El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido un fallo histórico responsabilizando a Guatemala por violar los derechos de Fátima, una niña de 13 años que fue forzada a continuar un embarazo que fue consecuencia de una violación y a convertirse en madre cuando aún era una niña. Esta decisión resalta la necesidad de que Guatemala tome medidas urgentes para prevenir la violencia sexual y asegure que las sobrevivientes, especialmente las niñas, reciban el apoyo y la justicia que merecen.
El Comité encontró que la falta de debida diligencia de Guatemala en la investigación de las múltiples violaciones sufridas por Fátima y el procesamiento al perpetrador (un maestro y funcionario público) constituyó una violación de los derechos de Fátima bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité concluyó que se afectó su derecho a una vida digna porque el Estado parte le impuso un embarazo y una maternidad forzada que afecta la salud mental, física y social de Fátima, así como la futura trayectoria de toda su vida. El Comité enfatizó que forzar a Fátima a llevar el embarazo en contra de su voluntad la sometió a un trato similar a la tortura y puso en riesgo su vida.
El Comité señaló que Fátima no contó con recursos efectivos debido a la falta de acción del gobierno para garantizar el acceso a la educación integral en sexualidad y a servicios de interrupción del embarazo. Si bien el marco legal de Guatemala permite el aborto terapéutico—una opción en casos donde hay riesgo para la vida de la persona embarazada—a menudo las niñas no son informadas sobre su derecho a acceder a esta atención, negándoles efectivamente el acceso a la salud.
El caso de Fátima refleja un patrón más amplio de violencia sexual como un problema sistémico y generalizado en Guatemala. Entre 2018 y 2024, un total de 14,696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad. El trabajo de investigación de Human Rights Watch demuestra que las que han sufrido violencia sexual a menudo son excluidas del sistema educativo, tienen dificultades en acceder a atención médica y seguridad social, lo que las lleva a enfrentar barreras importantes para obtener justicia. Estos obstáculos evidencian la ausencia de un enfoque sensible al género y centrado en las niñas para prevenir y responder a la violencia sexual. Las niñas indígenas y sordas enfrentan desafíos adicionales debido a las barreras lingüísticas.
Este fallo es un hito para los derechos de las mujeres y niñas en Guatemala y es el resultado de años de incidencia por parte del movimiento que lleva por nombre: Son Niñas, No Madres.
Guatemala necesita reformas integrales para prevenir de manera adecuada la violencia sexual, incluida la ejercida contra las niñas, y garantizar que las niñas tengan acceso pleno a atención médica, educación, seguridad social y justicia, así como a reparaciones adecuadas.
