El 18 de septiembre, un juez federal de Washington, DC prorrogó una orden judicial que impide la expulsión de menores guatemaltecos no acompañados. El mes pasado, al menos 76 de ellos casi fueron enviados fuera del país, en un operativo de la administración Trump que buscaba expulsarlos sin debido proceso.
Durante la noche del 30 al 31 de agosto, decenas de niños alojados en albergues o hogares de acogida gestionados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia estadounidense encargada del cuidado de menores no acompañados, fueron despertados en sus camas y subidos a aviones con destino a Guatemala por orden de esa misma institución. Los abogados reaccionaron de inmediato para frenar las expulsiones, y un juez federal de Washington, DC las suspendió de forma temporal poco antes de las 4:30 de la madrugada del 31 de agosto.
La directora interina de la ORR, Angie Salazar, declaró bajo juramento que el intento de expulsión era la “fase uno” de un plan del Gobierno para “repatriar” a 327 niños y niñas guatemaltecas no acompañadas. De los aproximadamente 2000 menores no acompañados bajo custodia de la ORR, se estima que entre 600 y 700 son guatemaltecos, muchos de ellos indígenas.
El derecho internacional de los derechos humanos y la legislación federal de los Estados Unidos prohíben al gobierno expulsar a niños que buscan protección sin garantizarles el debido proceso. La legislación estadounidense establece que los menores no acompañados procedentes de países no limítrofes, como Guatemala, tienen derecho a un procedimiento de deportación completo y justo, que incluye una audiencia individual ante un juez de inmigración.
La orden judicial emitida ayer bloquea la expulsión de todos los menores guatemaltecos no acompañados que están bajo custodia de la ORR sin una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, o sin la autorización del fiscal general de los Estados Unidos para salir voluntariamente del país.
El expediente judicial sugiere que ninguno de los 327 niños y niñas que la administración Trump intentó expulsar contaba con una orden final de deportación. Según los abogados de los niños, algunos tenían solicitudes pendientes de asilo o de protección bajo la ley federal para menores que han sufrido abusos, negligencia o abandono.
Tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional prohíben devolver a una persona a un país en donde podría enfrentar persecución o tortura. Una denuncia presentada recientemente por informantes al Congreso de Estados Unidos señaló que la base de datos de la ORR ya había registrado indicadores de abuso, como violencia de pandillas y trata de personas, en los perfiles de al menos 30 de los 327 menores que la ORR planeaba expulsar.
La administración Trump debe poner fin a los intentos de expulsar a menores no acompañados sin respetar el debido proceso. La ORR debe ubicar a estos niños con familiares o familias de acogida en los Estados Unidos que puedan cuidar de ellos. Mientras tanto, la ORR debe proporcionar a los niños atención y protección adecuadas, incluyendo acceso a apoyo legal y servicios sociales.
