En enero, el presidente Bernardo Arévalo asumió el cargo a pesar de numerosos intentos dirigidos por la fiscal general Consuelo Porras para revertir ilegalmente el resultado de las elecciones.
La fiscal general continuó una campaña de persecución política contra periodistas independientes, fiscales y jueces, así como contra miembros del gobierno de Arévalo.
Independencia judicial y corrupción
La falta de independencia judicial continúa siendo un problema crítico en Guatemala, que socava el Estado de derecho y pone en riesgo la protección de derechos humanos. Ello se debe a problemas sistémicos vinculados al proceso de selección judicial, incluyendo procedimientos de nominación opacos, injerencia política e influencia indebida de actores corruptos. El poder judicial a menudo no ha hecho rendir cuentas a intereses privados y otros actores que buscan manipular el sistema en su propio beneficio.
En septiembre, las Comisiones de Postulación, formadas por rectores de universidades y decanos de facultades de derecho, magistrados y miembros del Colegio de Abogados y Notarios, presentaron una lista de candidatos al Congreso para los 13 cargos de la Corte Suprema y los 156 de las Salas de las Cortes de Apelaciones para el período 2024-2029. Fue una oportunidad crucial para fortalecer la independencia judicial en el país. En octubre, el Congreso nombró a los nuevos magistrados de la Corte Suprema y de las Salas de Apelaciones. Muchos habían sido investigados penalmente por presunto tráfico de influencias en procesos anteriores de selección de jueces y magistrados.
En marzo, el presidente Arévalo solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que enviara una misión de observación para monitorear el proceso de selección de magistrados. En septiembre, la misión de la OEA publicó un informe preliminar señalando conflictos de interés de los integrantes de las comisiones, la nominación de candidatos presuntamente implicados en casos de corrupción o violaciones de derechos humanos y procedimientos inadecuados de evaluación de candidatos.
Procesos penales arbitrarios
Durante el mandato de Porras, el Ministerio Público ha orquestado procesos penales espurios contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y miembros del gobierno de Arévalo. En 2023, el Ministerio Público llevó a cabo investigaciones penales por motivos políticos destinadas a impedir que el presidente Arévalo asumiera el cargo.
El Ministerio Público también ha solicitado a la Corte Suprema que retire la inmunidad del presidente Arévalo y otros funcionarios de gobierno, y ha tomado acciones para cancelar el registro legal del partido del presidente Arévalo, Movimiento Semilla.
En julio, Virginia Laparra, una reconocida exfiscal anticorrupción, huyó de Guatemala luego de permanecer casi dos años en prisión bajo cargos espurios. Laparra había estado bajo arresto domiciliario desde enero. Su procesamiento fue ampliamente considerado como una represalia por su trabajo en casos de corrupción de alto perfil y crimen organizado.
El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo permanecía en prisión al momento de redacción de este informe, acusado de los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes”, entre otros. Las audiencias en su caso han sido pospuestas en múltiples ocasiones, socavando su derecho al debido proceso.
Según la organización no gubernamental Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), al menos 91 personas se exiliaron debido a procesos penales, amenazas o acoso desde 2022. Entre ellas, 44 son abogados y/o operadores de justicia y 26 son defensores de derechos humanos.
Espacio cívico
En 2023, UDEFEGUA documentó más de 9.000 agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades que trabajan en la defensa de derechos humanos, incluyendo criminalización, acoso, difamación, estigmatización, amenazas, intimidación y violencia, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
El Ministerio Público y un sector del poder judicial han creado un ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Los periodistas enfrentan detenciones arbitrarias, restricciones en la cobertura de noticias y acoso en línea. Al menos 25 periodistas huyeron del país en los últimos años, según la ONG Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
A finales de diciembre, los periodistas César Leiva y Gleymer Villeda fueron asesinados en los departamentos de Jutiapa y de Izabal, respectivamente. Otros tres periodistas fueron asesinados en 2023. La impunidad en los crímenes contra periodistas, especialmente para quienes investigan temas de interés público como la corrupción y violaciones de derechos humanos, sigue siendo la norma.
