(Washington, DC) – La fiscal general de Guatemala está impulsando investigaciones penales por motivos políticos contra miembros del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde que el presidente Arévalo asumió el cargo en enero de 2024, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones penales contra su gobierno sin presentar evidencia que sustente las acusaciones. En noviembre, un juez ordenó la cancelación del registro legal del partido de gobierno, Movimiento Semilla, como parte de un caso presentado por el Ministerio Público. Previo a la toma de posesión del presidente Arévalo, la fiscal general Consuelo Porras promovió una serie de acciones legales para menoscabar el proceso electoral que el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) calificaron como intentos de socavar la democracia.
“La fiscal general Porras, quien lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones, está abusando de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios de gobierno sin evidencia creible”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala, la fiscal general se dedica a impulsar investigaciones selectivas para socavar a un gobierno al que se opone”.
Entre agosto y noviembre, Human Rights Watch entrevistó a 11 personas, incluyendo altos funcionarios de gobierno, ex fiscales, y legisladores. Una de las entrevistadas fue Ligia Hernández, ex funcionaria gubernamental y legisladora, a quien un grupo de investigadores de Human Rights Watch entrevistó mientras se encontraba en detención preventiva en la prisión de Matamoros. Los investigadores revisaron documentos judiciales y declaraciones públicas de funcionarios del Ministerio Público. El 2 de diciembre, Human Rights Watch envió una carta a la fiscal general solicitando información sobre las investigaciones de corrupción realizadas por su oficina. No hemos recibido respuesta hasta la fecha.
El Ministerio Público ha iniciado al menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel, y ha solicitado al menos seis veces a la Corte Suprema que retire la inmunidad del presidente Arévalo para que pueda ser investigado penalmente.
Human Rights Watch concluyó que el ministerio público formuló múltiples investigaciones contra funcionarios gubernamentales por delitos, como “abuso de poder”, sobre la base de hechos que no parecen ser delictivos. En muchos casos, después de hacer acusaciones que parecen exageradas contra el gobierno en conferencias de prensa de alto perfil, los fiscales declararon los casos como “reservados”. Esto ha obstaculizado la capacidad del público en general —y a menudo de los acusados y sus abogados— de comprender la naturaleza de las investigaciones.
El presidente Arévalo asumió el cargo a pesar de una campaña orquestada por la fiscal general Porras y algunos miembros del poder judicial para menoscabar la integridad del proceso electoral e impedir su investidura. Durante el proceso electoral, los fiscales allanaron el Tribunal Supremo Electoral en múltiples ocasiones, incautaron más de 125,000 documentos electorales originales y suspendieron el registro legal del partido oficialista, Movimiento Semilla.
Porras ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, incluso mediante el traslado o despido de los fiscales responsables de los casos, señaló Human Rights Watch. Su oficina también ha impulsado procesos penales arbitrarios contra jueces independientes, fiscales y periodistas. Entre ellos se encuentran el fiscal anticorrupción Stuardo Campos, quien continúa en detención; José Rubén Zamora, fundador y director del medio de comunicación ElPeriódico, quien se encuentra bajo arresto domiciliario; y Virginia Laparra, una importante fiscal anticorrupción, quien se vio forzada a huir del país después de permanecer casi dos años en prisión.
La Unión Europea y Estados Unidos han sancionado a Porras y algunos de sus principales aliados, incluyendo a Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); y el juez Fredy Orellana, quien ordenó la cancelación del registro legal de Movimiento Semilla.
En un caso documentado por Human Rights Watch, Curruchiche solicitó a la Corte Suprema el 21 de agosto que retirara la inmunidad de Arévalo para que pudiera ser investigado penalmente. Curruchiche acusó al presidente de “abuso de autoridad”, “usurpación de atribuciones” y “resoluciones violatorias a la constitución”.
Durante una conferencia de prensa, Curruchiche afirmó que las acusaciones se basan en una grabación de audio en la que se escucha a Arévalo destituir a una ministra quien habría realizado pagos irregulares a contratistas del estado. A pesar de que Curruchiche no detalló cómo la decisión de Arévalo de destituir a la ministra podría constituir un delito, acusó al presidente de ser “el principal promotor de la corrupción y la impunidad en Guatemala”. Posteriormente, la fiscalía declaró el caso como “reservado”, y los abogados del gobierno han manifestado que hasta el momento no han tenido acceso al expediente judicial.
También en agosto, el Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema una solicitud para levantar la inmunidad de Santiago Palomo, secretario de comunicaciones del presidente y ex asesor anticorrupción, y de Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo Electoral. La fiscalía les imputó, entre otros, cargos de “obstaculización de la acción penal”: a Alfaro por divulgar en redes sociales información sobre el material electoral confiscado durante un allanamiento, y a Palomo por compartir detalles de la investigación a través de canales oficiales del gobierno.
El 13 de agosto, la policía detuvo a Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, una entidad estatal dedicada a brindar apoyo a víctimas de delitos. La fiscalía presentó cargos en su contra por “financiamiento electoral no registrado” y “fiscalización electoral de fondos”, señalándola de haber ocultado aportes financieros destinados al Movimiento Semilla. De acuerdo con varios expertos legales guatemaltecos, estas infracciones normalmente se resuelven mediante procesos administrativos, no penales. El juez Orellana mantuvo a Hernández en detención preventiva durante tres meses, hasta que Hernández aceptó un acuerdo de culpabilidad.
En noviembre, el juez Orellana citó el acuerdo de culpabilidad de Hernández como fundamento para ordenar la cancelación del registro legal de Semilla. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos ya habían impuesto sanciones a Orellana por socavar la democracia.
El Ministerio Público, por su parte, no ha avanzado con otras investigaciones sobre corrupción. Por ejemplo, cerró investigaciones sobre presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) de una empresa rusa con operaciones en Guatemala y de un exfuncionario señalado por corrupción. Asimismo, desestimó investigaciones sobre presunta corrupción dentro del Ministerio de Salud y un supuesto fraude en contrataciones del sector sanitario.
En agosto, la administración tributaria de Guatemala interpuso una denuncia penal contra 410 empresas por una presunta evasión fiscal por un total de más de US$ 38 millones. Sin embargo, en lugar de investigar estas acusaciones de fraude tributario, el Ministerio Público inició, en diciembre, una investigación contra el director de la agencia tributaria que presentó la denuncia, imputándole cargos de “extorsión” y “tráfico de influencias”.
El gobierno de Arévalo ha presentado 198 denuncias penales basadas en indicios de presunta corrupción detectados desde su toma de posesión. De acuerdo con la Comisión Nacional contra la Corrupción, la Fiscalía ha archivado 37 casos y solo seis han superado las fases preliminares de investigación.
El Ministerio Público registra índices de impunidad alarmantes en delitos graves, con más del 94 por ciento de los casos de violencia contra la mujer, robo agravado, extorsión y homicidio sin resolver. La impunidad ha contribuido a los altos niveles de violencia, deteriorado la confianza pública en las instituciones y debilitado el estado de derecho, señaló Human Rights Watch.
