En 2019, Estados Unidos continuó protagonizando un retroceso en materia de derechos. El gobierno de Trump implementó políticas de inmigración inhumanas y promovió narrativas falsas que perpetúan el racismo y la discriminación; no tomó medidas suficientes para abordar el encarcelamiento masivo; socavó los derechos de las mujeres y la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT); debilitó aún más la capacidad de los estadounidenses para acceder a una atención médica adecuada, y desreguló industrias que ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas.

En su política exterior, el gobierno de Trump hizo poco uso de su influencia menguante para promover los derechos humanos en el extranjero; continuó socavando las instituciones multilaterales, e hizo caso omiso del derecho internacional humanitario y los derechos humanos asociándose con gobiernos abusivos, aunque sí sancionó a algunos individuos y gobiernos por cometer abusos contra los derechos humanos.

Sistema legal penal

Estados Unidos continúa teniendo la tasa de encarcelamiento penal más alta del mundo, con 2,2 millones de personas en cárceles y prisiones y otros 4,5 millones en libertad condicional o bajo fianza en 2017, el último año para el cual estaban disponibles las cifras de la Oficina de Estadísticas de Justicia en el momento de redacción de este informe. Las cifras muestran una ligera disminución en el número de personas encarceladas de 2016 a 2017 y una reducción del 10 por ciento respecto a la década anterior.

Esta descenso se puede atribuir en parte a un mayor reconocimiento entre los responsables de formular políticas y el público de la injusticia que impera en el sistema legal penal de EE.UU. y los daños causados, y que ha rechazado muchas reformas a nivel estatal. Aún así, en varios estados las tasas de encarcelamiento registraron un alza, sobre todo la de mujeres, que creció un 750 por ciento entre 1980 y 2017.

En el ámbito federal, después de la promulgación de la Ley del Primer Paso a fines de 2018, más de 3.000 personas fueron puestas en libertad en julio, antes de lo que lo hubieran sido sin la legislación. Aunque aclamada como una importante iniciativa de reforma penal bipartidista, la ley dejó muchas preocupaciones sin resolver y afectó solo a un pequeño número de los detenidos en el sistema penal federal, que por sí solo representa apenas alrededor del 10 por ciento del número total de personas encarceladas en el país.

Todavía existen grandes disparidades raciales en la población carcelaria. Si bien la tasa general de encarcelamiento registró un descenso, entre las mujeres afroamericanas fue casi el doble que entre las mujeres blancas y la tasa de encarcelamiento para los hombres afroamericanos fue casi seis veces mayor que la de los hombres blancos. Para los afroamericanos más jóvenes, la disparidad fue aún mayor.

La pena de muerte sigue estando permitida en 29 estados. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, hasta mediados de noviembre habían sido ejecutadas 20 personas en siete estados en 2019, todas en el sur y medio oeste del país. Hubo ocho ejecuciones en Texas; tres en Alabama y Georgia; dos en Florida y Tennessee; y uno en Missouri y Dakota del Sur. El gobierno de Trump anunció una reanudación de las ejecuciones federales en julio después de 16 años sin ellas, pero un tribunal federal bloqueó la reanudación en noviembre. En California, que alberga a más de 730 prisioneros en el corredor de la muerte, el gobernador impuso una moratoria de las ejecuciones, y en New Hampshire, la legislatura derogó su estatuto de pena de muerte.

Las personas con menos recursos acusadas de delitos a menudo son encarceladas porque los tribunales requieren una fianza monetaria como condición para su puesta en libertad. Como consecuencia, personas que no han sido condenadas por ningún delito deben permanecer entre rejas durante largos períodos de tiempo en espera de su juicio, lo que está dando lugar a numerosas declaraciones de culpabilidad coaccionadas. También está ganando fuerza un movimiento para eliminar el uso de la fianza monetaria, pero muchos estados la están reemplazando con herramientas de evaluación de riesgos que podrían arraigar la discriminación y no reducirían las tasas de prisión preventiva. Nueva York promulgó medidas de reforma de la prisión preventiva en abril que se espera que reduzcan drásticamente la cantidad de personas que pueden ser detenidas antes del juicio mediante fianza y mejorar el debido proceso para el resto. Las medidas, que entrarán en vigencia en enero de 2020, no exigen el uso de herramientas de evaluación de riesgos.

