El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2025, dictó numerosas órdenes ejecutivas que amenazan con deteriorar el respeto de los derechos humanos internacionales tanto en Estados Unidos como en el extranjero, señaló hoy Human Rights Watch.
“El impacto y el alcance desmedidos de estas órdenes ejecutivas son absolutamente alarmantes”, explicó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Atentan contra los derechos de las personas en Estados Unidos y en el resto del mundo, en particular los derechos de las comunidades de por sí ya marginadas y vulnerables que son, mayoritariamente, personas de color”.
Se ha impedido el ingreso a personas refugiadas que habían sido evaluadas y estaban en tránsito a Estados Unidos. Las órdenes ejecutivas vinculadas con inmigración procuran eliminar el derecho a pedir asilo y otras formas de protección humanitaria, aumentar la detención por motivos inmigratorios y acelerar la deportación sin debido proceso.
La intención de restringir la posibilidad de adquirir la ciudadanía por nacimiento, que ya enfrenta obstáculos legales, es una señal nefasta de que se actuará nuevamente contra niños y niñas con el pretexto de la disuasión. Otras órdenes apelan a una retórica belicosa sin ningún fundamento, en un presunto intento de justificar la participación de las fuerzas militares estadounidenses en el control inmigratorio de civiles, contemplar posibles prohibiciones de viaje discriminatorias, paralizar la labor de organizaciones de la sociedad civil y otras medidas abusivas.
Una vez más, las órdenes ejecutivas prohíben que personas transgénero presten servicio en las fuerzas militares estadounidenses, o que el Gobierno de EE. UU. las reconozca como personas transgénero aplicando una orden para admitir únicamente los géneros masculino y femenino. La administración también deja sin efecto las reglas del período de Biden orientadas a abandonar gradualmente la utilización por parte del gobierno federal de centros penitenciarios privatizados.
Se ha pausado la asistencia exterior para el desarrollo, una medida que expone a mayores riesgos a numerosos defensores de derechos humanos en el mundo y a las personas a quienes ayudan a proteger, dado que dependen de ese apoyo para llevar adelante su trabajo. Esto también tendrá un impacto inmenso en la asistencia internacional humanitaria y para el desarrollo, que entorpecerá la asistencia vital para millones de personas.
Las órdenes ejecutivas que establecen “evaluaciones más rigurosas” para quienes soliciten visas y provengan de “regiones o naciones identificadas como riesgos para la seguridad” podrían dar lugar a perfilamiento racial; la revocación de sanciones a colonos violentos y organizaciones de colonos en la Cisjordania ocupada podría arraigar la impunidad o perjudicar incluso más a la población palestina; las señales de apoyo a sanciones contra la Corte Penal Internacional serían a expensas de las víctimas de delitos graves; y la desvinculación de EE. UU. de los Acuerdos Climáticos de París podría agravar los efectos climáticos devastadores para personas y comunidades.
Varias personas nominadas para ocupar cargos en el gabinete de Gobierno del presidente Trump que declararon ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado manifestaron su compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos. El Gobierno de Trump debería reconsiderar el impacto que tienen estas políticas en las personas y comunidades, así como en la credibilidad de EE. UU. ante el mundo, señaló Human Rights Watch.
“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras los gobiernos pisotean los derechos humanos”, afirmó Hassan. “Haremos que la Administración Trump y otros actores rindan cuentas por políticas que erosionan libertades y menoscaban la igualdad. Y vamos a solidarizarnos con quienes defienden los derechos humanos en cualquier lugar donde estén, es decir, personas comunes en Estados Unidos y otros sitios que luchan incansablemente por la dignidad, la libertad y la justicia”.