An aerial view of the Pentagon building in Washington, June 15, 2005.

© 2005 Reuters

(Nueva York) – Documentos que se dieron a conocer recientemente revelan una política del Departamento de Defensa de EE. UU. que parece autorizar el monitoreo sin autorización judicial de ciudadanos estadounidenses y titulares de permisos de residencia (green cards) a quienes el poder ejecutivo considera “extremistas violentos formados en nuestro país”, señaló hoy Human Rights Watch. Por otra parte, los documentos también refuerzan la preocupación por la posibilidad de que el gobierno esté recabando gran cantidad de datos sobre ciudadanos estadounidenses y otras personas sin contar con las autorizaciones judiciales correspondientes. Ambas cuestiones están relacionadas con un decreto ejecutivo, con carácter secreto, que está en vigencia desde hace ya tiempo y que debería ser objeto de una indagación por parte del Congreso.

Los nuevos materiales, que Human Rights Watch obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública, son módulos de capacitación que están vinculados principalmente con el Decreto Ejecutivo 12333 (EO 12333). Ese decreto regula, de manera general, las actividades de los organismos de inteligencia de EE. UU., e incluye disposiciones que permiten que los organismos recaben información sobre personas estadounidenses —lo cual significa ciudadanos y residentes legales permanentes, como así también algunas empresas y asociaciones—, de un modo que el gobierno nunca ha explicado al público de manera exhaustiva. Las diapositivas de capacitación resumen, a grandes rasgos, los procedimientos del Departamento de Defensa relativos al Decreto Ejecutivo 12333 que se divulgaron en 2016, y que actualizan una versión del año 1982. Utilizando un lenguaje sencillo para que la redacción de los procedimientos resulte comprensible, las diapositivas ofrecen indicios sobre las prácticas de inteligencia del Departamento de Defensa que ameritan ser objeto de un estudio más profundo y mayor divulgación.

“Estos documentos muestran en qué medida el público ha estado desinformado sobre la vigilancia sin autorización judicial que se realiza al amparo del Decreto Ejecutivo 12333”, manifestó Sarah St.Vincent, investigadora sobre vigilancia y seguridad nacional en EE. UU. de Human Rights Watch. “Las explicaciones que ofrecen sobre el decreto sugieren que el gobierno podría estar llevando a cabo un monitoreo que resulte sumamente problemático para los derechos humanos, y el Congreso debería solicitar más información sobre qué están haciendo los organismos de inteligencia en este sentido”.

Uno de los aspectos más alarmantes de los documentos es la indicación de que el Departamento de Defensa ha autorizado a sus componentes de inteligencia a llevar adelante al menos algunas formas de monitoreo de personas estadounidenses sin una orden judicial, sobre la base de designaciones fundadas en criterios desconocidos y potencialmente discriminatorios. Específicamente, uno de los documentos de capacitación indica que este monitoreo está permitido en relación con personas estadounidenses a quienes el gobierno considera “extremistas violentos formados en nuestro país” (homegrown violent extremists, a los cuales se menciona como “HVE” en las diapositivas), aun cuando no tengan “ninguna conexión específica con terrorista(s) extranjero(s)”. El fundamento que proporciona el gobierno para esta autorización es una definición revisada de la recopilación de datos de “contrainteligencia”, que formaba parte de los procedimientos de 2016.

Los procedimientos se refieren a varias formas de vigilancia, y no resulta claro cuáles son los tipos que el gobierno prevé aplicar para monitorear a “extremistas violentos formados en nuestro país”. No obstante, un actual funcionario sénior del Departamento de Defensa que habló con Human Rights Watch con la condición de que no se revelara su identidad manifestó que “los elementos de contrainteligencia [del Departamento] no podrían recopilar la información necesaria sobre posibles “extremistas violentos formados en nuestro país” sin este cambio.

El funcionario del Departamento de Defensa no respondió a una pregunta de Human Rights Watch acerca de si el monitoreo de ciudadanos estadounidenses conforme a esta política podría incluir la vigilancia electrónica. En caso afirmativo, esto permitiría pensar que el gobierno esté violando la legislación federal (o que considere que está aprovechando una posible laguna en las leyes federales), la cual, en términos generales, prohíbe el espionaje deliberado del contenido de las comunicaciones telefónicas o en internet de personas estadounidenses, salvo que se cuente con la autorización judicial correspondiente.

Las autoridades solamente pueden obtener esa autorización si demuestran una causa probable para creer que la persona ha cometido o está a punto de cometer un delito, o que la persona es “una potencia extranjera o un agente de una potencia extranjera”. La divulgación de la política del gobierno sobre la vigilancia de “extremistas violentos formados en nuestro país” que no están vinculados con una organización extranjera suscita el interrogante de si los organismos de inteligencia y/o de aplicación de la ley están usando el decreto ejecutivo 12333 para desviarse de estas garantías legales.

