Esta semana, el Congreso aprobó cinco de los seis proyectos de ley sobre financiación federal y postergó la asignación de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), debido a la alarma por las medidas recientes contra la inmigración que incluyeron asesinatos y otros abusos. El Congreso actualmente está negociando posibles reformas para el DHS y dos de sus organismos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y varias organizaciones de derechos del país han preparado una lista de 10 propuestas legislativas para incluir en el proyecto. Tales propuestas incluyen establecer que el Congreso investigue instancias de uso letal de la fuerza y asesinatos, detener la práctica de perfilamiento racial, poner fin a la inmunidad especial para los agentes de inmigración, frenar los arrestos que se llevan a cabo sin las correspondientes órdenes judiciales y concluir la detención de familias. El Congreso debe considerar al menos algunas de estas recomendaciones sobre políticas y producir, sin pretextos, un conjunto sólido de reformas para fortalecer la supervisión y frenar los abusos desenfrenados que han llevado a esta instancia.
Miles de personas han salido a las calles en protesta por las muertes y otros abusos recientes en Mineápolis y en todo EE. UU. Se oponen a las formas en que los oficiales de inmigración ocultan sus identidades, derriban puertas sin órdenes judiciales y actúan selectivamente contra determinadas personas con el fin de arrestarlas en razón de su presunta nacionalidad y el color de su piel. Muchos de estos arrestos se producen con violencia y causan muertes, lesiones y, a veces, la detención de ciudadanos estadounidenses. Las personas detenidas a menudo sufren abusos, desatención y privación de sus derechos a las garantías de debido proceso.
En las investigaciones realizadas por Human Rights Watch durante varias administraciones y a lo largo de muchos años se han documentado acciones abusivas por parte del ICE y de la CBP. Ha habido escasa rendición de cuentas —o directamente ninguna— por parte de agentes y otros funcionarios implicados en homicidios, otras agresiones físicas y verbales o en el envío de personas inmigrantes para que sean detenidas arbitrariamente y torturadas en terceros países. Todo esto ha infundido temor en las comunidades y ha debilitado la seguridad pública.
Hace ya tiempo que el Congreso debería ejercer una vigilancia genuina sobre el DHS y controlar que haya rendición de cuentas por abusos de derechos humanos. En 2025, el Congreso aumentó el presupuesto para el DHS en USD 165.000 millones a través de la ley denominada “One Big Beautiful Bill”, pero la administración Trump ha reducido drásticamente al personal que trabaja en las dependencias de veeduría del organismo y esto ha eliminado mecanismos de supervisión interna. Al redactar el proyecto de ley de financiación del DHS, el Congreso debe dar prioridad a la supervisión de las operaciones de aplicación de la ley y las detenciones, y posibilitar que haya rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.
El Congreso no debe permitir que el DHS siga empleando tácticas abusivas con impunidad.
