Resumen

“Nos violan porque tienen el control, porque tienen armas, porque no hay nadie que nos defienda. No hay policía ni Estado”.

- Sobreviviente de Cité Soleil^[1]

Josephine T., de 29 años, y su hermana volvían a casa caminando con algunos hombres hacia Brooklyn, un barrio de Puerto Príncipe, el 15 de abril de 2023, cuando fueron detenidas por un grupo miembros del grupo criminal G9 en un lugar conocido como Carrefour la Mort, o el cruce de la muerte. Los miembros de G9 alinearon a los hombres y mataron a algunos a machetazos; a otros, con disparos. “Los criminales abrieron los cuerpos de algunos de los hombres antes de juntarlos todos y prenderles fuego”, relató Josephine[2]. Luego violaron a las dos hermanas en repetidas ocasiones. Unas horas después de que Josephine llegara a casa, se enteró de que su hermano, de 27 años, estaba entre los que habían sido asesinados^[3].

La violenta experiencia de Josephine no es única. En Brooklyn, a las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, se han reducido casi por completo los servicios de agua potable, electricidad y salud desde que comenzaron los enfrentamientos entre el G9 y un grupo criminal rival, el G-Pèp, en julio de 2022. A pesar del peligro, los residentes tienen que salir del barrio para buscar alimentos y satisfacer otras necesidades básicas. Los dos grupos acordaron una tregua a finales de junio de 2023, que condujo a un inestable alto el fuego, pero los barrios siguen bajo su control y los reportes de abusos, aumentando. Los residentes siguen luchando para enviar a sus hijos al colegio; muchos, a menudo, sólo pueden comer una vez cada dos o tres días.

La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH) estima que los grupos criminales en Haití asesinaron a más de 2.000 personas entre enero y junio de 2023, lo que supone un aumento de cerca del 125% en comparación con el mismo periodo de 2022[4]. La BINUH también reportó 1.014 secuestros durante el mismo periodo, así como “violaciones generalizadas”, ya que los grupos criminales utilizan la violencia sexual para aterrorizar a la población y demostrar su control. Familiares de víctimas y sobrevivientes describieron haber sufrido o presenciado estos u otros abusos en el área metropolitana de Puerto Príncipe desde enero de 2023. Las diversas formas de violencia a menudo han ido acompañadas de incendios de viviendas y saqueos masivos que obligan a la población a huir.

El gobierno haitiano no ha protegido a la población de la violencia de los grupos criminales. Para quienes viven en las zonas afectadas, la policía y otras autoridades prácticamente no existen.

En respuesta, algunos residentes han recurrido a la “justicia popular”, creando el movimiento Bwa Kale, que cobró fuerza a finales de abril de 2023. Según la BINUH y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), una organización no gubernamental haitiana, para junio de 2023, el movimiento Bwa Kale habría matado a más de 200 personas sospechosas de ser miembros de grupos criminales, a menudo en connivencia con agentes de policía, en ocho de los diez departamentos del Haití.

La grave situación en materia de seguridad se ve agravada por un intenso bloqueo político, un sistema judicial disfuncional y una prolongada impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. El primer ministro Ariel Henry tiene control sobre todas las funciones de las ramas ejecutiva y legislativa desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, y no ha alcanzado un consenso con otros actores políticos haitianos que permita una transición democrática. Según información disponible, no ha habido procesos penales ni condenas de los responsables de asesinatos, secuestros y violencia sexual cometidos desde principios de año.

Mientras tanto, la ONU estima que casi la mitad de las 11,5 millones de personas que conforman la población de Haití sufre inseguridad alimentaria aguda. Más de 19.000 personas en la comuna de Cité Soleil de Puerto Príncipe se enfrentaron a una hambruna catastrófica a finales de 2022, la primera vez que ello ocurre en Haití y en América. Haití es uno de los países con comunidades con mayor riesgo de inanición, junto con Afganistán, Burkina Faso, Malí, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) elevaron a Haití al “nivel de máxima preocupación” por inseguridad alimentaria para el periodo de junio a noviembre de 2023[5]. Además, cerca de 5,2 millones de personas necesitan actualmente ayuda humanitaria.

Casi 195.000 haitianos han sido desplazados internos debido a la violencia desde 2022, y muchos otros han abandonado el país, con frecuencia emprendiendo peligrosos viajes que, esperan, los lleven a un lugar seguro. En el primer semestre de 2023, más de 73.000 personas fueron devueltas forzosamente a Haití, muchas veces en condiciones abusivas, sobre todo desde la República Dominicana y otros países, a pesar de los altos niveles de riesgo para sus vidas y su integridad física.

Este informe documenta algunos de los abusos cometidos por grupos criminales en cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe—Cabaret, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets y Puerto Príncipe—entre enero y abril de 2023. En total, Human Rights Watch documentó 67 asesinatos, incluyendo de 11 de niños y 12 de mujeres, y 23 casos de violación, incluyendo 19 casos en los que las víctimas fueron violadas por múltiples agresores. Este recuento sólo incluye los casos en los que Human Rights Watch entrevistó a las víctimas o a sus familiares y otros testigos. Muchas de las personas entrevistadas por Human Rights Watch se vieron obligadas a huir de sus hogares tras esta ola de violencia.

El informe se basa en entrevistas a 127 personas, antes, durante y después de una visita de Human Rights Watch a Haití a finales de abril y principios de mayo de 2023. Entre los entrevistados se encontraban 58 víctimas y testigos de la violencia; todos ellos fueron entrevistados personalmente en Haití. También se incluye a miembros de la sociedad civil haitiana, grupos de derechos humanos y de la diáspora, representantes de las Naciones Unidas y agencias humanitarias, actores políticos haitianos y funcionarios del Gobierno, incluyendo el primer ministro Henry, y funcionarios internacionales que trabajan en Haití. Además, Human Rights Watch revisó datos e informes de la ONU, organizaciones no gubernamentales internacionales, grupos de la sociedad civil haitiana y medios de comunicación.

Human Rights Watch también verificó 15 vídeos y 5 fotografías de incidentes violentos y utilizó imágenes satelitales para geolocalizar secuencias clave de casos específicos en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

Algunos de los abusos más atroces se produjeron en la zona de Brooklyn, en Cité Soleil, y sus alrededores, donde vive Josephine. Desde mediados de marzo de 2023, se intensificaron los enfrentamientos entre dos de las principales coaliciones criminales, la federación G-Pèp, que al momento de escribir este informe controla Brooklyn, y la alianza G9, que controla todos los barrios circundantes y está intentando expandirse para hacerse con el control de Brooklyn. El G9 ha bloqueado todas las rutas de salida de Brooklyn, excepto Carrefour la Mort. Sus miembros se posicionaron allí y de forma rutinaria, durante un mes y medio de extrema violencia desde mediados de marzo hasta finales de abril, dispararon, mataron y violaron en grupo a los residentes de Brooklyn que intentaban ir al centro de la ciudad o regresar a casa. La mayor parte de la violencia se produjo en un lugar conocido como Dèyè Mi (Detrás del Muro). Ninguna de las víctimas de Brooklyn entrevistadas por Human Rights Watch había denunciado los abusos públicamente, los había reportado a la policía o había presentado denuncias ante entidades judiciales por temor a represalias y porque no contaban con acceso a autoridades judiciales o con confianza para acudir a estas.

Esta violenta lucha por el control—alimentada por el interés electoral y económico de la élite y los grupos criminales de la zona—ha restringido gravemente la capacidad de los residentes de Brooklyn para acceder a servicios fundamentales y suplir sus necesidades básicas, ya que los mercados y los centros de salud han cerrado. Casi todas las víctimas y testigos de Brooklyn dijeron que se enfrentaban a dificultades diarias para encontrar alimentos para sus familias y a vivir en medio de aguas residuales sucias, debido a la acumulación de basura en los canales de aguas residuales de la ciudad que atraviesan el barrio y desembocan en el mar. El G9 cortó la electricidad hace aproximadamente dos años y no permitió que los camiones de suministro de agua ni los trabajadores de limpieza entraran en Brooklyn durante los enfrentamientos. Algunas personas, cuyas casas fueron incendiadas en los enfrentamientos, luchan por encontrar un lugar donde dormir por la noche.

Una organización comunitaria que trabaja en Brooklyn documentó los asesinatos de unas 100 personas, así como unos 100 casos de violencia sexual, durante siete semanas entre marzo y abril de 2023. Desde mayo, sólo se han registrado algunos abusos esporádicos en Carrefour la Mort y en Dèyè Mi pero la violencia continúa en otras partes de Brooklyn debido a los ataques de los miembros del G9, quienes continúan cercando el barrio.

Haití es parte de los principales tratados de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen los derechos a la vida, la integridad física y la libertad, entre otros. Las autoridades haitianas están obligadas a proteger estos derechos de forma efectiva, incluyendo a través de medidas adecuadas para proteger a las personas de amenazas razonablemente previsibles contra sus vidas por parte de actores no estatales, como delincuentes y crimen organizado.

A finales de 2022, el primer ministro Henry hizo un llamado a la comunidad internacional para que desplegara una fuerza armada especializada que ayudara a la Policía Nacional de Haití a hacer frente a la inseguridad del país. El secretario general de las Naciones Unidas hizo eco de este llamamiento. Tras meses de inacción, el 14 de julio de 2023 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio al secretario general 30 días para presentar un documento con opciones para una fuerza multinacional, una operación de mantenimiento de la paz u otra respuesta internacional. El 29 de julio, Kenia anunció que “consideraría positivamente” dirigir una fuerza multinacional en Haití y desplegar 1.000 agentes de policía para “ayudar a formar y asistir a la policía haitiana a restablecer la normalidad en el país y proteger instalaciones estratégicas”.

Casi todos los representantes de la sociedad civil haitiana y las víctimas de abusos entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que la situación se ha deteriorado tan drásticamente este año que se necesita algún tipo de respuesta internacional urgente para restablecer una seguridad básica, el Estado de derecho y garantizar que todos los haitianos tengan acceso a las necesidades básicas. Muchos dijeron que la grave situación de seguridad, así como el hambre y la pobreza extremas son peores ahora que en cualquier otro momento que recuerden.

Representantes de la sociedad civil también dijeron a Human Rights Watch que sólo es probable que se produzca un cambio significativo si se establece un nuevo gobierno de transición más legítimo, idealmente dirigido por funcionarios técnicos que no tengan vínculos con grupos criminales y que no se presenten a las próximas elecciones. También instaron a que cualquier fuerza internacional desplegada no tenga el efecto de fortalecer en el poder al primer ministro Henry, a quien consideran al frente de un gobierno ilegítimo y corrupto con presuntos vínculos con grupos criminales, ni a la clase política que lo acompaña.

Muchos también subrayaron el impacto continuo en Haití de los legados de la esclavitud, el colonialismo, el racismo y la discriminación contra la población negra, la deuda forzosa y la pobreza. Advierten que, junto a los daños y abusos históricos que resultaron directa o indirectamente de la intervención en Haití de potencias y entidades externas, muchos países occidentales y la ONU todavía pueden tener un impacto significativo en la economía y la política de Haití.

Desde principios del siglo XIX, cuando EE. UU., Francia y otros países se negaron a reconocer la independencia de Haití para proteger sus propios intereses esclavistas, el país ha sufrido ocupaciones violentas, injerencias en el control de sus finanzas públicas y sus procesos políticos, y endeudamiento forzoso. A mediados del siglo XX, los haitianos también padecieron casi 30 años de dictadura caracterizados por la violencia, la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Estos regímenes recibieron el apoyo de EE. UU. Y Francia. En la década de los 2000, las fuerzas de paz de la ONU fueron responsables de explotación y abuso sexual de mujeres y niñas, y de una epidemia mortal de cólera, que está en parte vinculada con la epidemia de cólera actual. Aunque la mayoría dijeron que ahora es necesaria alguna forma de fuerza internacional para apoyar a las fuerzas policiales haitianas a hacer frente a la violencia, afirmaron que deben tomarse medidas para evitar que se repitan los daños del pasado y se debe apoyar la puesta en marcha de un proceso de reparación dirigido por haitianos.

Human Rights Watch pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que atienda estos llamados y, en caso de autorizar el despliegue consensuado de una fuerza internacional en Haití, garantice que se base en protocolos claros de derechos humanos y cuente con financiación adecuada y mecanismos de supervisión sólidos. Estos deben complementarse con medidas sólidas, que incluyan a los grupos de la sociedad civil haitiana, para garantizar la rendición de cuentas, así como la prestación de ayuda humanitaria y otros servicios básicos a aquellos que los necesitan.

Human Rights Watch también pide a EE. UU., Canadá, Francia, los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros gobiernos que apoyen el establecimiento de un gobierno de transición que trabaje para restablecer un Estado de derecho que respete los derechos y proporcione acceso a las necesidades básicas a todos los haitianos, hasta que unas elecciones democráticas puedan sentar las bases para la formación de un gobierno ordinario.

Es necesaria una acción urgente para hacer frente a los niveles extremos de violencia, la falta de seguridad y la casi total impunidad, así a como los sentimientos palpables de terror, miedo, hambre y abandono que tantos haitianos experimentan en la actualidad.

 

Mapa

Haití está dividido administrativamente en 10 departamentos, que se subdividen en distritos. Cada distrito está compuesto por comunas y las comunas, a su vez, se dividen en secciones comunales. Estas últimas se componen de barrios[6].

Según organizaciones humanitarias y de derechos humanos haitianas e internacionales que trabajan en Haití, esta estructura administrativa puede variar y puede haber subdivisiones adicionales o diferentes en algunos lugares. Por ejemplo, en comunas grandes o densamente pobladas, los residentes a menudo se refieren a subdivisiones llamadas “áreas” para identificar zonas específicas.

El “área metropolitana de Puerto Príncipe” se refiere a la región que abarca la comuna de la capital Puerto Príncipe y las zonas colindantes, incluyendo al menos otras siete comunas (Cité Soleil, Croix-Des-Bouquets, Cabaret, Pétion-Ville, Delmas, Carrefour y Tabarre). Estas comunas están estrechamente conectadas y tienen una población total estimada de 3 millones de personas[7].

Glosario

ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

BINUH: Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti, Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití

CARDH: Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos

CARICOM: Comunidad del Caribe

CERP: Centro de Investigación Económica y Política

EE. UU.: Estados Unidos

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

MINUJUSTH: Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití

MINUSTAH: Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

MSF: Médecins Sans Frontières, Médicos sin Fronteras

OACDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OCHA: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PMA: Programa Mundial de Alimentos

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RNDDH: Reseau National De Défense des Droits Humains (RNDDH), Rezo Nasyonal Pou Defann Dwa Moun, Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos

UE: Unión Europea

WOLA: Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos

Recomendaciones

Al secretario general de las Naciones Unidas

• Garantizar que las acciones de la BINUH apoyen el establecimiento de un gobierno de transición, entre otras cosas, mediante recursos técnicos y financieros, fortaleciendo las interacciones con los representantes de la sociedad civil haitiana y los actores políticos, incluyendo de la oposición, y teniendo en cuenta sus propuestas.
• Garantizar que la OACDH, la BINUH y otras agencias de la ONU apoyen la puesta en marcha de un mecanismo de investigación de antecedentes para los miembros de la Policía Nacional de Haití. Este mecanismo debería estar, bajo la autoridad de las autoridades de transición y tener como objetivo de identificar, investigar y, cuando sea apropiado, procesar a los agentes de policía implicados en violaciones de derechos humanos, corrupción, apoyo a grupos criminales u otros delitos.
• Garantizar que la OACDH y otras agencias de la ONU trabajen para proporcionar formación y apoyo técnico a un grupo especializado de investigadores judiciales, fiscales y jueces haitianos centrados en garantizar la rendición de cuentas—incluyendo de delitos cometidos por miembros de grupos criminales violentos y agentes de policía, políticos y otras personas que les apoyan—con vistas a reformar en general el sistema judicial.
• Apoyar la implementación de medidas para hacer frente a la situación humanitaria y al grave hacinamiento en las prisiones, que es causada especialmente porque las personas son detenidas en prisión preventiva durante largos periodos, y para disponer de prisiones en las que los miembros de grupos criminales presuntamente responsables de graves abusos, y sus aliados, puedan ser detenidos en condiciones seguras y humanas.
• Apoyar los esfuerzos para garantizar que a las personas arrestadas o detenidas por su presunta participación en actos delictivos se les garanticen procesos judiciales previos al juicio respetuosos de los derechos humanos, que incluyan acceso a asistencia legal y privación de libertad sólo como último recurso; unas instalaciones de detención preventiva que sean humanas, respetuosas de los derechos humanos y funcionales; un juicio penal respetuoso de sus derechos fundamentales; y una prisión funcional en condiciones humanas, así como el derecho a revisión judicial.
• Apoyar la prestación de atención en salud especializada y sensible al trauma, apoyo jurídico y apoyo psicosocial, incluyendo durante los procesos penales, para las sobrevivientes de violencia sexual, incluso mediante apoyo a organizaciones haitianas.
• Trabajar con un gobierno de transición para poner en marcha programas especializados para el desarme, la desmovilización y la reintegración social y económica de las personas vinculadas a grupos criminales violentos, prestando especial atención al apoyo sensible al trauma a los menores vinculados a dichos grupos.
• Aplicar rigurosamente la Política de Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos a cualquier cooperación prevista con la Policía Nacional de Haití y otras fuerzas de seguridad del país.

Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

• Cualquier autorización de despliegue consensuado de una fuerza internacional, tal y como ha sido solicitada por autoridades haitianas y el secretario general de las Naciones Unidas, debería estar compuesta principalmente por agentes de policía y debería apoyar los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití por restablecer la seguridad básica. Esta fuerza debería recibir el mandato de patrullar y asegurar el acceso a las principales carreteras del país para garantizar el transporte de alimentos y de ayuda humanitaria y permitir que los residentes circulen libremente; asegurar lugares clave como puertos, aeropuertos, tribunales de justicia y hospitales para permitir que se presten estos servicios a la población; y proporcionar apoyo técnico, logístico y de inteligencia a las autoridades haitianas en su intento de investigar, detener y procesar a los líderes abusivos de los grupos criminales y a quienes respaldan a estos grupos mediante procedimientos respetuosos de los derechos humanos, incluyendo la creación de condiciones que permitan a los miembros de estos grupos entregar sus armas de forma segura. El Consejo de Seguridad también debería:
  • Requerir la creación de un mecanismo independiente, que cuente con la participación de grupos de la sociedad civil haitiana, para supervisar e informar sobre la conducta y el desempeño de la fuerza internacional. Este mecanismo debería incluir un plan para dar a conocer su existencia al público haitiano, procedimientos de denuncia accesibles y confidenciales para el público, procedimientos de denuncia independientes, un equipo de investigación independiente con perspectiva de género y procedimientos para compartir pruebas con los sistemas judiciales de otros países para garantizar la rendición de cuentas, en sus países de origen, de las fuerzas responsables de incumplimientos de normas internacionales y de los códigos de conducta de la ONU.
  • Reiterar la expectativa de que la dirección de la fuerza no tolerará ningún tipo de conducta indebida, incluyendo la explotación y abuso sexual por parte de la fuerza; investigará con prontitud todas las denuncias de conducta indebida; y abordará adecuadamente los incidentes de conducta indebida confirmada.
  • Recordar a las Naciones Unidas que debe aplicar rigurosamente la Política de Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos de la ONU y abstenerse de cooperar con unidades o mandos de la fuerza internacional o de la Policía Nacional de Haití que hayan estado implicados de forma creíble en graves abusos de derechos humanos o apoyado a grupos criminales.
  • Instar a que se realicen esfuerzos robustos, liderados por entidades haitianas, para: investigar y procesar a los principales responsables de delitos violentos graves, resolver el estancamiento político del país y facilitar un gobierno de transición, garantizar la entrega segura de ayuda humanitaria urgente y el acceso a otros servicios básicos, frenar el flujo de armas y municiones a los grupos criminales violentos, y proporcionar empleo, educación y otras oportunidades a las personas de las comunidades anteriormente controladas por grupos criminales violentos.
• Ampliar el embargo existente de armas para incluir la prohibición de todas las transferencias de armas y material bélico al territorio de Haití, con una exención para la Policía Nacional de Haití, siempre que se aplique un mecanismo de control estricto que garantice su entrega y evite la desviación.
• Encargar al Grupo de Expertos que elabore un informe específico para identificar los Estados y otros actores que violan o eluden el embargo de armas, centrándose especialmente en las transferencias de armas pequeñas.
• Imponer nuevas sanciones específicas, incluyendo prohibiciones a viajar y congelación de activos, a los responsables de asesinatos, secuestros, violencia sexual y otros graves abusos, así como contra los actores haitianos y extranjeros responsables de proporcionar apoyo a los grupos criminales abusivos.
• Solicitar al secretario general de la ONU informes periódicos de 30 días sobre la situación en Haití.
• Solicitar urgentemente una sesión informativa sobre Haití por parte del representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos; y el despliegue inmediato de un asesor superior de protección de la mujer que trabaje en estrecha colaboración con la BINUH, el ACNUDH y otras agencias de la ONU.

A todos los gobiernos, instituciones y donantes interesados

• Dejar de apoyar a los actores políticos de Haití implicados de forma creíble como responsables de apoyar a grupos criminales.
• Apoyar, incluyendo con recursos técnicos y financieros, el establecimiento de un gobierno de transición que restablezca la seguridad básica y garantice el apego a los derechos humanos fundamentales, el restablecimiento de un Estado de derecho respetuoso de los derechos humanos y que proporcione acceso a las necesidades básicas a todos los haitianos, hasta la formación de un gobierno regular sobre la base de elecciones democráticas.
• Pedir que cualquier despliegue consensuado de una fuerza internacional esté basado en protocolos claros de derechos humanos, cuente con financiación adecuada y mecanismos de supervisión sólidos, y se complemente con medidas contundentes para garantizar la rendición de cuentas, frenar el flujo de armas y municiones hacia los grupos criminales violentos, y proporcionar ayuda humanitaria y otros servicios básicos, educación y puestos de trabajo en las zonas que se han visto más afectadas por los grupos criminales violentos.
• Apoyar los esfuerzos del gobierno de transición y de cualquier fuerza internacional para desmantelar eficazmente los grupos criminales y sus redes delictivas, garantizando que los responsables de asesinatos a gran escala, violencia sexual y secuestros, y de proporcionar apoyo a los grupos criminales, incluyendo fuera de Haití, rindan cuentas mediante procesos que respeten los derechos humanos. Este apoyo debería incluir medidas por parte de los gobiernos extranjeros para examinar y mejorar sus acciones internas para a fin de abordar cualquier vínculo existente en sus propios países y los grupos criminales violentos que operan en Haití.
• Garantizar que las políticas y medidas de migración cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular el principio de no devolución, y, donde existan tales políticas y medidas, mantenerlas en vigor y acelerar su aplicación para lograr la protección de los haitianos. Todos los gobiernos, en particular los de República Dominicana, EE. UU., Bahamas y Cuba, deben dejar de devolver, expulsar o deportar personas a Haití mientras las condiciones de violencia y otras condiciones excepcionales presenten un riesgo real de daños graves. Esta suspensión de los retornos debería incluir los menores nacidos en el extranjero de padres haitianos que se enfrentan a un alto riesgo de violencia en Haití y no tienen acceso efectivo a protección o justicia.
• Considerar la posibilidad de dirigir más ayuda humanitaria de emergencia a Haití, en particular para reforzar el funcionamiento de las agencias humanitarias para a fin de garantizar que los haitianos puedan recibir libremente esta ayuda y acceder a los servicios básicos mientras el gobierno de transición pone en marcha un plan sostenible de asistencia para quienes los necesitan. Garantizar que se apliquen o mejoren las medidas de protección contra la explotación sexual en la prestación de todos los servicios y la asistencia.

A Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea

• Imponer, aplicar plenamente, actualizar constantemente y adoptar sanciones específicas adicionales, incluyendo prohibiciones de viajar y congelación de activos, contra los responsables de asesinatos, secuestros, violencia sexual y otros abusos graves, así como contra los actores haitianos y extranjeros responsables de proporcionar apoyo a los grupos criminales abusivos, según sea necesario, para garantizar que se adapten a la evolución de las circunstancias en Haití.
• Adoptar medidas más contundentes para detener el flujo ilegal y la venta de armas y municiones a los grupos criminales violentos que operan en Haití.

A Estados Unidos y Francia

• Reconocer explícitamente, con garantías de no repetición, la responsabilidad de Estados Unidos y Francia por los daños y abusos históricos, sus continuos impactos y trabajar hacia el desarrollo de un proceso de reparaciones efectivo y genuino liderado por el pueblo haitiano.

A los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM)

• Continuar apoyando las negociaciones políticas entre los representantes de la sociedad civil haitiana, los actores políticos y los funcionarios del gobierno hacia el establecimiento de un gobierno de transición que debería trabajar para restaurar la seguridad básica y garantizar la adhesión a los derechos humanos fundamentales, restablecer un Estado de derecho respetuoso con los derechos y proporcionar acceso a las necesidades básicas a todos los haitianos.
• Adoptar medidas para detener el flujo ilegal y la venta de armas y municiones a los grupos criminales violentos que operan en Haití, incluyendo el refuerzo del control de los puertos y del tráfico marítimo.

Al gobierno del primer ministro Ariel Henry

• Comprometerse de forma significativa y urgente con un grupo diverso de actores sociales y políticos haitianos para elaborar una solución a la crisis del país con objetivos claros y un calendario preciso.
• Apoyar un proceso que permita la formación de un gobierno de transición, restablezca la seguridad básica y garantice el apego a los derechos humanos fundamentales, restablezca un Estado de derecho respetuoso con los derechos, proporcione acceso seguro y justo a las necesidades básicas para todos los haitianos y celebre elecciones democráticas para establecer un gobierno regular.
• Trabajar para garantizar que todos los haitianos tengan acceso a los servicios básicos, incluyendo servicios de salud, justicia y reparación para las sobrevivientes de violencia sexual, garantizando acceso a quienes viven en zonas controladas por grupos criminales.
• Apoyar los esfuerzos para sancionar y hacer rendir cuentas mediante procesos respetuosos de los derechos humanos a los responsables de asesinatos sistemáticos, violencia sexual y secuestros—incluyendo los ataques en Cité Soleil, Source Matelas, Bel-Air y Croix-des-Bouquets documentados en este informe—, así como a aquellos que han proporcionado apoyo a grupos criminales abusivos.
• No criminalizar a los menores que han sido coaccionados u obligados a participar en actividades de grupos criminales y apoyar las medidas destinadas a su rehabilitación y reintegración.
• Abordar de manera urgente la crisis del sistema judicial, por ejemplo, reubicando los tribunales en zonas seguras, proporcionando seguridad a los funcionarios judiciales amenazados, mejorando las condiciones de las prisiones y mejorar urgentemente el acceso de todos los haitianos a la justicia.
• Retirar a los agentes y funcionarios abusivos o corruptos de las fuerzas policiales y del poder judicial.
• Si se despliega una fuerza internacional, cooperar con esta, la Policía Nacional de Haití y los socios internacionales para restablecer la seguridad básica en el área metropolitana de Puerto Príncipe, así como en otras zonas del país asoladas por la inseguridad.
• Colaborar con las agencias de la ONU y los donantes para proporcionar ayuda a las personas que son desplazadas dentro del país por la violencia y los desastres naturales.
• Trabajar con las agencias de la ONU y los donantes para poner en marcha un programa integral de reintegración de los retornados a Haití, que atienda sus necesidades específicas, incluyendo el trabajo, la seguridad, la reunificación familiar, los servicios para las sobrevivientes de violencia de género y el apoyo a los menores sobre la base de una evaluación de su interés superior.
• Establecer un diálogo con el gobierno de República Dominicana para abordar el trato que da a los haitianos y sus descendientes e implementar programas de asistencia para los afectados.

Metodología

Durante la investigación de este informe, Human Rights Watch entrevistó a 127 personas, antes, durante y después de una visita a Puerto Príncipe, Haití, ocurrida del 27 de abril al 5 de mayo de 2023. Las entrevistas se realizaron en inglés, francés y creole con el apoyo de traductores haitianos y trabajadores humanitarios y de derechos humanos. Entre marzo y junio se celebraron reuniones adicionales en Washington D.C. con grupos de la diáspora y funcionarios haitianos y estadounidenses.

Entre aquellos entrevistados se encontraban 58 víctimas y testigos de diversas formas de violencia, personas que resultaron heridas y familiares de las que fueron asesinadas o sufrieron violencia sexual. Todos fueron entrevistados personalmente en Haití. También entrevistamos a representantes de grupos de la sociedad civil y coaliciones políticas haitianas, y de organizaciones de derechos humanos y comunitarias que trabajan en Haití; a miembros de la diáspora; a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, organizaciones internacionales y las Naciones Unidas; y a expertos. Nos reunimos con funcionarios del gobierno haitiano, entre ellos el primer ministro Ariel Henry y el embajador Leon Charles, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), así como con delegados del gobierno y jueces.

Human Rights Watch examinó datos e informes de la ONU, el gobierno de EE. UU., la Comunidad del Caribe (CARICOM), ONG internacionales, grupos de la sociedad civil haitiana y de la diáspora, y los medios de comunicación.

Además, utilizamos imágenes satelitales para geolocalizar ocho vídeos compartidos en las redes sociales que mostraban ataques cometidos por el movimiento Bwa Kale, principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe. También verificamos 12 vídeos y fotografías que mostraban la catastrófica situación humanitaria a la que se enfrenta la población haitiana en la zona de Puerto Príncipe.

Nuestra documentación sobre los asesinatos y los casos de violencia sexual se basa principalmente en información proporcionada por las víctimas o sus familiares y testigos de los hechos, que fue cotejada con la información recopilada por organizaciones haitianas e internacionales de derechos humanos y comunitarias. Dado que los grupos criminales quemaron los cuerpos de muchas de las víctimas, y debido al limitado acceso a atención sanitaria y a la falta de un sistema judicial operativo, fue difícil obtener historiales médicos, informes de autopsia o certificados de defunción. La mayoría de las víctimas y testigos entrevistados por Human Rights Watch no tenían acceso a teléfonos inteligentes o tenían demasiado miedo de utilizarlos para grabar la violencia y los abusos, lo que limitó la disponibilidad de fotografías y vídeos.

Human Rights Watch también entrevistó a expertos y analistas de seguridad haitianos e internacionales, funcionarios de derechos humanos y del Gobierno sobre sus propias investigaciones acerca de los supuestos vínculos entre grupos criminales violentos y la élite política, económica y de seguridad del país. Para este informe, no verificamos de forma independiente las afirmaciones sobre estos supuestos vínculos.

Human Rights Watch identificó a víctimas y testigos de la violencia con el apoyo de grupos haitianos comunitarios y de derechos humanos y de organizaciones internacionales. También visitamos un hospital en Puerto Príncipe.

Human Rights Watch ha utilizado pseudónimos para la mayoría de los entrevistados, ya que estos solicitaron confidencialidad por temor a represalias.

Human Rights Watch informó a todas las personas entrevistadas sobre la finalidad de la entrevista, su naturaleza voluntaria y la forma en que sería utilizada la información. Los entrevistadores aseguraron a los participantes que podían poner fin a la entrevista en cualquier momento o negarse a responder a cualquier pregunta, sin ninguna consecuencia negativa. Todos los participantes dieron verbalmente su consentimiento informado y, en los casos en los que se realizaron grabaciones de sus testimonios, dieron su consentimiento por escrito.

Las entrevistas fueron semiestructuradas y abarcaron temas relacionados con los abusos de los grupos criminales, la situación humanitaria, el contexto político, judicial y de seguridad, y la respuesta internacional.

Ningún entrevistado recibió compensación alguna por proveer la información. Human Rights Watch sólo proporcionó ayuda económica para transporte y comida a los entrevistados que la necesitaban, a través de las organizaciones comunitarias y de derechos humanos que ayudaron a localizarlos. También remitimos a varias sobrevivientes de violencia sexual a un hospital donde pudieron recibir atención médica gratuita, y nos hicimos cargo de los gastos de transporte previstos. Se tomaron recaudos para reducir al mínimo el riesgo de que, al volver a relatar lo vivido, las víctimas de experiencias traumáticas se vieran incluso más afectadas.

Human Rights Watch escribió a la Policía Nacional de Haití, al Ministerio de Justicia y al primer ministro Ariel Henry el 12 de julio, exponiendo las acusaciones de inacción policial durante los ataques que tuvieron lugar en las comunas de Cabaret y Puerto Príncipe, o de complicidad en los mismos, así como la violencia cometida por los grupos de autodefensa conocidos como el movimiento Bwa Kale. Al momento de escribir este informe no habíamos recibido respuesta.

Los haitianos y los observadores internacionales se refieren a los responsables de los abusos que Human Rights Watch documenta en este informe como miembros de pandillas, grupos armados o grupos criminales violentos. A efectos de este informe, utilizamos el término grupos criminales o grupos criminales violentos.

 

I. Aumento de la inseguridad

La situación de seguridad en Haití se ha deteriorado drásticamente a medida que los grupos criminales violentos han ido ampliando sus zonas de control, cometiendo graves abusos de derechos humanos y perturbando la vida social y económica de los haitianos. Esto ha llevado a algunos haitianos a formar nuevos movimientos de autodefensa, exacerbando una espiral de violencia que las autoridades no han sido capaces de abordar. Los abusos documentados por Human Rights Watch en cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe constituyen graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos que deben ser investigadas y enjuiciadas en procesos judiciales justos y creíbles.

Estándares legales aplicables

Haití es parte en los principales tratados de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad, entre otros. Las autoridades haitianas están obligadas a proteger estos derechos de forma efectiva, incluyendo mediante medidas adecuadas para proteger a las personas de amenazas razonablemente previsibles contra sus vidas por parte de actores no estatales como delincuentes y actores del crimen organizado[8].

Asesinatos, violencia sexual y secuestros por grupos criminales

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) estima que unos 300 grupos criminales operan en Haití, la mitad de ellos en el departamento occidental que incluye Puerto Príncipe, la capital del país, y su región metropolitana, donde mataron a más de 2.000 personas durante el primer semestre de 2023, un aumento de casi el 125% en comparación con el primer semestre de 2022. Solo en abril, 600 personas fueron asesinadas[9].

La mayoría de los asesinatos ocurrieron en comunas y barrios que, en gran medida, están bajo el control de grupos delictivos como Cité Soleil y Bel-Air. Otros tuvieron lugar en Cabaret, Croix-des-Bouquets y otras zonas donde los grupos delictivos han ampliado recientemente su control[10].

