(Washington) – Los senadores de Estados Unidos deberían votar contra la confirmación del miembro de la Cámara de Representantes Mike Pompeo como director de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency), debido al temor preponderante de que usará las facultades de vigilancia y otras potestades de este organismo de foras que, probablemente, redunden en una vulneración generalizada de derechos, señaló hoy Human Rights Watch.
“Las respuestas de Pompeo a preguntas sobre tortura y vigilancia masiva son peligrosamente ambiguas en lo relacionado a si estaría dispuesto a apoyar prácticas abusivas e intentar subvertir las garantías legales existentes”, señaló María McFarland Sánchez-Moreno, codirectora del programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “El hecho de que Pompeo no desapruebe de manera inequívoca la tortura y la vigilancia masiva, sumado a que anteriormente defendió la vigilancia de ciudadanos estadounidenses y apoyó el programa de torturas de la CIA, son motivos suficientes para entender que no debería estar al frente de la CIA”.
Vigilancia masiva
En enero de 2016, Pompeo publicó como coautor un artículo de opinión en Wall Street Journal criticando la sanción de la Ley de Libertad Estadounidense (USA Freedom Act) de 2015, aunque él mismo había votado a favor de esa norma. La ley limitó la capacidad de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) de recopilar en forma sistemática registros telefónicos de los estadounidenses. En el artículo, instó al Congreso a “sancionar una ley que restablezca la recopilación de todos los metadatos”, —es decir, registros de comunicaciones como fechas, partes y duración— “y permita combinarla con información públicamente disponible de tipo financiera y sobre estilo de vida, para conformar una base de datos exhaustiva en la cual se puedan efectuar búsquedas”.
En respuesta a preguntas escritas planteadas por la Comisión Especial de Inteligencia del Senado antes de su audiencia de confirmación, Pompeo manifestó que “no había cambiado su posición” y que seguía estando de acuerdo con restablecer el programa de vigilancia indiscriminada de metadatos telefónicos. A pesar de reiteradas preguntas escritas y orales en el contexto de la audiencia, Pompeo dio contestaciones imprecisas cuando se le preguntó qué quería decir al usar el término potencialmente expansivo y discriminatorio “información sobre estilo de vida”.
Al propugnar el restablecimiento del programa de vigilancia gubernamental indiscriminada de registros telefónicos estadounidenses, Pompeo se ha manifestado a favor de la vigilancia masiva. Si bien en varias oportunidades ha expresado su intención de observar la ley en caso de ser confirmado como director de la CIA, otros de sus señalamientos en materia de vigilancia concitan el temor de que intente modificar las actuales restricciones legales a la potestad de vigilancia de los organismos de inteligencia estadounidenses. Pompeo también podría permitir a la CIA recibir y transmitir información de vigilancia masiva o de otro tipo proporcionada por gobiernos extranjeros, de un modo que desvirtuaría completamente los límites a la vigilancia establecidos en la Cuarta Enmienda y otras normas internas, apuntó Human Rights Watch.
Actualmente, un decreto ejecutivo prohíbe a la CIA realizar vigilancia electrónica dentro de Estados Unidos en general. Sin embargo, algunos de los principales abogados especializados en inteligencia estadounidense han demostrado reiteradamente una predisposición a adoptar teorías legales secretas que permiten la vigilancia, incluso cuando las leyes parecen prohibir o restringir esta posibilidad. Asimismo, en el pasado la CIA se ha visto implicada en espionaje interno, como el monitoreo de organizaciones activistas afroamericanas, documentado en un histórico informe elaborado por una comisión del Senado a mediados de la década de 1970. La CIA debería tener al frente a un director que comprenda la importancia de los derechos de privacidad, para evitar que se reiteren los actos de discriminación del pasado, destacó Human Rights Watch.
Tortura
Durante la audiencia de confirmación, ante preguntas acerca de si los simulacros de ahogamiento (waterboarding) y otras “técnicas intensivas de interrogatorio” de la CIA constituían tortura, Pompeo señaló que eran ilegales y estaban prohibidas por una ley promulgada en 2015. No obstante, Pompeo había criticado al presidente Barack Obama por concluir el programa de interrogatorios de la CIA, y había manifestado que el uso por la CIA de “técnicas intensivas de interrogatorio” en el pasado había estado “dentro de la ley”, a pesar de que tales métodos aplicados por la CIA constituían formas de tortura claramente prohibidas por el derecho estadounidense y el derecho internacional antes de que la agencia empezara a usarlos en 2002. La nueva ley a la cual se refirió Pompeo no hizo más que reforzar las leyes estadounidenses contra la tortura que ya estaban vigentes, al exigir que fuerzas militares y agencias de inteligencia estadounidenses usaran únicamente las técnicas enumeradas en el Manual de Campaña del Ejército de Estados Unidos cuando llevaran a cabo interrogatorios.
Las respuestas escritas de Pompeo a diversas preguntas resultaron inquietantes, pues indicó que consultaría a personal de la CIA para determinar si la aplicación del Manual de Campaña del Ejército constituía un “impedimento” para la recopilación de datos de inteligencia, y si era necesario reformularlo. El manual podrá ser revisado en dos años, y los cambios se deben dar a conocer al público 30 días antes de la aprobación. Dado que en el pasado Pompeo apoyó el programa de interrogatorios de la CIA, su predisposición a modificar el Manual de Campaña del Ejército despierta el temor de que, con él a la cabeza, la CIA pueda volver a aplicar torturas.
Declaraciones sobre denunciantes y miembros de la comunidad musulmana
En una entrevista en febrero de 2016, Pompeo dijo que el ex contratista de la NSA Edward Snowden debería recibir “la pena de muerte” por haber divulgado información clasificada de la NSA que, según creía Snowden, contenían evidencias de que EE. UU. realizaba una vigilancia gubernamental abusiva de ciudadanos estadounidenses y otras personas en todo el mundo. Si Pompeo es designado al frente de la CIA, es probable que esta posición extrema intimide al personal de la agencia y a otras personas con la capacidad de denunciar cuestiones relacionadas con seguridad nacional, y los disuada de dar a conocer las violaciones de derechos humanos que identifiquen, opinó Human Rights Watch.
Pompeo también se ha referido a líderes musulmanes estadounidenses como “potencialmente cómplices” en atentados violentos ocurridos en Estados Unidos, y afirmó erradamente que no se pronunciaban contra atentados perpetrados por musulmanes. También expresó que este supuesto comportamiento “permite dudar del compromiso con la paz de los simpatizantes de la fe musulmana”. Según trascendió en The Intercept, Pompeo se refirió a una “minoría” de musulmanes que “aborrecen a los cristianos” como una “amenaza para Estados Unidos”, durante un discurso pronunciado en 2014 ante una organización eclesiástica, y pareció describir a las acciones estadounidenses contra el terrorismo como un conflicto entre la ideología cristiana y la musulmana. Estos señalamientos insinúan que existiría detrás una visión sesgada de la comunidad musulmana, que podría conllevar un tratamiento discriminatorio que vulnere derechos fundamentales, subrayó Human Rights Watch.
“El menosprecio público mostrado por Pompeo hacia los musulmanes, unido a su apoyo a la vigilancia masiva, refuerza el temor de que no desempeñará su función como director de la CIA de un modo lícito y no discriminatorio”, indicó McFarland. “Pompeo no es una elección adecuada para director de la CIA”.
