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Los asesinatos, secuestros y actos de violencia sexual cometidos por grupos criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y sus alrededores, han aumentado drásticamente desde principios de 2023.
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El gobierno haitiano no ha protegido a la población de la violencia de estos grupos criminales, muchos de los cuales tienen presuntos vínculos con altos funcionarios políticos, actores económicos y policías.
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El apoyo internacional en materia de seguridad puede ser esencial, pero podrá ser más eficaz con un nuevo gobierno de transición y como parte de una respuesta multifacética que cuente con salvaguardas sólidas en derechos humanos.
(Nueva York, 14 de agosto de 2023) - Los asesinatos, secuestros y actos de violencia sexual cometidos por grupos criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y sus alrededores, han aumentado drásticamente desde principios de 2023 en medio de una respuesta estatal débil o prácticamente inexistente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 105 páginas, “‘Viviendo una pesadilla’: Haití necesita una respuesta urgente y basada en los derechos humanos ante la escalada de la crisis”, documenta abusos cometidos por grupos criminales y la inacción del Estado en cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe—Cabaret, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets y Puerto Príncipe—entre enero y abril de 2023. En Haití, el Estado está prácticamente ausente, reina la impunidad y casi la mitad de la población padece inseguridad alimentaria aguda. Human Rights Watch también analizó las crisis humanitaria, política y judicial, así como los abusos cometidos durante intervenciones internacionales pasadas y el perdurable legado de la esclavitud, la explotación y los abusos cometidos en el pasado por potencias coloniales.
“Una acción urgente es necesaria para abordar los niveles extremos de violencia, el miedo palpable, el hambre y la sensación de abandono que tantos haitianos experimentan hoy en día”, señaló Nathalye Cotrino, investigadora de la División de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch. “El apoyo internacional en materia de seguridad puede ser esencial, pero es probable que sólo funcione con la puesta en marcha de un nuevo gobierno de transición y como parte de una respuesta multifacética que cuente con sólidas salvaguardas de derechos humanos”.
Las Naciones Unidas, Estados Unidos, Francia, Canadá, los miembros de la Comunidad del Caribe y otros gobiernos preocupados por la situación en Haití deberían actuar con urgencia para apoyar al país a superar esta crisis y garantizar una transición democrática. Está previsto que el secretario general de la ONU presente en los próximos días al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas opciones para el despliegue consensuado de una fuerza internacional en Haití, que ayude a restablecer la seguridad, como lo ha solicitado el primer ministro Ariel Henry. Kenia se ofreció a asumir el liderazgo y a facilitar 1.000 policías para conformar una fuerza multinacional.
Human Rights Watch entrevistó a más de 100 personas, antes, durante y después de una visita a Haití a finales de abril y principios de mayo, incluyendo 58 víctimas y testigos de abusos entrevistados en Haití, así como a miembros de la sociedad civil haitiana, grupos de derechos humanos y de la diáspora, representantes de la ONU y agencias humanitarias, actores políticos haitianos y funcionarios del Gobierno, incluyendo al primer ministro Henry. Human Rights Watch también revisó datos e informes de organizaciones internacionales y no gubernamentales, grupos de la sociedad civil haitiana y medios de comunicación, y verificó y geolocalizó vídeos y fotografías de incidentes violentos.
La ONU ha concluido que los grupos criminales en Haití mataron a más de 2.000 personas en el primer semestre de 2023, secuestraron a más de 1.000 y utilizaron la violencia sexual para aterrorizar a la población. Human Rights Watch documentó 67 asesinatos, incluyendo los de 11 menores de edad y 12 mujeres, y más de 20 casos de violaciones sexuales, muchas cometidas de forma grupal por múltiples perpetradores. En respuesta a la violencia y a la inacción del Estado, algunos haitianos han recurrido a la “justicia popular”, formando el movimiento Bwa Kale, que cobró fuerza a finales de abril y, hasta junio, había matado a más de 200 presuntos criminales en todo el país, a menudo en connivencia con agentes de policía.