Las leyes que prohíben el voto a las personas con condenas penales continúan existiendo en todo Estados Unidos. En 2018, los votantes en Florida aprobaron una medida que restaura el derecho de voto a 1,4 millones de residentes con condenas por delitos graves, pero en julio el estado promulgó una ley que obliga a los afectados a pagar todas las obligaciones financieras, incluidas multas y tarifas excesivas, antes de restablecer este derecho.

Menores en el sistema de justicia penal y juvenil

En un día cualquiera, aproximadamente 50.000 menores están recluidos. En el sistema de justicia juvenil, 2.200 jóvenes están encarcelados por infracciones por causa de “estatus”: actos no criminales que se consideran violaciones de la ley solo porque las personas en cuestión tienen menos de 18 años.

Además, los 50 estados continúan procesando a menores en tribunales penales para adultos. Según la ONG Citizens Committee for Children, aproximadamente 32.000 niños menores de 18 años están confinados anualmente en cárceles para adultos. La organización Sentencing Project informa que hay aproximadamente 1.300 personas que cumplen cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. Oregon aprobó una ley que elimina el uso de la cadena perpetua sin libertad condicional juvenil. En total, 22 estados y el Distrito de Columbia ahora prohíben las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos con menos de 18 años.

Las disparidades raciales persisten en todas las etapas del contacto de una persona con la ley, dejando a los niños afroamericanos desproporcionadamente representados en los sistemas de justicia juvenil en todo el país: en 37 estados, las tasas de encarcelamiento eran más altas para los niños afroamericanos que para los blancos, según The Sentencing Project.

Justicia y vigilancia policial con sesgo racial

Existen grandes desigualdades en la riqueza en todo EE.UU., y la pobreza se cruza con el crimen, un argumento que se utiliza con frecuencia para justificar una vigilancia más agresiva en las comunidades pobres, a menudo minoritarias. Pero en lugar de abordar los problemas de pobreza, como la indigencia, la salud mental y las pandillas, con servicios, apoyo y desarrollo económico, muchas jurisdicciones estadounidenses simplemente agregan más agentes de policía y “criminalizan” de manera efectiva a las comunidades pobres, un círculo vicioso que a su vez alimenta las altas tasas de encarcelamiento.

El seguimiento gubernamental de la violencia policial sigue siendo incompleto. Según el Washington Post, hasta mediados de noviembre la policía presuntamente había disparado y matado a 783 personas en EE.UU. en 2019, una reducción con respecto al año anterior. De los muertos, cuya raza era conocida, el 20 por ciento eran afroamericanos, si bien las personas de esta raza representan solo el 13 por ciento de la población. También siguen existiendo las disparidades raciales en el uso de la fuerza policial, arrestos, citaciones y detenciones rutinarias de tráfico.

Human Rights Watch documentó importantes disparidades raciales en la vigilancia policial en un estudio de caso en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, donde los residentes afroamericanos denunciaron repetidamente haber sido víctimas de vigilancia policial abusiva.

En 2019 creció el reconocimiento de que las disparidades raciales actuales en la policía, la justicia penal y otros aspectos de la vida estadounidense no pueden entenderse sin referencia a la esclavitud y su persistente impacto en la sociedad. El 19 de junio, el Congreso celebró una audiencia histórica de Juneteenth, el día en que se conmemora la abolición de la esclavitud en EE.UU., para discutir posibles formas de rendir cuentas por estos daños, entre ellas la concesión de reparaciones y un aumento en las inversiones en comunidades afroamericanas para abordar la continua desigualdad y discriminación.

