Tras mucho retraso, Bernardo Arévalo y Karin Herrera juraron oficialmente como nuevo presidente y vicepresidenta de Guatemala para un mandato de cuatro años en la madrugada del 15 de enero. La movilización ciudadana y la fuerte presión internacional fueron claves para que pudieran tomar posesión.
En agosto, Arévalo, candidato anticorrupción y cofundador del Movimiento Semilla, ganó la segunda vuelta presidencial con el 58% de los votos. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea consideraron las elecciones justas y transparentes, pero la Fiscalía General de Guatemala lleva meses intentando deshacer el resultado del proceso electoral.
Arévalo y sus partidarios han sido objeto de ataques e intimidaciones, y sus oponentes han intentado utilizar los tribunales para procesarle y socavar la legitimidad de su partido. La Fiscalía General suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla como partido político, y el mes pasado los fiscales pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que supervisa las elecciones, que anulara los resultados electorales.
La presión continua de los manifestantes pacíficos, encabezados por grupos indígenas, fue fundamental para resistir los intentos de revertir la elección de Arévalo, al igual que el apoyo de los actores internacionales. El compromiso constante del gobierno estadounidense, la OEA y la UE fue decisivo para salvaguardar el resultado de las elecciones.
Durante las elecciones, la misión de observación de la UE desempeñó un importante papel desmintiendo las falsas acusaciones de fraude y denunciando los ataques a la integridad electoral. Y el apoyo de la UE no terminó cuando sus observadores abandonaron el país.
La UE ha permanecido vigilante, condenando repetidamente los ataques contra el proceso democrático. En Guatemala y desde Bruselas, advirtió de que anular los resultados electorales perjudicaría las relaciones Guatemala-UE y calificó estas maniobras de la Fiscalía General de "intento de golpe de Estado". El Parlamento Europeo adoptó enérgicas resoluciones condenando los intentos de anular los resultados electorales, así como la persecución arbitraria de fiscales, jueces y periodistas independientes. Y en diciembre, el Consejo de la UE acordó adoptar un marco de medidas restrictivas, incluidas restricciones de visados y congelación de activos, contra los funcionarios que trataran de socavar las elecciones. Y en una clara señal del interés de la UE por el Estado de derecho y la integridad del proceso democrático guatemalteco, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, viajó a Ciudad de Guatemala para asistir a la toma de posesión de Arévalo.
Los líderes europeos deben permanecer vigilantes y seguir apoyando los esfuerzos para restaurar el Estado de derecho en Guatemala, ya gravemente erosionado por la corrupción.
También deben dejar claro que su apoyo se extiende más allá de Guatemala y que aplicarán la misma determinación cuando trabajen con otros gobiernos de América Latina y de otros lugares. Proteger las instituciones democráticas y los procesos electorales debe ser una prioridad para la UE, dondequiera que se vean amenazados.
