(Washington D.C.) – Las autoridades de EE. UU. ocultan deliberadamente detalles de cómo encontraron una prueba concreta en una causa penal y es posible que esa práctica se haga de manera habitual, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Retener esta información para encubrir las prácticas de investigación, incluidas algunas potencialmente ilegales, perjudica los derechos de los acusados y obstaculiza la justicia por violaciones de derechos humanos.
El informe de 77 páginas “Lado oscuro: Orígenes secretos de las pruebas en casusas penales en EE. UU. ” (Dark Side: Origins of Evidence in US Criminal Cases) documenta el uso de explicaciones alternativas acerca de cómo se hallaron las evidencias, una práctica conocida como “construcción paralela”. Esta práctica podría impedir que la justicia controle la legalidad de métodos de investigación cuestionables, como la vigilancia. Tal control puede disuadir irregularidades, pues en general los jueces no admiten a juicio las pruebas obtenidas ilegalmente.
“Encubrir el modo en que se encontraron inicialmente las pruebas engaña a acusados y jueces, y menoscaba gravemente los derechos constitucionales de juicio justo”, apuntó Sarah St.Vincent, investigadora sobre vigilancia estadounidense de Human Rights Watch. “Si se permite que el gobierno viole las garantías de la Constitución estadounidense y luego encubra sus maniobras, podría cercenar los derechos humanos de personas cuya libertad está en riesgo, o de cualquier otra persona sujeta a vigilancia gubernamental ilegal u otros procedimientos ilícitos”.
El informe se elaboró a partir de los registros de 95 causas penales federales y estatales, análisis de documentos del poder ejecutivo y 24 entrevistas a abogados defensores, funcionarios actuales y exfuncionarios estadounidenses y otras personas con conocimientos especializados sobre el posible ocultamiento deliberado de métodos de investigación bajo esta modalidad, y lo que esto implica para los derechos.
Human Rights Watch identificó pruebas que sugieren que las autoridades estadounidenses emplean una variedad de tácticas para crear un nuevo relato sobre cómo empezó una investigación, a fin de evitar revelar cómo se halló inicialmente la información. La táctica más conocida es descripta habitualmente por las autoridades de aplicación de la ley como “wall stop” o “whisper stop” (en la cual no se revela el verdadero motivo). Esta práctica implica que una agencia de aplicación de la ley o de inteligencia, posiblemente sobre la base de información conseguida mediante distintos tipos de vigilancia, pide a la policía estatal o local que encuentre un pretexto —a menudo, una infracción de tránsito menor— para interceptar a una persona sospechosa y luego generar un motivo para allanar su vehículo.
La División de Operaciones Especiales de la Agencia Antinarcóticos podría estar ampliamente implicada en dar avisos a entidades de aplicación de la ley, que entonces podrían recurrir a la construcción paralela con el fin de impedir que esos datos o las demás fuentes de las cuales provienen se divulguen en los tribunales. La División de Operaciones Especiales y otros órganos federales podrían usar técnicas de construcción paralela con frecuencia y de manera habitual, concluyó Human Rights Watch.
Estos métodos de ocultamiento podrían usarse para impedir que se den a conocer técnicas como la vigilancia injustificada al amparo de disposiciones sobre inteligencia como el artículo 702 de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act) y el Decreto Ejecutivo 12333. El gobierno utiliza el artículo 702 y el decreto ejecutivo para recopilar indiscriminadamente cantidades masivas de datos sobre personas dentro y fuera de EE. UU. Al ocultar el modo en que se obtienen los datos de inteligencia, el gobierno impide que el Congreso de EE. UU. y el público entiendan las consecuencias de estas y otras leyes controvertidas. Actualmente, el artículo 702 es objeto de un reñido intento de reforma en el Congreso, y esto hace que la cuestión sea más imperiosa.
La construcción paralela “contraviene abiertamente todo lo que representa nuestro sistema de justicia”, opinó durante una entrevista con Human Rights Watch un abogado de Virginia que ha representado a un cliente en un caso en el que posiblemente hubo construcción paralela.
En el sistema de justicia penal estadounidense, en general los jueces no permiten el procesamiento a partir de pruebas que el gobierno obtuvo mediante actividades ilegales, y esta doctrina se conoce como “fruto del árbol venenoso”. Al eludir esta regla, el ocultamiento de las prácticas de investigación mediante la construcción paralela también podría anular un incentivo clave para que las autoridades se atengan a la ley.
Cuando los abogados defensores intentan averiguar si hubo este tipo de ocultamiento en un caso, enfrentan una férrea resistencia por parte de los fiscales, concluyó Human Rights Watch. La imposibilidad de obligar a los fiscales a revelar las fuentes originales de la información puede poner en peligro los derechos de juicio justo, así como el derecho humano a ser notificado de intromisiones gubernamentales a la privacidad.
El Congreso debería adoptar leyes que exijan que el gobierno divulgue información completa a los demandados sobre los orígenes de las investigaciones en sus casos, apuntó Human Rights Watch. Los jueces también deberían considerar la posibilidad de dar instrucciones al gobierno de que divulgue métodos de investigación nunca antes revelados cuando las circunstancias del caso sugieran que podría haber habido construcción paralela.
“La justicia no puede basarse en pruebas secretas, donde hay oscuridad prosperan los abusos”, explicó St.Vincent. “El Congreso, los tribunales, el Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia deberían terminar ahora mismo con la construcción paralela”.