Pobreza y desigualdad

En septiembre, la Oficina del Censo publicó un estudio que muestra que la desigualdad de ingresos en EE.UU. alcanzó el nivel más alto en cinco décadas. Alrededor de 40 millones de personas viven en la pobreza: muchas de ellas son miembros de hogares donde al menos uno de los asalariados gana o roza el salario mínimo federal de US$7,25 por hora.

El gobierno de Trump continuó tomando medidas para restringir el acceso a la atención médica, focalizando cambios en el programa Medicaid, los subsidios para seguros privados y otros elementos clave de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), lo cual resultaría en mayores desigualdades en el acceso a la atención médica y en los resultados sanitarios. Muchos estados con apoyo federal han impuesto requisitos de trabajo, pruebas de drogas y otros obstáculos para la elegibilidad a Medicaid para personas de bajos ingresos.

Multas y tarifas exigidas por el tribunal afectan desproporcionadamente a los pobres y las comunidades de color. En caso de no pagarse, estas deudas pueden resultar en órdenes de arresto, ampliación de condenas y encarcelamiento, lo que a menudo agrava aún más su situación de pobreza. Muchas jurisdicciones locales se financian mediante la imposición de tales tarifas, incluso por infracciones menores como cruzar la calle ilegalmente a pie, una práctica que incentiva la excesiva vigilancia policial y el enjuiciamiento agresivo.

La administración de Trump continuó socavando las protecciones de los consumidores contra prestamistas y cobradores de deudas abusivos, cuyos servicios no regulados pueden atrapar a las familias en la pobreza. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor retrasó la implementación de una norma que regula el día de pago y otros pequeños prestamistas que a menudo cobran tasas de interés exorbitantes. Otra norma propuesta amenaza con debilitar las protecciones contra prácticas falsas, engañosas y confusas por parte de los cobradores de deudas.

Derechos de ciudadanos extranjeros

En 2018, el gobierno de EE.UU. siguió incumpliendo sus obligaciones con los solicitantes de asilo en virtud del derecho internacional, dejando a muchos refugiados sin protección efectiva. En enero, la administración comenzó a devolver solicitantes de asilo a México a pesar de que sus solicitudes estaban pendientes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como el programa “Permanencia en México (Remain in Mexico)”.

En el momento de redacción de este informe, más de 55.000 solicitantes de asilo habían sido retornados a condiciones a menudo peligrosas e invivibles en México, con obstáculos para obtener representación legal y una audiencia imparcial. Esto incluyó a solicitantes de asilo con discapacidades u otras afecciones de salud crónicas, a pesar de las directrices iniciales de que nadie con “problemas conocidos de salud física/mental” debe ser colocado en el programa. En Ciudad Juárez, Human Rights Watch documentó seis de estos casos, cuatro de ellos menores de edad.

En julio, el gobierno anunció una regla provisional para prohibir la elegibilidad de asilo para las personas que viajan a través de un tercer país e intentan ingresar a EE.UU. sin haber solicitado protección en ese país. Esto esencialmente impediría que las personas de cualquier nacionalidad, excepto los mexicanos, pudiesen solicitar asilo en la frontera sur de EE.UU.

Estados Unidos continuó limitando el número de solicitantes de asilo aceptados en los puertos de entrada en el sur del país, lo que llevó a algunos a arriesgar sus vidas para intentar cruzar ilegalmente.

En julio, la administración también anunció una nueva norma que permitiría a las autoridades a deportar a los inmigrantes detenidos en cualquier parte del país que no puedan demostrar de inmediato que han estado presentes de forma continua en el país durante dos años o más. Esta norma ha perjudicado gravemente a los solicitantes de asilo y refugiados.

