las niñas y las mujeres continúan en peligro constante”.
Recomendaciones
Haití necesita una estrategia integral para proteger y garantizar el acceso a servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia sexual, que incluya tanto acciones inmediatas como estrategias a largo plazo.
Los donantes de Haití y otros países implicados deberían:
- Proporcionar los recursos financieros y humanos necesarios para mejorar la capacidad de la Policía Nacional de Haití y de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) para luchar contra los grupos criminales.
- Movilizar urgentemente financiación internacional adicional para apoyar los programas de salud y protección destinados a proporcionar atención de emergencia, incluyendo apoyo psicosocial y anticoncepción de emergencia, a las sobrevivientes de la violencia sexual y a sus familias.
- Apoyar los esfuerzos del subgrupo de Violencia Basada en Género (VBG) para establecer, ampliar y mejorar la coordinación interna entre las redes de servicios de apoyo a las sobrevivientes de violencia sexual, incluyendo la asistencia médica, psicológica y jurídica, así como el acceso a anticoncepción de emergencia y a la prevención y el tratamiento del VIH, y proporcionar los recursos necesarios, estimados en 16 millones de dólares.
- Instar al gobierno a establecer un sistema sólido para monitorear los incidentes de violencia sexual y garantizar que se denuncien y documenten de forma efectiva.
- Apoyar a las organizaciones locales e internacionales con mayores recursos y conocimientos técnicos para que puedan reforzar su presencia, ampliar la cobertura a más víctimas y desarrollar actividades dirigidas a dar una respuesta integral a las necesidades de las víctimas, coordinándose con las entidades estatales para ofrecer refugio, educación y otros servicios.
- Brindar a las agencias de Naciones Unidas los recursos necesarios para proporcionar los conocimientos técnicos a los funcionarios judiciales, incluyendo fiscales y jueces, para prevenir la retraumatización y la discriminación o estigmatización por razón de género a lo largo de los procedimientos judiciales, y para abordar adecuadamente los casos en los que haya menores de edad sobrevivientes.
El gobierno de transición de Haití debería:
- Fortalecer el sistema de salud haitiano, centrándose a corto plazo en la reactivación rápida y eficaz de los centros de salud y hospitales que han suspendido sus operaciones y con el objetivo a largo plazo de garantizar que las instalaciones médicas, especialmente en las zonas afectadas por la violencia criminal, proporcionen atención y servicios integrales.
- Evitar nuevas reducciones en la financiación de la atención médica y fijar el objetivo de gastar, mediante fondos públicos generados internamente, el equivalente de al menos el 5 % del PIB o del 15 % de los gastos generales del gobierno en atención sanitaria, o una cantidad que garantice de otro modo el máximo de recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud. El 5 % del PIB y el 15 % de los gastos generales del gobierno son dos puntos de referencia de uso común extraídos de acuerdos internacionales utilizados para evaluar hasta qué punto los países priorizan el gasto en salud de acuerdo con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
- Impulsar con urgencia reformas legislativas para despenalizar el aborto. Esto debería incluir la eliminación del aborto del Código Penal para armonizarlo con estándares internacionales de derechos humanos, y garantizar que nadie enfrente cargos penales por solicitar servicios de aborto.
- Promover el respeto de las infraestructuras sanitarias y las misiones médicas por parte de todos los actores, incluyendo a la Policía Nacional de Haití y los grupos criminales, de manera que se permita a equipos médicos locales e internacionales su operación incluso en zonas bajo control de grupos criminales y se garantice a las sobrevivientes de violencia sexual acceso rápido y seguro a atención médica, incluyendo a anticoncepción de emergencia, profilaxis posexposición y atención al aborto.
- Garantizar el rápido inicio de investigaciones disciplinarias y penales contra los agentes de policía presuntamente implicados en las amenazas y agresiones denunciadas por MSF.
- Garantizar que niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a justicia, asistencia jurídica y reparación. Esto incluye la promulgación de un decreto para establecer unidades judiciales especializadas, con el apoyo de la Oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Haití.