En Cité Soleil, los prolongados enfrentamientos entre las dos principales coaliciones criminales, la federación G-Pèp, liderada por Gabriel Jean-Pierre, alias “Gabriel”, y la alianza G9, liderada por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, se intensificaron a mediados de 2022. En otras áreas, grupos criminales que forman parte de estas coaliciones, así como grupos criminales que no están afiliados con las coaliciones mencionadas, han tratado de ampliar su control territorial, atacando directamente a la población y estableciéndose como autoridades de facto en barrios que en años anteriores eran considerados relativamente seguros o libres de actividad delictiva[11].

Las organizaciones haitianas de derechos humanos y las organizaciones internacionales estiman que los grupos criminales controlan actualmente casi toda el área metropolitana de Puerto Príncipe, una expansión alarmante si se la compara con diciembre de 2022, cuando estas organizaciones estimaban que los grupos criminales controlaban el 60% de esta zona[12].

La violencia también se ha extendido a otras partes del país, incluyendo el departamento de Artibonite, ubicado el norte de Puerto Príncipe, una región principalmente agrícola. Según organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales y haitianas, algunos grupos criminales, principalmente Baz Gran Grif, dirigido por Luckson Élan alias “Jeneral Luckson”, han ampliado su control territorial en las comunas de Deschapelles, La Croix Périsse, L'Estère, Liancourt, Petite Rivière de l'Artibonite, Saint Marc y Verrettes. Esta expansión provocó al menos 123 asesinatos entre enero y junio de 2023, un aumento de aproximadamente el 485% en comparación con el mismo periodo de 2022. También causó el cierre de múltiples mercados y el abandono de tierras, lo que afectó a la cadena de producción y la distribución de alimentos en Puerto Príncipe y el resto del país. Esto agravó gravemente la crisis de inseguridad alimentaria que ya afecta a casi la mitad de la población del país[13].

Los asesinatos en el área metropolitana de Puerto Príncipe y Artibonite suelen ir acompañados de violencia sexual, saqueos, incineración de cadáveres en las calles e incendios u ocupación ilegal de viviendas. Todo esto ha provocado el desplazamiento de miles de personas[14].

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y junio de 2023, más de 47.400 personas fueron desplazadas por primera vez en la región metropolitana de Puerto Príncipe y más de 6.700 en Artibonite, incluyendo las personas que llegaron a las comunas de Cabaret, Croix-des-Bouquets y Puerto Príncipe, en el departamento del Oeste, a causa de la violencia[15].

La violencia sexual, incluyendo las violaciones en grupo, sigue siendo usada por los grupos criminales para aterrorizar, controlar y “castigar” a mujeres y niñas que viven en zonas controladas por grupos criminales rivales[16]. Organizaciones internacionales también han denunciado abusos y explotación sexual por parte de grupos criminales de mujeres y niñas que viven en zonas bajo su control[17].

En Cité Soleil, algunos grupos criminales, incluyendo miembros de la alianza G9, violan en grupo a mujeres y niñas que viven en barrios bajo el control de la federación G-Pèp, con el propósito de infundir miedo como parte de su esfuerzo por hacerse con el control de la zona. Otros grupos utilizan la violencia sexual como forma de control para demostrar que son la nueva autoridad en áreas donde antes no tenían presencia. Otros la utilizan como castigo para quienes se oponen a su presencia en los barrios[18].

“La violencia sexual no sólo se usa como arma de guerra entre grupos criminales”, dijo un funcionario de una organización humanitaria internacional a Human Rights Watch. “Sino que se ha convertido en una práctica habitual. Lo hacen sólo por su placer [el de los miembros de los grupos criminales] porque tienen el poder de hacerlo, ya que tienen control sobre la población en ausencia del Estado”[19].

Médicos Sin Fronteras (MSF), que administra varios hospitales en Puerto Príncipe, informa que, entre enero y mayo de 2023, ha prestado asistencia a un total de 1.005 sobrevivientes de violencia sexual en Puerto Príncipe, casi el doble registrado durante el mismo periodo de 2022[20]. La organización haitiana de defensa de los derechos de la mujer Négés Mawon ha documentado más de 110 casos de violencia sexual cometidos por grupos criminales desde principios de año[21]. Sin embargo, el subregistro es significativo y ninguna entidad estatal o no estatal lleva la cuenta del número total de casos[22]. De las 23 personas cuyos casos de violencia sexual documentó Human Rights Watch y que ocurrieron entre enero y abril de 2023, 16 dijeron que no habían recibido ningún tratamiento médico antes de que Human Rights Watch se reuniera con ellas y las remitiera a un hospital.

Los grupos criminales también secuestraron a más de 1.000 personas durante el primer semestre del año; con frecuencia, sólo liberan a las víctimas tras recibir cuantiosos pagos por su rescate[23]. Esto supone un aumento de casi el 49% en comparación con los 681 secuestros reportados en el mismo periodo de 2022[24]. Las víctimas son principalmente nacionales haitianos, e incluyen funcionarios públicos o judiciales, trabajadores sanitarios y educativos y otras personas que se considera tienen acceso a recursos financieros, así como algunos que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado[25]. Algunos extranjeros también fueron secuestrados: 40 en el primer semestre de 2023^[26]. En algunos casos, los asaltantes habrían agredido sexualmente a las víctimas del secuestro para presionar a las familias a pagar el rescate[27].

Según varios funcionarios internacionales y haitianos de derechos humanos y expertos en seguridad que siguen de cerca la situación del país, el secuestro ha alcanzado nuevos umbrales de gravedad y se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de los grupos criminales, dándoles más autonomía y fuerza, y ayudándoles a facilitar su expansión territorial[28]. “Es un negocio”, dijo un representante de la sociedad civil haitiana. “Les permite conseguir alimentos y comprar armas y municiones. A día de hoy, el secuestro es el único negocio que funciona en Haití”[29].

Los menores de edad se han visto especialmente afectados por la violencia. El informe anual del secretario general de la ONU sobre niños y niñas en conflictos armados, publicado el 27 de junio de 2023, añadió a Haití como “situación preocupante con efecto inmediato” debido a “la gravedad y el número de violaciones” a sus derechos entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, incluyendo “reclutamiento y explotación, asesinatos y mutilaciones, violaciones y otras formas de violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, secuestros y privación de acceso a asistencia humanitaria”[30].

Auge de un violento “movimiento de autodefensa”

Dada la alarmante inseguridad y la incapacidad del Estado para proteger a los residentes, algunos haitianos han decidido tomarse la justicia por su mano, formando lo que se ha denominado movimiento Bwa Kale. La ministra de Justicia, Émmelie Prophète-Milcé, pareció animar dicho movimiento en un comunicado de prensa de marzo de 2023 dijo que el Código Penal permite la legítima defensa[31]. El movimiento Bwa Kale cobró fuerza el 24 de abril de 2023, cuando los residentes de Canapé-Vert, un barrio de Puerto Príncipe, arrebataron a la policía la custodia de 14 presuntos miembros de grupos criminales, los lincharon con armas improvisadas e incineraron sus cuerpos en la calle, mientras los agentes de policía observaban y, en algunos casos, parecían animar a los residentes[32]. Un vídeo grabado en Canapé-Vert el 24 de abril y compartido en Twitter muestra a un agente de policía pisando la espalda de una persona para mantenerla en el suelo mientras los residentes les lanzan piedras a él y a otros presuntos miembros criminales momentos antes de prenderles fuego[33]..

Desde entonces, el movimiento se ha extendido a todos los departamentos del país y ha provocado la muerte de más de 200 presuntos miembros de grupos criminales, de acuerdo con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH)[34]. Al parecer, algunas víctimas del movimiento Bwa Kale fueron atacadas porque parecían desconocidas para los residentes del barrio, tenían tatuajes o rastas, o porque sus fotos habían sido publicadas en las redes sociales[35]. Human Rights Watch verificó ocho vídeos subidos a redes sociales y páginas de noticias entre el 24 de abril y el 19 de mayo de 2023, que mostraban cuatro ataques diferentes relacionados con el movimiento Bwa Kale[36]. Tres de los ataques documentados en estos vídeos tuvieron lugar a menos de 15 metros de comisarías de policía.

Aunque los secuestros por parte de grupos criminales disminuyeron en algunas zonas, al parecer debido a este movimiento, según el CARDH, los ataques no han cesado en otras áreas. Muchos residentes no afiliados a Bwa Kale temen ataques violentos por parte de los grupos criminales como represalia y, en consecuencia, una escalada de la situación; particularmente porque miembros de los grupos criminales han formado su propio nuevo movimiento, conocido como Zam Pale[37].

Un representante haitiano de una organización de derechos humanos le dijo a Human Rights Watch:

Las brigadas de autodefensa confiscan armas a los presuntos miembros de grupos criminales, pero no las están entregando a la policía. Las están utilizando, y ahora piden dinero a los vecinos para municiones, gasolina, etc., siguiendo el mismo patrón de formación de los grupos criminales[38].

Un trabajador de una organización humanitaria internacional advirtió:

Se trata de grupos de hasta 50 residentes y han empezado a pedir dinero a los residentes para protegerles... Es muy peligroso porque muchas personas inocentes son víctimas... y si la gente se niega o les dice que también están violando derechos humanos, acusan [a sus críticos] de defender a las pandillas y los amenazan[39].

El secretario general de la ONU advirtió en un informe del 1 de julio de 2023 que los movimientos Bwa Kale y Zam Kale han “desencadenado un nuevo y alarmante ciclo de violencia que, si no se aborda con urgencia, es probable que se intensifique mediante una mayor movilización, armamento y reclutamiento, especialmente de jóvenes”[40].

Las comunidades de Puerto Príncipe más afectadas por la violencia

Entre enero y abril de 2023, muchos de los abusos más atroces tuvieron lugar en cuatro municipios del departamento Oeste, todos ellos en el área metropolitana de Puerto Príncipe: Cité Soleil, Cabaret, Puerto Príncipe y Croix-des-Bouquets. Human Rights Watch documentó algunos de estos abusos: 67 asesinatos de residentes a manos de miembros de grupos delictivos, entre ellos 11 menores de edad y 12 mujeres, y 23 casos de violaciones sexuales, incluyendo 19 casos de violación en grupo, en los que las víctimas fueron agredidas sexualmente por múltiples agresores. Estas cifras sólo incluyen los casos en los que Human Rights Watch entrevistó a las víctimas o a sus familiares y otros testigos, y no los casos de los que tuvimos conocimiento a través de otras organizaciones. Muchas de las personas entrevistadas por Human Rights Watch se vieron obligadas a huir de sus hogares tras la última ola de violencia.

Al menos 45 víctimas murieron por heridas de bala, mientras que otras fueron atacadas con machetes y algunas fueron incineradas vivas dentro de sus casas. La mayoría de las personas que recibieron disparos fueron alcanzadas en la cabeza, el pecho o la espalda, y parecen haber sido el objetivo. Al parecer, dos fueron víctimas de balas perdidas mientras estaban dentro o justo fuera de sus casas, y una víctima recibió un disparo mientras huía de los enfrentamientos entre diferentes grupos criminales. En unos pocos casos, los familiares pudieron recuperar los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura. La mayoría de los cuerpos, sin embargo, fueron quemados en las calles o se los llevaron los grupos criminales[41].

Muchas sobrevivientes de violación dijeron que también fueron golpeadas durante los episodios de violencia sexual, y una dijo que los agresores le penetraron la vagina con un palo. Dieciséis de las víctimas no habían visitado un centro de salud ni habían recibido atención médica antes de que Human Rights Watch se reuniera con ellas y las remitiera a un hospital para recibir tratamiento. Garantizar un acceso rápido a la atención médica para las sobrevivientes de violencia sexual es fundamental porque algunos tratamientos son sensibles al tiempo, como la anticoncepción de emergencia para evitar embarazos no deseados y la profilaxis posterior a la exposición para prevenir la infección por VIH[42]. Algunas sobrevivientes entrevistadas para este informe no tuvieron acceso a estos tratamientos. Muchas describieron el dolor físico continuado, el trauma psicológico y la estigmatización que padecieron tras la agresión.

Una mujer de Bel-Air dijo que fue mantenida en cautiverio por miembros de un grupo criminal durante cinco días a finales de febrero y principios de marzo de 2023. Durante esos días, cinco hombres la violaron y la golpearon en repetidas ocasiones. Otra mujer de Bel-Air dijo que se quedó embarazada tras ser violada en grupo en febrero de 2023[43].

Asesinatos y violencia sexual en el “cruce de la muerte”, Cité Soleil

Human Rights Watch entrevistó a 21 víctimas y testigos, en su mayoría de la zona de Brooklyn, que describieron cómo ellos o sus seres queridos fueron asesinados, heridos o violadas entre mediados de marzo y finales de abril de 2023 por miembros del G9 en Carrefour la Mort (Cruce de la muerte)) y en un lugar cercano conocido como Dèyè Mi (Detrás del Muro), en la única vía abierta que conecta Brooklyn con el resto de Puerto Príncipe. Una organización comunitaria documentó los asesinatos de más de 100 personas y más de 100 casos de violencia sexual en estos lugares y durante este periodo[44].

Human Rights Watch documentó 35 asesinatos en esta zona, incluyendo los de 6 menores de edad, y 17 casos de violencia sexual. Adicionalmente, entrevistamos a cinco personas heridas de bala en Carrefour la Mort mientras eran tratadas en un hospital de Puerto Príncipe.

“Los residentes de Brooklyn están viviendo una pesadilla”, dijo a Human Rights Watch un representante de una organización comunitaria. “Sólo tienen un camino que tienen que usar a diario para entrar y salir de la zona y ganarse la vida... Pero cuando llegaron al lugar conocido como Carrefour la Mort, los miembros del G9 les disparan indiscriminadamente o violan en grupo a mujeres y niñas detrás del muro, conocido como Dèyè Mi”[45].

Brooklyn ha sido estratégicamente importante desde hace años para los líderes de grupos delictivos y para sus patrocinadores, incluyendo los actores políticos y económicos. Esto se debe a su significativa base electoral, pues tiene una población estimada de más de 100.000 personas, y su ubicación en la costa y su proximidad a los puertos significa que controlar el barrio trae beneficios económicos[46]. Esta área ha estado controlada en los últimos años por la Pandilla de Brooklyn, que es parte de la federación G-Pèp liderada por Gabriel Jean-Pierre, conocido como “Gabriel”. El barrio está rodeado de zonas controladas por grupos criminales que forman parte de la alianza G9 y están en conflicto con el G-Pèp, como la Pandilla de Belekou, en cabeza de “Isca”; la Pandilla de Boston, liderada por “Mathias”; y la Pandilla de Warf Jérémie, dirigida por “Micanor”, que controla la zona portuaria[47]. Otros miembros del G9 también operan en barrios de los alrededores de Cité Soleil, como la Pandilla de Terre Noir, la Pandilla de Simon Pele y la Pandilla de Drouillard[48].

Durante años, los residentes de Brooklyn y de otras zonas controladas por el G-Pèp han sido asediados y atacados por miembros del G9 que quieren hacerse con el control de toda Cité Soleil[49]. Estos ataques se intensificaron en la segunda mitad de 2022, tras un incidente especialmente mortal, el 8 de julio, cuando al menos 95 personas fueron asesinadas en los sectores Soleil 9 y Sous Terre en Brooklyn, según las Naciones Unidas[50]. Entre julio y diciembre de 2022, la ONU calcula que sólo en Brooklyn se produjeron un total de 263 asesinatos, 285 heridos, 57 casos de violencia sexual y 4 desapariciones. Miles de personas fueron desplazadas[51].

Los ataques volvieron a intensificarse drásticamente a mediados de marzo de 2023. Víctimas de Brooklyn a las que Human Rights Watch entrevistó dijeron que habían sido objetivo del G9 por vivir en una zona controlada por un grupo criminal rival.

Anne J., residente de Brooklyn de 34 años, dijo a Human Rights Watch que “las violaciones y los asesinatos ocurren todos los días en Dèyè Mi..... [L]os bandidos nos tienen acorralados. Cuando tenemos que salir a buscar comida o dinero, nos violan y nos disparan; no hay policía ni nadie que nos ayude”[52].

A mediados de abril de 2023, Anne dijo que había perdido a sus hermanos mayores, de 40 y 50 años, cuando intentaban salir del barrio para ir a trabajar. Ambos recibieron disparos de miembros del G9 en Dèyè Mi. Anne fue agredida sexualmente por cinco hombres en el mismo lugar:

Me arrastraron del pelo hasta una casa abandonada, donde cinco hombres me violaron uno tras otro... Me dijeron que esto me pasaba por ser una de las mujeres de Gabriel [en referencia al líder del G-Pèp]... Mi hermana de 29 años también fue violada el mismo día por tres miembros del G9[53].

Aurelie F., de 17 años, residente en el sector Soleil 1 de Brooklyn, dijo que fue agredida sexualmente hacia la 1 p.m. del 22 de marzo en Dèyè Mi, cuando regresaba a casa después de ir de compras:

Me agarraron, me violaron y me golpearon en la cara. Otro me agarró con las dos manos porque me resistí... Me violaron brutalmente y ahora estoy herida. No he podido caminar durante seis días. No he podido ir al hospital… Mi madre no tiene dinero. Cada vez que pienso en esto, lloro mucho[54].