Los niños migrantes que llegaron a la frontera entre EE.UU. y México fueron retenidos en condiciones inhumanas en instalaciones de la Patrulla Fronteriza similares a la cárcel sin contacto con miembros de su familia, acceso regular a duchas, ropa limpia, cepillos de dientes, camas adecuadas o atención médica, a veces durante semanas. Niños de apenas dos o tres años fueron retenidos en estas instalaciones sin la supervisión de un adulto. Familias enteras y adultos también fueron retenidos en instalaciones peligrosamente hacinadas mucho más tiempo del límite legal de 72 horas.

Los funcionarios estadounidenses siguieron separando de manera regular a los niños migrantes de sus familiares adultos, incluso de los padres en algunos casos. Un organismo de vigilancia del gobierno encontró que los niños separados de los padres han experimentado un trauma severo. A pesar de esto, el gobierno de Trump anunció una nueva regulación que permitiría que niños y sus familias permanezcan detenidos indefinidamente y, por lo tanto, en riesgo de quedar severamente traumatizados.

Tres niños migrantes murieron en 2019 poco después de ingresar en EE.UU., después de la muerte de tres niños en 2018. Estas fueron las primeras muertes de menores de edad bajo custodia migratoria de EE.UU. en una década. Al menos siete adultos murieron bajo la custodia de la Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), y seis adultos murieron bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). Las muertes en detención se han relacionado previamente con una atención médica deficiente en los centros de detención del país.

El número de inmigrantes bajo custodia del ICE alcanzó un récord de 55.000 personas por día, incluso cuando nuevos informes gubernamentales revelaron violaciones atroces de los estándares de detención por parte del gobierno. Varios detenidos en huelga de hambre fueron alimentados a la fuerza mediante un proceso inherentemente cruel, inhumano y degradante.

En agosto, la administración emitió una norma que podría permitir al gobierno federal denegar la residencia permanente (“green cards”) a inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos, subsidios de vivienda u otras formas de asistencia pública, lo que generó temor entre los extranjeros que dependen de estos servicios.

El gobierno de Trump amenazó repetidamente con redadas masivas, avivando el miedo en las comunidades de inmigrantes. En agosto, las autoridades de inmigración estadounidenses arrestaron a 680 personas en redadas en plantas procesadoras de alimentos en Mississippi, la mayor redada en el lugar de trabajo en EE.UU. en más de una década. En 2019, trabajadores inmigrantes en la industria de la carne y las aves de corral experimentaron graves abusos en el lugar de trabajo, pero el miedo a la deportación impide a muchos denunciarlos. Estados Unidos continuó deportando a personas con años de residencia en el país sin una evaluación adecuada de sus lazos familiares y comunitarios, o su temor a sufrir daños si regresan a sus países de origen.

A pesar de estos continuos abusos, el Congreso continuó autorizando las peticiones de fondos adicionales solicitados por la administración  para las agencias de inmigración con requisitos insuficientes para las normas, la supervisión y la transparencia.

Derechos ambientales

El gobierno de Trump ha seguido debilitando o desmantelando decenas de normas que protegen el medio ambiente y la salud pública. En julio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) decidió no prohibir el clorpirifos, un pesticida neurotóxico que, según investigaciones financiadas por la agencia, se ha relacionado con el retraso del desarrollo en los niños.

También en julio, la EPA propuso reducir significativamente las regulaciones que rigen las cenizas de carbón, un subproducto altamente tóxico de la combustión de carbón que constituye el segundo flujo de residuos más grande en EE.UU. El cambio de la normativa aumenta el riesgo de contaminación del aire y el agua y plantea un grave riesgo para la salud.

En septiembre, el gobierno de Trump anuló una importante regulación referente al agua potable que había impuesto límites a los productos químicos contaminantes que podían usarse en las inmediaciones de arroyos, humedales y otros cuerpos de agua.

También en septiembre, la administración anunció que revocaría la autoridad de California para establecer normativas de emisiones de automóviles más estrictas que las federales, lo que llevó a California y a más de dos decenas de otros estados a presentar una demanda.

Estas iniciativas forman parte de un ataque generalizado contra los esfuerzos para combatir el cambio climático y reducir la regulación de las industrias, lo que supone un aumento de los riesgos para la salud y la seguridad.

