(Washington, DC) – El gobierno de Trump está castigando cruelmente a los inmigrantes y destruyendo el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, dijo hoy Human Rights Watch al publicar su Informe Mundial 2020. Muchos gobiernos estatales y locales han intensificado la vigilancia en comunidades empobrecidas en lugar de abordar problemas de indigencia, salud mental y pandillas con servicios, medidas de apoyo y desarrollo económico.
“El enfoque punitivo del gobierno de Trump hacia los solicitantes de asilo y las personas pobres de color ha separado de tal manera a las personas de la protección de sus derechos que su vida podría estar en peligro”, advirtió Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Para determinados grupos marginados en EE.UU., el gobierno parece estar cometiendo un ataque frontal contra sus derechos humanos fundamentales”.
En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.
El gobierno ha detenido a inmigrantes, incluidos menores de edad, en condiciones inhumanas y traumatizantes en centros similares a cárceles, ha separado a familias por la fuerza y ha restringido el acceso a asistencia pública a los inmigrantes y sus familiares con nacionalidad estadounidense. También deportó a solicitantes de asilo a México donde deben esperar hasta celebrar su audiencia en condiciones peligrosas y poco saludables, y tomó medidas para bloquear solicitudes de asilo de las personas que pasan por otros países antes de llegar a la frontera con EE.UU.
La vigilancia policial “criminalizó” efectivamente a las comunidades de color más afectadas por la pobreza. Recurrir al procesamiento penal para abordar los problemas sociales incrementa el número de personas detenidas en el sistema penitenciario. EE.UU. registra la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, a pesar de las ligeras disminuciones en los últimos años.
La cobertura desigual de la atención médica en distintos estados del país crea un entorno en el que las mujeres en EE.UU. mueren a tasas mucho más altas que en países equiparables por nivel de riqueza por muertes prevenibles relacionadas con el cáncer materno y ginecológico. La “regla de la mordaza global” del gobierno de Trump, que entró en vigencia en agosto, prohíbe que los médicos que reciben fondos federales de planificación familiar (Título X) brinden información a las mujeres sobre la gama completa de opciones de embarazo que tienen a su disposición.
En su política exterior, la administración Trump incumplió los derechos humanos y el derecho humanitario, socavó las instituciones multilaterales, e hizo poco uso de su influencia para promover los derechos humanos en el extranjero. Aunque el gobierno sancionó a algunos individuos y gobiernos abusivos, también se asoció – y alabó públicamente – a gobiernos y líderes con deplorables historiales de derechos humanos. La administración aprobó la venta de avanzadas armas militares a Arabia Saudita pese a haber sido responsable de numerosos crímenes de guerra en Yemen. Tampoco investigó adecuadamente las operaciones militares que han acabado con la vida de civiles en Siria, Afganistán y Somalia.
El gobierno de Trump debería poner fin a las políticas abusivas que castigan a los solicitantes de asilo y somete a los niños y las familias migrantes a detenciones innecesarias e inhumanas. En lugar de castigar debería adoptar procedimientos de asilo e inmigración justos. Las autoridades federales, estatales y locales deberían invertir en la salud y el bienestar de las comunidades para poner fin al exceso de vigilancia en las comunidades de color y deberían revertir las políticas que erosionan la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.
“El gobierno debería tomar medidas en todos los niveles para inclinar la balanza a favor de los derechos humanos y evitar el sufrimiento humano para todos en Estados Unidos”, dijo Austin-Hillery.