Natalie P., de 42 años y madre de tres hijos, cruzaba Dèyè Mi de camino a casa desde el mercado alrededor de las 7 p.m. del 16 de abril de 2023 cuando unos delincuentes la llamaron. Intentó seguir adelante, pero dispararon hacia donde estaba. “No me dieron, pero luego me alcanzaron y me arrancaron la ropa... Me golpearon con sus armas y luego cinco de ellos me violaron”, contó a Human Rights Watch[55].

Dos días después, el hijo de Natalie, de 16 años, murió de un disparo. Natalie dijo que su hijo fue alcanzado en el pecho por una bala cuando quedó atrapado en un enfrentamiento entre el G9 y el G-Pèp mientras volvía a casa desde el colegio.

Este enfrentamiento entre el G9 y el G-Pèp es lo que nos impide vivir... Los bandidos están en posición y disparan contra la población. Cuando nos hieren, no hay hospital. Sólo hay una carretera para entrar, y allí hay una pila de cadáveres. Intentamos salir antes de las 4 a.m. porque sabemos que después los bandidos saldrán con ganas de venganza. Es una situación realmente complicada. Para salir de nuestro barrio tenemos que hacerlo a escondidas. Para volver a casa, ocurre lo mismo... La situación es realmente extrema. Queremos abandonar el lugar, pero no tenemos medios para vivir en otro lado. Así que tenemos que quedarnos... Sólo desde el 15 de abril, muchas mujeres han sido violadas y mucha gente ha sido asesinada[56].

Natalie también dijo haber visto una pila de cadáveres en una casa próxima a Dèyè Mi, hacia el 20 de abril:

Los cadáveres eran amontonados unos sobre otros. Mucha gente fue asesinada y se cometieron muchos crímenes. A algunos los mutilaron, a otros los mataron a balazos y a otros los descuartizaron a machetazos[57].

Camille M., de 29 años y madre de tres hijos de Brooklyn, perdió su marido el 1 de abril de 2023 cuando miembros del G9 se lo llevaron en Dèyè Mi mientras volvía a casa después de buscar trabajo. El 2 de abril de 2023, salió a vender arroz, arvejas y aceite en el mercado para intentar ganar algo de dinero, y fue detenida en el mismo punto de camino a casa. Camille fue golpeada en la cara con un bate y violada por cuatro criminales[58]. “Cuando terminaron, me dijeron que me fuera rápido”, dijo. “Pero me costaba caminar”[59].

La hermana de Camille, de 26 años, fue asesinada el 15 de abril, cuando miembros del G9 atacaron al grupo de Gabriel en el sector Soleil 17 de Brooklyn, en un aparente intento de hacerse con el control de la zona. “Ella estaba en casa”, explicó Camille. “Hubo disparos. Luego le dispararon en la cabeza y murió. Ese día murieron muchas personas. Algunos de los cuerpos fueron incinerados; otros, decapitados; y otros, descuartizados”, dijo a Human Rights Watch.

Camille dijo que más tarde vio el cuerpo de su hermana entre un montón de docenas de cadáveres a un lado de la carretera en Dèyè Mi:

Estaban unos encima de otros. Había mujeres y hombres. Algunos estaban decapitados, a otros les habían cortado los pechos o los brazos o las piernas. Todos eran personas que vivían en la zona y que habían sido asesinadas recientemente[60].

Julieth F., de 30 años y madre de cuatro hijos, perdió a su marido de 37 años a mediados de abril de 2023 cuando regresaban a Brooklyn tras vender mercancías en la calle:

Mientras caminábamos por la calle que llamamos Carrefour La Mort, se nos acercaron tres hombres... Me violaron... Otro hombre armado se llevó a mi marido... Lo mataron y luego quemaron su cuerpo. Los vi arrastrarlo hasta una pila de cadáveres, colocaron unos neumáticos encima y luego les prendieron fuego[61].

Ninguna de las víctimas de Brooklyn entrevistadas por Human Rights Watch había denunciado los abusos públicamente, a la policía o había presentado denuncias judiciales, por temor a represalias y a la falta de confianza o de acceso a las autoridades policiales y judiciales. La comisaría de Cité Soleil no funciona desde junio de 2021[62]. Las autoridades judiciales de Puerto Príncipe no han iniciado ninguna investigación preliminar sobre los abusos en Brooklyn o en Carrefour la Mort, según las organizaciones haitianas de derechos humanos[63].

Dos sobrevivientes entrevistados por Human Rights Watch afirmaron que los miembros del G9 les advirtieron directamente de que no hablaran públicamente sobre lo que habían vivido o presenciado.

Clementine V., de 33 años y madre de cuatro hijos, fue golpeada en la cara y violada por dos hombres el 20 de abril de 2023, hacia las 4 a.m. en Dèyè Mi, cuando salía a vender productos al mercado. Con ella estaba su hermana, de 32 años y madre de tres hijos, a la que los bandidos mataron porque se resistió a la violencia sexual. “Cuando las mujeres obedecen, no las matan. Pero si se resisten, las matan”, dijo Clementine a Human Rights Watch.

Le dispararon [a mi hermana]... La incineraron en mi presencia y su cadáver fue colocado en una pila con otros cadáveres. Luego me dejaron ir, pero me dijeron que no dijera nada de lo ocurrido a la prensa. De lo contrario, me matarían[64].

Mathilde F., de 36 años y madre de cuatro hijos del sector Projet Linto 2 de Brooklyn, dijo que el 19 de abril de 2023 vio cómo su hermano, de 38 años, era asesinado por miembros del G9 en Dèyè Mi:

Nos interceptaron unos criminales armados. Uno de ellos cogió un cuchillo y apuñaló a mi hermano delante de mí... Le sacaron los órganos. Luego, tres de ellos me violaron.... Cuando terminaron de violarme, me ordenaron que huyera. Me dijeron que me habían dejado viva para que contara a los demás lo que había pasado[65].

Pero Mathilde dijo que también le advirtieron que, si alguna vez hablaba con la prensa, la matarían[66].

Pocos casos de asesinatos y violencia sexual han sido reportados en Carrefour la Mort desde principios de mayo, cuando al parecer los miembros del G9 empezaron a permitir que los residentes de Brooklyn circularan sin atacarles, aunque el G9 mantiene sitiado el barrio. En mayo y junio se reportaron más asesinatos y casos de violencia sexual en el interior de Brooklyn, cuando miembros del G9, que tienen control de las zonas aledañas de Boston y Belekou, llevaron a cabo ataques e incursiones que en algunos casos llegaron hasta las calles de Brooklyn[67].

Un representante de una organización comunitaria dijo a Human Rights Watch a principios de julio que parecía que los líderes del G9 y del G-Pèp habían llegado a una tregua el 28 de junio. Sin embargo, añadió: “No sabemos por qué ni cuánto durará. La situación de fondo no ha cambiado para los residentes de Brooklyn, quienes siguen temiendo los ataques y continúan padeciendo hambre y sed, viviendo sobre barro y aguas residuales”[68].

Represalias contra los residentes en Source Matelas (Cabaret)

El 19 de abril de 2023, miembros de la federación G-Pèp iniciaron un ataque de cinco días contra la zona de Source Matelas, en la comuna de Cabaret, aparentemente para castigar a la población por haber construido barricadas para impedir que grupos criminales atacaran y tomaran el control de su barrio[69]. Human Rights Watch calcula que al menos 130 personas murieron, 20 casas fueron saqueadas e incendiadas y más de 3.700 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, de acuerdo con entrevistas a funcionarios de derechos humanos haitianos e internacionales que investigaron el ataque y con informes públicos y confidenciales de una organización internacional que documentó el incidente[70]. Human Rights Watch entrevistó a cinco víctimas y testigos de este ataque de cinco días y documentó el asesinato de siete personas, seis de ellas incineradas en sus casas, así como tres casos de violencia sexual.

Tres grupos del G-Pèp estuvieron implicados en el ataque de abril, entre ellos, los dirigidos por Jean Auguste Cherisme, alias “General Bogi”; Bigel Cheryalias, alias “Big C”; y Jeff Larose, alias “Jeff”, según activistas e investigadores haitianos, basados en los testimonios de víctimas y en información proporcionada por residentes locales que identificaron a los autores como miembros de estos grupos[71].

Aproximadamente 2.000 personas viven en Source Matelas, un lugar estratégico y rentable para los grupos delictivos dada su ubicación justo al norte de Puerto Príncipe, a lo largo de la carretera nacional que conecta la capital con los departamentos del norte del país[72]. Miembros del G-Pèp atacaron a la población de Source Matelas en noviembre de 2022, en otro aparente intento por hacerse con el control de la zona. Durante ese incidente, 72 personas habrían muerto, 29 mujeres y niñas habrían sido violadas y más de 1.400 personas habrían sido desplazadas, según grupos haitianos de defensa de derechos humanos[73].

Cinco testigos del ataque de 2023 dijeron a Human Rights Watch que algunos asaltantes llegaron a Source Matelas disparando indiscriminadamente. Otros, armados con machetes y rifles, entraron a la fuerza en las casas, mataron e incineraron a sus residentes, dispararon a los que huían y agredieron sexualmente a las mujeres en la calle, en un aparente esfuerzo por sembrar miedo y enviar el mensaje de que ellos eran la nueva autoridad de la zona. Aunque había presencia policial en la zona, los testigos afirmaron que los agentes no intervinieron para impedir o detener el ataque[74].

En una carta del 12 de julio de 2023, Human Rights Watch presentó estos hallazgos a la Policía Nacional de Haití y solicitó una respuesta sobre las acusaciones de que la policía no intervino. A la fecha, no habíamos recibido respuesta.

Cecile Z., de 31 años y madre de una bebé de 6 meses, dijo que fue agredida sexualmente el 19 de abril de 2023. Contó que estaba en su casa en Source Matelas cuando llegaron miembros de grupos criminales y empezaron a “disparar por todas partes”. Salió corriendo con la esperanza de ponerse a salvo:

Vi a mucha gente asesinada y no sabía qué camino tomar. Entonces, me crucé con hombres con máscaras y armados. No podía verles la cara. Me obligaron a tirarme al suelo y, aunque tenía la regla, tres de ellos me violaron... Pusieron la bebé en el suelo y ella lloró mientras me agredían. También me pusieron las manos alrededor de la garganta. Cuando terminaron, empezaron a disparar sus armas y yo aproveché para coger la bebé y huir. ... Desde entonces me duele mucho el estómago[75].

Cecile supo más tarde que su abuelo, de 77 años, y su prima, embarazada de siete meses, murieron quemados en su casa, junto con otra prima que vivía cerca y cuya casa también fue incendiada. “Lo perdí todo”, dijo[76].

Marie N., de 32 años, residente de Source Matelas, dijo que su padre, de 74 años, y su sobrino, de 15, fueron asesinados por criminales el 19 de abril de 2023:

Los criminales iban en un autobús y en motocicletas. Disparaban en todas direcciones. Vi a gente caer a la calle, muertos y heridos... Cuatro días después volví a mi barrio. Cuando llegué... entré en mi casa... Vi el cuerpo de mi padre incinerado en su cama y el de mi sobrino, en el suelo[77].

Algunas personas intentaron huir mar adentro en embarcaciones, pero los miembros de los grupos criminales también les dispararon, según algunos testigos[78]. En la noche, uno de los pequeños veleros se hundió debido al hacinamiento y a la falta de visibilidad, según la organización de derechos humanos Fundación Je Klere, que documentó el caso. Entre las personas a bordo había ocho bebés que murieron, de acuerdo con lo que testigos de lo ocurrido le contaron a la Fundación, y otros adultos que siguen desaparecidos[79].

Pauline M., de 45 años y madre de cinco hijos, perdió a uno de sus hijos el 19 de abril. “Después de huir, me enteré por un vecino de que uno de mis hijos (...) intentó huir en un barco con algunos vecinos, pero el barco se hundió”, dijo a Human Rights Watch[80].

Isabel G., de 51 años y madre de ocho hijos, dijo que estaba en su casa de Source Matelas el 19 de abril con su hijo, de 25 años, cuando empezaron a oír disparos a su alrededor. Unos criminales enmascarados entraron por la fuerza en la casa. Uno de ellos la golpeó en la cara y luego dos de ellos la violaron, dijo. A su hijo le dispararon en el pie mientras huía. Consiguió llegar a la costa y embarcarse en un pequeño bote, pero el bote volcó. Su hijo y muchas otras personas se ahogaron[81].

Atentado en Bel-Air (Puerto Príncipe)

El 28 de febrero de 2023, la Pandilla de Krache Dife, dirigida por Gady Jean, alias “Pèse”, miembro de la alianza G9 que controla la zona sur de Bel-Air, atacó la zona norte de ese barrio. La zona norte está controlada por Kempès Sanon, un grupo criminal que no está afiliado a ninguna de las grandes coaliciones criminales[82]. Los enfrentamientos duraron hasta el 5 de marzo. Al menos 150 personas murieron o fueron dadas por desaparecidas, incluyendo algunas que podrían haber sido miembros de los grupos criminales, así como residentes locales no afiliados a los grupos, y más de 80 casas fueron quemadas, saqueadas o vandalizadas, según las organizaciones haitianas de derechos humanos[83].

La zona norte de Bel-Air—donde viven casi 13,000 personas—es la separación del barrio de Delmas, controlado por el líder del G9 “Barbecue”, que también controla la zona sur de Bel-Air. Los miembros del G9 necesitan atravesar la zona norte de Bel-Air, que no está bajo su control, para llevar a cabo actividades delictivas como el transporte de personas secuestradas entre las zonas que sí controlan[84]. Así pues, el ataque puede haber sido un intento de ampliar el control o de contrarrestar la resistencia.

Un grupo de derechos humanos también alegó, basándose en testimonios de víctimas y de residentes locales, que los asaltantes de Krache Dife recibieron apoyo de la Policía Nacional de Haití, incluyendo tres vehículos blindados que se utilizaron en el ataque[85]. Kempès Sanon también habría recibido apoyo material y personal de otros grupos criminales de Grand Ravine y Village de Dieu para hacer frente al ataque[86].

Human Rights Watch presentó estos hallazgos a la Policía Nacional de Haití y solicitó una respuesta a las acusaciones en una carta fechada el 12 de julio, pero no había recibido respuesta hasta agosto.

Human Rights Watch entrevistó a cinco víctimas y testigos de este incidente y documentó 13 asesinatos y tres casos de violencia sexual, la mayoría de los cuales tuvieron lugar en la Calle Tiremasse, una vía clave para el acceso a la zona norte del barrio. Según los familiares de las víctimas, los ataques parecían dirigirse inicialmente contra las personas acusadas de colaborar con el grupo rival o de ser miembros de este, y se dirigieron de manera aleatoria a residentes[87].

Josie L., de 28 años, que vive en Bel-Air con su pareja, de 32 años, dos hijos y su padre discapacitado, de 64 años, describió cómo fue agredida sexualmente por cuatro miembros de la alianza G9 el 28 de febrero:

Mientras salía [de casa], me encontré con cuatro hombres que iban armados, como si patrullaran la calle. Me llevaron a una casa abandonada cercana y los cuatro me violaron. Me violaron por la vagina y el ano... Fue muy doloroso... Todo el tiempo me amenazaron, me dijeron que si contaba a otras personas lo que me habían hecho me matarían a mí o a mi familia[88].

Ese mismo día, tras ser agredida sexualmente, Josie abandonó su casa con su pareja, su padre y sus hijos y se fue a un campamento improvisado para desplazados en Poste-Marchand. Al día siguiente, su pareja regresó al barrio. Un vecino vio cómo unos asaltantes le disparaban en el pecho y le prendían fuego en la Calle Tiremasse. Una semana después, Josie dijo que volvió a casa para recoger algunas de sus pertenencias y se encontró con que su casa había sido incendiada.

Valerie B., de 30 años y madre de tres hijos, dijo a Human Rights Watch:

Mi barrio, la parte norte, está controlado por la pandilla liderada por Kempès. Los miembros de la pandilla dirigida por Ti Manno, que forma parte del G9, nos atacaron... Al principio los enfrentamientos eran entre ellos... Luego la guerra fue contra nosotros, los vecinos del barrio. El 3 de marzo, yo estaba en la Calle Tiremasse... cuando oí muchos disparos... Corrí hacia mi casa... y vi que mi padre, que se había quedado en casa, había sido retenido por dos hombres... Uno de ellos le disparó en la cabeza y otro empezó a cortarle los brazos con un machete, antes de rociarle gasolina y quemarlo. Mi padre tenía 44 años y trabajaba en una empresa de limpieza pública. No tenía nada que ver con los grupos criminales[89].

El hijo de cinco años de Valerie, que se había quedado en casa ese día, murió calcinado cuando los criminales prendieron fuego a la casa. “Cuando conseguí entrar a mi casa, estaba envuelto en una manta, totalmente carbonizado”, dijo[90].

Hasta finales de junio, se registraron más asesinatos y casos de desplazamiento en Bel-Air[91].

Expansión de los grupos criminales en Canaan (Croix-des-Bouquets)

Desde el 21 de enero hasta finales de febrero de 2023, la Pandilla de Canaan, liderada por “Jeff”, lanzó una ofensiva para ampliar su área de control en la zona de Canaan, de la comuna de Croix-des-Bouquets. La pandilla controlaba los barrios de Saint Christophe y Canaan, y quería expandirse a tres barrios más: Corail, Jerusalén y Onaville[92].

Decenas de residentes murieron durante esta ofensiva, según una organización haitiana de derechos humanos que investigó el ataque. Muchos se vieron obligados a huir de sus hogares[93]. Human Rights Watch entrevistó a 11 víctimas y testigos de este incidente y documentó 12 casos de asesinatos. Muchas familias desplazadas están siendo alojadas temporalmente en el exterior de una iglesia de la comuna de Delmas, con el apoyo de la OIM.