Derechos de las personas mayores

Los asilos de ancianos en EE.UU. administran habitualmente medicamentos antipsicóticos a los residentes con demencia para controlar su comportamiento, a menudo sin su consentimiento. Esta práctica abusiva sigue siendo generalizada y puede equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han propuesto una mayor desregulación de estas instituciones.

Derechos de las mujeres y las niñas

El mosaico actual de cobertura de atención médica en todos los estados deja a muchas mujeres y niñas sin seguro y crea un entorno en el que las mujeres mueren a tasas más altas que en países equiparables por nivel de riqueza por muertes prevenibles relacionadas con el cáncer materno y ginecológico.

Human Rights Watch ha documentado cómo la negación de Alabama a ampliar la elegibilidad para el programa Medicaid, junto con una combinación de otras políticas y prácticas, ha provocado a una alta tasa de muertes prevenibles por cáncer de cuello uterino que impacta desproporcionadamente a las mujeres afroamericanas en el estado. Alabama, junto con Texas, registra los niveles más bajos de elegibilidad para Medicaid en el país y está buscando una exención para dificultar aún más la elegibilidad.

En agosto entró en vigor la “Ley Mordaza” del gobierno de Trump que prohíbe a los médicos que reciben fondos federales de planificación familiar (Título X) brindar información a las mujeres sobre la completa gama de opciones que tienen de cara al embarazo. La ley llevó a Planned Parenthood, una organización que cada año brinda servicios de planificación familiar a más de 1,5 millones de mujeres de bajos ingresos, a retirarse del programa Título X.

Esta regla agrava el daño de otra ley de la administración de Trump que permite a los empleadores optar por no proporcionar cobertura anticonceptiva en los planes de seguro de salud de sus empleados al argumentar objeciones religiosas o morales a los requisitos de la Ley para la Atención de la Salud Asequible. En noviembre, un juez federal bloqueó otro proyecto de ley que ampliaría drásticamente la capacidad de los proveedores de atención médica para rechazar a pacientes basándose en objeciones religiosas o morales, incluidas mujeres en busca de servicios de salud reproductiva.

Algunos estados tomaron medidas para proteger o ampliar proactivamente las salvaguardias para la salud de las mujeres, pero la tendencia en la mayoría de los estados fue hacia leyes cada vez más extremas y restrictivas sobre el aborto. Alabama aprobó una ley draconiana que penaliza el aborto y el intento de aborto sin excepción para las víctimas de violencia sexual. En octubre, un tribunal inferior emitió una orden judicial preliminar para evitar que la ley entre en vigor.

Dos estados, Delaware y Nueva Jersey prohibieron en 2018 cualquier tipo de matrimonio antes de los 18 años, y varios estados estaban considerando prohibirlo también, pero el matrimonio infantil siguió siendo legal en alguna de sus formas en 48 estados.

Orientación sexual e identidad de género

En enero, el Tribunal Supremo permitió que entrara en vigor la prohibición de la administración de Trump de que personas transgénero sirvieran en el ejército, mientras prosigue el litigio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. propuso en mayo una normativa que limitaría la forma en que define la discriminación sexual, permitiendo a las aseguradoras y proveedores de atención médica discriminar a los pacientes transgénero. En el momento de redacción de este artículo, al menos 22 personas transgénero habían sido asesinadas en EE.UU. en 2019.

La Cámara de Representantes votó para volver a autorizar la Ley de Violencia contra la Mujer, que incluye disposiciones para las sobrevivientes de violencia LGBT. La Cámara también aprobó la Ley de Igualdad, que prohibiría expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género bajo varias leyes federales de derechos civiles. El Senado todavía no ha votado ninguno de los proyectos de ley.

Las salvaguardias para las personas LGBT a nivel estatal son desiguales. En el momento de redacción de este informe, solo 20 estados contaban con leyes que prohíben expresamente la discriminación basada tanto en la orientación sexual como en la identidad de género en el empleo, la vivienda y las instalaciones públicas.