Aproximadamente 150 grupos criminales operan en la capital Puerto Príncipe y su región metropolitana, muchos de ellos bajo dos de las principales coaliciones criminales, la federación G-Pèp y la alianza G9. Muchos de los peores abusos han tenido lugar en Cité Soleil, una comuna densamente poblada que bordea la costa, donde los residentes están atrapados en un prolongado conflicto entre la alianza G9, dirigida por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, y su rival, la federación G-Pèp, liderada por Gabriel Jean-Pierre. El G-Pèp controla una zona llamada Brooklyn, mientras que el G9 controla los barrios que la rodean e intenta instalarse en Brooklyn.
Una mujer a la que Human Rights Watch entrevistó dijo que ella y su hermana caminaban hacia su casa con un grupo de personas el 15 de abril cuando fueron detenidas por miembros del G9. “Ellos tomaron a varios hombres del grupo, los hicieron ponerse en fila, mataron a algunos de ellos con machetes y dispararon a otros”, dijo. “Los criminales abrieron los cuerpos de algunos de los hombres antes de apilarlos todos y prenderles fuego. [Después] cuatro hombres me violaron”. Los miembros del G9 también violaron a su hermana. Ninguna de las dos mujeres pudo buscar atención médica. Ese mismo día, el G9 mató al hermano de la mujer.
El gobierno haitiano no ha protegido a la población de la violencia de estos grupos criminales, que se ha visto exacerbada por el continuo flujo de armas y municiones a Haití, en gran parte procedentes del estado de Florida, Estados Unidos. Presuntamente muchos de estos grupos tienen vínculos con altos funcionarios políticos, actores económicos y la policía. Según la información disponible, no ha habido procesos penales ni condenas contra los responsables de asesinatos, secuestros y actos de violencia sexual, ni contra quienes los apoyan, desde principios de 2023.
La crisis de seguridad empeora una situación humanitaria ya de por sí grave. “No comemos todos los días”, dijo una residente de Brooklyn. “Sólo bebemos agua de lluvia [y] mis hijos están enfermos del estómago. Tampoco tenemos electricidad desde hace mucho tiempo”.
La ONU calcula que casi el 60% de la población de Haití, de 11,5 millones de personas, vive por debajo del umbral de la pobreza. Casi 195.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia desde 2022, y decenas de miles han intentado huir del país. A pesar de los constantes llamados de la ONU para que los haitianos no sean retornados a la fuerza a Haití, otros gobiernos han enviado de regreso a más de 73.800 personas a Haití en el primer semestre de 2023.
Desde el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el primer ministro Henry controla todas las funciones ejecutivas y parlamentarias y no ha alcanzado un consenso con los actores políticos haitianos y los representantes de la sociedad civil que permita una transición democrática.
Casi todos los representantes de la sociedad civil haitiana y las víctimas de abusos entrevistadas por Human Rights Watch afirmaron que la situación se ha deteriorado tan drásticamente que es necesaria una respuesta internacional que incluya un componente de seguridad. Muchos destacaron la necesidad de evitar más daños y abusos, así como de implementar las garantías adecuadas para evitar la repetición de los graves abusos causados por las intervenciones internacionales pasadas. Los representantes de la sociedad civil haitiana también afirmaron que otros países deberían dejar de apoyar al primer ministro Henry, pues consideran que su gobierno es ilegítimo y corrupto con presuntos vínculos con grupos criminales.
Los esfuerzos de una fuerza de seguridad internacional para controlar lugares clave y las principales carreteras del país deberían ir acompañados de iniciativas para proporcionar empleo, educación y acceso a las necesidades básicas en las zonas que actualmente son controladas por grupos criminales. También deberían garantizar que los responsables de graves abusos sean investigados y enjuiciados en procesos penales creíbles, justos y respetuosos de sus derechos.
“Los legados de las abusivas intervenciones extranjeras del pasado en Haití no deberían ser una excusa para la inacción”, afirmó Cotrino. “Por el contrario, deberían ser un llamado a tomar medidas para corregir los errores del pasado y apoyar los esfuerzos de los haitianos hacia una gobernanza democrática, el respeto de los derechos humanos y el fin de los ciclos letales de violencia y abusos que vive el país”.