Canaan fue concebido como un asentamiento urbano construido para albergar a los sobrevivientes del terremoto de 2010. Las carreteras nacionales que conectan la capital con los departamentos del norte y el este del país pasan por esta zona, lo que la convierte en estratégica para los grupos criminales y sus intereses económicos[94]. Hacerse con el control de Corail, Jerusalén y Onaville permitiría a la Pandilla de Canaan controlar y beneficiarse de los secuestros y los impuestos ilegales en los puestos de control situados a lo largo de partes de la Ruta Nacional 3, que se ha convertido en una vía de tránsito clave desde que otros grupos criminales le quitaron el control de la Ruta Nacional 1 a la Panilla de Canaan[95].

Hasta este episodio, Corail, Jerusalén y Onaville se consideraban barrios relativamente seguros del área metropolitana de Puerto Príncipe. Esta violencia ilustra cómo los intereses económicos impulsan a los grupos delictivos a expandirse a nuevas áreas[96].

Angelique V., una vendedora de 26 años, contó cómo fue atacada el 21 de enero de 2023, cuando se encontraba en el mercado de Corail. “Ellos [los criminales] empezaron a disparar... a todo lo que había en el mercado, a todo el mundo”, dijo. “Su líder es Jeff... y quieren controlar la entrada al barrio porque quieren controlar las rutas de acceso a Puerto Príncipe, y esas rutas pasan por aquí”[97].

Mientras Angelique huía por las calles, vio que, a su vecino, un carpintero de 54 años, le dispararon por la espalda. Después de eso los asaltantes quemaron su cuerpo. Unos días después, su cuñado le contó que su marido, de 28 años, quien había huido durante el ataque, también había sido asesinado y su cuerpo, quemado[98].

Según algunos testigos, los miembros del grupo criminal buscaban primero a los miembros de las fuerzas policiales y a sus familias, y después atacaron a otros residentes sin relación con la policía[99].

Simón C., residente de Corail de 45 años, dijo a Human Rights Watch:

El 21 de enero... Estaba en casa cocinando con mis hijos cuando empecé a ver llegar a varios hombres armados... Nos escondimos debajo de la cama... A la mañana siguiente, mis hijos y yo salimos... Mientras huía, vi que habían incendiado dos casas que pertenecían a policías que vivían en esa calle. Estaban en llamas... Los hombres de Jeff llegaron preguntando por los policías y las casas de sus familias, y las quemaron[100].

Los miembros del grupo de Jeff se apoderaron de las casas que habían sido abandonadas por los residentes que huyeron, y algunos de los que intentaron volver dijeron que les dijeron que tendrían que pagar importantes cantidades de dinero para recuperar sus casas[101]. “Mucha gente me advirtió que mi casa ya estaba ocupada por criminales y que no podía volver a entrar”, dijo un residente de Corail, de 51 años. “Le pedí a un vecino que les preguntara [a los criminales] si podía volver... Me dijeron que podía si pagaba... 500 [dólares]”[102].

A finales de junio se registraron más asesinatos y casos de desplazamiento en Canaan[103].

 

II. Una situación humanitaria catastrófica

“Nací en Cité Soleil… He vivido allí toda mi vida... La situación es peor ahora que nunca. No tenemos nada para comer, ni agua, y nuestra casa fue incendiada. La vida es realmente difícil”.

— Un residente de 29 años de Brooklyn[104]

La crisis de seguridad está agravando una situación humanitaria que ha sido crítica desde hace años. El acceso a alimentos, electricidad, agua potable, elementos de higiene, atención de salud y educación está gravemente limitado en Haití[105]. Casi el 59% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, con un acceso limitado a servicios básicos[106]. Las agencias humanitarias estiman que 5,2 millones de haitianos, de los cuales el 57% son niñas y mujeres, ahora necesitan ayuda humanitaria, lo que supone un aumento del 20% respecto a 2022[107].

Casi la mitad de la población de Haití, es decir, 4,9 millones de personas, padecen inseguridad alimentaria aguda. De ellas, 1,8 millones se enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria de emergencia. En septiembre de 2022, más de 19.000 personas que vivían en la comuna de Cité Soleil se enfrentaron a una hambruna catastrófica de una magnitud que no se había registrado antes ni en Haití y ni en el hemisferio occidental. Haití ahora es uno de los países con comunidades en mayor riesgo de inanición, junto con Afganistán, Burkina Faso, Malí, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen[108]. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) elevaron a Haití al “nivel de máxima preocupación” por inseguridad alimentaria durante el periodo de previsión de junio a noviembre de 2023[109].

Sólo el 47% de los haitianos tenía acceso a electricidad en 2020, según el Banco Mundial[110]. Otras fuentes estiman cifras más bajas, asegurando que, a principios de 2023, sólo un tercio de la población haitiana tenía acceso a electricidad—únicamente de forma intermitente y a precios elevados—lo que dificultaba aún más el acceso a bienes y servicios, la conservación de alimentos y las operaciones comerciales[111].

Sólo el 55% de los hogares haitianos tiene acceso a agua potable, y dos tercios de la población disponen de servicios higiénicos limitados o inexistentes, lo que agrava la propagación del cólera en todo el país[112]. Desde que comenzó el brote actual de cólera, en octubre de 2022, el Ministerio de Salud de Haití informó de 56.580 casos sospechosos (casi la mitad en niños menores de 14 años), 3.612 casos confirmados y 814 muertes en los diez departamentos del país hasta el 26 de julio de 2023[113].

Las organizaciones internacionales estiman que el 75% de los centros de salud del país no cuentan con suministros adecuados de medicamentos o equipos médicos y carecen de suficiente personal formado. En los últimos años se ha producido un éxodo masivo de trabajadores de la salud debido a la inseguridad en el país, lo que ha dificultado aún más el acceso de la población a estos servicios[114].

“El sistema nacional de salud está al borde del colapso” y “no puede responder a la crisis de malnutrición del país y al actual brote de cólera”, informó Catherine Russell, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 16 de junio de 2023[115].

De acuerdo con UNICEF, 4,2 millones niños en edad escolar de Haití se han visto privados de su derecho a la educación debido a los elevados costes de la enseñanza, la inseguridad en la escuela o en el camino a la misma, o la falta de infraestructuras y personal[116]. El Ministerio de Educación haitiano informó, a principios de mayo, que menos de 645.000 alumnos asisten a las 18.950 escuelas registradas en Haití[117].

La educación en Haití se ha visto gravemente perturbada durante cuatro años y se calcula que los niños han perdido un año escolar completo durante este periodo debido a las manifestaciones políticas y los disturbios, así como a la pandemia del Covid-19, los desastres naturales y el aumento de la inseguridad que ha provocado la destrucción de algunas escuelas y el cierre, temporal o permanente, de otras[118].

Condiciones humanitarias en zonas controladas por grupos criminales

Las poblaciones que viven en zonas controladas por grupos criminales sufren de una especialmente extrema falta de acceso a servicios básicos y a alimentos. La violencia y la inseguridad les impide obtener bienes o acceder a los servicios durante días, semanas e incluso meses. En Cité Soleil, por ejemplo, en 2022, al menos 19.200 personas corrían el riesgo de morir de hambre según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el 20% de los niños menores de cinco años sufrían desnutrición aguda y el 80% de los hogares no tenía acceso a agua potable[119].

Algunos centros de salud de la zona, operados por organizaciones internacionales y que apenas podían cubrir las necesidades antes de la crisis actual, han cerrado a causa de la inseguridad[120]. El 9 de marzo, Médicos Sin Fronteras (MSF) cerró temporalmente su hospital de Cité Soleil, reanudando únicamente las actividades de atención de urgencia a finales de marzo[121]. Muchas escuelas han cerrado y algunos grupos criminales las han utilizado como base, dañándolas y saqueándolas en el proceso[122].

Desde mediados de 2021, los residentes de Brooklyn carecen de acceso a electricidad después de que, al parecer, miembros del G9 cortaran el cable que suministraba este servicio[123]. Tampoco tuvieron acceso a agua potable entre mediados de marzo de 2023 y finales de abril, cuando el G9 impidió que los camiones cisterna de reparto de agua entraran en la zona[124]. Aunque recientemente se les permitía entrar a Brooklyn, los camiones estuvieron presuntamente bloqueados durante semanas porque las carreteras de acceso estaban inundadas de barro[125]. Las redes de alcantarillado de la ciudad que fluyen por esta zona hacia el mar no han recibido mantenimiento, lo que significa que las limitadas vías de acceso y muchas viviendas regularmente se inundan con barro y basura, lo que contribuye a la aparición de nuevos casos de cólera[126].

Anne J., residente en Brooklyn, contó a Human Rights Watch las dificultades a las que se enfrenta su familia:

No comemos todos los días, a veces sí, a veces no. No tenemos agua potable, sólo bebemos agua de lluvia, mis hijos están enfermos del estómago... Tampoco tenemos electricidad desde hace mucho tiempo. Es la pandilla del G9 la que corta los cables... Desde hace varias semanas nuestra casa está inundada; cada vez que llueve, se inunda, y huele mal porque la basura baja por los canales. Vivimos encima del barro y la basura[127].

La violencia también interrumpió el abastecimiento del mercado del barrio y el acceso a los mercados de los alrededores, obligando a los residentes a abandonar la comuna para obtener alimentos y otros bienes[128].

“Cuando estamos heridos, no hay hospital... No hay agua. No hay comida. Los camiones cisterna no han podido entrar desde que empezó la guerra a principios de marzo. La gente tiene hambre y no puede conseguir comida”, dijo a Human Rights Watch Natalie P., otra residente de Brooklyn[129].

Julieth F., otra residente, dijo: “Las escuelas están cerradas, no tenemos agua ni electricidad, no tenemos comida. Vivimos encima del agua sucia, que baja de la montaña por los canales, y en medio de la basura... Mis hijos buscan en la basura para intentar recuperar cosas que puedan servir para la casa, o para que podamos comer”[130].

Ninguna asistencia humanitaria entró a la zona de Brooklyn durante los enfrentamientos ocurridos entre mediados de marzo y finales de abril de 2023[131]. Algunas organizaciones humanitarias y de derechos humanos recientemente han conseguido proporcionar asistencia a los residentes de Brooklyn, antes y después de los enfrentamientos. Los residentes dijeron que no habían recibido ninguna ayuda del Estado[132].

En otras áreas, como en Canaan, en la comuna de Croix-des-Bouquets, hay poca infraestructura para proporcionar servicios básicos, por lo que los residentes dependen de alimentos y bienes proporcionados por organizaciones humanitarias[133]. Esta situación empeora cuando la gente se ve desplazada por la violencia hacia otros barrios o comunas[134]. “Muchos niños desplazados no pueden ir a la escuela porque sus familias no pueden permitirse pagar los gastos escolares en los barrios que los acogen. Tampoco pueden acceder a alimentos”, dijo un representante de la sociedad civil haitiana a Human Rights Watch. “Numerosos desplazados se ven obligados a vivir en lugares públicos como plazas, calles o parques, expuestos al clima, enfermedades e incluso a otros riesgos de seguridad”[135].

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 47.400 personas fueron desplazadas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe debido a la violencia entre enero y junio de 2023, principalmente de las comunas de Croix-des-Bouquets y Cité Soleil[136]. Estas personas forman parte de las más de 195.000 que fueron desplazadas internamente en Haití a causa de la violencia desde inicios de 2022[137].

Tras el ataque perpetrado el 19 de abril de 2023 por grupos criminales contra los residentes de Source Matelas en la comuna de Cabaret, la mayoría de las 3.700 personas desplazadas huyeron hacia el norte a la comuna de Arcahaie y otros se refugiaron en una plaza pública de la comuna de Cabaret, donde no recibieron ninguna ayuda estatal[138].

Quentin D., un hombre de 30 años cuya casa fue incendiada y cuya madre y hermano murieron durante el ataque en Source Matelas, dijo a Human Rights Watch:

Si la situación continúa así, es como si ya estuviéramos muertos. No podemos correr de un sitio a otro todo el tiempo para huir de estos ataques. Ahora duermo en la calle y muchos otros jóvenes están en la misma situación. A veces pasamos un día entero sin comer ni beber nada. Sufrimos enormemente[139].

Decenas de residentes de la parte norte de Bel-Air fueron desplazados, tras el ataque del grupo Krache Dife el 28 de febrero de 2023, principalmente a Poste Marchand, donde viven en campamentos a la intemperie y con acceso limitado o nulo a alimentos y servicios básicos[140].

Amandine T., residente en la parte norte de Bel-Air, dijo:

Ahora estoy en un refugio en Poste Marchand con otras víctimas. Estoy allí con dos niños... Cuando llueve, tenemos que esperar a que pare de llover y a que se seque [el refugio]. No está cubierto. Ellos no han ido a la escuela desde [el ataque]. Perdí todo lo que teníamos: uniformes, material escolar, todo se quemó con la casa[141].

Julien B., 31, dijo que fue desplazado de Bel-Air el 1 de marzo con su esposa embarazada y su hermana, de 33 años, que fue agredida sexualmente ese mismo día durante el ataque:

Ahora estamos en Poste Marchand, pero una semana después [del ataque], volví a [la zona norte de] Bel-Air para intentar recuperar algunas cosas de mi casa, pero me encontré con que mi casa había sido destrozada. Lo perdimos todo... Ahora estamos aquí, prácticamente a la intemperie, no tenemos acceso a nada, nadie nos ha ayudado, nadie nos da comida ni agua[142].

Miles de haitianos huyen de la violencia y el caos

Muchos haitianos han abandonado el país en los últimos años, a menudo en viajes peligrosos. Se desconoce el número exacto de haitianos que han huido. En el primer semestre de 2023, más de 73.800 fueron devueltos a Haití desde los países hacia los que iban o por los que pasaron, según la OIM. Esto a pesar de los altos niveles de riesgo para sus vidas e integridad física en Haití, y de los constantes llamados de la ONU para detener los retornos forzosos de haitianos. De este total, el 93% fueron devueltos a Haití desde la República Dominicana, mientras que Bahamas, Cuba, Islas Turcas y Caicos y EE. UU. devolvieron a los demás[143].

En mayo de 2023, finalizó en EE. UU. la orden de salud pública conocida como Título 42, utilizada indebidamente por las administraciones Trump y Biden para expulsar a solicitantes de asilo sin el debido proceso[144]. Sin embargo, la administración Biden la sustituyó por una nueva norma federal que los críticos apodaron como la “prohibición de asilo de Biden”, que impide a muchos solicitantes de asilo acceder al asilo en EE. UU.[145].

La prohibición de asilo de Biden, a grandes rasgos, obliga a las personas a acceder al asilo en EE. UU. concertando una cita a través de una aplicación en línea llamada CBP One, que resulta inaccesible para muchos solicitantes de asilo debido a barreras financieras, lingüísticas, tecnológicas y de otro tipo. Estas barreras tienen un impacto desproporcionadamente adverso sobre los solicitantes de asilo negros e indígenas[146].

Los haitianos también tienen la opción de solicitar libertad condicional humanitaria, a la que también es difícil acceder, entre otras cosas, porque requiere un patrocinador financiero en EE. UU. La norma impide a las personas que no utilizan la aplicación CBP One y no solicitan la libertad condicional humanitaria solicitar asilo en EE. UU. a menos que cumplan con una de las muy limitadas excepciones, como demostrar que un tercer país, por el que migraron de camino a EE. UU., les negó una solicitud de asilo[147]. Acceder a la libertad condicional o al asilo se hace aún más difícil si los individuos intentaron previamente solicitar asilo viajando en barco o cruzando una frontera terrestre del suroeste por fuera de los puertos de entrada[148]. Estas normas hacen que el proceso de asilo sea inaccesible para muchos haitianos, que son económica y socialmente vulnerables y se enfrentan a barreras lingüísticas y a la discriminación racial[149].

En julio de 2023, un juez federal concluyó que las normas se habían impuesto indebidamente y no debían aplicarse, aunque suspendió su orden a la espera de la apelación. Esto significa que es probable que la prohibición siga en vigor mientras un tribunal de apelación estudia el caso[150].

Estos requisitos también están provocando que muchos haitianos que intentan acceder al asilo en EE. UU. sean obligados a esperar en México, donde sufren un amplio rango de abusos de derechos humanos, como discriminación racial, secuestro, violencia sexual y extorsión[151].

En abril, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expresó su grave preocupación por los informes sobre el aumento de incitación al odio y violencia racista o xenófoba contra los haitianos desplazados y el uso de perfilamiento racial por parte de las fuerzas del orden de algunos países de las Américas. El CERD hizo un llamado a EE. UU. y a otros países de la región para que suspendan los retornos forzosos y adopten medidas para proteger a los haitianos en transito[152].

Según una organización haitiana y la OIM, miles de haitianos sufren abusos en la frontera de Haití con la República Dominicana, donde las autoridades dominicanas los devuelven a Haití. Debido a la falta de recursos financieros, la asistencia de la OIM sólo llega al 1% de los migrantes y solicitantes de asilo[153].

Trabajadores humanitarios contaron a Human Rights Watch que las autoridades dominicanas detienen de forma rutinaria a personas de las que sospechan son nacionales haitianos únicamente por su raza o por tener la piel más oscura. Luego, las llevan a la frontera, y las ubican en verjas en la parte trasera de camiones en medio de un calor sofocante mientras esperan ser procesadas, con poco o ningún acceso a alimentos y agua, antes de enviarlas de vuelta a Haití, donde se enfrentan a graves problemas humanitarios y de derechos humanos[154].