Vigilancia y protección de datos

EE.UU. carece de leyes nacionales integrales de protección de datos, incluidas leyes que impidan a las fuerzas del orden obtener acceso innecesario y desproporcionado a los datos personales. A través de la práctica no reconocida de “construcción paralela”, objeto de un informe de Human Rights Watch en 2018, el gobierno ha podido utilizar datos de programas de vigilancia secreta en investigaciones penales y luego reconstruir esa evidencia por otros medios, sin revelar el monitoreo secreto a jueces o acusados. Esto priva a los litigantes de la posibilidad de impugnar la vigilancia potencialmente ilegal, y hace que para los tribunales de EE.UU. sea especialmente difícil revisar esa vigilancia.

En agosto, el gobierno de Trump solicitó al Congreso que renovara la sección 215 de la Ley Patriota de EE. UU. (Patriot Act), que ha permitido a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) recopilar, almacenar y rastrear cientos de millones de registros telefónicos estadounidenses en lo que supone una grave violación de los derechos humanos. El director de entonces de inteligencia nacional (DNI) admitió en una carta al Congreso que la NSA había suspendido este programa debido a dificultades legales y técnicas de larga data y había eliminado los datos que previamente había almacenado. Sin embargo, el DNI argumentó que el Congreso debería mantener esta disposición de vigilancia masiva en vigor para uso futuro. La ley debía expirar en diciembre de 2019 en ausencia de acción por parte del Congreso.

Libertad de expresión

El presidente Trump continuó lanzando ataque a los medios de comunicación durante 2019, caracterizándolos como, entre otras cosas, “el enemigo del pueblo” y “degenerados”. Estos ataques no solo erosionan la confianza pública en los medios, sino que también aumentan la amenaza de violencia contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación.

La divulgación pública de una acusación penal de Julian Assange, creador de WikiLeaks, por presuntas violaciones de la Ley de Espionaje provocó una gran preocupación entre periodistas de que el gobierno podría comenzar a procesar a los medios de comunicación que publicasen información clasificada, incluso cuando la divulgación de la información es de interés público. Tales enjuiciamientos obstaculizarían la libertad de prensa e impedirían el derecho del público a recibir información.

Un documento gubernamental filtrado mostró que la CBP había elaborado una lista de periodistas, activistas y otros que abordaban problemas de inmigración cerca de la frontera sur del país; algunas de estas personas dijeron que fueron sometidas a interrogatorios adicionales por parte de los funcionarios al cruzar la frontera, potencialmente desalentando actividades protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

Seguridad nacional

Hombres que defienden puntos de vista de la supremacía blanca, antisemitas y misóginos continuaron perpetrando tiroteos en masa en 2019. En El Paso, Texas, un hombre presuntamente mató a 22 personas e hirió a otras 27 después de publicar en Internet un texto racista. En California, un hombre presuntamente mató a una mujer e hirió a otros tres feligreses en una sinagoga. En Dayton, Ohio, un hombre que, según los informes, tenía antecedentes de comportamiento amenazante hacia las mujeres, mató a nueve personas e hirió a 27 más.

La capacidad de los tiradores para obtener armas de estilo militar para llevar a cabo estos asesinatos alimentó el creciente apoyo público a leyes federales más severas que restrinjan el acceso a las armas.

