(Washington, DC, 2 de marzo de 2017) – La audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebrada el 1 de marzo de 2017, en la cual se trató una de las leyes de vigilancia más amplias e invasivas de Estados Unidos, muestra la necesidad de implementar reformas para evitar que el poder ejecutivo incurra en abusos, señaló hoy Human Rights Watch.
El artículo 702 de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) fue el tema central de la audiencia y es la base de al menos dos actividades de vigilancia masiva sin autorización judicial llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA). A través de uno de estos programas, denominado PRISM, la NSA recopila y almacena volúmenes potencialmente gigantescos de comunicaciones privadas de empresas de Internet estadounidenses. El otro, el control “upstream”, aparentemente consistiría en búsquedas gubernamentales automáticas de prácticamente todas las piezas claves en las comunicaciones que circulan en toda la infraestructura que conecta a EE. UU. con el resto del mundo. Human Rights Watch ha subrayado en otras oportunidades el impacto particularmente pernicioso que pueden tener las búsquedas “upstream” para las comunidades de inmigrantes y fronterizas de EE. UU.
“Como fue señalado por miembros de la comisión de ambos signos políticos, el gobierno ha usado el artículo 702 para programas de vigilancia que son desproporcionados, ilícitos y propensos a abusos”, manifestó Sarah St.Vincent, investigadora de seguridad nacional y vigilancia estadounidense de Human Rights Watch. “A medida que se aproxima el fin de la vigencia del artículo 702, el Congreso debería analizar las formas en que este puede redundar en violaciones de derechos humanos”.
Está previsto que el artículo 702 prescriba el 31 de diciembre de 2017, a menos que el Congreso decida prorrogarlo, lo cual propiciará fuertes polémicas con respecto a eventuales reformas. Durante la audiencia, varios miembros de la comisión, incluidos demócratas y republicanos, manifestaron profunda inquietud por el artículo 702 y sus consecuencias para las libertades civiles. El presidente de la comisión, el representante Bob Goodlatte, sugirió que era necesario considerar con escepticismo los señalamientos del gobierno sobre la constitucionalidad de las actividades realizadas al amparo del artículo 702, mientras que varios otros miembros cuestionaron la legalidad de aspectos clave de la vigilancia en el marco del artículo 702.
Aunque la vigilancia en virtud del artículo 702 está dirigida a las comunicaciones de millones de extranjeros, el gobierno también sostiene que puede relevar “incidentalmente” las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no ha respondido a una carta de abril de 2016, en la cual miembros bipartidistas de la Comisión Judicial piden que se proporcionen estadísticas acerca de cuán habitual es esta recopilación “incidental” y cuántos estadounidenses han sido afectados.
Asimismo, si bien el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Exterior aprueba anualmente procedimientos generales destinados a otorgar ciertas garantías limitadas a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, el gobierno no necesita obtener órdenes judiciales para los destinatarios de medidas de vigilancia, y el tribunal no examina las decisiones del gobierno con respecto a quiénes son alcanzados. Una vez que el gobierno tiene los datos, luego el FBI podría realizar búsquedas “por izquierda” y sin orden judicial con fines de aplicación de la ley, y eludir así los requisitos constitucionales que históricamente han sido trascendentales para proteger la privacidad y otros derechos conforme a la normativa estadounidense.
La prescripción del artículo 702 el 31 de diciembre supone una oportunidad importante para que el Congreso apruebe ajustes sumamente necesarios a la ley, destacó Human Rights Watch.
Human Rights Watch no solo considera preocupante el carácter desproporcionado e inconstitucional de la vigilancia conforme al artículo 702, sino también la posibilidad de que el gobierno esté empleando interpretaciones legales cuestionables para evitar informarle a personas imputadas acerca de que, en la investigación de sus casos, se obtuvo información aplicando el artículo 702. Esto vulnera los derechos de debido proceso al impedir que esos acusados cuestionen la legalidad del monitoreo. Los organismos de aplicación de la ley incluso podrían estar ocultando que han usado datos obtenidos conforme al artículo 702 empleando una técnica denominada “construcción paralela”, a saber, la creación deliberada de una explicación alternativa acerca de cómo encontraron las pruebas en cuestión. Esta práctica, que ha quedado confirmada en documentos divulgados por el gobierno, amenaza la integridad total del sistema de justicia estadounidense.
“El Congreso no debería considerar la posibilidad de prorrogar el artículo 702 sin incorporar reformas exhaustivas para restablecer y proteger los derechos humanos”, manifestó St.Vincent. “Los miembros de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes advirtieron acertadamente sobre los riesgos, y deberían ahora proponer cambios al artículo 702 que preserven la integridad del sistema de justicia estadounidense”.