A finales de junio de 2023, el Experto Independiente de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Haití instó a República Dominicana a poner fin a métodos de repatriación que no cumplen estándares internacionales de derechos humanos y que violan acuerdos migratorios bilaterales. También reiteró el llamado a todos los países de la región a que pongan fin a las deportaciones masivas de migrantes haitianos, en particular de menores no acompañados[155].

Estándares legales aplicables

El principio de non refoulement está incluido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo[156]. Este principio garantiza que nadie sea devuelto a un país en el que se enfrentaría a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y otros daños irreparables.

Este principio se aplica a todos los migrantes en todo momento, independientemente de su estatus migratorio[157]. Dada la seguridad y la crisis humanitaria y de derechos humanos en Haití descrita en este informe, el retorno de los haitianos y sus hijos al país, donde están expuestos a sufrir daños graves o irreparables, constituiría una devolución violatoria de estándares internacionales de derechos humanos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados hizo un llamado a los gobiernos, en noviembre de 2022, a “no devolver a los haitianos a un país que es extremadamente frágil”[158]. También subrayó que “las mujeres, los menores y los hombres haitianos que se encuentran fuera del país y son devueltos a Haití pueden enfrentarse a riesgos para su seguridad y su salud, así como a nuevos desplazamientos dentro del país”[159].

En términos similares, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió de que “está claro que las violaciones sistemáticas de derechos en Haití no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos al país”, y pidió a los gobiernos “garantizar que todos los haitianos tengan acceso a un estatuto jurídico, protección y servicios de apoyo, independientemente de las razones por las que abandonaron su país”. Además, les recordó que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la devolución sin una evaluación individual de todas las necesidades de protección antes del retorno[160].

 

III. Política, delincuencia, complicidad policial y un poder judicial disfuncional

Para entender lo que está ocurriendo en Haití, tenemos que mirar al pasado. Por un lado, tenemos grupos criminales que surgieron cuando los actores políticos les dieron armas [a la gente] para hacerse con el poder y luego instrumentalizaron [a estos grupos] para diferentes fines. Estos grupos se han vuelto ahora más autónomos y obtienen beneficios de otras actividades como el secuestro y la extorsión. [También tenemos] a Estados Unidos, Francia, las Naciones Unidas y otros países que han intervenido en el país de muchas maneras, algunas buenas, pero otras muy malas, como apoyar a estos actores políticos corruptos en el poder. Esto ha perpetuado un ciclo de inestabilidad política y violencia sin fin en el que las peores consecuencias las sufren los más vulnerables.

— Representante de la sociedad civil haitiana[161]

Representantes de la sociedad civil haitiana, funcionarios humanitarios y de derechos humanos que trabajan en Haití y funcionarios del Gobierno haitiano a los que Human Rights Watch consultó consistentemente destacaron los antiguos vínculos entre los grupos criminales y los actores políticos y económicos establecidos, principalmente los miembros y aliados del partido Pati Ayisyen Tèt Kale (PHTK). Según afirman, los actores políticos, entre otros, confían en los grupos criminales para que les ayuden a mantener sus intereses comerciales y sus votos durante las elecciones, lo que a su vez les permite llegar o mantenerse en el poder. Al parecer, los grupos delictivos han obligado a los residentes de las zonas que controlan, o en las que están activos, a votar por sus benefactores políticos, a veces a punta de pistola[162].

Algunos miembros de la sociedad civil haitiana atribuyen el reciente repunte de violencia a dos factores. El primero, político: sostienen que los partidos políticos de la oposición y los aliados al gobierno buscan influir en los resultados de las próximas elecciones (aún sin fecha) utilizando a grupos criminales para controlar zonas con muchos votantes. El segundo, la creciente autonomía de los grupos criminales: buscan ganar más territorio para ampliar sus actividades delictivas, en parte para aumentar sus beneficios económicos[163].

Un amplio espectro de personas entrevistadas por Human Rights Watch, incluyendo representantes de la sociedad civil haitiana y funcionarios del Gobierno, afirmaron que algunos miembros de la Policía Nacional de Haití también están vinculados con grupos criminales y les permiten operar. En particular, no intentan combatirlos ni detener a sus líderes, les proporcionan información útil para sus actividades delictivas, participan con ellos en estas actividades o les apoyan con equipamientos, armas o vehículos para llevar a cabo sus operaciones[164]. Al parecer, uno de los principales líderes criminales y algunos miembros de los grupos delictivos son también antiguos agentes de policía, como Jimmy Chèrizier, alias “Barbecue”, que lidera la alianza G9[165]. Las personas entrevistadas por Human Rights Watch llegaron a estas conclusiones basándose en sus propias investigaciones, incluyendo testimonios de víctimas, pruebas recogidas en procedimientos judiciales y declaraciones públicas de líderes de los grupos delictivos. Human Rights Watch no ha verificado de forma independiente estas afirmaciones.

Según funcionarios judiciales y gubernamentales entrevistados por Human Rights Watch, hay algunos casos abiertos que se están investigando en el sistema judicial haitiano sobre presuntos vínculos entre grupos delictivos y políticos, incluyendo exsenadores y ministros, funcionarios gubernamentales y exmiembros de las fuerzas policiales[166]. Sin embargo, Human Rights Watch no tiene constancia de que ninguna de estas investigaciones haya desembocado en condenas en los tribunales haitianos[167].

Política de alto riesgo

“A la fecha, Ariel Henry ejerce por sí solo todas las funciones del Estado”.

— Miembro del equipo de facilitación independiente acreditado por el Alto Consejo de la Transición[168]

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el primer ministro Ariel Henry, que nunca recibió aprobación parlamentaria y por tanto carece de mandato constitucional, gobierna por decreto[169]. El Parlamento ha sido disfuncional desde 2019, cuando el presidente Moïse se negó a organizar elecciones legislativas, dejando sólo a 10 senadores electos en el cargo. Desde el final de sus mandatos en enero de 2023, el país no ha tenido funcionarios públicos electos en ningún nivel[170].

En agosto de 2021, un grupo de representantes de la sociedad civil haitiana, partidos políticos, organizaciones comunitarias y representantes empresariales se reunieron en el Hotel Montana de Puerto Príncipe y firmaron lo que se conoció como el Acuerdo de Montana, en el que se exponían los fundamentos y el proceso para establecer un nuevo gobierno de transición más legítimo y representativo que organizara elecciones libres y justas. Más de 1.000 grupos e individuos firmaron el acuerdo, en representación de un porcentaje de la sociedad haitiana. Una ausencia notable fue la del primer ministro Henry, el partido político PHTK, y sus aliados más cercanos[171].

Los principales socios internacionales de Haití, entre ellos la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y el gobierno estadounidense, no respaldaron el Acuerdo de Montana, sino que siguieron apoyando a Henry[172].

En septiembre de 2021, Henry firmó otro acuerdo denominado “Acuerdo político para una gobernanza pacífica y eficaz del periodo interino” con varios partidos políticos, entre ellos el Sector Popular y Democrático y el PHTK, comprometiéndose a organizar elecciones generales en diciembre de 2022[173]. Los principales miembros del Grupo Montana no formaron parte de este acuerdo[174].

Cuando quedó claro que las elecciones no se celebrarían como se había anunciado, Henry firmó otro acuerdo denominado “Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y unas Elecciones Transparentes” con una coalición de actores políticos, de la sociedad civil y del mundo empresarial[175]. El acuerdo pedía la creación de un Haut Conseil de la Transition (HCT, Alto Consejo de Transición), encargado de elaborar una hoja de ruta para organizar las próximas elecciones generales, revisar la constitución del país y proponer una reforma del sistema judicial[176].

El Grupo Montana y las principales organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil no fueron invitados a los debates o no firmaron la declaración final[177]. Un punto clave de debate era si el HCT asumiría el papel de la presidencia y serviría de contrapeso al poder de Henry o si actuaría bajo su autoridad[178].

El HCT inició labores el 6 de febrero de 2023, a pesar de la oposición que tenía, pero al momento de redactar este informe no ha logrado grandes avances en los objetivos del acuerdo[179]. En una reunión con Human Rights Watch en abril de 2023, Henry reconoció que aún no habían establecido un camino claro a seguir. “Actualmente no hay autoridades electas, ni a nivel de gobierno nacional ni regional”, dijo. “Estamos trabajando... para organizar elecciones el próximo año y estamos dialogando con todos los sectores... Esperamos llegar pronto a un acuerdo”[180].

Algunos de los socios internacionales y regionales de Haití, incluyendo la BINUH y el gobierno estadounidense, apoyaron inicialmente el acuerdo de diciembre de 2022[181]. En los últimos meses, sin embargo, parece haber un creciente reconocimiento de que se necesita una nueva vía, más inclusiva, especialmente dado el drástico deterioro de la situación de seguridad, que puede hacer casi imposible la organización de unas elecciones libres y justas.

En junio de 2023, Henry y algunos líderes políticos y cívicos haitianos se reunieron en Jamaica en una iniciativa liderada por el Grupo de Personas Eminentes de CARICOM, formado por tres ex primeros ministros de la región, que pretendía alcanzar un amplio consenso político sobre cómo superar la crisis[182]. No llegaron a ningún consenso, pero Henry se comprometió a hacer que la coalición de gobierno fuera más inclusiva y a debatir la ampliación del HCT[183].

Mientras tanto, un grupo de partidos políticos, entre ellos el PHTK y el Grupo de Montana, así como grupos de la sociedad civil presentes en la reunión, firmaron la Declaración Conjunta de Kingston, en la que se pide el establecimiento de un colegio presidencial y un gobierno de unidad nacional encabezado por un primer ministro[184].

Durante esta reunión en Jamaica, el 12 de junio de 2023, nueve grupos que representaban las principales organizaciones haitianas de derechos humanos y un conocido grupo de la diáspora estadounidense firmaron una declaración conjunta en la que pedían el apoyo urgente de la comunidad internacional para superar la crisis multidimensional a la que se enfrenta el país. Como primer paso, instaron a los socios de Haití a dejar de sostener al conjunto de actores que crearon la crisis y a apoyar en su lugar el establecimiento de un gobierno de transición legítimo “dirigido por tecnócratas que se comprometan a no participar en futuras elecciones y que trabajen... para la organización de elecciones libres, justas y creíbles”[185].

A mediados de junio, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hizo un llamado a favor de un diálogo político más inclusivo en Haití:

Seguimos creyendo que un proceso político dirigido y asumido por Haití es la mejor manera de forjar una resolución que sea aceptada por el pueblo haitiano y pueda perdurar. Nos unimos a nuestros socios para animar al primer ministro Henry, al Alto Consejo de Transición y a otros representantes políticos, económicos, religiosos y de la sociedad civil a poner en marcha un proceso serio[186].

A principios de julio, Henry se reunió con Blinken en un encuentro del CARICOM en Trinidad y Tobago, donde “discutieron la urgencia de ampliar el consenso político y alcanzar un acuerdo ampliamente respaldado que permita el retorno al orden democrático lo antes posible”[187].

A mediados de julio, el Grupo de Personas Eminentes de la CARICOM visitó Haití como continuación de la reunión de Kingston para seguir facilitando el diálogo entre actores haitianos. Aunque no se llegó a un acuerdo sobre un camino concreto a seguir, el grupo dijo haber alcanzado un consenso general, con actores clave de la sociedad civil y la política, sobre la necesidad de ampliar el HCT y definir la forma de asistencia en materia de seguridad que Haití necesita. El grupo dijo que también se centró en el proceso para continuar los esfuerzos de facilitación en el futuro[188].

Décadas de influencia criminal en la política

“Los grupos criminales recibieron y siguen recibiendo armas de parte de los partidos políticos y las élites económicas para controlar a la población [y] asegurar las elecciones y sus monopolios. Es la historia de Haití; es un ciclo de violencia sin fin”.

— Juez y miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Haití[189]

Desde la dictadura de François Duvalier y su hijo, Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, que se extendió de 1957 a 1986, los actores políticos haitianos en el poder y la élite empresarial del país habrían utilizado a grupos criminales para asegurar su posición o sus actividades; por ejemplo, para controlar zonas urbanas clave para las elecciones, reprimir la disidencia política o social o asegurarse monopolios económicos[190].

Más recientemente, el gobierno del presidente Michel Martelly (2011-2016) y su partido político, el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK), también fueron acusados de tener vínculos con grupos armados[191]. En noviembre de 2022, Canadá impuso sanciones a Martelly y a dos de sus primeros ministros, alegando que habían protegido y permitido las actividades ilegales de grupos criminales armados, incluyendo a través del lavado de dinero y otros actos de corrupción[192].

Desde 2020, los grupos criminales, en forma de grandes redes y coaliciones, se han vuelto algo más autónomos. Han diversificado sus actividades ilegales y sus fuentes de ingresos con secuestros, control de puntos aduaneros, connivencia con las autoridades para extorsionar a comerciantes y otras personas, y extorsión a todo tipo grandes y pequeños negocios, incluyendo compañías de transporte, mercados públicos, y redes de distribución de agua y electricidad, entre otros[193].

El presidente Jovenel Moïse (2017-2021), también del partido PHTK, fue acusado por la oposición política y críticos de la sociedad civil de apoyarse en grupos criminales para mantenerse en el poder[194]. Moïse fue elegido por primera vez en 2015 y luego en 2016, cuando se celebraron de nuevo elecciones debido a un presunto fraude[195]. Los mandatos presidenciales en Haití están limitados a cinco años[196]. Moïse insistió en que su mandato terminaba en 2022, una postura apoyada por EE. UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA)[197]. Pero el Consejo Superior de la Magistratura de Haití dictaminó que su mandato terminaba en 2021. Sus oponentes políticos estuvieron de acuerdo.

Durante su mandato, Moïse y los miembros de su gobierno supuestamente utilizaron a grupos criminales para reprimir protestas a gran escala, que tuvieron lugar desde 2018 hasta 2021, en contra de su gobierno y para controlar barrios desatendidos y densamente poblados con el fin de asegurarse votos para las próximas elecciones[198].

Estas protestas se desencadenaron por un plan del gobierno para aumentar los impuestos sobre el combustible; escándalos de corrupción como el relacionado con el programa PetroCaribe (una iniciativa energética lanzada por Venezuela en 2005 para suministrar crudo venezolano a los países de la región del Caribe a precios rebajados); y los intentos de Moïse de prolongar su presidencia hasta febrero de 2022, haciendo caso omiso de la decisión del Consejo Superior de la Magistratura de Haití sobre el final de su mandato en 2021, una medida que muchos haitianos temían que pudiera sentar las bases de una nueva dictadura[199].

Miembros de la sociedad civil haitiana y observadores internacionales alegan que Moïse y miembros de su gobierno apoyaron a grupos criminales para llevar a cabo masacres en barrios de Puerto Príncipe donde se originaron movimientos de oposición y disidencia, por ejemplo, distribuyendo armas de fuego y munición, uniformes de policía y vehículos del gobierno. En concreto, se alega que miembros del gobierno apoyaron la alianza G9, liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, y otros seis grupos para cometer una masacre en La Saline en noviembre de 2018, en la que murieron al menos 70 personas[200].

Tras el asesinato de Moïse en julio de 2021, Ariel Henry, el primer ministro nombrado por Moïse—quien pertenece al partido Inite y no al PHTK—asumió el cargo y firmó un acuerdo para una “gobernanza pacífica y consensuada” con el PHTK y otros partidos políticos haitianos. El acuerdo incluía a algunos partidos que se oponían al gobierno de Moïse y que supuestamente también tienen vínculos con grupos criminales como el Kraze Baryè, la federación G-Pèp y el 400 Mawozo[201]. Según activistas de la sociedad civil, estos grupos criminales, así como el grupo Vitelhomme, tienen vínculos con Henry y sus aliados en el poder[202].

Organizaciones haitianas e internacionales de derechos humanos, así como expertos en seguridad entrevistados por Human Rights Watch, afirmaron que, bajo el liderazgo de Henry, los grupos criminales se han fortalecido, superando la capacidad de la policía para hacerles frente. Ahora luchan entre sí y utilizan los asesinatos y la violencia sexual para demostrar su poder y ampliar su control a grandes zonas del área metropolitana de Puerto Príncipe y otros departamentos. Expertos en política y seguridad, funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil haitiana que hablaron con Human Rights Watch afirmaron que existe un vínculo entre el aumento de la violencia y las próximas elecciones, prometidas por Henry desde que asumió el cargo, ya que los grupos criminales pretenden garantizar el éxito de sus benefactores políticos, como lo han hecho en elecciones anteriores. El aumento de la violencia también se puede explicar en parte por los propios intereses de los grupos criminales en ampliar sus actividades delictivas.

Complicidad policial en actividades criminales

Como ya se ha señalado, algunos miembros de la policía también tendrían vínculos con grupos criminales[203]. En algunos casos, los agentes de policía presuntamente apoyan a los grupos criminales proporcionándoles armas o equipos o permitiendo el flujo ilegal de armas hacia ellos. De igual forma, agentes de policía presuntamente han alertado a miembros de grupos criminales sobre operaciones en su contra y, en otros casos, agentes de policía presuntamente han participado directamente en ataques contra grupos rivales o han operado junto con grupos criminales en ataques contra residentes[204].

