(Washington, DC) – El Ministerio Público, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala han tomado nuevas medidas para socavar el Estado de derecho y los derechos humanos de los guatemaltecos, señalaron hoy la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch. Los gobiernos extranjeros, incluyendo los de Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, deben permanecer alerta y condenar los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2023 y de perseguir a líderes de la oposición y a defensores de derechos humanos.
El 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público solicitó 27 órdenes de aprehensión contra activistas, estudiantes, académicos, defensores de derechos humanos y un miembro del Movimiento Semilla, el partido político del presidente electo Bernardo Arévalo. El Ministerio Público también pidió a la Corte Suprema levantar la inmunidad de Arévalo y de la vicepresidenta electa Karin Herrera para que puedan ser investigados por supuestamente promover una protesta estudiantil. Mientras tanto, miembros del Congreso, cuyo mandato termina en enero de 2024, nombraron rápidamente una nueva Corte Suprema tras un proceso marcado por irregularidades.
“Hasta ahora, la presión diplomática y de grupos indígenas y manifestantes ha sido clave para garantizar que no se reviertan los resultados electorales en Guatemala”, dijo Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Las recientes maniobras del gobierno muestran la necesidad urgente de un escrutinio internacional constante y creciente”.
Estas decisiones se producen tras una serie de maniobras legales del Ministerio Público y otros actores para socavar el derecho al voto y perseguir a Arévalo y a otros miembros del Movimiento Semilla. En agosto, Arévalo, un candidato anticorrupción, ganó las elecciones presidenciales contra Sandra Torres, candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Su mandato presidencial de cuatro años debería iniciar el 14 de enero de 2024
Al 16 de noviembre, cinco de las 27 personas con órdenes de aprehensión habían sido detenidas; entre ellas, la excandidata del Movimiento Semilla al Congreso, Marcela Blanco, y los académicos Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier de León y Alfredo Enrique Beber. El Ministerio Público ha acusado a los 27 de “asociación ilícita” y “sedición”, entre otros delitos, por participar en protestas mayoritariamente pacíficas contra la elección en 2022 de un rector de la Universidad de San Carlos, la principal universidad pública de Guatemala. Los manifestantes alegaban que la elección había estado marcada por irregularidades. Según la legislación guatemalteca, los decanos desempeñan un papel importante en el nombramiento de magistrados y del fiscal general.
La suspensión de la inmunidad de Arévalo, Herrera y otros congresistas del Movimiento Semilla permitiría al Ministerio Público investigarlos penalmente por supuestamente haber “promovido”, a través de redes sociales, las protestas de la Universidad de San Carlos y por haber usado la universidad como “plataforma” política. Según la legislación guatemalteca, los candidatos y los funcionarios electos gozan de inmunidad penal y solo pueden ser investigados con autorización de la Corte Suprema.
Por otra parte, el 15 de noviembre, el Congreso eligió a una nueva Corte Suprema, basándose en una lista que según investigaciones de fiscales guatemaltecos independientes, habría sido el resultado de tráfico de influencias y sobornos.
Los nuevos magistrados de la Corte Suprema sustituirán a quienes fueron nombrados en 2014, cuyos mandatos expiraron en 2019. En medio de acusaciones de irregularidades, el Congreso no había nombrado a los nuevos magistrados. Sin embargo, los eligió rápidamente dos meses antes de que un nuevo Congreso tome posesión.
Entre los 13 magistrados elegidos figuran tres—Oscar Ruperto Cruz, Carlos Humberto Rivera y José Luis de Jesús Samayoa—que habían sido señalados por el Ministerio Público por su papel en tráfico de influencias durante el proceso de nombramiento. También nombraron a Manuel Duarte Barrera, quien fue sancionado por Estados Unidos por socavar “procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir de forma inapropiada y manipular el nombramiento de jueces para altos cargos”. Según un informe de 2020 del Ministerio Público, varios de nuevos magistrados han enfrentado investigaciones penales.
El 15 de noviembre, la actual Corte Suprema admitió a trámite la solicitud de levantamiento de la inmunidad penal a un alto miembro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien está siendo investigado por negarse a cumplir, en julio, una orden judicial dudosa y motivada políticamente para suspender la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. Días después, la Corte de Constitucionalidad suspendió la orden judicial al determinar que el juez no podía dejar en suspenso las elecciones del 20 de agosto. El TSE suspendió la personalidad jurídica de Semilla el 2 de noviembre.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, el 15 de noviembre, una resolución en la que insta a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de Guatemala a tomar medidas para poner fin a “todo acto de intimidación contra funcionarios electorales, el partido Movimiento Semilla, y quienes han sido electos”. La OEA ha condenado en repetidas ocasiones la “extrema judicialización” del proceso electoral en Guatemala y ha pedido a las autoridades que dejen de interferir en las elecciones y respeten la voluntad del pueblo guatemalteco.
Los gobiernos extranjeros, incluyendo los de Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, deberían hacer llamados públicos y privados al presidente Alejandro Giammattei para que condene las acciones del Ministerio Público que socavan los derechos políticos de los guatemaltecos, señalaron Human Rights Watch y WOLA.
También deberían hacer un llamado a actores clave del sector empresarial guatemalteco, incluyendo los líderes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), a que se pronuncien a favor de la democracia y del Estado de derecho, señalaron las organizaciones.
El 16 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado a 11 nacionales de Guatemala a raíz de los “planes del Ministerio Público de presentar cargos contra el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa Herrera, así como contra miembros del Movimiento Semilla y otros miembros de la oposición”.
Los gobiernos extranjeros deberían considerar la posibilidad de ampliar las sanciones contra quienes participan de manera activa en los esfuerzos por socavar el Estado de derecho en Guatemala, incluyendo empresarios.
“Hay muchas razones para temer que los ataques contra la democracia se intensifiquen y busquen impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera puedan tomar posesión el 14 de enero de 2024”, afirmó Ana María Méndez-Dardón, Directora para Centroamérica en WOLA. “Los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deben seguir tomando medidas concretas para proteger la institucionalidad democrática y la voluntad popular de las y los guatemaltecos”.
