- La administración de Trump ha deportado a más de 4.300 cubanos a México, muchos de ellos personas mayores con graves problemas de salud que llevaban años, e incluso décadas, viviendo en Estados Unidos. Muchos han quedado abandonados a su suerte, sin acceso a vivienda ni atención médica. Aquellos que no logran acceder a protección como refugiados quedan atrapados en un limbo legal.
- Estados Unidos debe garantizar que los procesos de deportación cuenten con una evaluación individualizada de los casos, incluyendo las necesidades de protección, y que la detención de migrantes sea excepcional y adecuada.
- México debe garantizar a las personas deportadas acceso de emergencia a vivienda y atención médica, así como una vía para obtener un estatus legal duradero.
(Washington D. C.) – La administración Trump ha deportado a miles de cubanos a México, muchos de ellos mayores, vulnerando su debido proceso y dejando a muchos abandonados a su suerte, sin acceso a servicios básicos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 66 páginas, “‘Nos abandonan aquí a morir’: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y nacionales de otros terceros países”, documenta los abusos del gobierno estadounidense contra cubanos y nacionales de terceros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Muchos deportados cubanos se encuentran atrapados en un limbo legal, dado que el gobierno cubano se niega a recibirlos y México no les ofrece vías efectivas para obtener la residencia permanente. Las autoridades mexicanas no ofrecen prácticamente ningún apoyo institucional a estas personas, lo que deja a muchos en situaciones precarias de falta de acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada.
“El gobierno de Trump está utilizando a México como un depósito de deportados que no puede enviar de regreso a sus países, incluidos muchos cubanos que han vivido en Estados Unidos durante décadas”, dijo Alcira Silva Hava, becaria Leonard H. Sandler de la división de derechos de los refugiados y migrantes de Human Rights Watch. “Fuera del sistema de refugio, a quienes muchos no pueden acceder, el gobierno mexicano no ofrece ninguna vía para que estas personas reciban un estatus legal duradero, lo que los expone a ser explotados por organizaciones criminales”.
Human Rights Watch entrevistó a 53 nacionales de terceros países deportados de Estados Unidos a Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), entre ellos 41 hombres cubanos. La mayoría de los cubanos había vivido en Estados Unidos, principalmente en Florida, durante años o décadas tras huir de Cuba debido a la represión política o a la falta de oportunidades económicas. Muchos habían establecido negocios, eran propietarios de viviendas y habían dejado a sus familias en Estados Unidos. La mayoría tiene 60 años o más y padecen enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico continuo.
A ninguno de los entrevistados por Human Rights Watch se le dio la oportunidad de impugnar su deportación a México, lo que viola sus derechos al debido proceso conforme a la legislación estadounidense y al derecho internacional. Las autoridades estadounidenses los deportaron sin documentación, dinero ni pertenencias personales. En México, quedan atrapados en ciudades con altos niveles de violencia y, ante la falta de acceso a la vivienda, algunos se han visto obligados a dormir en la calle, en parques o frente a hospitales. Sin un camino claro hacia un estatus legal duradero, las perspectivas de que puedan mejorar sus condiciones de vida en México son limitadas.
Human Rights Watch concluyó que, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, el gobierno de Estados Unidos deportó a más de 18.000 nacionales de terceros países, de los cuales casi 13.000—aproximadamente el 70 %—fueron enviados a México en virtud de un acuerdo entre ambos gobiernos que no se ha hecho público. Los cubanos constituyeron el grupo más numeroso, con 4.353 deportados a México durante el mismo período.
De ellos, el 55 % tenía una condena previa en Estados Unidos, el 16 % tenía un cargo pendiente pero no había sido condenado, y el 26 % no tenía antecedentes penales. Solo el 16 % tenía como condena más grave un delito violento o potencialmente violento. La detención masiva de cubanos que llevaban largo tiempo residiendo en Estados Unidos y su deportación a México no era una práctica habitual antes del segundo mandato del presidente Donald Trump.
El gobierno de Estados Unidos cometió abusos contra cubanos y nacionales de otros terceros países durante el proceso de deportación, incluyendo hacinamiento, temperaturas extremas, alimentación inadecuada, acceso deficiente a la atención médica, falta de acceso a información, así como violencia física y verbal por parte de custodios en centros de detención migratoria. En México, hasta abril de 2026, las autoridades restringían severamente la circulación de estas personas por el territorio mexicano, lo que las deja efectivamente atrapadas en ciudades del sur del país sin oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.