A Human Rights Watch también le preocupan los métodos y criterios que el gobierno puede estar utilizando para definir e identificar a los “extremistas violentos formados en nuestro país”, y particularmente el riesgo de que personas que ejercen sus derechos legítimos de libertad de expresión se conviertan en blanco de monitoreo de un modo discriminatorio o arbitrario. Como un ejemplo de “extremistas violentos formados en nuestro país”, el funcionario del Departamento de Defensa que habló con Human Rights Watch señaló a individuos que “pueden haberse radicalizado espontáneamente a través de internet, de los medios sociales, etc., y luego planifican o ejecutan actos terroristas siguiendo la ideología o los objetivos de una organización terrorista extranjera”. No obstante, el funcionario no respondió a una pregunta sobre los criterios que emplea el poder ejecutivo al determinar que una persona estadounidense es un “extremista violento formado en nuestro país” a los efectos de esta política.

Siguen sin respuesta otras preguntas sobre la variedad de organismos que podrían monitorear a esas personas sin orden judicial. Los comentarios del funcionario del Departamento de Defensa implican que la política que se expuso en las diapositivas se aplica a los “elementos de contrainteligencia” del Departamento, como el Servicio de Investigación Criminal Naval y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Estos organismos, señaló el funcionario, “investigan actividades de militares activos del Servicio o personal civil [del Departamento de Defensa] que participan en actividades contra los intereses de su Servicio”. El funcionario expresó: “Si los elementos de contrainteligencia militar llevan a cabo investigaciones de personas que no son militares activos, lo hacen de manera conjunta con el FBI [Buró Federal de Investigaciones]”.

Si bien los comentarios del funcionario se enfocaron en los órganos militares de contrainteligencia, se necesita más información respecto de si otros organismos –como la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) o el FBI– pueden usar políticas similares para identificar y/o monitorear a ciudadanos estadounidenses que no tienen afiliación con las fuerzas militares, señaló Human Rights Watch.

El funcionario del Departamento de Defensa enfatizó que “la recopilación de información de contrainteligencia sobre estas personas o grupos o cualquier otra parte se debe hacer en función del estándar de ‘creencia razonable’, que se revisa en toda la línea de mando operativa y legal antes de iniciar cualquier actividad. El personal de campo no puede basarse únicamente en ‘corazonadas’ o en su ‘intuición’ como justificación para iniciar actividades de contrainteligencia”. No obstante, el hecho de que el gobierno no divulgue sus métodos y criterios para designar como “extremistas” a ciudadanos estadounidenses hace que sea difícil evaluar la efectividad de las protecciones enunciadas.

“La facultad del gobierno de monitorear a personas no depende de sus creencias ni de lo que el gobierno piensa que estas personas creen, sino de pruebas específicas que brindan motivos suficientes para pensar que se está cometiendo un delito o que la persona es un agente de una potencia extranjera”, manifestó St.Vincent. “Determinar de manera secreta que los derechos de una persona deben cercenarse en función de criterios no divulgados resulta incompatible con el estado de derecho. El gobierno debe explicar qué está haciendo y cuál es el fundamento jurídico de las acciones realizadas”.

Otro problema al cual apuntan algunos de los materiales que se dieron a conocer recientemente es el volumen potencial de recopilación de datos –incluida aquella que afecta a ciudadanos estadounidenses– que se realiza en virtud del Decreto Ejecutivo 12333. En los procedimientos de 2016 se creó la categoría de “recopilación en circunstancias especiales” para alentar a las autoridades a evaluar si las actividades de vigilancia “plantean circunstancias especiales” y justifican que se establezcan garantías adicionales en función “del volumen, la proporción y el carácter sensible” de la información sobre personas estadounidenses que el gobierno probablemente obtenga. (La categoría en sí misma no autoriza ningún tipo de vigilancia que no podría llevarse a cabo conforme al decreto). No obstante, los documentos de capacitación utilizan el término informal “macrodatos” (big data) para referirse a la “recopilación de información en circunstancias especiales”, lo cual plantea la posibilidad de que el gobierno pueda estar implementando la vigilancia a escala masiva o contemplando la posibilidad de establecer esta práctica.

Los documentos revelados por el excontratista de la NSA Edward Snowden a partir de 2013 han indicado que el gobierno toma el Decreto Ejecutivo 12333 como base para programas de vigilancia de las comunicaciones masivas en el exterior. No obstante, estas nuevas referencias a “macrodatos”, aunque escuetas, parecen representar uno de los reconocimientos más directos hasta el momento por parte del gobierno de que el monitoreo sin autorización judicial al amparo del decreto puede implicar la recopilación de conjuntos de datos sumamente vastos o sistemáticos, incluso acerca de ciudadanos estadounidenses.

A continuación se describen los documentos recientemente divulgados, que se publican en el sitio web de Human Rights Watch. Human Rights Watch compartió los documentos con Reuters, que publicó un artículo sobre el tema el XX de octubre.

Human Rights Watch también dará a conocer documentos obtenidos de la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional.

Para ver los documentos, visite: 

Air Force Office of Special Investigations FOIA documents

National Reconnaissance Office FOIA documents

DHS Office of Intelligence and Analysis FOIA documents