El primer ministro Ariel Henry declaró a Human Rights Watch que “[debido al tráfico ilegal de armas], los grupos criminales están mejor armados que la policía haitiana... La fuerza de policía nacional es débil. Carece de recursos y ha perdido a muchos miembros. [No está preparada ni bien entrenada. Por eso las intervenciones policiales son limitadas y muchos [policías] son atraídos por las bandas”[205].

El caso más conocido es el de Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, antiguo agente de policía y líder de la alianza G9. Se cree que la alianza G9 tiene entre sus miembros policías en activo y expolicías. También se alega que tiene vínculos con el PHTK[206]. Como contó un antiguo alto cargo de la policía haitiana a Human Rights Watch, “son policías de día y miembros de pandillas por la noche”[207].

Grupos haitianos de defensa de derechos humanos han documentado numerosos ataques perpetrados por grupos criminales que también habrían implicado a miembros de la policía o contado con su colaboración, por ejemplo, en La Saline, Bel-Air y Cité Soleil, durante el gobierno de Moïse entre 2018 y 2020, y ataques más recientes, que se encuentran bajo investigación, cometidos en La Plaine du Cul de Sac, Noailles y Savane Pistache durante el gobierno de Henry[208].

El ex alto cargo de la policía dijo a Human Rights Watch que “la policía está mal pagada, no está bien equipada y se une fácilmente a las actividades delictivas para conseguir más dinero... En cada grupo criminal se encuentran dos o tres policías. Utilizan los coches de policía para desplazarse y llevar a cabo secuestros”[209].

Según la BINUH, en todo el país hay casi 15.000 policías, es decir, unos 125 policías por cada 100.000 residentes en un país de 11,5 millones de habitantes. Debido a cuestiones administrativas como suspensiones, traslados, enfermedad o incapacidad temporal, permisos y asignaciones a tareas de seguridad para funcionarios del gobierno, actualmente sólo hay desplegados unos 10.000 policías[210]. La policía nacional se enfrenta a problemas logísticos y de seguridad, ya que no dispone de recursos, formación, equipamiento y capacidad de investigación suficientes para hacer frente a la actividad delictiva[211].

La BINUH informó que 34 policías fueron asesinados entre enero y junio de 2023[212]. Los constantes ataques de los grupos criminales, en su lucha por ganar control sobre nuevas zonas, obligaron a decenas de policías a abandonar temporalmente las comisarías. En el primer semestre de 2023, 34 estaciones de policía fueron atacadas, principalmente en los departamentos del Oeste y Artibonite. Además, más de 400 instalaciones policiales de todo el país permanecieron inoperativas debido a los ataques de grupos criminales[213]. Estos ataques contra la policía habían ido en aumento desde 2021, según informó la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD)[214].

Como resultado, los residentes de los barrios asediados en la práctica son abandonados por el personal policial que no es cómplice de la actividad delictiva. “En Brooklyn, Cité Soleil, no hay policías, aunque hay dos grandes comisarías”, dijo un trabajador de derechos humanos. “Hace meses que están tomadas por grupos criminales”[215].

Aumento del flujo de armas y municiones

Un corolario de esta actividad delictiva generalizada es el aumento del tráfico de armas desde EE. UU. hacia Haití entre 2021 y 2022 que, según funcionarios gubernamentales y organizaciones internacionales, involucró a miembros de la clase política y económica del país con presuntos vínculos con grupos delictivos[216].

Haití no fabrica de manera oficial armas de fuego ni municiones. Todas las armas del país se importan, legal o ilegalmente, desde terceros países[217]. En 1994, EE. UU. impuso a Haití un embargo parcial de armas, que limita el envío de armas y otros equipos de defensa a la policía haitiana y las Naciones Unidas. Para hacerlos de manera legal, los envíos deben ser aprobados por el Departamento de Estado estadounidense[218].

De acuerdo con un informe de la ONUDD de 2023, no existen estadísticas oficiales que documenten la cantidad o el tipo de armas de fuego que circulan en Haití[219]. No obstante, se cree que la gran mayoría de las armas en circulación se adquieren ilegalmente a través de traficantes sin licencia y no se declaran a las autoridades aduaneras. Al parecer, las armas proceden en su mayoría de EE. UU., especialmente de puertos del sur de Florida, a través de redes de la diáspora y de intermediarios que las introducen de contrabando en Haití por tierra, mar y aire, ocultas en contenedores de productos alimenticios frescos y congelados, equipos electrónicos, ropa o incluso en el casco de buques de carga, aprovechando la porosidad de las fronteras haitianas, especialmente con República Dominicana[220].

Según la ONUDD, los grupos criminales haitianos buscan fusiles de asalto de estilo militar. La ONUDD identificó fusiles de la serie AR-15 (M-16, M-14, M-4), fusiles con patrón Kalashnikov (AK-47, Tipo-65, Galil), ametralladoras tipo Negev y revólveres y pistolas semiautomáticas de 9 mm que se utilizaron en los enfrentamientos entre grupos criminales en Cité Soleil en 2022[221]. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. informó que el tráfico de armas a Haití cada vez incluye armas más grandes y potentes, como rifles de francotirador del calibre .50, rifles del calibre .308 y ametralladoras alimentadas por cinturón[222].

Funcionarios del gobierno haitiano dijeron a Human Rights Watch que la mayoría de las incautaciones se componen de fusiles de asalto, pistolas y municiones[223]. Desde 2021, los agentes de aduanas de Haití, la policía haitiana y otros organismos han incautado casi 800 armas de fuego, principalmente en el Departamento del Oeste, según cifras de la policía haitiana[224].

Delegados del gobierno también informaron a Human Rights Watch sobre dos grandes incautaciones de cargamentos ilegales de armas que tuvieron lugar en Port de Paix y Puerto Príncipe en julio de 2022, durante las que las autoridades identificaron los nombres de las personas implicadas en el contrabando, incluyendo algunos políticos, empresarios, representantes de la Iglesia Episcopal de Haití y antiguos funcionarios del gobierno bajo las administraciones de Moïse y Henry. Esto incluye a un antiguo ministro de Justicia, Berto Dorcé, y a algunos de sus allegados[225].

En una operación llevada a cabo en Port de Paix en julio de 2022, se incautaron 120.000 cartuchos para armas de calibre 5,56 mm, 9 mm y 7,62 mm, dos pistolas de 9 mm, un revólver del calibre 38 y treinta cargadores para fusiles del tipo AK-47, así como billetes falsos de dólares estadounidenses[226]. En la otra incautación, en julio de 2022, en Puerto Príncipe, funcionarios de las aduanas encontraron diecisiete fusiles semiautomáticos de 5,56 mm y 7,62 mm, cuatro pistolas de 3 y 40 mm, una escopeta de calibre 12, 12.779 cartuchos de munición de 7,62 mm, miles de cartuchos de munición de 5,56 mm, 9 mm y calibre 12, y dinero falso[227].

Fuentes que investigan estos casos y que tienen acceso a los expedientes penales dijeron a Human Rights Watch que la mayoría de estas armas estaban destinadas a grupos criminales como 400 Mazowo y otros grupos pertenecientes a la coalición G9[228].

Sistema judicial disfuncional y cárceles superpobladas

“El mayor problema es la impunidad... Las pandillas han tomado el control de los tribunales, los expedientes penales y las pruebas han sido robadas y quemadas, [y] muchos funcionarios judiciales han abandonado sus funciones debido a la inseguridad”.

—Oficial de la Defensoría del Pueblo[229]

“El proceso de investigación es muy lento. No hay suficientes funcionarios. No tenemos suficientes recursos económicos ni técnicos para avanzar en las investigaciones, y el sistema judicial tiene los mismos problemas. En Haití, las instituciones sólo existen en el papel”.

— Miembro de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ)[230]

En la mayoría de los casos de asesinatos a gran escala y otros graves abusos de derechos humanos cometidos por grupos criminales en los últimos años, incluyendo secuestros, violencia sexual y asesinatos de defensores de derechos humanos, abogados y periodistas, los avances en las investigaciones o los procesamientos han sido escasos o nulos, según afirmaron la Defensoría del Pueblo y grupos de la sociedad civil[231]. Los casos relacionados con el tráfico ilegal de armas están igualmente estancados[232]. En los últimos 15 años sólo ha habido una condena en un caso de corrupción, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[233]. Según la ONU, la tasa global de condenas en el sistema judicial se sitúa en el 3%.

Desde 2018, los tribunales de Haití sólo han funcionado durante tres meses al año, celebrando unas 550 vistas penales en total, en las que se condenó a 285 personas. Algunos de los edificios que albergan estos tribunales han sido tomados por grupos criminales, entre ellos el Tribunal de Paix de Cité Soleil en julio de 2020 y el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe en julio de 2022. Los tribunales no han sido reubicados y los funcionarios judiciales siguen enfrentándose a problemas de seguridad que les impiden desempeñar sus funciones[234].

El sistema penitenciario de Haití está extremadamente sobrepoblado. Con 11.836 detenidos al 30 de junio de 2023, tiene una tasa de ocupación estimada del 332%. De ellos, 10.009, es decir, casi el 85%, se encuentra en detención preventiva, la mayoría en condiciones presuntamente inhumanas, sin acceso a comida, agua o servicios de salud adecuados[235].

Los nuevos códigos penal y de procedimiento penal que debían reducir el número de personas en prisión preventiva iban a entrar en vigor en junio de 2022, sin embargo, el gobierno los está revisando y ha pospuesto su aplicación hasta 2024[236].

En enero de 2023, el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), el órgano de supervisión del poder judicial, hizo públicos los resultados de su investigación a jueces y fiscales: 28 de los 69 examinados no fueron certificados por motivos relacionados con la “integridad moral”, como acusaciones de abuso de autoridad, credenciales inválidas y liberación ilegal de detenidos[237]. Seis meses después, el CSPJ no certificó a otros siete funcionarios por el mismo motivo[238].

En febrero de 2023, el primer ministro Henry nombró a ocho magistrados de la Corte de Casación, la Corte Suprema de Haití, para permitir que volviera a funcionar tras más de un año en el que no contó con suficientes jueces para formar quórum. Sin embargo, grupos de la sociedad civil criticaron la medida, afirmando que el primer ministro Henry no había respetado el procedimiento constitucional para los nombramientos[239].

Al momento de redactar este informe, ninguno de estos esfuerzos limitados para mejorar la actividad judicial ha tenido un impacto notable.

 

IV. La respuesta internacional a la crisis

“No hay vida en Haití. El gobierno de facto actual es incapaz de hacer frente al aumento de violencia. Lo que se necesita es un acuerdo político con una hoja de ruta para trabajar en la restauración del Estado de derecho, la mejora de la seguridad y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Para ello Haití necesita apoyo internacional, alguien que tenga este papel de facilitador”.

— Representante de la sociedad civil haitiana[240]

Varios altos funcionarios de la ONU han visitado Haití en los últimos meses. Entre ellos, el secretario general de las Naciones Unidas, el alto comisionado para los Derechos Humanos, los directores del Programa Mundial de Alimentos y de UNICEF, y el experto independiente de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Haití. Cada vez se han pronunciado con mayor alarma sobre la grave situación humanitaria, de seguridad y de derechos humanos en el país[241]. La Comunidad del Caribe (CARICOM) también ha tomado la iniciativa para ayudar a resolver el estancamiento político del país[242]. Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken, también se han reunido recientemente con el primer ministro Henry y otros líderes de la CARICOM para discutir sobre los esfuerzos para superar la crisis[243].

EE. UU., Canadá y la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han proporcionado asistencia humanitaria, así como apoyo técnico y financiero a la policía haitiana[244]. A pesar de esto, las necesidades humanitarias del país siguen estando muy notoriamente subfinanciadas[245].

EE. UU. y Canadá han impuesto varias olas de nuevas sanciones selectivas, incluyendo prohibiciones de viaje y congelación de activos, contraa los presuntos implicados en graves actos de violencia, corrupción y tráfico de armas y drogas en Haití, que se suman a la anterior designación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, líder de la alianza G9[246]. EE. UU. también ha tomado algunas medidas para investigar y procesar en ese país a individuos presuntamente responsables de delitos en Haití, y algunas medidas limitadas para controlar los flujos de armas desde EE. UU. hacia Haití[247].

Desde finales de 2022, el primer ministro Ariel Henry ha pedido el despliegue de una fuerza armada internacional para hacer frente a la crisis de seguridad en Haití[248]. La ONU y EE. UU. han respaldado este llamado, y algunos gobiernos más pequeños han mostrado la voluntad de proporcionar tropas policiales o militares para dicha fuerza[249]. El 14 de julio de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió al secretario general proponer opciones para una fuerza internacional en un plazo de 30 días[250]. A finales de julio de 2023, Kenia anunció que “consideraría positivamente” liderar una fuerza multinacional y desplegar un contingente de 1.000 policías en Haití[251]. Poco se ha debatido sobre el apoyo que se prestaría al sistema judicial para garantizar que, en caso de detener a líderes de grupos criminales y a quienes los respaldan, fueran llevados ante la justicia en juicios justos y creíbles y estuvieran detenidos en condiciones humanas y seguras.

La mayoría de las personas entrevistadas por Human Rights Watch, entre ellas víctimas y testigos de la violencia de los grupos delictivos, afirmaron que se necesita más ayuda.

Muchos actores políticos y de la sociedad civil haitiana criticaron inicialmente el llamado de Henry a una fuerza internacional, aunque reconocieron la necesidad de apoyo internacional para superar la crisis multidimensional a la que se enfrenta el país. Su principal reivindicación es que la tarea de conducir a Haití a través de esta crisis no debe ser liderada por el gobierno de Henry, sino por un gobierno de transición, idealmente dirigido por tecnócratas que no tengan vínculos con grupos criminales y que no se presenten a las próximas elecciones, que prioricen la restauración del Estado de derecho, la justicia, la seguridad y las necesidades básicas de los haitianos. También piden que una respuesta internacional no debería sostener, en la práctica, al primer ministro Henry, al que consideran al frente de un gobierno ilegítimo y corrupto con presuntos vínculos con grupos criminales, ni a la clase política que lo acompaña en el poder. Representantes de la sociedad civil también hicieron un llamado para que cualquier apoyo a dicha transición evite la repetición de los abusos y daños causados por anteriores intervenciones internacionales en Haití[252].

La mayoría de las personas entrevistadas por Human Rights Watch, incluyendo víctimas y testigos de la violencia de los grupos delictivos, afirmaron que se necesita más ayuda.

Actores de la sociedad civil, así como Human Rights Watch, advierten que la actual crisis humanitaria y de derechos humanos tiene profundas raíces en los legados de la esclavitud, la deuda forzosa, el racismo, el colonialismo y la coerción económica, así como del fracaso de anteriores intervenciones internacionales y de la ONU que no respetaron plenamente los derechos humanos. Sin embargo, dijeron, estos hechos históricos no deberían ser usados para justificar que los actores internacionales no busquen o apoyen activamente una solución a la actual crisis de Haití.

Sanciones

En octubre de 2022, el Consejo de Seguridad de la ONU sancionó al líder de la coalición G9, Jimmy Chérizier, una designación que todos los Estados miembros de la ONU están obligados a seguir[253].

Desde 2020, EE. UU. y Canadá han impuesto sanciones específicas adicionales a más de 35 miembros de grupos políticos y económicos establecidos en Haití, basándose en acusaciones de su relación con violaciones de derechos humanos en Haití; apoyo financiero, colaboración o facilitación de actividades ilegales; o implicación en corrupción, narcotráfico o tráfico de armas[254].

Entre los sancionados se encuentran el expresidente Michel Martelly y el expresidente interino Jocelerme Privert; un exministro del gobierno de Martelly; un ex primer ministro; cinco exfuncionarios y senadores durante el gobierno de Moïse; y dos ministros del gobierno de Henry. También han sido sancionados al menos seis dirigentes empresariales[255].

A finales de junio de 2023, Canadá impuso sanciones líderes criminales de tres grupos: el grupo Kraze Baryè (Vitel'Homme Innocent), el grupo 5 Segundos (Johnson André, alias “Izo”), y el grupo 400 Mawozo (Lanmo Sanjou), sobre la base de que habían cometido “violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y participado en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití”[256].

El presidente del Comité de Sanciones de Naciones Unidas anunció a finales de junio que su oficina estaba trabajando con las autoridades haitianas en una nueva lista de personas que serían sancionadas por su apoyo a grupos criminales en Haití[257].

República Dominicana también les prohibió a al menos 52 políticos, empresarios y líderes de grupos criminales la entrada en su territorio debido a sus presuntos antecedentes penales relacionados con corrupción, abusos de derechos humanos y tráfico de armas o porque podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional[258].

A finales de julio, el Consejo Europeo modificó su régimen de sanciones, permitiendo a la UE imponer de forma autónoma medidas restrictivas, incluyendo la prohibición de viajar a individuos y la congelación de fondos a personas y entidades responsables de amenazar la paz, la seguridad, la democracia o el Estado de derecho en Haití[259].

Varios representantes de la sociedad civil internacional y haitiana, así como funcionarios del gobierno haitiano, han afirmado que las sanciones impuestas a ciudadanos haitianos por gobiernos extranjeros son un mecanismo útil para la rendición de cuentas y podrían desempeñar un papel en la disuasión de futuros actos de violencia o de apoyo a grupos abusivos[260]. Algunos funcionarios haitianos han dicho que desconocen el proceso legal y las pruebas que llevaron a la imposición de estas sanciones y han pedido que las pruebas en las que se basan las sanciones sean compartidas para que se puedan llevar a cabo investigaciones criminales en Haití[261].