A pesar del aumento de los ataques de la supremacía blanca en la última década, particularmente desde 2016, y la evidencia de que algunos perpetradores forman parte de un creciente movimiento de supremacía blanca transnacional, los organismos que velan por el cumplimiento de la ley en EE.UU. han dedicado muchos menos recursos a prevenir tales ataques que a la amenaza de ataques inspirados en interpretaciones extremistas del Islam. En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional agregó la violencia supremacista blanca a su lista de amenazas prioritarias por primera vez desde que se formó después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

EE.UU. mantiene encarcelados sin cargos a 31 hombres por tiempo indefinido en la Bahía de Guantánamo, los cuales llevan allí más de una década, algunos desde 2002. También continuó procesando a siete hombres por delitos terroristas, incluidos cinco por cargos relacionados con los ataques del 11 de septiembre de 2001, en el sistema de comisiones militares de Guantánamo, que no cumple con las normas internacionales de garantías procesales y que ha estado plagado de problemas de procedimiento y años de demora. También mantiene encarcelados en Guantánamo a dos hombres que ya han sido condenados por las comisiones, uno cumpliendo cadena perpetua y el otro esperando sentencia.

Política exterior

En 2019, el presidente Trump continuó elogiando a líderes autoritarios y absteniéndose de plantear públicamente preocupaciones sobre derechos humanos en las reuniones bilaterales. Mantuvo un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un en febrero, y nuevamente en junio junto con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Recibió a su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, en la Casa Blanca en abril y se reunió con él nuevamente al margen de la cumbre del Grupo de los 7 (G7) en agosto. Al parecer se refirió a él como su “dictador favorito”. En mayo, Trump aseguró que el primer ministro húngaro Viktor Orban, que estaba de visita oficial en la Casa Blanca, estaba haciendo un “gran trabajo”. En septiembre, Trump se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi en Houston, y en noviembre recibió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En todas estas reuniones, Trump centró sus comentarios públicos en halagos hacia sus políticas en lugar de reprobar el empeoramiento de los historiales de derechos humanos de estos gobiernos.

El gobierno de Trump condenó repetidamente ciertos abusos del gobierno chino, en particular las violaciones de la libertad religiosa y los derechos de las minorías étnicas, y en octubre agregó a la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, otras agencias gubernamentales y ocho empresas tecnológicas chinas, incluidas iFlytek e Hikvision, a una lista de sanciones. Pero estos pasos se vieron socavados por los numerosos comentarios positivos de Trump sobre el liderazgo del presidente Xi Jinpeng.

En abril, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que EE.UU. había revocado su visado en relación con su investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Los informes anuales de país sobre derechos humanos del Departamento de Estado, publicados en marzo, excluyeron nuevamente el análisis de los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo información sobre la mortalidad materna prevenible y el acceso a métodos anticonceptivos.

En marzo, el presidente Trump firmó una proclamación que reconoce los Altos del Golán ocupados por Israel como parte del estado de Israel, pasando por alto las salvaguardias de los residentes de los Altos del Golán en virtud del derecho internacional humanitario. En noviembre, el Departamento de Estado anunció que ya no considera que los asentamientos israelíes violen el derecho internacional humanitario propiamente dicho, dejando a EE.UU. fuera del consenso internacional sobre el tema.

En abril, EE.UU. amenazó con vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos armados porque mencionaba servicios de salud reproductiva de las mujeres. Debido a que EE.UU. se negó a aceptar cualquier referencia en el texto que reconociera que las víctimas de violación en la guerra deberían tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la resolución finalmente se adoptó sin esta disposición.

En junio, la Casa Blanca recurrió a una amenaza arancelaria contra los productos mexicanos para presionar a México a comprometerse con un aumento sin precedentes en la aplicación de la ley de inmigración y a aceptar a solicitantes de asilo no mexicanos devueltos por EE.UU. bajo un programa abusivo de deportaciones. El gobierno de Trump también llegó a acuerdos para enviar a solicitantes de asilo a Honduras, El Salvador y Guatemala, a pesar de las precarias condiciones de seguridad y los sistemas de protección inadecuados en estos países. En septiembre, el gobierno de EE.UU. anunció que reduciría el número anual de refugiados admitidos a 18.000, su límite más bajo en cuatro décadas.

