A pocas horas de asumir el cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que pretende restringir la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense. Según sus términos, a partir del mes que viene, los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, o cuyo estatus migratorio sea solo temporal, ya no vendrían al mundo como ciudadanos estadounidenses.
La orden de Trump parece rehacer de la noche a la mañana, de forma más estrecha y mezquina, la cuestión de lo que significa ser ciudadano estadounidense. Empujaría a un número incalculable de niños recién nacidos a un tipo de inseguridad que hoy desconocen. Los niños ya no recibirían documentos de identidad federales, lo que probablemente crearía enormes dificultades para acceder a la atención sanitaria esencial, los programas de nutrición y la matriculación escolar.
En el futuro, la falta de documentos estadounidenses y el miedo resultante podrían convertirse en armas en el mercadolaboral, lo que se traduciría en salarios más bajos y peores condiciones de trabajo; se reducirían las oportunidades deempleo y podría no disponerse de seguridad social. Y, por supuesto, los niños se enfrentarían de por vida al riesgo de ser deportados del país en el que nacieron, a menudo el país al que llaman hogar.
Esta orden se emitió claramente sin ningún esfuerzo por comprender, y mucho menos mitigar, estas consecuencias perjudiciales. Parece producto de la malicia y el cálculo político más que de una visión afirmativa de lo que debería significar la ciudadanía estadounidense.
La orden de Trump también es siniestra como un esfuerzo para reducir deliberadamente el alcance de las protecciones constitucionales esenciales de Estados Unidos. En 1868, las enmiendas constitucionales pusieron fin a la esclavitud, establecieron la ciudadanía para los negros recién liberados y concedieron la igualdad de protección ante la ley. La Decimocuarta Enmienda, una de estas enmiendas sobre derechos civiles, incluida la Cláusula de Ciudadanía, estableció principios en los que nos hemos basado, no siempre con éxito, para evitar la discriminación durante más de un siglo. Retroceder en los compromisos con la justicia y la igualdad es una opción política peligrosa.
Puede que esta orden ejecutiva nunca entre en vigor. Durante más de un siglo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda significa lo que dice: una garantía de ciudadanía para cualquier persona nacida en Estados Unidos, con muy pocas excepciones. Trump no puede ignorar eso. Su orden se basa en una interpretación forzada de la Enmienda que puede no sobrevivir a los desafíos legales que ya se están acumulando.
Sin embargo, el mensaje general es preocupante y claro: perjudicar a los niños vuelve a estar en la agenda de Estados Unidos.