UDEFEGUA reportó que, entre marzo de 2023 y agosto de 2024, al menos 18 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Guatemala. Uno de ellos fue el abogado José Domingo quien murió en junio. Domingo, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones campesinas más destacadas del país, era conocido por su defensa de los campesinos y pueblos indígenas y brindaba apoyo legal a estas comunidades en sus luchas por derechos sobre la tierra y mejores condiciones laborales. Otro líder del CUC, Marcelo Yaxón, resultó herido en el mismo ataque y murió por las lesiones días después.
En noviembre, una sala de apelaciones ordenó el regreso a prisión del periodista José Rubén Zamora. Esta decisión revocó un fallo judicial que, en octubre, le había otorgado arresto domiciliario tras determinar que su detención preventiva de dos años había excedido los tiempos establecidos por ley. Zamora, de 68 años, fundador de elPeriódico, fue inicialmente detenido en julio de 2022 por el delito de lavado de dinero, y condenado a seis años de prisión. En octubre de 2023, una sala de apelaciones anuló el fallo, ordenando un nuevo juicio. Antes de su traslado a arresto domiciliario, varios expertos de las Naciones Unidas (ONU) habían expresado su preocupación por las condiciones de detención de Zamora. Al momento de redacción de este informe, su nuevo juicio estaba pendiente.
En marzo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró que la detención de Zamora era arbitraria y pidió su liberación inmediata.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los altos niveles de pobreza y desigualdad, la discriminación estructural y la corrupción limitan el acceso a derechos fundamentales, especialmente para grupos que históricamente han enfrentado exclusión, incluyendo pueblos indígenas, y comunidades afrodescendientes y rurales. Según cifras oficiales, el 56 % de la población vivía en condiciones de pobreza en 2023, incluyendo un 16 % en situación de pobreza extrema, según la línea nacional de pobreza.
La desnutrición aguda y crónica afecta a niños y niñas en proporciones alarmantes. Hasta octubre, el país registraba más de 25.000 casos de desnutrición aguda en niños y niñas, según cifras del gobierno. Los casos reportados a octubre eran significativamente más altos que lo típicamente reportado en esta época del año entre 2021-2023 (18.500 casos en promedio). La desnutrición crónica afecta al 46,5 % de los niños menores de cinco años a nivel nacional y, según el Banco Mundial, Guatemala tiene una de las tasas más altas de desnutrición crónica a nivel mundial.
Entre enero y octubre, 278 niños menores de cinco años fallecieron en casos asociados con desnutrición. El gobierno de Arévalo lanzó la Iniciativa Intersectorial “Mano a Mano”, con el objetivo de reducir la desnutrición crónica en un 10 % durante su mandato.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó un aumento en los desalojos forzados y conflictos sobre la tierra en 2023, los cuales afectaron principalmente a comunidades indígenas. En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la falta de mecanismos de reconocimiento y titulación de tierras ancestrales, lo cual permite el avance de proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y de monocultivos sin consulta previa, libre e informada. Los líderes indígenas que defienden su tierra y el medio ambiente enfrentan criminalización, acoso y amenazas. Según reportes de medios, los desalojos realizados frecuentemente han involucrado abusos por parte de la policía y agentes de seguridad privada, y han resultado en la destrucción de hogares, desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos económicos, sociales y culturales para las comunidades afectadas.
En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que Guatemala violó múltiples derechos del pueblo indígena Maya Q'eqchi' en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, en parte debido a la falta de titulación adecuada de sus tierras y la falta de realización de una consulta previa adecuada sobre actividades mineras que afectan su territorio.
Migrantes y solicitantes de asilo
Guatemala sirve como país de origen, destino, tránsito y retorno para migrantes y solicitantes de asilo. En 2023, Guatemala experimentó un alto flujo de migrantes, con más de un millón de personas ingresando al país. La mayoría de estas personas provenían de Venezuela y Honduras.
En junio de 2023, Guatemala y Estados Unidos lanzaron “Oficinas de Movilidad Segura” para facilitar vías legales para que los guatemaltecos ingresen en Estados Unidos, incluyendo a través de la reunificación familiar y visas de trabajo temporal. En mayo, el programa se expandió para incluir a hondureños, salvadoreños y nicaragüenses ya presentes en Guatemala.