“Las sanciones sí tuvieron un impacto”, dijo un funcionario judicial a Human Rights Watch. “La justicia ahora está despertando de su sueño. Necesitamos más coordinación, cooperación de todos los países con la justicia haitiana y más sanciones para los miembros de las redes criminales”[262].

Llamados a una fuerza internacional

En octubre de 2022, el primer ministro Henry pidió a la comunidad internacional que desplegara una fuerza armada especializada para ayudar a la Policía Nacional de Haití a hacer frente a la inseguridad derivada de la acción delictiva de los grupos criminales[263]. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apoyó la petición en enero de 2023[264].

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) también insistió en abril de 2023 en la necesidad en la necesidad de que la comunidad internacional responda inmediatamente a la crisis en Haití y proporcione apoyo mediante el despliegue de una fuerza armada internacional especializada para reforzar las capacidades policiales, frenar la violencia y los abusos de derechos humanos, restaurar el Estado de derecho y crear las condiciones para unas elecciones creíbles[265].

A principios de mayo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado a la comunidad internacional para que desplegara una “fuerza de apoyo especializada y respetuosa de los derechos humanos, con un plazo determinado y un plan de acción integral para ayudar a las instituciones de Haití”[266].

Canadá, después de una reunión del CARICOM y un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden en marzo, prometió reforzar su cooperación internacional con Haití, principalmente en apoyo financiero a la policía haitiana[267]. Otros gobiernos como Jamaica, El Salvador, Ruanda y Kenia ofrecieron enviar oficiales de las fuerzas armadas o apoyo técnico a Haití. A finales de julio de 2023, Kenia dijo que consideraría liderar la fuerza multinacional[268].

En junio de 2023, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en una reunión con los líderes de CARICOM y República Dominicana, anunció programas destinados a combatir el tráfico de armas y a facilitar las investigaciones y el procesamiento de delitos transnacionales, así como más recursos económicos para mejorar la seguridad alimentaria en Haití y proporcionar la ayuda humanitaria que se necesita urgentemente, incluyendo la atención de apoyo a personas sobrevivientes de violencia de género[269]. Además, Canadá anunció que seguiría apoyando los diversos diálogos con el objetivo de lograr un consenso político en Haití y crearía una célula Conjunta de Coordinación de Seguridad (JSCC, por sus siglas en inglés) para proporcionar apoyo logístico, técnico y operativo a la policía haitiana[270].

A finales de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adoptó una resolución que instó a los Estados miembros a proporcionar asistencia inmediata en materia de seguridad a la Policía Nacional de Haití y a integrar sus compromisos y contribuciones de asistencia humanitaria entre otras medidas[271].

El experto independiente de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Haití abogó por el despliegue de una fuerza internacional especializada que trabaje junto con la policía haitiana y por la aplicación de un embargo de armas por parte del Consejo de Seguridad de la ONU[272].

A principios de julio, el secretario general Guterres visitó Haití y reiteró su llamado para el despliegue de una fuerza internacional para apoyar a la policía haitiana[273]. Afirmó que “no puede haber seguridad duradera sin una restauración de las instituciones democráticas, y es imposible lograr soluciones políticas duraderas y plenamente representativas sin una mejora drástica de la situación de seguridad”[274].

Durante la conmemoración del 50 aniversario de CARICOM, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken reafirmó su apoyo al “llamado del gobierno haitiano para que una fuerza multinacional ayude a su policía a restablecer la seguridad”[275]. El presidente de Ruanda expresó su apoyo para proporcionar personal de mantenimiento de la paz y la seguridad para ayudar a reforzar la policía nacional de Haití[276].

El 14 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la renovación del mandato de la BINUH por un año más, reforzando su unidad policial y penitenciaria para apoyar las capacidades de formación e investigación de la Policía Nacional de Haití[277]. También solicitó que el secretario general presentara un informe en el que se esbozaran las opciones de apoyo que las Naciones Unidas podrían proporcionar para mejorar la situación de seguridad en Haití, incluyendo el apoyo a una fuerza multinacional no perteneciente a la ONU o a una posible operación de mantenimiento de la paz[278].

El 18 de julio, la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) hicieron un llamado a la comunidad y organizaciones internacionales para que apoyen los esfuerzos liderados por Haití para encontrar una solución a la crisis, con el consentimiento y la participación de las autoridades haitianas[279].

A finales de 2022, muchos grupos políticos y de derechos humanos haitianos, así como haitianos de la diáspora, se opusieron inicialmente con firmeza a cualquier propuesta de intervención armada internacional[280].

Sin embargo, dado el deterioro de la situación de seguridad para mediados de 2023, la mayoría de ellos, incluyendo actores políticos de la oposición, así como casi todas las víctimas entrevistadas por Human Rights Watch, dijeron que Haití necesitaba una fuerza internacional para superar la crisis de seguridad, a pesar del problemático historial de fuerzas internacionales en el país, así como un gobierno de transición para restaurar la gobernanza y el Estado de derecho y para proporcionar ayuda a las personas con necesidades humanitarias.

Como dijo un residente de Cité Soleil:

Estamos sufriendo lo inimaginable; necesitamos ayuda para salir de la espiral de violencia en la que vivimos, del hambre, del abandono por parte del Estado. Necesitamos tener esperanza de una vida mejor[281].

Fracasos y abusos de las intervenciones internacionales del pasado

Muchos haitianos establecen conexiones claras entre las recientes intervenciones internacionales en Haití, los legados permanentes de la esclavitud, el colonialismo, el racismo y la pobreza, y la inestabilidad política contra la que luchan hoy en día.

Después de 1804, cuando Haití consiguió su independencia gracias a una exitosa rebelión de personas esclavizadas, países como EE. UU. y Francia, entre otros, se negaron a reconocer la nueva República de Haití para proteger sus propios intereses esclavistas[282]. En 1825, Francia accedió a reconocer la independencia de Haití con la condición de que Haití pagara una indemnización muy grande a Francia por las reclamaciones francesas sobre la propiedad, incluyendo la población haitiana esclavizada. Esta exigencia se hizo bajo amenaza de invasión. En 1825, Haití pidió grandes préstamos a un banco comercial francés para hacer frente al servicio de la aplastante deuda con intereses muy elevados. Esto se conoció como la “doble deuda” de Haití. Aunque Haití pagó su indemnización a Francia en 1888, siguió debiendo intereses por los préstamos que había tomado. En 1911, estos pagos de intereses fueron transferidos por diversas razones a EE. UU. y Haití no saldó su deuda con EE. UU. hasta 1947. Se calcula que Haití pagó a los esclavistas franceses y a sus descendientes entre 20.000 y 115.000 millones de dólares[283].

Una forma diferente de intervención fueron las décadas de injerencia, a veces violenta, de EE. UU. en los asuntos internos de Haití, justificada bajo el argumento de que EE. UU. necesitaba proteger sus propios intereses económicos. Antes del inicio de la ocupación estadounidense de Haití, que duró 19 años, de 1915 a 1934, en diciembre de 1914, un puñado de marines estadounidenses se llevó 500.000 dólares en lingotes de oro del Banco Nacional de Haití y los depositó en un banco estadounidense. Sobre este hecho no ha habido rendición de cuentas. En 1915, EE. UU. concluyó un tratado con Haití mediante el cual asumía el control de las finanzas públicas del país durante 10 años, a cambio de proporcionar seguridad al país[284]. Durante las siguientes décadas, EE. UU. también interfirió en repetidas ocasiones en los procesos políticos del país cuando los líderes electos de Haití fueron percibidos como insuficientemente leales a EE. UU. o cuando el país se enfrentó a golpes de Estado y protestas públicas, contribuyendo a la inestabilidad política que continúa en la actualidad[285].

Algunos críticos también han señalado el papel de Canadá, junto a la implicación política y militar de EE. UU. y otros países en Haití, concretamente a través de la Iniciativa de Ottawa sobre Haití en 2003[286].

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que operó desde 2004 hasta 2017, tenía como objetivo ayudar estabilizar la política y la seguridad de Haití, así como apoyar los esfuerzos de reconstrucción de recuperación inmediata del país tras el devastador terremoto de 2010. La MINUSTAH dejó tras de sí una epidemia mortal de cólera que, según investigaciones propias, fue causada cuando una fuga de aguas residuales de una de sus bases contaminó el principal río de Haití, enfermando a cientos de miles de personas y matando al menos a 10.000[287].

Ninguna de las víctimas de cólera ha recibido indemnizaciones de la ONU, a pesar de sus promesas en este sentido[288]. El actual brote de cólera fue causado, al menos en parte, por un descendiente de la cepa que provocó la epidemia de 2010, según demuestra un estudio[289].

Tras el fin del mandato de la MINUSTAH, el Consejo de Seguridad de la ONU creó en abril de 2017 una misión de mantenimiento de la paz en Haití denominada Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) para apoyar al gobierno en el desarrollo de la Policía Nacional Haitiana (PNH), el fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho, incluyendo el sistema judicial y penitenciario, y la promoción y protección de derechos humanos[290]. Esta misión llegó a su fin en octubre de 2019 en un contexto de crisis política persistente, recrudecimiento de la actividad delictiva y deterioro de la situación económica del país[291].

Además, el personal de esta misión y de la MINUSTAH se enfrenta en conjunto a al menos 116 denuncias de abusos sexuales y explotación de mujeres y menores[292]. Varios estudios e informes de medios de comunicación documentan casos en los que personal de mantenimiento de la paz de la ONU explotó y abusó sexualmente de mujeres y niñas, aprovechándose de la vulnerabilidad y la pobreza de la población[293]. También se acusó a las fuerzas de paz de la ONU en Haití de amenazar físicamente y herir a civiles con uso desproporcionado de la fuerza durante operaciones de lucha contra grupos criminales[294]. Ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni los Estados miembros cuyas tropas han sido acusadas han respondido a estas acusaciones. Tampoco ha habido rendición de cuentas ni se han efectuado reparaciones[295].

Desde mediados de octubre de 2019, Haití acoge la BINUH, una misión política de las Naciones Unidas[296]. Organizaciones haitianas e internacionales de derechos humanos y representantes de la sociedad civil afirman que la BINUH, al igual que otros representantes internacionales en Puerto Príncipe, no han reconocido ni abordado adecuadamente las acusaciones sobre que los gobiernos del difunto presidente Moïse y del actual primer ministro Henry han socavado el Estado de derecho y han perpetuado la inestabilidad política y la inseguridad al no permitir la creación de un gobierno de transición que organice elecciones, y a través de la corrupción y de vínculos con grupos criminales[297].

Muchos haitianos señalan como un momento clave de la crisis actual la decisión, adoptada en julio de 2021 por el Grupo Central, un órgano informal compuesto por representantes internacionales trabajando en Haití y que incluye el BINUH, de emitir una declaración en la que apoyaba el nombramiento de Ariel Henry como primer ministro y le animaba a cumplir su misión de formar un gobierno consensuado[298].

 Muchos haitianos consideraron que se trató de una injerencia no deseada en la política del país, pues afirman que Henry, aunque nombrado por Moïse, no fue designado mediante un proceso constitucionalmente establecido[299].

Se considera que EE. UU. ha respaldado a Henry desde que la embajada estadounidense en Haití tuiteó la declaración del Grupo Central en la que se le pedía que formara gobierno. También hizo declaraciones posteriores de apoyo al gobierno interino de Henry, a pesar de los continuos llamados de los grupos haitianos y de la diáspora para que deje de hacerlo, pues Henry no ha conseguido lograr una transición democrática incluyente y los grupos criminales se han fortalecido durante su gobierno, agravando la crisis económica y humanitaria pre-existente[300].

La mayoría de los representantes de la sociedad civil haitiana y los funcionarios internacionales de derechos humanos que hablaron con Human Rights Watch dijeron que la crisis actual no terminará hasta que el pueblo haitiano pueda elegir a sus propios líderes y el país experimente una verdadera transición democrática[301]. Muchos también señalaron que los daños y abusos relacionados con intervenciones internacionales pasadas, los legados de la esclavitud y el colonialismo y el persistente racismo contra los negros han contribuido a la inseguridad, corrupción y pobreza en Haití y han destrozado repetidamente las aspiraciones democráticas del pueblo haitiano[302]. La economía y la política de Haití se ven afectadas hasta el día de hoy por los países occidentales, principalmente EE. UU. Algunas respuestas internacionales a la crisis actual, incluidos los abusos relacionados con la migración en la frontera con la República Dominicana, tienen sus raíces en la anti-negritud[303].

Estas son las razones por las que los representantes de la sociedad civil haitiana sostienen que el apoyo a la transición democrática y al Estado de derecho, aunque fundamental, es sólo una parte del futuro compromiso internacional con Haití. La otra parte, dicen, debe incluir el reconocimiento y la rendición de cuentas por los daños causados por el legado histórico y el apoyo de Francia y EE. UU. a un proceso de reparaciones liderado por el pueblo haitiano[304].

El secretario general de la ONU Guterres también reconoció en una reunión de CARICOM a principios de julio de 2023 que “es imposible contemplar la crisis [haitiana] sin ver la larga sombra de siglos de explotación colonial, extorsión, dictadura y otras injusticias”[305].

Haití necesita una respuesta multidimensional y basada en derechos humanos para hacer frente a la prolongada, actual y creciente, crisis. A pesar de los esfuerzos del gobierno haitiano, la sociedad civil haitiana, los actores políticos y otras partes interesadas por encontrar una solución a la crisis, la situación humanitaria y de seguridad en el país sigue empeorando y millones de haitianos están soportando ese costo. Haití necesita ayuda ya. Los fracasos y abusos de las intervenciones internacionales pasadas no deberían ser una excusa para la inacción; deberían ser, por el contrario, una llamada a la acción para hacer lo necesario para corregir los errores del pasado y ayudar a Haití a volver a la senda de la gobernanza democrática, el Estado de derecho, la seguridad básica y el respeto de los derechos fundamentales.

Las víctimas de los abusos documentados por Human Rights Watch reclaman acciones concretas que les permitan vivir una vida libre de violencia y miedo, en la que puedan satisfacer sus necesidades básicas, trabajar, enviar a sus hijos a la escuela, elegir a su gobierno y a sus dirigentes y, en ultimas, vivir en paz.

“Sufrimos mucho en Cité Soleil”, dice Rosie P., de 42 años y madre de cinco hijos. “No hay agua, ni electricidad, ni comida, ni paz. Hay disparos todo el tiempo y los niños no pueden ir a la escuela. Quiero que la comunidad internacional traiga la paz si pueden”[306].

 

Agradecimientos

Este informe fue escrito por Nathalye Cotrino, investigadora de la División de Crisis y Conflictos, e Ida Sawyer, directora de la División de Crisis y Conflictos, quienes también hicieron la investigación. El informe fue editado por Anagha Neelakantan, editora sénior de la División de Crisis y Conflictos. Nīa Knighton, asociada de la División de Crisis y Conflictos, prestó apoyo en la investigación, edición y producción.

Devon Lum, asistente de investigación, y Lèo Martine, analista sénior, del Laboratorio de Investigaciones Digitales, y Robin Taylor, asistente de investigación de fuentes abiertas de la División de Crisis y Conflictos, prestaron apoyo a la investigación. Fred Abrahams, director asociado de Programas, se encargó de la revisión programática, y Michael Garcia Bochenek, asesor jurídico sénior, de la revisión jurídica. Las revisiones de especialistas corrieron a cargo de Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas; César Muñoz Acebes, director asociado de la División de las Américas; Nicole Widdersheim, subdirectora de incidencia en Washington; Akshaya Kumar, directora de incidencia en Nueva York; Bruno Stagno, subdirector ejecutivo de incidencia; Alison Leal Parker, subdirectora directora de la División de Programa de EE. UU.; Mark Hiznay, director asociado de la División de Armas; Sam Dubberley, director ejecutivo de la División de Tecnología y Derechos Humanos; Bill Frelick, director de la División de Derechos de los Refugiados y Migrantes; Kayum Ahmed, asesor especial en Salud y Derechos Humanos; Margaret Wurth, investigadora sénior en la División de Derechos del Niño; Almaz Teffera, investigadora en la División de Europa y Asia Central; Cristina Quijano, investigadora en la División de Derechos de la Mujer; Hanna Gros, investigadora en la División de Derechos de los Discapacitados; y Elizabeth Campa, directora del Departamento de Desarrollo.

El informe fue preparado para su publicación por Travis Carr, coordinador de publicaciones; Fitzroy Hepkins, gestor administrativo; y José Martínez, coordinador sénior de administración. Johan Romero, asociado de la División de las Américas, y Peter Huvos, editor del departamento digital, prestaron apoyo logístico y de edición para las versiones en español y francés. Las traducciones al francés y al creole del informe estuvieron a cargo de David Boratav y Remixon Guillaume, respectivamente. Léa Pernot, del departamento de Comunicaciones, prestó apoyo logístico y de edición para la traducción al francés.  

Nos gustaría dar las gracias a la Red Nacional De Defensa de los Derechos Humanos y a otras organizaciones de la sociedad civil haitiana, organizaciones de la diáspora, comunitarias y de derechos humanos, así como a las agencias internacionales, que han proporcionado asesoramientos y apoyos fundamentales para esta investigación.

Por encima de todo, estamos profundamente agradecidos a las víctimas y a sus familias que generosamente compartieron sus historias con nosotros.