En una inusual reprimenda a la Casa Blanca por su inacción frente a los abusos contra los derechos humanos en Arabia Saudita, el Senado votó en junio a favor de bloquear el uso de la autoridad de emergencia por parte del gobierno para concretar varias ventas de armas, por valor de más de US$8.000 millones, a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros países. Sin embargo, el presidente Trump vetó la resolución y las ventas de armas pudieron completarse.

EE.UU. siguió imponiendo restricciones de visado y congelamiento de activos a los responsables de violaciones graves de derechos humanos y actos de corrupción. En julio, el Departamento de Estado impuso prohibiciones de visado a varios comandantes militares extranjeros de alto rango por su implicación en flagrantes abusos de los derechos humanos, en particular la campaña de limpieza étnica en Birmania contra los musulmanes rohingya.

También en julio, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció la formación de una Comisión sobre Derechos Inalienables para brindar “una revisión informada del papel de los derechos humanos en la política exterior estadounidense”. Sin embargo, muchos de los comisionados tienen antecedentes públicos que ponen en evidencia su oposición a derechos humanos clave internacionalmente reconocidos, como la libertad reproductiva y los derechos de la comunidad LGBT.

Tras cancelar en 2018 el Plan de Acción Integral Conjunto, como se conocía el acuerdo nuclear con Irán, Estados Unidos volvió a imponer amplias sanciones a Irán y a empresas que realizan transacciones con Irán. En abril, EE.UU. designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) como una organización terrorista extranjera, y en septiembre sancionó al Banco Central de Irán por apoyar al IRGC, entre otros. En octubre, Human Rights Watch documentó el grave daño que estas sanciones están causando a los iraníes que necesitan atención médica y medicamentos.

El Departamento de Estado no lanzó una segunda revisión prometida durante mucho tiempo de la “Política de la Ciudad de México” de la administración Trump, también conocida como la “ley mordaza global”, que bloquea los fondos federales para las organizaciones no gubernamentales que operan fuera de EE.UU. y que brindan asesoramiento o servicios de aborto, asesoran a pacientes sobre la posibilidad de aborto o las derivan para un aborto, o promueven la liberalización del aborto o la ampliación de los servicios. En marzo, Pompeo anunció que la norma se interpretaría más estrictamente contra lo que en su mayoría son pequeñas organizaciones de base extranjeras.

EE.UU. continuó con los asesinatos selectivos de presuntos terroristas en países como Yemen y Somalia, muchos con drones armados. También llevó a cabo operaciones militares a gran escala contra grupos armados no estatales, incluidos los talibanes en Afganistán y el Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria. En mayo, el Departamento de Defensa informó que en 2018, 120 civiles murieron y aproximadamente 65 resultaron heridos durante las operaciones militares de EE.UU. en Irak, Siria, Afganistán y Somalia, y que no hubo víctimas civiles consecuencia de las operaciones estadounidenses en Yemen o Libia. Organizaciones independientes publicaron estimaciones de víctimas civiles en relación con las operaciones estadounidenses en Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Yemen y Libia que superan con creces las del Departamento de Defensa. EE.UU. que no informó públicamente sobre las víctimas de operaciones letales de la Agencia Central de Inteligencia.

A lo largo del año, EE.UU. entabló negociaciones con líderes talibanes sobre los términos de una retirada de tropas de EE.UU. basada en las promesas de los talibanes de no permitir que ningún grupo armado ataque a EE. UU. desde Afganistán. Sin embargo, Trump suspendió las negociaciones el 7 de septiembre, dejando posibles conversaciones futuras en un limbo.

Los ataques aéreos estadounidenses en Afganistán alcanzaron niveles récord, con más de 8.000 bombas y misiles lanzados sobre Afganistán entre enero y septiembre, que han matado y herido a más de 800 civiles, al menos 250 de ellos menores. Se estima que unos 14.000 soldados estadounidenses permanecían en Afganistán, incluidas fuerzas especiales estadounidenses involucradas en operaciones de combate. Unidades paramilitares afganas respaldadas por la CIA fuera de la cadena de mando regular cometieron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.