En septiembre, Guatemala acogió a 135 presos políticos nicaragüenses que fueron liberados y expulsados por el régimen de Nicaragua mediante un acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala. Las personas liberadas permanecerán de manera temporal en Guatemala, desde donde podrán solicitar su reubicación en Estados Unidos u otros países.
Seguridad pública
Guatemala enfrenta desafíos vinculados al crimen organizado, al narcotráfico y a las debilidades institucionales de su sistema judicial.
La tasa de homicidios, que alcanzó su punto máximo en 2009 con 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, ha descendido constantemente, llegando a 16,1 en 2023. Durante la primera mitad de 2024, la tasa de homicidios descendió un 7 % en comparación con el mismo período del año anterior, según información oficial. Persisten altos niveles de trata de personas, extorsión y violencia contra las mujeres.
La Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares 2023 (ENCABIH) reveló que el 48 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género al menos una vez en su vida. En la primera mitad de 2024, organizaciones de sociedad civil reportaron 206 muertes violentas de mujeres, de las cuales 44 % fueron clasificadas como femicidios. La impunidad en los casos de violencia contra las mujeres sigue siendo la norma.
Violencia sexual contra niñas
El embarazo durante la adolescencia y la maternidad temprana afecta a miles de niñas en Guatemala. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reportó 37.190 embarazos de adolescentes y niñas entre los 10 y los 19 años entre enero y agosto de 2024, incluyendo 1.298 entre niñas de 10 a 14 años. Conforme a la ley penal guatemalteca, todos los embarazos de niñas menores de 14 años son considerados resultado de violencia sexual.
El acceso a atención de salud materna para niñas embarazadas se ve obstaculizado tanto por bienes y servicios de salud inadecuados como por barreras físicas, económicas y discriminatorias. En áreas rurales, algunos centros de salud carecen de los suministros necesarios, incluyendo vitaminas prenatales, para atender adecuadamente a niñas embarazadas. Las niñas y sus familias recorren largas distancias, a veces durante horas o incluso días, para llegar a los centros de salud donde pueden recibir el tratamiento médico necesario, lo cual agota aún más los recursos financieros limitados de muchos hogares.
Las niñas que experimentan embarazos como resultado de violencia sexual a menudo se enfrentan a un trato discriminatorio por parte de profesionales de la salud. En algunos casos, durante y después del embarazo y el parto, las niñas no reciben atención especializada acorde con su edad.
Los embarazos en menores de 14 años conllevan riesgos significativos para la salud física y mental de las niñas y ponen sus vidas en peligro. En Guatemala, el aborto está penalizado, excepto cuando la vida de la mujer, niña o persona gestante está en peligro, y las penas van de uno a doce años de prisión. La mayoría de los profesionales de salud interpretan esta excepción para incluir solo casos donde la muerte sería inmediata o inminente. El aborto seguro y legal para niñas menores de 14 años, cuyos embarazos son resultado de violencia sexual y ponen en peligro su vida debido a su edad, sigue sin estar disponible.
Género y sexualidad
Guatemala no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento legal de género para personas transgénero, y carece de legislación integral contra la discriminación LGBT.
En junio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala llamó a las autoridades a defender “los valores espirituales y morales” y a los participantes a observar “las buenas costumbres” durante la Marcha del Orgullo LGBT anual.
Sanciones
En enero, la Unión Europea estableció un régimen de sanciones individuales específico y sancionó a cinco personas por socavar la democracia y el Estado de derecho antes y después de la elección presidencial de 2023.
También en enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa al expresidente Alejandro Giammattei y a tres de sus hijos, debido a su involucramiento en casos de “corrupción significativa”. El Departamento de Estado también ha impuesto restricciones de visa a la fiscal general Porras por participar en hechos de corrupción y obstruir investigaciones sobre corrupción. En diciembre de 2023, también restringió visas a casi trescientos guatemaltecos, incluyendo más de cien miembros del Congreso, por socavar la democracia durante la transición presidencial.